Maricela Morales Murcia

Expediente 309/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
309/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
28/07/2016

Partes del expediente

  • Maricela Morales Murcia

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se recurriera el proveído por el cual se desechó la demanda de juicio constitucional interpuesta por Maricela Morales Murcia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, dado que en la resolución se desechó la demanda de amparo, además que se observa de la certificación de cuenta que no existen documentos originales, que no se abrió el incidente de suspensión, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la constancia actuarial que antecede de la que se advierte que no fue posible notificar a la quejosa Maricela Morales Murcia, el auto de veintiocho de junio de la presente anualidad, toda vez que al constituirse en el domicilio procesal señalado para tales efectos no encontró la negociación denominada "tortillería" que la propia impetrante señaló en el escrito de demanda; por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. N O T I F Í Q U E S E. notifico el auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en cumplimiento al auto señalado Ensenada, Baja California, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda de garantías formulada por Maricela Morales Murcia, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, por violaciones a las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 309/2016. En relación al libelo que se atiende, resulta oportuno asentar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la invocada Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que la impetrante señala como acto reclamado lo siguiente: " 4.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo la omisión de sujetarse a los términos que ordena la Ley Federal del Trabajo y dictar acuerdos contrarios a dicha legislación laboral, siendo este el proveído de fecha 26 de abril de 2016, ( que apenas el día 15 de junio de 2016 me fuera notificado) en el expediente número 553/2010 del índice de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA, B.C. promovido por el c. PEDRO MORALES GUTIÉRREZ en contra de TORTILLERIA NUEVA VENTURA y LA SUSCRITA, en donde haciendo caso omiso de lo que dispone la ley acordó lo que transcribo textualmente: "PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA. del resto de las probanzas se ADMITEN todas y cada una de ellas por estas ofrecidas conforme a derecho, de aquellas que no requieren de diligencia especial para su desahogo tales como son la INSTRUMENTAL DE ACTUACONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL YHUMANA en este acto quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Para aquellos medios probatorios ofrecidos por las partes que si ameritan de diligencia especial para su desahogo se señalan a partir de las DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, bajo el siguiente orden .En preparación a la prueba CONFESIONAL, ofrecida por la parte actora a cargo de MARISELA MORALES MURCIA misma que deberá ser desahogada de manera personal y directa. En preparación a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora cargo de APOLINAR CARLOS ESPARRAGOZA VEGA misma que deberá ser desahogada de manera personal y directa. En preparación de la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte demandada a cargo de los C.C. ERICK SANCHEZ ALVAREZ y MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEZ la presentación de los mencionados testigos queda a su cargo." Este acuerdo del 26 de abril del 2016 (que apenas el día 15 de junio del 2016 me fuera notificado) recayó al ofrecimiento de pruebas que hizo el abogado y apoderado del actor en la audiencia de fecha 22 de abril del 2015 donde oferta la CONFESIONAL de la suscrita MARISELA MORALES MURCIA, así como la de APOLINAR CARLOS ESPARRAGOZA VEGA, además TESTIMONIALES a cargo de ERICK SANCHEZ ALVAREZ Y MARCO ANTONIO GONZALEZ VALDEZ, entre otras pero sin relacionar dichos medios de convicción, constituyendo este acuerdo de admisión de pruebas el concepto de violación insisto POR EL HECHO DE QUE EL DEMANDADO NUNCA RELACIONO SUS PROBANZAS OFRECIDAS, reclamándose asimismo, las demás consecuencias legales derivadas del citado acto reclamado." Ahora bien, tomando en consideración que la quejosa por esta vía reclama el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio laboral 553/2010, en que la autoridad admite las pruebas ofrecidas por el actor sin relacionarlas con los hechos; este resolutor estima que dicho acto, no es de aquellos dictados dentro de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente aclarar lo que debe entenderse como actos procesales de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tienen ese carácter los siguientes: a) Aquéllos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio; y b) Los que siendo violaciones formales, adjetivas o procesales afecten a las partes en grado predominante o superior, afectación que debe determinarse objetivamente, tomando en consideración la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Expuesto lo anterior, resulta incuestionable, que el auto emitido por la responsable el veintiséis de abril del año en curso, por el cual admite diversas pruebas ofrecidas por el actor, mismas que a consideración del promovente, no se relacionaron con los hechos, dentro del juicio laboral 553/2010 no tiene una ejecución de imposible reparación ni afecta los derechos fundamentales de la impetrante, ya que de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción V, 170 a 174 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es, cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de los quejosos pues al establecer los artículos 170, 171 y 172, fracción III, de la legislación en consulta, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios. Lo anterior de manera alguna transgrede la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 Constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. En esa tesitura, el auto de veintiséis de abril del año en curso, relativo a la admisión de pruebas del actor dentro del juicio laboral 553/2010, al