Maricela Jiménez Armendariz

Expediente 1497/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1497/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Maricela Jiménez Armendariz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por Maricela Jiménez Armendáriz, por su propio derecho contra actos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y otra autoridad, fórmese el expediente 1497/2019-Vl. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ACTO RECLAMADO. Ahora bien, la parte quejosa reclama: "la convocatoria de la sesión ordinaria del viernes dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, para la cual no se circuló el orden del día correspondiente dentro de las veinticuatro horas previas a la misma, y en la que se pretende despojar de las comisiones de la que es titular." No obstante lo anterior, la parte quejosa refiere que el acto reclamado aún no se encuentra consumado; asimismo, del capítulo relativo a los hechos, refiere lo siguiente: "1. Que con fecha 01 de septiembre del 2019, el Pleno del Congreso del Estado de Morelos determinó mediante sesión solmene otorgar a la suscrita las comisiones de Planeación para Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, y la Comisión de la Agenda Especial 20-30 del Congreso del Estado de Morelos. 2. Que con fecha 17 de octubre del 2019, se convocó mediante correo electrónico por parte del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, a la Sesión Ordinaria del día 18 de octubre del 2019, mediante la cual, no se cirulo el orden del día dentro de las veinticuatro horas previas a la sesión, y en la que se pretende despojar de las comisiones de la que soy titular. 3. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que hasta el día de la presentación del juicio de amparo indirecto, no se me ha notificado ningún acto o documento por parte de las autoridades responsables, no obstante de haber solicitado la información mediante escrito presentado, mismo que se adjunta para acreditar lo conducente." DESECHAMIENTO. Dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los artículos 107, fracción I y 116, fracción II, de la Constitución Federal. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo.- 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011) I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa" "Artículo.- 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (..) II.- El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014) Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.) Conforme al artículo 61, fracción XXIII, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en la especie acontece en relación con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I y 116, fracción II de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables constituyen potestades soberanas del Congreso del Estado de Morelos relativas al funcionamiento interno de dicho órgano, puesto que el verificativo de las sesiones ordinarias y su programación son funciones organizacionales o meramente administrativas e internas, inherentes a esas potestades; por lo cual no es posible jurídicamente combatirlos a través del juicio de amparo ya que no son susceptibles de afectar inmediata e irreparablemente la esfera jurídica de la quejosa como sujeto titular de los derechos humanos y sus garantías reconocidos en la Constitución, sometido a la potestad del Estado, sino que únicamente trascienden, en un ámbito administrativo, sobre el encargo público que ejerce. En efecto, para establecer la naturaleza de los actos reclamados, conviene atender el texto del artículo 116 constitucional, en lo relativo a la organización interna de las entidades federativas, y específicamente en relación con el Poder Legislativo, pues dicha norma constitucional regula la forma que deben adoptar las entidades federativas para su régimen interior de gobierno y, particularmente, tratándose del Poder Legislativo, señala que las Legislaturas Locales deben integrarse por un número de diputados que sea proporcional al número de habitantes de ese Estado; precisa la forma en que los Diputados serán electos; dispone que les corresponde la aprobación anual del presupuesto de egresos; que contarán con un órgano de fiscalización y que regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. Sin embargo, ni la disposición constitucional que se analiza en la fracción correspondiente a los Poderes Legislativos Locales (116, fracción II) ni alguna otra disposición constitucional establecen regla alguna en relación con las sesiones ordinarias, las comisiones y eventual modificación u otros órganos de trabajo de dicho órgano. Asimismo, la Constitución Política del Estado de Morelos en los artículos 32 y 40, fracciones II y VI, disponen que se tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias, en los que se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y revisión de los diversos temas ahí especificados; asimismo, corresponde al Congreso expedir su ley orgánica y ejercer las facultades propias de un cuerpo legislativo en todo aquello que no le prohíban la Constitución Federal o la del Estado; mientras que la Ley Orgánica en los artículos 10, 11, 18, 32, 33, 36, 53, 55 y 94, prevén que para la realización de sus atribuciones, a través de