Maricela Karina Arreola Robles

Expediente 818/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
818/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Maricela Karina Arreola Robles
  • Oscar de Jesús Rosales Escobedo
  • OSCAR ROSALES AGUILAR y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por medio del cual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    AVISO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO LA CUAL DICE: Vista la segunda de las certificaciones que anteceden, así como los motivos expuestos, se advierte que la parte promovente del amparo, no acudió, dentro del término de tres días, concedido, ante este órgano, a ratificar su escrito registrado con el número de folio 13702; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de julio pasado y se tiene por no presentado el escrito de referencia. Apoya lo expuesto, por las razones que contiene, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2018772 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: I.11o.C. J/7 (10a.) Página: 809 PRECLUSIÓN. ES UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL JUICIO DE AMPARO. La preclusión es una sanción que otorga seguridad al desarrollo del procedimiento, pues consiste -en una de sus vertientes-, en la consumación de una facultad procesal, al establecer un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible. Ahora bien, la Ley de Amparo, atento al principio de preclusión -consustancial a todo procedimiento judicial-, prevé la promoción de un juicio constitucional por acto que se reclame pues, expresamente, el artículo 61, fracción XI, de la ley citada, dispone que la acción constitucional es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Por otra parte, si bien el desechamiento de una demanda de amparo implica que no se analizó la constitucionalidad del acto reclamado, ello no faculta al quejoso para intentar una nueva acción constitucional contra ese mismo acto, pues de acuerdo con el principio de preclusión que rige su procedencia, ordinariamente no es posible que el quejoso reclame los mismos actos de las mismas autoridades en más de un juicio de amparo. Por tanto, el desechamiento de una primera demanda de amparo con sustento en una causal de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, genera la carga procesal al quejoso de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y no hacerlo implica su conformidad, tanto con esa determinación como con las consideraciones que la sustentan. De modo que, mientras subsista jurídicamente la determinación que desechó la primera demanda, es inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto." Por otro lado, vista la primera certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que se otorgó a la parte promovente, mediante auto de seis de julio del año en curso, sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado, dentro del término concedido. En el acuerdo de mérito, se le requirió con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto que cumpliera cabalmente con los requisitos a que se refiere el primero de estos preceptos, en los aspectos destacados en dicho acuerdo. Tales preceptos legales establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De su contenido, se advierte que la prevención que regula el artículo 114 de la Ley de Amparo se orienta, esencialmente, a que la parte quejosa de cuenta en el desahogo del requerimiento del artículo 108 de dicha ley reglamentaria, sin mayor exigencia que la de establecer con claridad esos elementos. En el caso, la prevención contenida en auto seis de julio del año en curso, consistió en lo siguiente: "a) Bajo protesta de decir verdad, indique si en contra de los actos y autoridades responsables señalados en su escrito de demanda han promovido diverso juicio de amparo, ya que para la suscrita resulta un hecho notorio1, la existencia del diverso juicio de amparo 503/2021, de este índice, en donde se advierte que el quejoso Oscar Rosales Aguilar, reclamó actos privativos de libertad, ycomo responsables, entre otras, señaló al Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl y otras responsables. En ese orden, deberá indicar si los actos que reclama de tales autoridades son los mismos que señaló en el amparo 503/2021. b) De igual forma, deberá precisar la denominación correcta y actual de las autoridades ejecutoras, que señala en su demanda de amparo como:  Titular de la Policía Investigadora adscrita a la Fiscalía General del Estado de México. *Titular de la Dirección de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía Regional adscrita a la Fiscalía Regional del Estado de México. *Director de Mandamientos Judiciales del Estado de México. Y, como se vio, la parte promovente fue omisa en desahogar esos aspectos en el plazo concedido, no obstante, se encontraba en oportunidad de cumplir satisfactoriamente con la prevención formulada. El incumplimiento en que incurrió la parte quejosa trasciende, en virtud de que no proporcionó los elementos descritos en los puntos de prevención y que es obligatorio en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo, pues de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, se tiene el deber de cuidar que la demanda se plantee de forma tal que la responsable esté en posibilidades de conocer de manera precisa los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto o actos que se le reclama, para que pueda encontrarse en aptitud legal de rendir su informe, incluso, porque eso también posibilitará en su oportunidad fijar la litis en el juicio de amparo. En ese orden, no es factible admitir la demanda, en virtud de la omisión en que incurrió el quejoso imposibilitan una correcta fijación de la Litis, pues no se tiene plena certeza de los hechos o abstenciones de los actos que reclama, por tanto se incurre con lo previsto en el artículo 108 fracción IV de la Ley de Amparo, a fin de juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado, incluso para decidir sobre la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. En consecuencia, al no encontrarse acatada la prevención formulada en auto de seis de julio de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento contenido en éste, es decir, se tiene por no presentada la demanda de amparo intentada, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, al no haberse establecido con claridad los elementos a que se refiere el artículo 108 de esa ley, requisitos procesales cuya finalidad es establecer el objeto del proceso constitucional y con ello dotar de seguridad jurídica a las partes a través de la legalidad.

  4. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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