Maricela Ibarra Bonilla

Expediente 557/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
557/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Maricela Ibarra Bonilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda el oficio que remite la Secretaria de Salud en el Estado, por medio del cual informa que no es superior jerárquico en el presente asunto, por el cual se tienen por hechas las manifestaciones para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y el escrito de la parte quejosa, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Con fundamento en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROS SOCIAL para que en el plazo de 3 días, contado a partir de su legal notificación, dé cumplimiento al fallo protector, esto es: "UNICO. Que el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en observancia a los plazos establecidos en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad, se pronuncie respecto de la solicitud que le fue formulada el catorce de junio de dos mil veintidós por la parte quejosa, y lo haga del conocimiento de la misma. (Sic) Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se impondrá una multa consistente en cien a mil valores diarios de la unidad de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada, sin duda, en términos del artículo 26, apartado B, constitucional, en relación con los transitorios segundo y tercero del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de nuestra carta magna y, a su vez, se remitirá este juicio al órgano colegiado relativo, a efecto de seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la propi autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Conforme con el numeral 192 de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico -Secretario de Salud del Estado de Chihuahua-, para que ordene cumplir con la ejecutoria recaída en este juicio, apercibido en los propios lineamientos decretados para su subalterno. Háganse las anotaciones en el libro electrónico relativo. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 557/2023-I-B, promovido por Maricela Ibarra Bonillas, contra el acto que reclamó al Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el dos de junio de dos mil veintitrés y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el mismo día, Maricela Ibarra Bonillas, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto omisivo que reclamó del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de seis de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 557/2023-I-B; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia administrativa con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. Además, de que el acto reclamado no requiere ejecución material al tratarse de un acto omisivo; por tal motivo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en concreto, en la omisión de dar trámite y emitir resolución en el procedimiento natural. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente notificada para que lo rindiera. Por tanto, es cierto el acto reclamado al Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, consistente en el escrito presentado ante dicha autoridad, el catorce de junio de dos mil veintidós, como se advierte del sello original del acuse de recibido estampado en el escrito de referencia. Por lo que al tratarse de un documento con sello de recibido original, expedido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que, en la especie, el acto reclamado se hace consistir en las omisiones atribuidas al Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ello, el amparo puede promoverse en el momento en que la parte quejosa considere que la autoridad responsable viola en su perjuicio derechos públicos subjetivos. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto señala: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento." También debe decirse que las partes no hicieron valer causal de improcedencia de este juicio de derechos fundamentales, ni de manera oficiosa se observa alguna que al ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin necesidad de transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso en la demanda de amparo, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En el caso que nos ocupa la peticionaria de amparo aduce como motivo de inconformidad que se viola en su perjuicio las garantías de celeridad y acceso efectivo a la justicia, previsto en el Artículo 17 Constitucional, al no administrársele justicia de manera pronta y expedita, atendiendo específicamente a los plazos señalados en la Ley del Seguro Social vigente, en concreto para que la autoridad responsable, continúe con el trámite y resolución de la petición formulada en el escrito presentado ante la autoridad responsable el catorce de junio de dos mil veintidós. En efecto, de la constancia presentada por la parte quejosa, en la fecha indicada -catorce de junio de dos mil veintidós-, relativa a la promoción del recurso de inconformidad, se advierte en lo que interesa, que dicho ocurso se presentó en la fecha ya señalada, mediante el cual señalo como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dar trámite y emitir resolución respecto del ocurso presentado el catorce de junio de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable; sin embargo, a la fecha no se ha emitido proveído alguno, respecto a la petición que le fue planteada. De lo anterior se desprende, que existe la conducta omisiva de la autoridad responsable, Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, pues es claro que no se ha emitido proveído alguno respecto del escrito de petición de catorce de junio de dos mil veintidós, por lo que este órgano de control constitucional advierte violación a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, que dispone en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - - Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo constitucional transcrito en el párrafo que antecede, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. De manera que este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia en los plazos y términos que señalan las leyes aplicables al caso concreto, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos. Así, la garantía de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver las peticiones ante ellas formuladas, dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación, que deriva del derecho fundamental de seguridad jurídica, le impone a las autoridades estatales judiciales o tribunales la obligación de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. Así, en el caso que nos ocupa, como se vio al relatar los antecedentes del acto reclamado por la quejosa, que independientemente en el procedimiento administrativo, la autoridad responsable ha violentado su derecho fundamental de justicia pronta, pues desde que se presentó el escrito con sello de acuse de recibo de fecha catorce de junio de dos mil veintidós, hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dos de junio de dos mil veintitrés), transcurrió en exceso el plazo para proveer respecto del escrito de petición materia del juicio de amparo en estudio, sin que se hubiera admitido dicha petición o hubiese declarado la imposibilidad para ello. Además, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que el ocurso materia de estudio, inicio el catorce de junio de dos mil veintidós, como se advierte del sello original de recepción de la autoridad responsable, sin que obste a lo expuesto, que aún no obra en los autos del procedimiento natural, algún proveído respecto a lo solicitado por la parte quejosa, pues así lo manifiesta, en virtud de que señala que la autoridad responsable, no ha emitido algún acuerdo que determine la procedencia o no de lo peticionado en el referido escrito; proceder de la autoridad administrativa, Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, que evidentemente lesiona un derecho fundamental de la peticionaria de amparo, por falta de justicia pronta y expedita, garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. En mérito de lo anterior, procede otorgar a la parte quejosa el Amparo y la Protección de la Justicia Federal que impetra. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es para los efectos siguientes: UNICO. Que el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en observancia a los plazos establecidos en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad, se pronuncie respecto de la solicitud que le fue formulada el catorce de junio de dos mil veintidós por la parte quejosa, y lo haga del conocimiento de la misma. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Maricela Ibarra Bonillas, contra el acto omisivo que reclamó al Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe, y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta el día de hoy, catorce de julio de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

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