sesiones ordinarias y extraordinarias contará con órganos de dirección y de trabajo legislativo, entre los que se encuentran la Mesa Directiva y las Comisiones. La Mesa Directiva es la responsable de citar y conducir las sesiones del Pleno, coordinar los trabajos legislativos, así como de las Comisiones y Comités del Congreso del Estado, está integrada por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios, ésta será electa por mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, en votación por cédula, durarán en su ejercicio un año legislativo. En lo concerniente a las sesiones, se asistirá del Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios quien tiene como atribuciones, entre otras, preparar los elementos necesarios para celebrar las sesiones del Congreso del Estado. Las Comisiones, por su parte, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás asuntos que les sean turnados. Emitirán en su caso, acuerdos parlamentarios que se someterán a la aprobación del pleno. Las comisiones legislativas se integran de por lo menos tres diputados y su composición refleja en lo posible la pluralidad política del Congreso del Estado. Estarán integradas por un presidente, por lo menos un secretario y vocales que sean designados. Las comisiones serán integradas a propuesta de la Junta Política y de Gobierno, señalándose quién será presidente y quiénes secretarios y vocales. Dicha propuesta será sometida a la consideración de la Asamblea para su aprobación mediante la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, debiendo quedar conformadas a más tardar en la tercera sesión ordinaria de la legislatura. Luego, en vista de todo este contexto normativo federal y local, resulta palmario, en principio, que la Constitución Federal no contiene disposición expresa en cuanto a la organización interna de las legislaturas locales en relación con los órganos de dirección y de trabajo con que cuente, tales como la preparación y desarrollo de las sesiones del Congreso del Estado, su Mesa Directiva y las Comisiones antes referidas; así como la manera en que se integren, la distribución para la realización de sus potestades o cómo deben elegirse sus miembros, su función particularizada y en general, su desarrollo funcional dentro de esos propios órganos legislativos para el cumplimiento de sus fines constitucionalmente determinados. Por lo tanto, es evidente que ese ordenamiento no consagra principios constitucionales regulatorios respecto de tal organización de funcionamiento interno de los Congresos Locales ni sobre las decisiones relacionadas con ese aspecto de que constituyen determinaciones meramente administrativas; por lo que, en todo caso, debe entenderse que en esos aspectos cada Legislatura Local, en ejercicio de su soberanía reflejada por la votación mayoritaria de sus integrantes, tiene plena libertad de actuación. Ante esta circunstancia, debe considerarse que es precisamente conforme a las disposiciones contenidas en la propia Constitución Local, así como en la ley Orgánica del Congreso, como se despliega ese ejercicio soberano de autoregulación interna de tal organismo, donde en lo que interesa se estableció que le corresponde precisamente expedir su ley orgánica y ejercer sus facultades en lo que no le prohíban la Constitución Federal o la del Estado; y se precisa claramente que los integrantes de la Mesa Directiva ésta será electa por mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, en votación por cédula, durarán en su ejercicio un año legislativo, preparar las sesiones del Congreso del Estado asistida del Secretario de Sesiones Legislativas y Parlamentarias y que las Comisiones serán integradas a propuesta de la Junta Política y de Gobierno, señalándose quien será presidente y quienes secretarios y vocales y dicha propuesta es sometida a la consideración de la Asamblea para su aprobación mediante la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, debiendo quedar conformadas a más tardar en la tercera sesión ordinaria de la legislatura. Entonces, es claro que al no existir mayor texto expreso en el derecho interno emitido por la propia entidad legislativa distinto de lo precisado, en relación específica con los elementos necesarios para celebrar las sesiones del Congreso del Estado, actos vinculados con la designación de los Diputados integrantes de la Mesa Directiva y de las Comisiones dentro del régimen de organización interna y en general, al funcionamiento administrativo u organizacional del propio Congreso; ni principio alguno que pudiera extraerse de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse, según se indicó con anterioridad, que en esos aspectos tal órgano tiene plena libertad de regular su actuación en ejercicio de su soberanía. Por consiguiente, se considera que resulta improcedente el juicio de amparo respecto al acto reclamado y sus consecuencias que pudieran relacionarse con la sustitución, remoción, cambio, designación o movimiento afín y en general, todos los actos relacionados con su funcionamiento interno, cuando lo solicita un Diputado integrante de la Legislatura, pues precisamente por la naturaleza de tales actos internos emanados de un ejercicio absolutamente soberano, se actualiza una imposibilidad jurídica consistente en que no resulta constitucional ni jurídicamente válida la intromisión del Poder Judicial de la Federación, por conducto del juicio de amparo promovido por la quejosa en ese tipo de atribuciones y decisiones que competen solamente al órgano en cuestión y en relación directa con sus integrantes; cuando el ámbito de protección de esa vía radica exclusivamente en asegurar el respeto de los derechos humanos y sus garantías reconocidos a toda persona, sumado a que ese tipo de actos, ya sean positivos o negativos, precisamente ante su multicitada naturaleza, serán susceptibles de trascender en la esfera jurídica de los propios Diputados únicamente en vinculación intrínseca y con entera especificidad al ejercicio del cargo público que ostentan en un ámbito meramente administrativo, pero no en vinculación directa con los derechos y sus garantías aludidos como persona sujeta al imperio de la ley, por conducto de una autoridad que pudieran traer consecuencias negativas de carácter irreparable en esas prerrogativas; aspectos que, según se indicó, forman parte del objeto de protección y salvaguarda del juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción I Constitucional. En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto respecto de los actos que se analizan en este apartado, porque en los términos referidos se actualiza una evidente imposibilidad jurídica, consistente en que indebidamente se afectarían potestades soberanas del Congreso Local responsable, emitidas incluso en un contexto de funcionamiento interno o administrativo; sumado a que tales actos, se reitera, en todo caso, no traen como consecuencia inmediata una afectación personal y directa a los derechos fundamentales que le son propios al quejoso, en su calidad de gobernado, sino que únicamente trascienden administrativamente al ejercicio de su encargo como Diputada; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con los artículos 107, fracción I y 116, fracción II, de la Constitución Federal. A mayor abundamiento, se aprecia que el acto reclamado por la impetrante de amparo deriva de su actividad como legisladora del Congreso de Morelos, ostentándose como titular de las comisiones de Planeación para Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos y la Comisión de la Agenda Especial 20-30 del Congreso del Estado de Morelos, pues la convocatoria de la sesión ordinaria señalada para el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve en la que refiere se le pretende despojar de dichas comisiones, que por esta vía pretende combatir, no obstante que no se celebró, su eventual verificativo, modificaciones que refiere para no ocupar dichos cargos, conlleva un derecho político dentro de ese poder legislativo. Al respecto a manera de referencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su jurisprudencia 20/2010 estableció que el derecho político-electoral a ser votado, incluye el derecho a ocupar y desempeñar el cargo, por lo que debe entenderse incluido el que ocupa actualmente la parte quejosa, por lo que debe entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones y atribuciones inherentes durante el periodo del encargo, de ahí que, en el caso que nos ocupa, este relacionado con un derecho político-electoral (por ostentar el cargo de diputado con las prerrogativas que conlleva dicho encargo). Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis VI.3o.A.20 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, de rubro siguiente: JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO QUE IMPIDEN A UN REGIDOR PROPIETARIO ACCEDER A DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES PARA LAS QUE FUE ELECTO. Además, la parte quejosa acude al juicio de amparo por su propio derecho, pero en su carácter de titular de las comisiones de Planeación para Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos y la Comisión de la Agenda Especial 20-30 del Congreso del Estado de Morelos del Congreso de Morelos, respecto de un acto que conforme al contexto normativo federal y local antes relatado, resulta que es soberano porque se relaciona con la organización interna de la legislatura local, para el cumplimiento de sus fines constitucionalmente determinados, es evidente que ese acto es en ejercicio de su soberanía reflejada por la votación mayoritaria de sus integrantes, por lo que tienen plena libertad de decisión y, por ende, no es procedente que en el juicio de amparo pudiera analizarse su constitucionalidad. Ahora bien, precisamente por la naturaleza del acto reclamado ya que es interno emanado del ejercicio absolutamente soberano del Poder Legislativo del Estado de Morelos, de ahí que no sea dable una intromisión a su estructura y organización interna a través del juicio de amparo, pues este tiene por objeto la protección o salvaguardar de los derechos fundamentales de los individuos, frente a los actos de autoridad o las leyes, pero no actos entre el propio poder legislativo del Estado y sus integrantes en los que éste ejerce su soberanía. El anterior criterio lo comparte el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el recurso de queja 133/2019 de su índice. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.CAG.

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