Maricela Juárez Cadena

Expediente 907/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
907/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2016

Partes del expediente

  • Maricela Juárez Cadena

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa maricela juarez cadena el acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, que en lo que interesa dice: "Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis, amplia los antecedentes respecto del acto reclamado en los términos solicitados; asimismo aclara que la autoridad responsable no ha emitido el auto admisorio de pruebas en el juicio laboral origen, por lo que se trata de una omisión de acuerdo. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa desahogando la prevención que le fue formulada en el auto de nueve de agosto de referencia. Asimismo, agréguense a los autos el oficio con anexo, remitido por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual remite las constancias de notificación efectuadas a las partes, el dieciséis de agosto pasado, relativo al auto de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 102/2015-B, de su estadística; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, dicho lo anterior vista de nueva cuenta la demanda de amparo, escrito aclaratorio y los oficios remitidos por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede desecharla por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con los siguientes criterios del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." (Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." (Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte quejosa, deriva del hecho de que el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en la omisión de dictar el acuerdo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral 102/2015-B, de su estadística, ha cesado en sus efectos. Esto es así, puesto que mediante oficio 1065/2016, la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 102/2015-B, destacando como última actuación el auto de doce de agosto del año en curso, en el que se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio. Asimismo, mediante oficio 1086/2016, la autoridad responsable, remitió copia certificada de las constancias de notificación efectuadas a las partes, el dieciséis de agosto pasado, del referido auto de doce de agosto de dos mil dieciséis. Derivado de lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que al haberse emitido el acuerdo correspondiente al ofrecimiento y admisión de la pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 102/2015-B, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el cual fue notificado a la parte quejosa el dieciséis de agosto del año en curso, cesó en definitiva la omisión que reclama la quejosa; circunstancia que impone desechar la demanda de amparo. En efecto, tal como se precisó, en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar las pruebas ofrecidas en el expediente laboral 102/2015-B, el cual fue notificado a la parte quejosa el dieciséis de agosto del año en curso; acto omisivo que podría vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante oficio 1065/2016, remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 102/2015-B, destacando el auto de doce de agosto del año en curso, en el que se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio (fojas 152 a 157). Asimismo, mediante oficio 1086/2016, la autoridad responsable, remitió copia certificada de las constancias de notificación efectuadas a las partes, el dieciséis de agosto pasado, relativas al referido auto de doce de agosto de dos mil dieciséis (fojas 163 a 169). Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo."

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el que da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en auto de nueve de agosto del año en curso; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que aún no transcurre el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en dicho auto. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias de notificación efectuadas con motivo del auto de doce de agosto del año en curso, dictado en el expediente laboral 102/2015-B, debiendo cuidar que las mismas se encuentren debidamente rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo, apercibida que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo que establecen los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Maricela Juárez Cadena, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 907/2016-II. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, así como 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído: Precise bajo protesta de decir verdad, el acto reclamado, puesto que en el apartado correspondiente indica como tal el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo el ilegal ACTO DE OMISION Y/O NEGATIVO del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala, que en el EXPEDIENTE LABORAL.- 102/2015-B ha omitido dictar el acuerdo de pruebas a pesar de que han transcurrido a la fecha del presente Juicio de Garantías 1 MES y 22 DIAS desde que se realizó con fecha 17 DE JUNIO DEL 2016 la Audiencia de Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, lo cual indudablemente, viola en mi perjuicio y en mi agravio mis Derechos Humanos y principios de JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO establecidos en los ARTÍCULOS 14, 16, y 17 de nuestra Constitución Federal, aso como lo establecido en el ARTÍCULO 144 FRACCIÓN IV de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del estado Tlaxcala y sus Municipios." En virtud de lo anterior, se advierte que no existe precisión del acto que reclama la parte quejosa, esto es, si de lo que se duele es una negativa derivada de una actuación o una omisión, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, respecto de las pruebas ofrecidas en el expediente laboral 102/2015-B, imprecisión que se reitera en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo. Así al no existir certeza del acto reclamado, y los antecedentes respectivos, no podría admitirse una demanda de amparo en donde no se especifica que es lo que se le reclama al Tribunal responsable, ya que el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control constitucional no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su procedencia respecto de actos futuros e inciertos. En ese sentido, al promovente le asiste la carga procesal de narrar los hechos que determinen la procedencia de su pretensión en el juicio de amparo, exponiendo los argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez constitucional de los actos reclamados, total o parcialmente. Por tanto, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad deberá exponer claramente el acto que reclame de la autoridad responsable, así como ampliar los antecedentes de dicho acto, de manera clara y ordenada, es decir, cronológica y secuencial, y en párrafos separados; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda. De igual manera, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir copia de su escrito aclaratorio, para cada una de las partes, y para el agente del Ministerio Público de la Federación, bajo el apercibimiento, que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Todo lo anterior, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días, informe el estado procesal que guarda el expediente laboral 102/2015-B, de su índice, debiendo remitir para ello copia certificada de las constancias que integran el expediente de que se trata; apercibida dicha autoridad que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo.

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