Maricela Ocampo Martinez
Expediente 965/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maricela Ocampo Martinez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de diciembre de dos mil veinte... se declara que el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes... archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido... Notifíquese.
- Principal
CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO B)DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE: Cuernavaca, Morelos, a doce de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por ***, mediante el cual subsanan la prevención formulada por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte. En atención a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por consiguiente, este juzgado se encuentra en condiciones de proveer respecto de la demanda de amparo. Desechamiento de la demanda Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada en audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte, en la causa penal ****, mediante la cual se modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado. Ahora bien, respecto del acto reclamado antes precisado, el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto; pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de derechos fundamentales, el cual debió agotarse previamente por la accionante del amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se coligen las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Contemplándose como casos de excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; mismos que en el caso particular no acontecen. En efecto, debe reiterarse que la quejosa ***, reclama del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial, con sede en Xochitepec, Morelos, la resolución emitida en la audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte, en la causa penal ***, mediante la cual se modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado. Ahora, atento a lo anterior, dada la naturaleza del procedimiento del que deriva el acto reclamado, resulta necesario invocar el contenido del artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares;." (Énfasis añadido). Del precepto legal transcrito, se advierte que la resolución del juez de control que pronuncie sobre medidas cautelares, es impugnable mediante el recurso de apelación pues, se insiste, la resolución reclamada consiste en la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado. Por ello, resulta incuestionable que si la ley aplicable contempla un medio de defensa legal que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser confirmado, modificado o revocado, la parte quejosa, previamente a intentar la acción constitucional, debió agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, interponiendo en contra de la resolución pronunciada en la audiencia celebrada el nueve de octubre de dos mil veinte, en la causa penal **, el recurso de apelación previsto por el arábigo transcrito ordenamiento legal. Lo anterior es así, ya que a la accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen (víctima), lo que implica que se encuentra facultada para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escuche en juicio y, en razón de ello, está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra de la resolución que hoy reclama. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Bajo esas consideraciones, la quejosa se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de apelación que prevé el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, al no haberlo hecho no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que, respecto del acto sometido a estudio, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Ahora, es importante clarificar que la resolución reclamada no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad contempladas por la Ley de Amparo. Se estima de esa manera, en virtud de que la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado en la causa penal de origen, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; no es una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso , resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. La peticionaria de amparo no es una persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de víctima en la carpeta judicial de origen; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues conforme a la porción normativa transcrita, es claro que, contra las resoluciones pronunciadas por el juez de control sobre medidas cautelares procede el recurso de apelación. Resulta orientadora, por analogía y razones que la conforman, la tesis II.3o.P.59 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que señala: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En mérito de lo expuesto, este órgano de control constitucional, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por **. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes
- Maricela Gonzalez Gonzalez332/2021
- Maricela Jaqueline Paz Tapia443/2016
- Maricela Jiménez Armendáriz1555/2019
- Maricela Lopez Villalba395/2022
- Maricela Montero Vargas1155/2022
- Maricela Montero Vargas1352/2023
- Maricela Santa Olalla Naval211/2014
- Maricela Trujillo Cantú1029/2018
- Maricela Trujillo Cantú1067/2019
- Maricela Vazquez Ayala846/2015
- Maricela Vázquez Ayala2043/2015
- Maricela Zavala Ballarta804/2015