ser una violación procesal deberá combatirse en amparo directo, una vez, que se dicte la sentencia definitiva; de ahí que al no estar en presencia de una violación directa a la Constitución, ni advertirse que la impetrante sea tercero extraño a juicio, se estima que no se satisface el principio de procedencia del juicio de amparo ante Juez de Distrito, el cual se encuentra inserto en la fracción VII del artículo 107 Constitucional que expresa: "El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe, y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Resulta oportuno citar por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 24/92, de la Octava Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, página once y la diversa Jurisprudencia doscientos treinta y uno, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Mayo de dos mil tres, página mil ciento ochenta y seis, las que por su orden enseguida se transcriben: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Igualmente, es aplicable por identidad jurídica sustancial en la especie la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 489, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." Así también resulta ser improcedente la demanda de garantías, por lo que hace al acto consistente en la omisión de sujetarse a los plazos y términos de la legislación laboral, al señalar que la responsable en audiencia de ofrecimiento de pruebas de veintidós de abril de dos mil quince, tuvo por ofrecidas las del actor, las cuales fueron preparadas en auto de veintiséis de abril del año en curso, mediando entre una y otra fecha más de un año. Precisado lo anterior, se puede concluir con claridad que se está en presencia de una omisión, que por el momento no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la omisión combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En ese orden de ideas, dicha omisión no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, en virtud de que no priva a la parte quejosa de ninguno de sus derechos sustantivos. Lo anterior es así, porque el acto reclamado únicamente posterga la continuación del procedimiento laboral, lo cual constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal que no puede considerarse de imposible reparación, en tanto que, las consecuencias de dicha omisión (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que, deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respeto. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En razón de lo anterior, se insiste en la convicción de que el juicio de amparo planteado por MARICELA MORALES MURCIA, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, resulta notoriamente improcedente de conformidad con los artículos 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, 170, 171 y 172, fracción III, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Nueva Ley de Amparo, y habrá de DESECHARSE DE PLANO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley en cita. Finalmente, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados FRANCISCO CASTRO MORA Y CARLOS ROGELIO GAMA RODRÍGUEZ, asimismo, se le tiene señalando como domicilio procesal el ubicado en Boulevard Sokolow, número 421, de la Colonia Lomitas de esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a siete de julio de dos mil dieciséis. Vista la constancia actuarial de seis de julio de dos mil dieciséis de la que se advierte la imposibilidad de la funcionaria de la adscripción para notificar de manera personal el auto de veintiocho de junio del año en curso, a la quejosa Maricela Morales Murcia, por las razones que expone; ahora bien, tomando en consideración que en el escrito de demanda se asentó que el domicilio procesal se ubica en una tortillería; en consecuencia, túrnense los autos a la actuaria adscrita a efecto de que se constituya de nueva cuenta en el domicilio señalado, lleve a cabo la búsqueda del citado negocio comercial y hecho que sea notifique personalmente a la quejosa en términos del proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciséis. N O T I F Í Q U E S E.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda de garantías formulada por Maricela Morales Murcia, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, por violaciones a las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 309/2016. En relación al libelo que se atiende, resulta oportuno asentar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, esto es, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la invocada Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que la impetrante señala como acto reclamado lo siguiente: " 4.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo la omisión de sujetarse a los términos que ordena la Ley Federal del Trabajo y dictar acuerdos contrarios a dicha legislación laboral, siendo este el proveído de fecha 26 de abril de 2016, ( que apenas el día 15 de junio de 2016 me fuera notificado) en el expediente número 553/2010 del índice de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA, B.C. promovido por el c. PEDRO MORALES GUTIÉRREZ en contra de TORTILLERIA NUEVA VENTURA y LA SUSCRITA, en donde haciendo caso omiso de lo que dispone la ley acordó lo que transcribo textualmente: "PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA. del resto de las probanzas se ADMITEN todas y cada una de ellas por estas ofrecidas conforme a derecho, de aquellas que no requieren de diligencia especial para su desahogo tales como son la INSTRUMENTAL DE ACTUACONES Y LA PRESUNCIONAL LEGAL YHUMANA en este acto quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Para aquellos medios probatorios ofrecidos por las partes que si ameritan de diligencia especial para su desahogo se señalan a partir de las DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, bajo el siguiente orden .En preparación a la prueba CONFESIONAL, ofrecida por la parte actora a cargo de MARISELA MORALES MURCIA misma que deberá ser desahogada de manera personal y directa. En preparación a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora cargo de APOLINAR CARLOS ESPARRAGOZA VEGA misma que deberá ser desahogada de manera personal y directa. En preparación de