Maricela Jurárez Tirado

Expediente 450/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
450/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Maricela Jurárez Tirado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se vincule el presente juicio de amparo al expediente 945/2021, de su índice, o bien, se remitan copias certificadas de diversas constancias relativas al mismo; atento lo anterior, se ordena realizar la vinculación correspondiente, a efecto de que el citado juzgado esté en aptitud de consultar las actuaciones conducente. Asimismo, hágase del conocimiento del órgano jurisdiccional oficiante lo anterior, mediante oficio que se remita vía interconexión.

  2. Principal

    Ciudad de México, a doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Sars-Cov2 Covid-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 6/2020 del propio Pleno; asimismo, que la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. En mérito de lo anterior, toda vez que el presente asunto encuadra en los supuestos previstos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los numerales 365 y 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales de este juicio y se reanuda su tramitación. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, y considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme con su artículo 2º, se declara que dicha sentencia CAUSA EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el expediente en que se actúa encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, dado que, se sobreseyó en el presente juicio, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de que en el presente expediente obran glosados documentos originales, con apoyo en lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, requiérase al promovente de la demanda de amparo, para dentro del término de NOVENTA DÍAS, comparezca por si o a través de autorizado para tales efectos, en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibido que, de no hacerlo, podrán ser destruidos Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Del estado de autos del presente juicio se desprende que mediante acuerdos de treinta y uno de octubre, nueve de diciembre de dos mil diecinueve, catorce de enero y veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se requirió al Jefe de la Unidad de Prestaciones Económicas 5 dependiente de la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al Delegado Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de manera pormenorizada y destacada, las actividades que debían realizar, de acuerdo a sus facultades y niveles jerárquicos, con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, en los siguientes términos: Autoridad Conducta requerida Jefe de la Unidad de Prestaciones Económicas 5 dependiente de la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Acredite haber realizado el pago por la cantidad de $302,721.91 (trescientos dos mil setecientos veintiún pesos 91/100 M.N.), determinada en el dictamen pericial en materia de contabilidad; y, (ii) una vez regularizada la cuota diaria pensionaria deberá de pagar a la parte quejosa la cantidad determinada en la etapa uno, parte final, y deberá de emitir el título de crédito para el pago de la cantidad correspondiente Delegado Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Demuestre ante este Juzgado haber ordenado y conminado a dicha autoridad el cumplimiento al requerimiento de que se trata. En el último acuerdo, se les apercibió que de no cumplir con lo requerido se les impondría una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización, así como que también se remitirían los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para el trámite del incidente de inejecución en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional. No obstante, las autoridades de referencia omitieron acreditar dentro del plazo otorgado, haber realizado los actos que les fueron encomendados. Tampoco demostraron fehacientemente las causas concretas, objetivas y demostrables que les impedían realizar las conductas requeridas, dentro del mismo plazo. Esta juzgadora considera que dichas omisiones equivalen a un incumplimiento, pues aunque no hayan manifestado expresamente una voluntad de desacato, la misma se infiere de la conducta contumaz de las autoridades en cuestión. Además, el hecho de que las autoridades oficiantes ni siquiera hayan acreditado en autos las gestiones administrativas encaminadas a dar cumplimiento al fallo protector; aunado a que desde el diez de enero de dos mil veinte, se les requirió cumplir con la sentencia de amparo, por lo que ya contaron con tiempo suficiente para dar cumplimiento a ello; sin que existan constancias de las que se demuestren las gestiones realizadas. La imposición de las medidas de apremio en cuestión, por el monto señalado, se emite tomando en consideración que el cargo que ocupan las personas mencionadas demuestra su solvencia económica para sufragar la multa impuesta por este Juzgado Federal. Por lo que hace a la autoridad a la que se reprocha contumacia en su calidad de superior jerárquico, este juzgado advierte que dicha autoridad ni siquiera acreditó haber remitido oficios por los que conminara a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento a los mandatos judiciales de que se trata. Lo anterior, a pesar de que como superior jerárquico, debió haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso prevenciones y sanciones, para conminar de manera efectiva a la autoridad para que cumpliera con los requerimientos respectivos. Todo lo anterior redunda en el retardo en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cuyo acatamiento es de orden público, lo cual a su vez se traduce en una nueva vulneración a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues el solo retardo en el cumplimiento del fallo protector es violatorio del derecho a la impartición