Maricela Horta González
Expediente 21/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/05/2017
Partes del expediente
- Maricela Horta González
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual transcribe el proveído de diecinueve de abril del año en curso, del que se aprecia que dicho órgano constitucional aceptó la competencia declinada por parte de este juzgado, quedando registrado con el número de amparo 985/2017. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito presentado por la quejosa ****, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado por auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete. INCOMPETENCIA De la lectura integral del escrito de aclaración de la demanda, se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad reclama al Ejecutivo Federal lo siguiente: "[.] el decreto de fecha 27 de diciembre de 2016, por el cual se da a conocer el Acuerdo 98/2016, en el que se informan las regiones que se aplicarán precios al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación.[.] Hecha la anterior acotación, se precisa que una vez examinada la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional; pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del órgano de control constitucional, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese orden, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sirve de fundamento, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juzgado es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93 fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un Juzgado tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por razón de la vía; y, d. Competencia auxiliar. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Es aplicable la jurisprudencia P./J.83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En la especie, como se anticipó, del análisis del estudio integral de la demanda se reclama lo siguiente: El decreto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se da a conocer el Acuerdo 98/2016, en el que se informan las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación Atento a ello, es oportuno acudir al decreto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se da a conocer el Acuerdo 98/2016, en el que se informan las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y diésel, así como la metodología para su determinación, el cual en su parte considerativa establece: "Que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF 2017), establece en los transitorios Décimo Primero y Décimo Segundo el marco normativo aplicable para la determinación de los precios de las gasolinas y el diésel durante los años de 2017 y 2018, que deberán ser aplicados por todos los permisionarios de comercialización y expendio al público; Que la Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, emitió el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, para que los precios se determinen bajo condiciones de mercado; Que en las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en el cronograma antes mencionado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de dichos combustibles; Que para la determinación de los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel se considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles; Que la fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la flexibilización de los mercados de gasolinas y diésel en la región que corresponda, y Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe publicar en el Diario Oficial de la Federación la metodología para determinar los precios máximos al público, su periodo de vigencia, los combustibles sujetos a dicha regulación y las regiones en que se aplicarán a más tardar el 31 de diciembre de 2016, por lo que se expide el siguiente." En ese orden de ideas, se estima que corresponde su estudio a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México, y no así a este órgano jurisdiccional, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." Con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN." Asimismo, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, en el que en los puntos sexto y octavo señala: "SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. [.] OCTAVO.- A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo." Por su parte, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los párrafos decimocuarto y vigésimo, dispone: "Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic) prohibiciones a título de protección a la industria. [.] El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. [.] La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: [.] VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas; [.]." De lo anteriormente transcrito, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal estableció los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; por virtud del mandato expreso contenido en la Constitución Federal, con la finalidad de dirimir las controversias suscitadas con motivo de la implementación del proceso de competencia en los sectores de interés general y prioritario, como es el energético. Lo anterior, para otorgar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos que regulan las actividades y litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y, así evitar el dictado de criterios contradictorios. Máxime, los conflictos derivados de esa materia del derecho administrativo, deben ser dirimidos por jueces especializados en ella, en atención a su complejidad en aspectos técnicos; y, por ende, dar consistencia y homogeneidad en los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva. Adicionalmente, como criterio orientador para definir los actos inmersos en la competencia material de los Juzgados de Distrito administrativos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es necesario traer a colación el objeto y los fines establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica, a saber: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República." "Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente: I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva. II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia. La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor." "Artículo 10. La Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados." "Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: I. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de esta Ley; II. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos; III. Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a las personas relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier Autoridad Pública para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley; [.] XI. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de libre concurrencia o competencia económica a que hacen referencia ésta u otras leyes y reglamentos; [.] XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos; [.] XXII. Publicar las Disposiciones Regulatorias que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, entre las que deberán comprenderse las siguientes materias: a) Imposición de sanciones; b) Prácticas monopólicas; c) Determinación de poder sustancial para uno o varios Agentes Económicos; d) Determinación de mercados relevantes; e) Barreras a la competencia y la libre concurrencia; f) Insumos esenciales, y g) Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos. Para la expedición de las disposiciones regulatorias deberá realizarse consulta pública, salvo que a juicio de la Comisión se puedan comprometer los efectos que se pretenden lograr con dichas disposiciones o se trate de situaciones de emergencia. Con independencia de la publicación de las disposiciones regulatorias a que se refiere esta Ley, la Comisión deberá expedir directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos, previa consulta pública, en los términos del artículo 138 de esta Ley, en materia de: a) Concentraciones; b) Investigaciones; c) Beneficio de dispensa y reducción del importe de las multas; d) Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o probables concentraciones ilícitas; e) Determinación y otorgamiento de cauciones para suspender la aplicación de medidas cautelares; f) Solicitud del sobreseimiento del proceso penal en los casos a que se refiere el Código Penal Federal, y g) Las que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Ley. [.]." "Artículo 59. Para determinar si uno o varios Agentes Económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, o bien, para resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras Leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, deberán considerarse los siguientes elementos: I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder. Para determinar la participación de mercado, la Comisión podrá tener en cuenta indicadores de ventas, número de clientes, capacidad productiva, así como cualquier otro factor que considere pertinente; [.]." De igual forma, resulta pertinente citar la Ley de Hidrocarburos, a saber los siguientes artículos: "Artículo 56.- La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus competencias, revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley. [.] IX. No acatar las resoluciones que, en el ámbito de su competencia, expida la Comisión Federal de Competencia Económica;" "Artículo 59.- La autoridad que haya expedido el permiso podrá intervenir en la realización de la actividad o la prestación del servicio, cuando el Permisionario incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro grave el suministro de los Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos relacionados con el objeto del permiso. [.]." "Artículo 82.- La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros. La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente: I. La regulación para cada actividad en particular será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, en cuyo caso las contraprestaciones, precios o tarifas correspondientes se determinarán por las condiciones de mercado; II. La regulación, además de contemplar los impuestos que determinen las leyes aplicables, considerará que: a) Las contraprestaciones, precios y tarifas, de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente se fijarán considerando el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad prevalecientes en el mercado internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes, y b) Para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercializarse en el mercado internacional, las contraprestaciones, precios y tarifas se fijarán de acuerdo a las metodologías de aplicación general para su cálculo que para tal efecto emita la Comisión Reguladora de Energía, considerando la estimación de costos eficientes para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto, entre otros. La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía o los Permisionarios podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente." "Artículo 83.- La Comisión Reguladora de Energía, con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, establecerá las disposiciones a las que deberán sujetarse los Permisionarios de Transporte, Almacenamiento, Distribución, Expendio al Público y comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, así como los usuarios de dichos productos y servicios, con objeto de promover el desarrollo eficiente de mercados competitivos en estos sectores. Entre otros aspectos, dichas disposiciones podrán establecer la estricta separación legal entre las actividades permisionadas o la separación funcional, operativa y contable de las mismas; la emisión de códigos de conducta, límites a la participación en el capital social, así como la participación máxima que podrán tener los agentes económicos en el mercado de la comercialización y, en su caso, en la reserva de capacidad en los ductos de Transporte e instalaciones de Almacenamiento. Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior contemplarán que las personas que, directa o indirectamente, sean propietarias de capital social de usuarios finales, productores o comercializadores de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos que utilicen los servicios de Transporte por ducto o Almacenamiento sujetos a acceso abierto, solamente podrán participar, directa o indirectamente, en el capital social de los Permisionarios que presten estos servicios cuando dicha participación cruzada no afecte la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo, para lo cual deberán: I. Realizar sus operaciones en sistemas independientes, o II. Establecer los mecanismos jurídicos y corporativos que impidan intervenir de cualquier manera en la operación y administración de los Permisionarios respectivos. En todo caso, la participación cruzada a la que se refiere el segundo párrafo de este artículo y sus modificaciones deberán ser autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía, quien deberá contar previamente con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica." "Artículo 84.- Los Permisionarios de las actividades reguladas por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, deberán, según corresponda: [.] XI. Respetar los precios o tarifas máximas que se establezcan; [.]." Ahora, en el decreto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece el Acuerdo 98/2016, por el que se dan a conocer las regiones en las que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, los cuales en esencia señalan: 1. El cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, emitido por la Comisión Reguladora de Energía, se dé inicio a la determinación de precios de las gasolinas y el diésel por condiciones de mercado, se dejan sin efecto los precios máximos al público de dichos productos, los periodos de vigencia de los precios máximos al público, se establece que se darán a conocer los precios máximos a través de la página de internet de la Comisión Reguladora de Energía previamente a su entrada en vigor, la cual podrá actualizarse. 2. Las facultades de la Comisión Reguladora de Energía para establecer una regulación de precios. 3. La facultad de la Comisión Reguladora de Energía para establecer, como medidas precautorias, la regulación provisional de precios, con base a la evolución de las condiciones de mercado y entre otros aspectos, por los cambios en las condiciones que sirvan de base para determinar las diferencias relativas de los costos de logística y modalidades de distribución aplicables al suministro de los combustibles mencionados. 4. La regulación de precios máximos de la venta al público de gasolina y diésel. De lo anterior, se desprende que los precios de las energías se determinarán por la Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Así, el citado acuerdo es esencialmente de competencia económica, pues pretenden que con base en la información u opinión por la Comisión Federal de Competencia Económica, se determine el precio de los bienes señalados y la comisión reguladora de energía determine los precios máximos de los mismos, de acuerdo a las condiciones del mercado. Por tanto, la intervención y atribuciones que las normas reclamadas otorga a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 de la Constitución Federal y por la Ley Federal de Competencia Económica, al versar precisamente sobre esa materia: competencia económica. En consecuencia, el reclamo de la parte quejosa respecto de la norma impugnada, se encuentra ligado al estudio de la materia de competencia, pues en su conjunto al realizarse el estudio deberá de llevarse a cabo de manera sistemática; por ende, se insiste, los actos reclamados constituyen un verdadero vínculo legal que hace imposible su análisis de manera independiente a las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica. En suma, debe indicarse que el derecho de la competencia económica se encuentra comprendido por un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. De ahí, el mercado relativo al sector energético exige una regulación (intervención y fomento) estatal, sujeta a los principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. Así las cosas, tomando en consideración que para resolver un conflicto competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido, es por lo que se estima que la competencia para conocer del presente juicio le asiste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones , del siguiente contenido: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." Por ello, con fundamento en los artículos 94 párrafo primero, 103 fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo fracción VI, punto 3, y cuarto fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis de jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. EL CRITERIO PARA DEFINIRLA DEBE ATENDER EXCLUSIVAMENTE A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, SIN PERJUICIO DEL CARÁCTER FORMAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Para establecer la competencia de los órganos jurisdiccionales mencionados debe atenderse exclusivamente a la naturaleza del acto reclamado, sin perjuicio del carácter formal de la autoridad responsable, pues las materias respecto de las cuales los tribunales especializados referidos deben decidir, no pueden determinarse a priori, ya que se está ante la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que regulan los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, así como los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, hasta el derecho administrativo económico y el regulatorio, e inciden, incluso, en aspectos propios del derecho mercantil. Por tanto, el principio de unidad de mercado aconseja una ordenación y regulación concertada para generar certidumbre y seguridad jurídica, por lo que es pertinente consolidar en una jurisdicción especializada la decisión de los conflictos suscitados en el contexto de la actividad económica fundamental, en especial, si tiene el carácter de prioritaria y sujeta a un régimen regulatorio peculiar, incluyendo aspectos y facultades implícitos, accesorios o concurrentes para conseguir los fines y objetivos esenciales para la sociedad y la actividad económica, que es dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada, los complejos normativos aludidos." Criterio adoptado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de revisión 125/2016, cuyos razonamientos torales coinciden con los citados. No es óbice a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS." , pues la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es en toda la república. De igual modo, no se opone a esa conclusión el hecho de que en el presente juicio de amparo no se reclamen actos específicos atribuidos a la Comisión Federal de Competencia Económica, sino que se reclaman omisiones en las que tiene injerencia tanto dicha Comisión como la diversa Comisión Reguladora de Energía; pues, como se vio, la naturaleza material de las normas impugnadas se vincula con la subespecialidad del derecho administrativo en materia de competencia económica. En consecuencia, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de mérito, y la plantea al Juez de Distrito en Materia Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México, en turno; y, con fundamento en el normativo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir al Juez citado, el cuaderno original y las copias de la demanda de amparo, con sus respectivos anexos, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Distrito en Materia Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México, con el objeto de que lo envíe al que por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese el acuse de recibo de estilo para el cuaderno de antecedentes relativo a la incompetencia planteada. Sin que sea el caso de acordar respecto a la suspensión provisional solicitada, ya que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 48 de la Ley de Amparo.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Maricela Horta González, por derecho propio, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Secretaria de Economía, con sede en la Ciudad de México. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 21/2017-II. PREVENCIÓN Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción I, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare bajo protesta de decir verdad su demanda en los términos siguientes: Primero. Aclare bajo protesta de decir verdad si es su deseo señalar como acto reclamado el Decreto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se da a conocer el Acuerdo 98/2016, en el que se informan las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación. Ello, toda vez que del capítulo de antecedentes de su escrito inicial de demanda se desprende que relata diversos hechos relacionados con esa disposición de carácter general y concluye, en esencia, que ello vulnera el contenido del artículo 31, fracción IV constitucional, porque -afirma- las contribuciones que deben cubrir los gobernados deben ser creadas por ley. En efecto, dicho argumento se expuso en los términos siguientes: ".Esto vulnera y conculca el artículo 31, Constitucional fracción IV, pues se puede observar que para los gobernados tengan la obligación de pagar contribuciones para cubrir el gasto público, es necesario que esas contribuciones sean creadas por LEY en el sentido formal y material, es decir, que sea el poder legislativo que cree tales contribuciones mediante normas generales, abstractas impersonales, de tal suerte que los impuestos así como elementos referentes al SUJETO, OBJETO, BASE Y TASA O TARIFA se deben establecer por medio de leyes, tanto del punto de vista material, como del formal; es decir, por medios de disposiciones de carácter general, abstracta, impersonales y emanadas del poder legislativo, se invoca la siguiente tesis de jurisprudencia:." Como se ve, de la redacción del antecedente aludido se desprende que, al parecer la promovente también se duele de la creación del decreto de referencia. Por tanto, requiérasele para que manifieste si también reclama el Decreto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se da a conocer el Acuerdo 98/2016, en el que se informan las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación y en su caso si señala como autoridad responsable a la que lo emitió, es decir, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México, Distrito Federal. En caso de señalarlo como acto reclamado indique si lo hace en su carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo y de ser el segundo supuesto, deberá precisar, si se trata de su primer acto de aplicación y cuál lo constituye, así como la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Segundo. Toda vez que en los puntos petitorios del escrito de demanda, la promovente solicita que se requiera a la autoridad responsable su informe previo y justificado; asimismo, solicita se realice estudio de los respectivos informes previos y justificados; sin que del texto integral del mismo, se advierta que haya solicitado la suspensión del acto reclamado; en consecuencia, se le requiere para que precise si es su deseo solicitar la suspensión del acto reclamado, a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente. Tercero. Exhiba las copias respectivas del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo; se requiere a saber: una para correr traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una copia para correr traslado a la autoridad responsable, una para correr traslado a la parte tercero interesada y dos más en caso de solicitar la suspensión del acto reclamado. Sustenta lo anterior, por analogía, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción que se cita a continuación: "Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIII, Abril de 2001 Tesis: P./J. 36/2001 Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término que se le concede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Y en caso de únicamente no dar cumplimiento al punto dos, se proveerá respecto de la demanda de garantías, sin ordenar la tramitación del incidente relativo a la suspensión del acto reclamado. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados en los términos que señalada a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
- Principal
Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de veinte de enero de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de la PARTE QUEJOSA MARCELA HORTA GONZÁLEZ, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa, publicada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Maricela Horta González, por derecho propio, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Secretaria de Economía, con sede en la Ciudad de México. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 21/2017-II. PREVENCIÓN Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción I, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare bajo protesta de decir verdad su demanda en los términos siguientes: Primero. Aclare bajo protesta de decir verdad si es su deseo señalar como acto reclamado el Decreto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se da a conocer el Acuerdo 98/2016, en el que se informan las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación. Ello, toda vez que del capítulo de antecedentes de su escrito inicial de demanda se desprende que relata diversos hechos relacionados con esa disposición de carácter general y concluye, en esencia, que ello vulnera el contenido del artículo 31, fracción IV constitucional, porque -afirma- las contribuciones que deben cubrir los gobernados deben ser creadas por ley. En efecto, dicho argumento se expuso en los términos siguientes: ".Esto vulnera y conculca el artículo 31, Constitucional fracción IV, pues se puede observar que para los gobernados tengan la obligación de pagar contribuciones para cubrir el gasto público, es necesario que esas contribuciones sean creadas por LEY en el sentido formal y material, es decir, que sea el poder legislativo que cree tales contribuciones mediante normas generales, abstractas impersonales, de tal suerte que los impuestos así como elementos referentes al SUJETO, OBJETO, BASE Y TASA O TARIFA se deben establecer por medio de leyes, tanto del punto de vista material, como del formal; es decir, por medios de disposiciones de carácter general, abstracta, impersonales y emanadas del poder legislativo, se invoca la siguiente tesis de jurisprudencia:." Como se ve, de la redacción del antecedente aludido se desprende que, al parecer la promovente también se duele de la creación del decreto de referencia. Por tanto, requiérasele para que manifieste si también reclama el Decreto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual se da a conocer el Acuerdo 98/2016, en el que se informan las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación y en su caso si señala como autoridad responsable a la que lo emitió, es decir, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México, Distrito Federal. En caso de señalarlo como acto reclamado indique si lo hace en su carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo y de ser el segundo supuesto, deberá precisar, si se trata de su primer acto de aplicación y cuál lo constituye, así como la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Segundo. Toda vez que en los puntos petitorios del escrito de demanda, la promovente solicita que se requiera a la autoridad responsable su informe previo y justificado; asimismo, solicita se realice estudio de los respectivos informes previos y justificados; sin que del texto integral del mismo, se advierta que haya solicitado la suspensión del acto reclamado; en consecuencia, se le requiere para que precise si es su deseo solicitar la suspensión del acto reclamado, a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente. Tercero. Exhiba las copias respectivas del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo; se requiere a saber: una para correr traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una copia para correr traslado a la autoridad responsable, una para correr traslado a la parte tercero interesada y dos más en caso de solicitar la suspensión del acto reclamado. Sustenta lo anterior, por analogía, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción que se cita a continuación: "Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIII, Abril de 2001 Tesis: P./J. 36/2001 Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término que se le concede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Y en caso de únicamente no dar cumplimiento al punto dos, se proveerá respecto de la demanda de garantías, sin ordenar la tramitación del incidente relativo a la suspensión del acto reclamado. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados en los términos que señalada a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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