Maricela Mendoza Nava
Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Maricela Mendoza Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, secretario quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con el informe justificado rendido por las autoridades judiciales responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público del Federación adscrita y su pedimento mediante el cual ofrece como pruebas de su intención la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante oficio recibido en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró conocer de competencia para conocer de la demanda de amparo suscrita por ********************; a lo que este órgano jurisdiccional en proveído de nueve del mismo mes y año, se avocó al conocimiento de la demanda de trato, la cual se registró con el número 363/2023-I-B contra las autoridades y por el acto que a continuación se trascriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señaló como autoridad responsable en su carácter de ORDENADORA al C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA CON JURISDICCIÓN MIXTA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL con residencia en la Ciudad de Lerdo, Durango., con domicilio en calle Azucenas sin número de la Colonia Villa de las Flores de la Ciudad de Lerdo, Durango., Señalo como AUTORIDAD EJECUTORA a los ACTUARIOS ADSCRITOS A LA RESPONSABLE, con el mismo domicilio de LA Autoridad Ordenadora. IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la Autoridad responsable ordenadora y ejecutora ya precisadas reclamo todo lo actuario dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado ante la misma responsable najo el expediente número ********************, que se sigue en mi contra por el Licenciado ******************** endosatario en procuración de ********************, mediante el cual me demanda el pago de la cantidad de $********************PESOS ********************/1******************** M.N.) como suerte principal y accesorios a que refiere en su escrito inicial de demanda; asi como acto reclamado de la Ordenadora y Ejecutora, la ejecución ilegal del auto de exequendo de echa 29 de Noviembre de 2019 en su triple modalidad, principalmente al fallido emplazamiento presuntamente realizado a la suscrita por parte de la actuaria de la adscripción adscrito a la ordenadora responsable; asi como la sentencia definitiva dictada en los referidos autos de fecha 07 de julio de 2022". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; motivo por el cual, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente, se apeturó el incidente de suspensión y, se ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna; es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, al reclamarse actos emitidos por autoridades civiles que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2********************4. Tesis: P. VI/2********************4. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama violación al artículo 8° constitucional, en relación al derecho de petición, en específico lo siguiente: i. La diligencia de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, en su calidad de endosatario en procuración de ********************, en contra de ********************, aquí quejosa, del índice estadístico del Juzgado Segundo de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Durango, con residencia en Ciudad Lerdo, Durango, y actuaciones posteriores. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Durango, con residencia en Ciudad Lerdo, Durango, y actuarios de su adscripción, pues al rendir su informe justificado, expresamente reconocieron su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 2******************** del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroboradas con las constancias relativas con los actos reclamados, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la referida autoridad judicial responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso particular el suscrito juzgador estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, de acuerdo a lo siguiente: Los artículos en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Conforme a lo anterior, se obtiene que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, lo que significa que las mismas no guardan un orden de preferencia sino que la intención del constituyente fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos ya mencionados. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia clave XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165582, tomo XXXI, enero de 2010, materia común, página 1931, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De esta forma, es dable precisar, que el presente estudio de improcedencia en cuanto a la oportunidad de la demanda de amparo, se realizará bajo el segundo supuesto a que alude el artículo 18 de la Ley de Amparo, relativo a la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados. En ese contexto, al examinar integralmente la demanda de amparo promovida por ********************, se obtiene que dicha persona comparece en calidad de tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, en su calidad de endosatario en procuración de ********************, en contra de la quejosa, del cual reclama la diligencia de emplazamiento a juicio y actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia. En el caso, la quejosa aduce que fue emplazada al juicio de origen el doce de octubre de dos mil veinte y que tuvo conocimiento de la sentencia dictada en su contra el día cuatro de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, contrario a lo expuesto por la quejosa, se tiene que conoció de los actos reclamados el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ya que de las constancias del citado juicio de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno al tenor de los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, deriva que la propia quejosa mediante escrito signado con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte compareció ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Durango, con residencia en Ciudad Lerdo, Durango, ello a efecto de revocar cualquier nombramiento hecho en su nombre y representación, autorizando para tal efecto al profesionista que ahí menciona y señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual fue acordado de conformidad por la autoridad judicial responsable en actuación de uno de diciembre de dos mil veinte. Circunstancia que como ya se dijo, se encuentra corroborada con las constancias que del juicio de origen exhibió en copia certificada la autoridad judicial responsable, mismas que fueron valoradas con antelación. Así las cosas, se obtiene que no le asiste la razón a la quejosa cuando refirió que tuvo conocimiento en una fecha distinta a la antes referida en la existencia del juicio mercantil de origen, pues contra su dicho se encuentran las actuaciones contenidas en el precitado juicio ejecutivo mercantil ********************, en donde aparece que compareció mediante escrito suscrito por la propia quejosa de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, a efecto de revocar cualquier nombramiento hecho en su nombre y representación, autorizando para tal efecto al profesionista que ahí menciona y señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual fue acordado de conformidad por la autoridad judicial responsable en actuación de uno de diciembre de dos mil veinte, lo que implica que desde esa fecha cuando menos conoció de la existencia del juicio mercantil instaurado en su contra y por ende de la diligencia de emplazamiento de que se duele. En ese sentido, se patentiza que la quejosa conoció de la existencia del juicio de origen y de la diligencia de emplazamiento que constituye el acto reclamado, cuando menos a partir del diecisiete de noviembre de dos mil veinte (fecha en que suscribió el escrito relativo a revocar autorizados y señalar nuevo autorizado y domicilio), por lo cual el término para presentar su demanda de amparo empezó a correr a partir del día siguiente a la fecha expresada, de conformidad con el segundo supuesto a que alude el artículo 18 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haber presentado la quejosa su demanda constitucional hasta el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, ante la propia autoridad responsable, al haber sido promovida como demanda de amparo directo en un inicio, según aparece del sello de recibido de la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Durango, es decir, transcurrió con exceso el término de quince días para la presentación de la misma, resulta inconcuso que tal interposición la realizó extemporáneamente, y por vía de consecuencia consintió tácitamente los actos reclamados en comento, por no haber ejercitado la acción constitucional en su contra, dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí, que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia precitada. Tiene oportuna aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre del 2********************0, Página 1148, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada". Así las cosas, si dentro del presente juicio de amparo, se reclama la falta o el ilegal emplazamiento al juicio de origen, y la quejosa se enteró del mismo al menos desde el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, es obvio que la demanda de amparo resulta extemporánea, pues la misma fue promovida hasta el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; por tanto, transcurrió con exceso el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que, la acción constitucional debió instarse a partir de que tuvo conocimiento del acto que afectaba su interés jurídico. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia P./J. 6/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 95, cuyo epígrafe es el siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución". También se aplica el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXV, página 932, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio". Asimismo, tiene aplicación la tesis aislada visible en la página 235, tomo XI, Junio de 1993, Materia(s): Común, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee bajo el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". De ahí, que respecto del acto reclamado como la falta o ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil de origen ********************, así como todo lo actuado dentro del mismo, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento jurídico. Apoya a lo anterior la tesis I.4o.A.20 K del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 477, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta". En cuanto a los diversos actos reclamados por la quejosa consistentes en las actuaciones subsecuentes, incluyendo la sentencia y los actos realizados en ejecución de la misma; cabe decir, que en relación con los mismos se patentiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 de la misma ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo establece la jurisprudencia J/26, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XV, marzo de 2********************2, página 1225, registro electrónico 187496, de la literalidad siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD. Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo: "La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete en Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. ..."; y esa obligatoriedad persiste hasta en tanto no exista otra tesis jurisprudencial con distinto criterio". Lo anterior es así, porque los precitados actos reclamados por la quejosa derivan de otro consentido, esto es, emanan del emplazamiento reclamado y la sentencia dictada en el juicio de origen, lo cual como ya se precisó en párrafos que anteceden, fue consentido por la solicitante de amparo, al no haber presentado su demanda de amparo, dentro del término de quince días siguientes a aquél en que tuvo conocimiento del mismo. En ese contexto, si los actos aquí impugnados no son más que una consecuencia derivada de aquél consentido, esto es, la sentencia definitiva y actuaciones ocurridas en ejecución de la misma, es obvio que respecto de tales actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia en comento, por constituir actos derivados de otro consentido. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, volumen 217-228, primera parte, página 9, registro electrónico 232011, que expresa lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Así como, la jurisprudencia VI. 2o. J/99, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, febrero de 1991, página 96, con registro electrónico 223476, que dice lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". En congruencia con lo anterior, lo procedente, en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y que fueron agregadas a los autos el dos de marzo de dos mil veintitrés. Diferimiento. Ahora bien, considerando que las constancias de referencia no se rindieron con los ocho días de anticipación para que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes, conforme lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, lo procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las once horas del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 54/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XI, abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que la audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Se tiene por recibido el oficio signado por la autoridad oficiante mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, respecto al domicilio de la tercera interesada ********************en su carácter de albacea a la sucesión testamentaria de ********************, el cual se agrega para los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos. Ahora bien, toda vez que a la fecha ya concluyó la búsqueda de domicilio correspondiente a la mencionada tercera sin obtener resultados favorables, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de octubre de dos mil veintidós y se ordena el emplazamiento de ********************en su carácter de albacea a la sucesión testamentaria de ********************, por medio de edictos. Emplazamiento por edictos. Por tanto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a la mencionada tercera interesados en por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales contendrán el acto reclamado, mismos que deberán ser publicados por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los diarios de mayor circulación en la República, a través de los cuales se le hará saber que deberá presentarse ante este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación. Además se ordena fijar en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento, con el apercibimiento, que de no comparecer se le tendrá por emplazado al presente juicio, haciendo las ulteriores notificaciones y aún las de carácter personal por lista que se fijará en este Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Tiene sustento lo anterior, en la tesis que a continuación se cita, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en virtud que no se opone a las disposiciones de esta: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA INVESTIGACIÓN PARA DAR CON EL DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO, SI NO HUBO RESULTADOS FAVORABLES. La autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, ante el desconocimiento del domicilio del tercero perjudicado en el juicio de garantías, deberá ordenar a las autoridades correspondientes la investigación de dicho domicilio para efectos del emplazamiento y esperar la contestación o en su defecto, requerir a las omisas con el apercibimiento respectivo para que den cumplimiento a lo señalado y sólo será hasta que se tengan los resultados de la referida investigación, si fueren negativos, cuando estará la responsable en aptitud de realizar el emplazamiento por medio de la publicación de edictos y no antes, toda vez que se contravendría lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo." (Novena Época, Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA, CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XI, Enero de 2000, Tesis: I.6o.C.47 K, Página: 995)" Requerimiento. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, reciba los edictos en mención, para lo cual deberá comparecer ante este Juzgado Federal a fin de estar en posibilidad de realizar la publicación referida, y acredite haber hecho los trámites correspondientes. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en los términos antes precisados, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada XXVII.3º.33K (10a.), visible a página mil setecientos cuarenta, tomo II, del libro 9, agosto de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a dicha ley, y que es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA DILIGENCIARLOS ES DE 20 DÍAS, POR LO QUE LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE FIJA UN PERIODO INFERIOR Y PERENTORIO PARA RECOGERLOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme a los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y 63, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso deberá acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición y, si no lo hace sin causa justificada, se sobreseerá en el amparo. Así pues, el legislador no pretendió imponer plazos perentorios sucesivos para recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega, sino que estableció un plazo general para ejecutar todas esas acciones. En consecuencia, la determinación del Juez de Distrito por la que previene al quejoso para que reciba los edictos dentro de un periodo inferior y perentorio constituye una violación procesal, por lo que si esa prevención conduce a sobreseer en el juicio, el órgano revisor deberá ordenar su reposición conforme al artículo 93, fracción IV, de la citada ley, a fin de que se otorgue al inconforme el plazo de 20 días para efectuar todas las acciones encaminadas a diligenciar los edictos." Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Incidental
"..." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Maribel de la Cruz Alcon1768/2022
- Maribel Gonzalez Castillo1261/2022
- Maribel Isela Hidrogo Núñez1501/2019
- Maribel Villanueva Salas470/2022
- Maricela Cueller Rodríguez576/2021
- Maricela Duarte Salazar282/2018
- Maricela Muro Barrientos681/2021
- Maricela Salazar Flores1149/2021
- Maricela Santoyo Maldonado1706/2017
- Maricela Torres Marquez957/2017
- Maricruz Martínez Nicolas155/2022
- Maricruz Zamarripa Torres238/2023