pronta de justicia, en términos de los párrafos segundo y séptimo del artículo 17 constitucional. Por tanto, ante la conducta renuente y contumaz de las autoridades requeridas, con fundamento en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que se impone a las siguientes personas físicas, que detentaron los cargos en el momento en el que debían cumplir los mandatos de este órgano jurisdiccional, una MULTA equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. En ese orden, considerando que el valor diario de la unidad de medida y actualización para el año dos mil veinte, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diez de enero de dos mil veinte, se refleja en la siguiente tabla: Periodo Valor en Pesos Diario $ 86.88 Mensual $ 2,641.15 Anual $ 31,693.80 Así, se obtiene que si el valor de una unidad de medida y actualización es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional); tenemos que la conversión de cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización a pesos es $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Ahora, a efecto de contar con los datos correctos y completos para hacer efectiva la multa antes impuesta, REQUIÉRASE, al Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto citado, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcionen bajo protesta de decir verdad, la información siguiente: Nombre, Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y domicilio completo del Jefe de la Unidad de Prestaciones Económicas 5 y el Delegado Regional, ambos en la Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se le apercibe que de no hacerlo en el plazo concedido, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. En consecuencia, una vez que se tengan los datos requeridos gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "2" con sede en la Ciudad de México para que proceda a hacer efectivo el cobro de la multa impuesta a las autoridades antes referidas. Tiene aplicación, la jurisprudencia I.20o.A. J/3 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 72, Tomo IV, Noviembre de 2019, página 2136, que indica: MULTAS IMPUESTAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR INCUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DE AMPARO. SU COBRO COACTIVO SÓLO PUEDE ORDENARSE HASTA QUE ADQUIERA FIRMEZA EL AUTO O RESOLUCIÓN EN QUE SE DECRETÓ SU IMPOSICIÓN. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 178/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la imposición de una multa a la autoridad responsable por incumplimiento a una ejecutoria de amparo no constituye una resolución irreparable para efectos de la procedencia del recurso de queja, toda vez que el perjuicio ocasionado a quien se impone dicha medida de apremio puede ser motivo de revisión en: 1) el incidente de inejecución de sentencia, de oficio por el Tribunal Colegiado de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o 2) el recurso de inconformidad que se haga valer contra el auto que tenga por cumplido el fallo protector. En estas condiciones, la circunstancia de que la regularidad de la imposición de la multa aún sea susceptible de revisión, evidencia que la subsistencia jurídica de esa sanción no ha quedado definida, al grado de adquirir inmutabilidad. Por tanto, el cobro coactivo de las multas mencionadas sólo puede ordenarse hasta que adquiera firmeza el auto o resolución en que se decretó su imposición, esto es, una vez resueltos el incidente o recurso señalados. Esto último no es contrario a los artículos 65 y 145 del Código Fiscal de la Federación, que regulan el momento a partir del cual puede hacerse exigible un crédito fiscal, como lo son las multas que impone el Poder Judicial de la Federación, pues la ejecutoriedad del auto en que lleguen a decretarse debe atender a la lógica de la firmeza de las actuaciones judiciales, la cual sólo puede predicarse respecto de resoluciones contra las que ya no procede medio de defensa alguno, o bien, su subsistencia jurídica no esté sujeta a una revisión oficiosa posterior. REQUERIMIENTO Por otra parte, y con independencia de lo anterior REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la autoridad vinculada, Jefe de la Unidad de Prestaciones Económicas 5 dependiente de la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (o en su caso al Encargado del Departamento), para que dentro del ámbito de sus facultades en un término de VEINTE DÍAS, remita las constancias con las que acredite, haber (i)debe realizar el pago por la cantidad de ***, determinada en el dictamen pericial en materia de contabilidad; y, (ii) una vez regularizada la cuota diaria pensionaria deberá de pagar a la parte quejosa la cantidad determinada en la etapa uno, parte final, y deberá de emitir el título de crédito para el pago de la cantidad correspondiente, o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a esta juzgadora la razón objetiva y demostrable por la que no le es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Delegado Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para dentro del mismo plazo, demuestre ante esta juzgadora haber ordenado y conminado a dicha autoridad el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS Conforme a lo señalado, SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 conforme a lo antes precisado, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el juez de distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Oriente de la Ciudad de México, señalada como responsable; a través del cual, en atención al requerimiento formulado por este juzgador hace diversas manifestaciones, Atento a ello, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, sin acordar mayor proveído, toda vez que el dos de octubre de dos mil veinte, este juzgado federal acordó lo conducente. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,772 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano