Maricela Juarez Tirado
Expediente 900/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maricela Juarez Tirado
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, mediante proveído de siete de octubre del año en curso, éste órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la demanda de amparo promovida por Maricela Juárez Tirado, por propio derecho, por lo que se ordenó remitir vía interconexión la demanda y el citado acuerdo al órgano jurisdiccional correspondiente, de los que por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, sin que a la fecha se haya acusado el estilo correspondiente. En tales circunstancias, mediante oficio que se envíe vía interconexión, se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para que acuse el recibo correspondiente e informe si acepta o rechaza la competencia planteada, lo anterior, a efecto que éste órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito signado por la promovente Maricela Juárez Tirado, por medio del cual, da cumplimiento al requerimiento de veintiocho de septiembre del año en curso; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda. Ahora bien, cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32) Ahora bien, del estudio integral de la demanda; se advierte que éste Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente juicio de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio se encuentra limitado, lo anterior es así, derivado de sus atribuciones, por lo cual, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, el grado y el territorio. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Tomando en cuenta lo anterior y la doctrina, se puede distinguir los siguientes criterios de competencia: I) Por territorio II) Por materia III) Por grado. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de la materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: ARTICULO 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. ARTICULO 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito, entre ellos Jueces de Distrito en Materia Administrativa y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Asimismo, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Los criterios señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. En ese contexto, es evidente que para resolver una cuestión competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Ahora bien, en el caso, la quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: En esas circunstancias, se estima pertinente señalar que el acto reclamado es de naturaleza laboral, puesto que es a través del oficio DPSH/DFLV/MAMB/HAOR/3481/2019 de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dirigido a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se apercibe a la promovente que en caso de no dar seguimiento al trámite respectivo, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento para la Determinación en Materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, referente a la suspensión de pago del sueldo de la promovente; lo que evidentemente se refiere a cuestiones eminentemente laborales, por lo que, al realizar el análisis correspondiente en cuanto a su legalidad, necesariamente se tendrá que recurrir a lo previsto por los ordenamientos en materia de trabajo. Por lo cual se concluye que el acto reclamado es de naturaleza laboral, pues incide de manera directa en la relación laboral entre el promovente y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, razón por la que éste Juzgado Federal, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo. En este sentido, se considera que la competencia para conocer del presente juicio le corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; Del contenido del artículo transcrito, se desprende que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia de Trabajo, conocerán de los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos u omisiones por autoridades distintas de la autoridad judicial en materia de trabajo, como en el caso lo constituye el oficio DPSH/DFLV/MAMB/HAOR/3481/2019 de dos de diciembre de dos mil diecinueve; razón por la cual, el análisis de su legalidad habrá de efectuarse a la luz de los ordenamientos en materia de trabajo aplicables. Lo anterior encuentra sustento por analogía y en lo conducente, en la tesis I.14o.T.1 L, de rubro y datos de localización siguientes: ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. (Registro 180735, Novena Época, Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714) Cabe precisar que el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, establece: Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; Lo anterior, dado que si bien el quejoso ostenta el puesto de Agente del Ministerio Público, con funciones de Apoderada Legal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no se ubica en ninguna hipótesis de excepción a la aplicación del Apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no tener el carácter de militar, marino, agente del ministerio público, perito, personal del servicio exterior o miembro de alguna institución policial, quienes se regirán por sus propias leyes, lo cual genera una relación de naturaleza administrativa con el Estado, aunado a que en la propia demanda, la quejosa indicó que desarrolla funciones administrativas en la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal de la citada Fiscalía y no de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública, y por lo tanto, no está sujeta al sistema de carrera policial. Es de citarse por su contenido medular la jurisprudencia 2a./J. 67/2012 (10a.) que establece: TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la autoridad señalada como responsable pudiera tener naturaleza administrativa, pues el acto que se reclama en esta vía, es eminentemente laboral, lo cual debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 55 de la ley Orgánica del poder Judicial de la Federación antes transcrito. Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a éste órgano de control de la constitucionalidad; por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda y ordena remitir vía interconexión el presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Sin que haya lugar a pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado, toda vez que no se está en los supuestos del artículo 48, de la Ley de Amparo; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Apoya lo anterior, la tesis de rubro y datos de localización siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este órgano judicial. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente, en atención a la Jurisprudencia 1496, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, que en lo conducente se transcribe: ".es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
(RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 07/OCT/2020, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Se agrega en autos el oficio de cuenta, signado por la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y éste a su vez, en representación del Presidente de la República, por medio del cual, en relación al exhorto formulado el diecisiete de los presentes, a efecto que de estimarlo conveniente transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, indica "que considera que no es procedente seguir el trámite del presente juicio en línea, toda vez que únicamente cuenta con la e.Firma para el envío de notificaciones a través del portal, sin que ello implique que autorice que las notificaciones sean realizadas de manera electrónica", por lo que solicita que sea notificado en el domicilio que precisa y designa delegados; tomando conocimiento de su contenido. Con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, en el entendido de que las notificaciones subsecuentes serán practicadas en los términos solicitados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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