Maricela Palacios González

Expediente 1100/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1100/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Maricela Palacios González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS...SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO ENTERAMENTE CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO...

  2. Principal

    ...AGRÉGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR..POR MEDIO DEL CUAL REMITE LAS CONSTANCIAS QUE LE FUERON REQUERIDAS...DEDUCIDAS DEL EXPEDIENTE...SERÁN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN AL EMITIR LA RESOLUCIÓN...AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SEÑALADA POR LA FRACCIÓN...LO PROCEDENTE ES SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA...ASE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...SOBRESEIMIENTO SE HACE EXTENSIVO A LOS ACTOS DE EJECUCIÓN...

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD DEL AVISO FIJADO EN PUERTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE ESTABLECE: veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado en proveído de dieciocho de septiembre pasado, y al efecto remite las constancias que le fueron requeridas, mismas que son deducidas del expediente 915/2018, de su índice; las cuales serán tomadas en cuenta conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, para emitir la presente resolución. Ahora bien, de las constancias antes agregadas mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral segundo, el suscrito advierte que respecto del presente juicio de amparo se actualiza de manera notoria y manifiesta una causa de improcedencia que da lugar a sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, como se demostrará a continuación. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, el día doce de septiembre del año en curso, Maricela Palacios González, reclamó del Juez Octavo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. La diligencia de fecha 10 de septiembre de 2018, en donde se ejecuta la orden emitida por el C. JUEZ OCTAVO DE LO FAMILIAR, y en la cual se llevó a cabo el desalojo de dicho domicilio DE LA SUSCRITA, orden emitida por el C. Juez Octavo de lo Familiar del distrito judicial de Querétaro, Qro., dentro del cuaderno de medida urgente número 915/2018." Asimismo, tanto de lo señalado por la quejosa en su escrito inicial de demanda, como de las constancias que la autoridad responsable Juez Octavo Familiar de Querétaro, allegó con su informe justificado, se advierte que los actos reclamados consisten en:  El proveído de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente número 915/2018, relativo a la medida cautelar en materia familiar que solicitó María Cristina Colchado Gómez, en contra de Fernando Palacios González, mediante el cual, entre otras, se decretó como medida cautelar la separación de personas entre los citados, y como domicilio de depósito de María Cristina Colchado Gómez, el ubicado en Calle Isla Cozumel número 121, colonia Loma Linda de esta Ciudad, ordenando la salida de tal domicilio de Fernando Palacios González, y su ejecución acontecida el diez de septiembre de dos mil dieciocho. Precisión de acto que se realiza, en términos del artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis que estatuye: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Tesis número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XIX, Abril de 2004, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). Por su parte, las autoridades responsables Juez Octavo Familiar de Querétaro, Actuarios adscritos a los Juzgados Familiares del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados. Además, la existencia de los actos reclamados, debe tenerse por acreditada con las copias certificadas que el juzgador responsable allegó con su informe justificado relativas al expediente número 915/2018, de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo dicho la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." No obstante que del informe justificado del Juez responsable se advierta la existencia de los actos reclamados por la quejosa Maricela Palacios González, consistentes en el proveído de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente número 915/2018, relativo a la medida cautelar en materia familiar que solicitó María Cristina Colchado Gómez, en contra de Fernando Palacios González, mediante el cual, entre otras, se decretó como medida cautelar la separación de personas entre los citados, y como domicilio de depósito de María Cristina Colchado Gómez, el ubicado en Calle Isla Cozumel número 121, colonia Loma Linda de esta Ciudad, ordenando la salida de tal domicilio de Fernando Palacios González, y su ejecución acontecida el diez de septiembre de dos mil dieciocho; el suscrito de oficio advierte que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que de las constancias agregadas en el primer párrafo de este acuerdo, se advierte que por auto dictado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Octavo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente número 915/2018, relativo a la medida cautelar en materia familiar que solicitó María Cristina Colchado Gómez, en contra de Fernando Palacios González, levantó las medidas cautelares decretadas en auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, quedando sin efecto legal alguno las mismas y ordenó remitir dicho expediente al archivo del Tribunal como un asunto totalmente concluido para su guarda definitiva. Bajo esa perspectiva, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que al estar probado plenamente que el Juez Octavo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, el día veinte de septiembre del año en curso, resolvió procedente levantar las medidas cautelares decretadas en auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, quedando sin efecto legal alguno las mismas y ordenó remitir dicho expediente al archivo del Tribunal como un asunto totalmente concluido para su guarda definitiva; es de estimarse que esa actuación destruyó los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, por ende, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Efectivamente, con la citada determinación del Juez responsable de levantar las medidas cautelares decretadas en auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, cesó sus efectos el acto reclamado consistente en el proveído de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Octavo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente número 915/2018, relativo a la medida cautelar en materia familiar que solicitó María Cristina Colchado Gómez, en contra de Fernando Palacios González, mediante el cual, entre otras, se decretó como medida cautelar la separación de personas entre los citados, y como domicilio de depósito de María Cristina Colchado Gómez, el ubicado en Calle Isla Cozumel número 121, colonia Loma Linda de esta Ciudad, ordenando la salida de tal domicilio de Fernando Palacios González, y su ejecución acontecida el diez de septiembre de dos mil dieciocho. Por tanto, al haber dejado de surtir efectos el acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la tesis número 2ª./J.9/98, consultable a página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, visible a fojas 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, también sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia señalada por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTES ES SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, pues de nada sirve seguir tramitando el juicio toda vez que la causal de improcedencia mencionada, resulta notoria, manifiesta e indudable, y la misma no puede desvirtuarse con ningún elemento de prueba. No impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que como ya se mencionó, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, por ello no hay necesidad de esperar a la audiencia constitucional; en consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora antes indicadas. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados a los Actuarios adscritos a los Juzgados Familiares del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro; al no haberse combatido por vicios propios. Este razonamiento encuentra sustento en la jurisprudencia 516, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En la inteligencia de que, al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse fuera de audiencia, el que opere, o no, la causal de improcedencia hecha valer por el Juez responsable en su informe justificado, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la presente resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." (Época: Novena Época. Registro: 195744. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 54/98. Página: 414)

  4. Principal

    SE RINDE INFORME JUSTIFICADO...CON SU CONTENIDO DÉSE VISTA A LAS PARTES... SE TIENE POR ADMITIDA Y DESAHOGADA LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE EXHIBE...ASIMISMO, EL JUEZ OFICIANTE INFORMA QUE LA PARTE SOLICITANTE CON DOMICILIO EN...SE LE RECONOCIÓ CARÁCTER DE TERCERA INTERESADA Y SE ORDENÓ SU EMPLAZAMIENTO...TÉNGASE POR OFRECIDA, ADMITIDA Y DESAHOGADA LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE EXHIBE LA AUTORIDAD RESPONSABLE...SIN PERJUICIO DE SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...SE REQUIERE A LA AUTORIDAD PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS INFORME SI CONTINÚAN VIGENTES LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS DECRETADAS EN AUTO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO...APERCIBIDA...MULTA DE TREINTA DÍAS...

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