Maricela Martínez Delgado

Expediente 1097/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1097/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Maricela Martínez Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1097/2023-VII. Puebla, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.- JUICIO DE AMPARO 1097 2023 VII. Puebla, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del escrito de demanda. Se recibe el escrito de demanda signada por ***, quien promueve por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Desecamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se tiene un escrito de demanda presentado de manera electrónica por Maricela Martínez Delgado; sin embargo, dicha demanda no cuenta con la evidencia criptográfica (firma electrónica) de la parte quejosa. Lo anterior implica que la promovente soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º, 5º y 6º de la Ley de Amparo. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo. Además, los mencionados preceptos legales, señalan que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. En esa tesitura, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona, como lo establece el artículo 6 de la Ley de Amparo, que la letra refiere:*** Por consiguiente, la demanda de amparo presentada vía electrónica por Maricela Martínez Delgado, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", razón por la cual procede desecharla. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, dado que se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Así quedó plasmado en la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Por otra parte, es menester agregar que, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, lo que en el caso no ocurre.*** Pues, los actos que reclama la quejosa consisten en:*** De lo anterior se advierte, que evidentemente no constituye un acto de carácter urgente como los previstos por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción para la ausencia de firma autógrafa del quejoso, que se actualiza cuando el quejoso reclama actos urgentes de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. En ningún momento se pasa por alto que, al final del escrito de demanda obra la firma autógrafa de Maricela Martínez Delgado. Sin embargo, esa circunstancia no constituye una manifestación objetiva de su voluntad, sino que para ello, es indispensable la firma electrónica, esto en razón porque fue presentada de manera electrónica. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito que se provee. Lo anterior, porque la promovente así lo solicitó en su escrito de demanda. Por otro lado, se tienen como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Domingo Moreno Díaz, por así haberlo designado en su escrito inicial y porque cuenta con registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal.. Autorización para tomar fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 18/2023-VIII. Puebla, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Formación del incidente. Visto el escrito de demanda y el acuerdo dictado en esta fecha en el cuaderno principal del expediente electrónico, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 18/2023-II, promovido por *****, en representación de ******, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y otra autoridad. Requerimiento de informe previo. En términos de los artículos 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables presenten su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Por tanto, envíese a las responsables copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta a la omisa una multa de entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento de antecedentes. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace al aquí quejoso. De ser así, deberán remitir copia certificada de la resolución correspondiente. Se les apercibe que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Actos reclamados. Los actos reclamados por el quejoso, en términos de la demanda de amparo, comprenden: ".1.- EL EXCESO DE PRISION PREVENTIVA EN LA CAUSA PENAL ****/2010 Y ACUMULADAS, DEL INDICE DE LA RESPONSABLE. 2.- VICIOS PROPIOS DEL EXCESO DE PRISION PREVENTIVA EN LA CAUSA PENAL ****/2010 Y ACUMULADAS, DEL INDICE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RESPONSABLE. 3.- LA ILEGAL RECLUSIÓN EN EL CENTRO DE REINSERSION SOCIAL, EN VIRTUD DE LA ILEGAL PRISIÓN PREVENTIVA. 4.- LA OMISIÓN DE DECRETAR DE MANERA OFICIOSA EL CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA." Concesión de la suspensión provisional. De la demanda de amparo se desprende que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, Noreste, en Tepic, Nayarit, bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que se le ponga en libertad. Sin embargo, es improcedente, dado que se estarían otorgando efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que llegare a otorgar la protección de la justicia federal. Ello, porque en el caso, de permitir que con motivo de la suspensión alcance transitoriamente un beneficio que al final del día, pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia dictada en el juicio de amparo, sin prejuzgar de lo ocurrido antes de este, ni lo que ocurrirá después, para que dicha medida sea material y jurídicamente posible, se requiere que los efectos suspensorios puedan actualizarse de momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia concesoria del amparo. Pues una de las finalidades de la suspensión (además de que puede tener efectos restitutorios de manera provisional cuando jurídica y materialmente sea factible, conforme a lo previsto en el artículo 147, párrafo segundo de la ley de la materia) consiste en preservar la materia del juicio de amparo, lo cual no se lograría si se emite un pronunciamiento en el sentido de que la autoridad responsable deje en libertad al quejoso, dejaría sin materia el juicio de amparo en lo principal ya que el fin de este es, precisamente determinar, en el momento procesal oportuno, si la actuación de la responsable resultó o no violatoria de derechos fundamentales y por ende, determinar si es procedente continuar la tramitación la vía incidental y como consecuencia de ello, determinar su procedencia y las consecuencias que de ello resulten. Así, en caso de otorgarse la suspensión provisional en los términos propuestos por la parte quejosa, los efectos de dicha medida coincidirían exactamente con la materia del juicio de amparo, dejándolo sin materia. De ahí que independientemente de que los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución Federal y 147 de la Ley de Amparo, otorgan a la suspensión un genuino carácter de una medida cautelar, con la citada finalidad de conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto; lo cierto es que, atento a las consideraciones expuestas, no es dable su otorgamiento en los términos que señala el impetrante de amparo. Lo anterior, sin perjuicio que de asistirle el derecho en el fondo del asunto del que deriva este incidente, en términos del precepto 77 de la Ley de Amparo, sean reparadas las garantías que estima violadas, de acuerdo a los efectos restitutorios de la sentencia que se llegue a dictar. Además, no debe pasarse por alto que hasta este momento se desconoce si efectivamente el quejoso se encuentra en prisión preventiva bajo los efectos de un auto de bien preso o si su internamiento obedece a una pena privativa de la libertad impuesta por sentencia firme, por lo que de concederse la suspensión para los efectos solicitados se estarían contraviniendo al interés social, ya que el cumplimiento de las sanciones penales es una cuestión de orden público. Por tanto, con fundamento en los artículos 125, 128 y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para el único efecto de que el aquí quejoso quede a disposición de este juzgado de distrito por cuanto hace a su libertad personal, pero interno en el centro penitenciario que al efecto designe el juez del proceso. Entonces, continuará a disposición del juez de la causa para el trámite del proceso que se le instruye. Sin embargo, se hace notar que la suspensión provisional nunca podrá utilizarla el quejoso para solicitar el cambio de las medidas cautelares impuestas en la causa penal, pues la modificación de esas medidas corresponde en forma exclusiva a la autoridad judicial que las impuso. Tampoco podrá utilizarse la suspensión provisional de este incidente, respecto de actos emitidos en una causa penal diferente a la precisada en la demanda de amparo. Se descarta fijar medidas de aseguramiento para mantener la suspensión provisional, ya que los efectos dados implican que el quejoso continúe privado de la libertad en el centro penitenciario donde ya se encuentra. Notifíquese y cúmplase.

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