Maricela Lara Orozco
Expediente 266/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maricela Lara Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, en particular la comparecencia de cuenta mediante la cual la quejosa Maricela Lara Orozco, ratificó el contenido y firma del escrito presentado en este Juzgado el veinte de agosto del presente año; en consecuencia, se tiene a la citada parte procesal dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; atento a lo anterior, se acuerda: Visto el escrito aclaratorio de cuenta signado por Maricela Lara Orozco, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de agosto del año en curso, y al efecto manifiesta: ".que no es mi deseo señalar como diverso acto reclamado, la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa PAR-00204/2020, sustanciado en mi contra, en virtud de que, está ya fue recurrida a través de diverso medio de impugnación, mismo que difiere totalmente del acto que nos ocupa." ".que la resolución antes aludida, fue recurrida mediante juicio contencioso administrativo tramitado en la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, correspondiente, precisando que el mismo a la fecha no ha sido siquiera admitido, mucho menos resuelto." En atención al contenido de la demanda, así como a su escrito aclaratorio derivado de la reposición del procedimiento ordenada por el Superior, la suscrita estima que la demanda deviene improcedente. Para apreciar objetivamente lo antes afirmado, se debe sentar la premisa de que en términos del artículo 113 del cuerpo de leyes en cita, los Jueces de Distrito sólo pueden desechar la demanda de amparo cuando adviertan motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante; de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el presente asunto, la lectura de la demanda de amparo, permite establecer que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, expedición y publicación, del Decreto mediante el cual se crea de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en especial por lo que respecta a los artículos 208, inciso XI y 222; con motivo de su aplicación en perjuicio de la parte quejosa derivada de la posible ejecución de la sanción impuesta a la misma, por el área de responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado mediante resolución de doce de marzo del año en curso, derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa que se inició en su contra. Aquí conviene señalar que el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la constitucionalidad de una ley atendiendo a su naturaleza; normas autoaplicativas o heteroaplicativas. Para distinguirlas, debe tomarse en cuenta el concepto de individualización condicionada. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con su simple entrada en vigor, independientemente de que se actualice condición alguna, se está en presencia de una norma autoaplicativa. Por el contrario, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen automáticamente (con su entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se trata de una disposición heteroaplicativa. Consecuentemente, con relación a las normas antes precisadas, se configura la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, del propio ordenamiento, interpretado en sentido contrario, ya que la peticionaria de amparo basa su reclamo como consecuencia del acto de aplicación, traducido en las acciones que dice se están preparando con el fin de ejecutarse la sanción en su contra, impuesta mediante resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, los cuales, esgrime, pretende establecer como el primer acto concreto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, lo cual dista de ser real, puesto que lo consignado en las documentales aportadas por la quejosa y de las manifestaciones que la misma realiza bajo protesta de decir verdad, se puede concluir que los actos por los cuales pretende instar el presente juicio, constituyen actos de aplicación ulteriores, según se evidenciará enseguida. En el caso se insiste en que la parte quejosa reclama las normas referidas con motivo de un acto de aplicación; empero de la transcripción que realiza de los puntos resolutivos de la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa PAR00204/2020, se tiene que la autoridad emisora de aquélla, citó como fundamentos legales los preceptos aquí reclamados, entre otros, al señalar que la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, debía ejecutarse conforme a lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de que a efecto de ordenar la notificación a la parte quejosa, citó el ordinal 208, fracción XI, que pretende combatir. Así, evidentemente resulta que, los actos reclamados por la quejosa no pueden considerarse como un primer acto de aplicación de la norma impugnada, si como ha quedado señalado, en la resolución donde se impusieron las sanciones a la parte quejosa, se estableció y fundó la ejecución de la misma, acorde con esos preceptos legales, constituyendo por ende, la emisión de la resolución, en la que se aplicaron ambos preceptos reclamados en perjuicio de la quejosa y, por ello, los actos referidos por la quejosa de los cuales tuvo conocimiento el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, deben considerarse como ulteriores a aquél. En consecuencia, para efectos del presente juicio de amparo y en relación con la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, expedición y publicación, del Decreto mediante el cual se crea de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en especial por lo que respecta a los artículos 208, inciso XI y 222, reclamados a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, todas con residencia en la Ciudad de México, se actualiza la hipótesis normativa que se establece en el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, del propio ordenamiento, interpretado en sentido, al no reclamarse con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior; y por ende, se impone desechar de plano la demandada propuesta. Notifíquese, hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta a nombre de la quejosa Maricela Lara Orozco, en virtud de que aparece una firma cuyos rasgos son diferentes con los que obran en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, la compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta a nombre de la quejosa Maricela Lara Orozco, en virtud de que aparece una firma cuyos rasgos son diferentes con los que obran en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, la compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.
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