la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte demandada a cargo de los C.C. ERICK SANCHEZ ALVAREZ y MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEZ la presentación de los mencionados testigos queda a su cargo." Este acuerdo del 26 de abril del 2016 (que apenas el día 15 de junio del 2016 me fuera notificado) recayó al ofrecimiento de pruebas que hizo el abogado y apoderado del actor en la audiencia de fecha 22 de abril del 2015 donde oferta la CONFESIONAL de la suscrita MARISELA MORALES MURCIA, así como la de APOLINAR CARLOS ESPARRAGOZA VEGA, además TESTIMONIALES a cargo de ERICK SANCHEZ ALVAREZ Y MARCO ANTONIO GONZALEZ VALDEZ, entre otras pero sin relacionar dichos medios de convicción, constituyendo este acuerdo de admisión de pruebas el concepto de violación insisto POR EL HECHO DE QUE EL DEMANDADO NUNCA RELACIONO SUS PROBANZAS OFRECIDAS, reclamándose asimismo, las demás consecuencias legales derivadas del citado acto reclamado." Ahora bien, tomando en consideración que la quejosa por esta vía reclama el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio laboral 553/2010, en que la autoridad admite las pruebas ofrecidas por el actor sin relacionarlas con los hechos; este resolutor estima que dicho acto, no es de aquellos dictados dentro de juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente aclarar lo que debe entenderse como actos procesales de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tienen ese carácter los siguientes: a) Aquéllos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio; y b) Los que siendo violaciones formales, adjetivas o procesales afecten a las partes en grado predominante o superior, afectación que debe determinarse objetivamente, tomando en consideración la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Expuesto lo anterior, resulta incuestionable, que el auto emitido por la responsable el veintiséis de abril del año en curso, por el cual admite diversas pruebas ofrecidas por el actor, mismas que a consideración del promovente, no se relacionaron con los hechos, dentro del juicio laboral 553/2010 no tiene una ejecución de imposible reparación ni afecta los derechos fundamentales de la impetrante, ya que de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción V, 170 a 174 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es, cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de los quejosos pues al establecer los artículos 170, 171 y 172, fracción III, de la legislación en consulta, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios. Lo anterior de manera alguna transgrede la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 Constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. En esa tesitura, el auto de veintiséis de abril del año en curso, relativo a la admisión de pruebas del actor dentro del juicio laboral 553/2010, al ser una violación procesal deberá combatirse en amparo directo, una vez, que se dicte la sentencia definitiva; de ahí que al no estar en presencia de una violación directa a la Constitución, ni advertirse que la impetrante sea tercero extraño a juicio, se estima que no se satisface el principio de procedencia del juicio de amparo ante Juez de Distrito, el cual se encuentra inserto en la fracción VII del artículo 107 Constitucional que expresa: "El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe, y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Resulta oportuno citar por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 24/92, de la Octava Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, página once y la diversa Jurisprudencia doscientos treinta y uno, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Mayo de dos mil tres, página mil ciento ochenta y seis, las que por su orden enseguida se transcriben: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Igualmente, es aplicable por identidad jurídica sustancial en la especie la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 489, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." Así también resulta ser improcedente la demanda de garantías, por lo que hace al acto consistente en la omisión de sujetarse a los plazos y términos de la legislación laboral, al señalar que la responsable en audiencia de ofrecimiento de pruebas de veintidós de abril de dos mil quince, tuvo por ofrecidas las del actor, las cuales fueron preparadas en auto de veintiséis de abril del año en curso, mediando entre una y otra fecha más de un año. Precisado lo anterior, se puede concluir con claridad que se está en presencia de una omisión, que por el momento no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la omisión combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En ese orden de ideas, dicha omisión no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, en virtud de que no priva a la parte quejosa de ninguno de sus derechos sustantivos. Lo anterior es así, porque el acto reclamado únicamente posterga la continuación del procedimiento laboral, lo cual constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal que no puede considerarse de imposible reparación, en tanto que, las consecuencias de dicha omisión (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que, deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respeto. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En razón de lo anterior, se insiste en la convicción de que el juicio de amparo planteado por MARICELA MORALES MURCIA, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, resulta notoriamente improcedente de conformidad con los artículos 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, 170, 171 y 172, fracción III, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Nueva Ley de Amparo, y habrá de DESECHARSE DE PLANO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley en cita. Finalmente, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados FRANCISCO CASTRO MORA Y CARLOS ROGELIO GAMA RODRÍGUEZ, asimismo, se le tiene señalando como domicilio procesal el ubicado en Boulevard Sokolow, número 421, de la Colonia Lomitas de esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 5,994 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano