Maricela Mendoza Hernández

Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
52/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Maricela Mendoza Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ... Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó a demanda de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Archivo... archívese este expediente como concluido. ... este expediente es susceptible de destrucción. ...

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por Maricela Mendoza Hernández, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 52/2023-II-B Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que la quejosa reclama: "El acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder judicial del Estado de Veracruz, en el juicio laboral ******************** y que le fuera notificado el dieciocho de enero siguiente, en el que se acordó a decir de la quejosa de manera arbitraria que la prueba testimonial a cargo de la testigo ******************** debía desahogarse mediante oficio. Ahora, para una mejor precisión de lo que se analiza se advierte que la quejosa refirió en su capítulo de antecedentes que mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, demandó su reinstalación y otras prestaciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cual fue radicada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, bajo el expediente ********************-I. Seguida la secuela procesal del juicio laboral, dentro de la audiencia de excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el ocho de abril de dos mil veintidós, la aquí quejosa presentó dos pruebas testimoniales a cargo de las testigos ******************** y******************** -servidoras públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz-, las cuales fueron debidamente admitidas y se impusieron los apercibimientos correspondientes para el caso de incomparecencia. Aunado a ello, refirió que el doce de septiembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia prevista para el desahogo de las pruebas testimoniales de referencias, sin embargo no comparecieron las testigos y sólo fue solicitado que se les permitiera el desahogo de dicha prueba mediante oficio en atención de sus actividades. Derivado de lo anterior y ante la falta de comparecencia de las testigos, se solicitó nuevamente al tribunal responsable señalara fecha y hora para el desahogo de los precitados medios de prueba, siendo que el día once de enero de dos mil veintitrés, únicamente la testigo******************** compareció para tal efecto. Finalmente, respecto al desahogo de la prueba testimonial a cargo de ******************** el tribunal responsable emitió el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el que determinó que la misma debía desahogarse mediante oficio a pesar de los apercibimientos establecidos en dicho expediente laboral para el caso de incomparecencia, siendo éste último acuerdo el acto reclamado por la quejosa. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 107, fracción V, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, 62 y de la Ley de Amparo, interpretados contrario sensu. Tales preceptos previenen que al tratarse de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Constitución y la legislación secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Carta Magna como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad; porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones al concluir el procedimiento jurisdiccional. Por otra parte, en los actos de ejecución reparable existe la posibilidad de que las afectaciones que pudieran provocar sean restituidas al resolverse la controversia, en la medida en que no influyen para que el fallo sea favorable a los intereses del promovente; es decir la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, por lo que si la parte afectada logra una resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado, pues además existe la posibilidad de que sean controvertidos a la par de la resolución que se dicte para resolver el conflicto planteado. Luego, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Bajo tales premisas, es evidente que el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el tribunal responsable en el juicio laboral ********************, en el que determinó que el desahogo de la prueba testimonial a cargo de la testigo ******************** debía desahogarse mediante oficio, constituye una actuación de carácter procesal dentro del juicio laboral, es decir, se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse puede quedar subsanada con posterioridad, si el laudo que en su momento resuelva el asunto, resulta favorable a sus intereses, ello toda vez que el juicio de origen aún no se encuentra concluido. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna al ser parte en el expediente laboral de origen del que deriva el acto combatido, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que las violaciones procedimentales que refiere se han producido no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. Cabe destacar además, se reitera, en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trasciendan al sentido del laudo del referido juicio laboral, se podrá hacerlo valer como concepto de violación y reclamarse a través del amparo directo que eventualmente podría promover la parte a quien no favoreciera la resolución. Sin que pase inadvertido, el hecho de que la quejosa refiera que promovió el diverso juicio de amparo 986/2022 del índice de este juzgado, en el que reclamó la dilación procesal por parte del tribunal responsable para la reprogramación de la fecha para el desahogo de las pruebas testimoniales de referencia; expediente en el que le fue concedida la protección federal y que derivado de ello, se emitió el acuerdo que ahora reclama; sin embargo, de una búsqueda en el sistema integral de expedientes (SISE), se advierte que en el citado juicio de amparo, este órgano jurisdiccional a la fecha no se ha pronunciado sobre si la autoridad dio o no cabal cumplimiento al fallo protector, de ahí que para el caso de que se considere que no fue acatada en sus términos, en todo caso se requerirá nuevamente a fin de que emita un nuevo pronunciamiento. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario ********************, es válido; por tanto, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte promovente, por lo que no ha lugar a tenerle señalando domicilio para éste efecto; asimismo, por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a ********************y********************, en virtud de que de la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional; en tanto que ********************, únicamente quedan autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado la promovente. Medios de comunicación. En tales condiciones, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, se tiene a la promovente proporcionando la dirección de correo electrónico como medio de comunicación. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Notifíquese vía electrónica a la quejosa...

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