Maricela Guerrero Serna

Expediente 975/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
975/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Maricela Guerrero Serna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 975/2022.. ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA; SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 86, DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HUBIESE RECURRIDO LA SENTENCIA DE NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN ESTE JUICIO. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR REMISIÓN EXPRESA DE SU ARTÍCULO 2°, SE DECLARA QUE LA SENTENCIA EN LA QUE SE SOBRESEE EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. POR TANTO, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), Y ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    SENTENCIA Recaída al juicio de amparo indirecto 975/2022, promovido por Maricela Guerrero Serna, por propio derecho, contra actos de Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. I. TRÁMITE DEL JUICIO Presentación de la demanda. Maricela Guerrero Serna, por propio derecho, mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, ante este Juzgado Sexto de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: A).- La Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero (.) IV.- ACTOS RECLAMADO: a) La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo que en derecho proceda el expediente ordinario laboral 378/2013 (.)" 2. Admisión. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional federal admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 975/2022; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Mediante determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó hacer de conocimiento que la suscrita Norma Angélica Ávila Veyna, mediante oficio SEADS/705/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, fui adscrita por el Consejo de la Judicatura Federal como Jueza a este órgano constitucional. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. II. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, virtud de que se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad laboral con residencia dentro del territorio en que este órgano judicial ejerce jurisdicción, de conformidad con el numeral 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. III. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO - La omisión de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, para dictar el laudo correspondiente en los autos del juicio laboral 378/2013. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". IV. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia esta ciudad, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado. A fin de establecer la carga de la prueba de demostrar la existencia de la omisión reclamada en la especie, conviene remitirnos a lo que establecen los artículos 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, establecen: "Artículo 82.- El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y III.- Cuando se desconozca la capacidad. "Artículo 84.- El que afirma que otro contrajo una liga jurídica, sólo debe probar el hecho o acto que la originó, y no que la obligación subsiste." En el primer artículo se advierte como regla general que la carga de la prueba corresponde al que afirma y no al que niega, salvo que, entre otras excepciones, tal negativa implique la afirmación de un hecho. De acuerdo al segundo, quien basa su afirmación en un hecho generador, debe probar éste. Del anterior marco legal se obtiene que en aquellos casos, como en la especie, en que se reclame una omisión, esto es, un acto negativo, y la autoridad responsable niegue que ha incurrido en esa conducta, es ésta quien tendrá la obligación de acreditar que no existe el acto (omisión) que se le imputa, pues la negación implica una afirmación, en el sentido de que sí realizó lo que el o la quejosa dijo que debió hacer y no hizo, que debe ser probada por quien la realiza. Es aplicable, por igualdad de razón sustancial, la tesis sin número, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 50, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 230855, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario." V. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA Este juicio de amparo se promovió de forma oportuna, ya que el acto reclamado tiene el carácter de omisivo y, como tal, es de tracto sucesivo, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta que cesa la omisión de que se trata. Por consiguiente, no está sujeto al término de quince días a que alude el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si no que puede reclamarse en cualquier momento. VI. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, se procede a analizar la procedencia de este juicio con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo expuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, quien aquí resuelve oficiosamente advierte que en relación al acto reclamado - omisión de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para dictar el laudo en el juicio laboral 378/2013 de su índice-, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define "cesar" como el dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, se concluye que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por la junta responsable a las que previamente se les otorgó valor probatorio, se evidencia que la conducta omisiva que se le reclama (omisión para dictar el laudo en el juicio laboral 378/2013 de su índice) fue subsanada al haberse dictado el laudo el veintiuno de octubre de dos mli veintidós en el juicio de origen, el cual fue notificado a la parte quejosa el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, al haberse dictado el citado laudo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que con ello provoca que se le respete el derecho fundamental que reclamó transgredido. Así las cosas, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. VI. DECISIÓN Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la Materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que hace a dicho acto y autoridad responsable. En esa virtud, la suscrita se encuentra legalmente impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación hechos valer en la demanda. Ello en estricto apego a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro expresa: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Al caso es aplicable la tesis 2a. CV/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 732, Décima Época, diciembre de dos mil trece, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." No es óbice a la conclusión alcanzada el contenido de la jurisprudencia 90/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", la cual obligaría a llamar a este juicio a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, en la especie se considera que el hecho de que no haya sido llamada a estos autos, no le acarrea ningún perjuicio, atendiendo a que lo que se reclama es básicamente la dilación procesal observada en el juicio laboral de origen. De ahí que, si en el caso se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, ello redundaría en beneficio de la propia contraparte del quejoso, en estricto cumplimiento a los principios de justicia pronta y expedita consagrados en el artículo 17 Constitucional. Consecuentemente, satisfechos los lineamientos establecidos, este fallo quedará cumplido. VII. CAPTURA DE LA SENTENCIA En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y, además, con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Maricela Guerrero Serna, por propio derecho, en contra del acto que reclamó de Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje; en términos de las consideraciones vertidas en el Sexto apartado de esta sentencia. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo sentenció y firma Norma Angélica Ávila Veyna, Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Juan Manuel López Jiménez, secretario que da fe.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 975/2022. ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO, DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS SE ADVIERTE QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADA PARA HOY LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; SIN EMBARGO, NO ES POSIBLE LLEVARLA A CABO, TODA VEZ QUE LA VISTA OTORGADA A LAS PARTES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PROVEÍDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, CON LAS CONSTANCIAS ALLEGADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, TRANSCURRIRÁ DEL DIECISIETE AL VEINTINUEVE DE LOS ACTUALES, SEGÚN SE APRECIA DE LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE. POR TANTO, A FIN DE DAR MARGEN A LO ANTERIOR, SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA ESTA FECHA Y, EN SU LUGAR, SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. EN OTRO ORDEN, MEDIANTE OFICIO SEADS/705/2022, DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DE LA JUEZA NORMA ANGÉLICA ÁVILA VEYNA, A ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL, CON EFECTOS A PARTIR DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; EN ESE SENTIDO, CON APOYO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 126 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 26 Y 51, ESTOS ÚLTIMOS DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO EL 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, PARA QUE, EN CASO DE ESTIMARLO PERTINENTE, EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DE LA LEGAL NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. NOTIFÍQUESE POR LISTA A TODAS LAS PARTES

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 702/2019. ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO LO DE CUENTA; SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO REMITIDO VÍA ELECTRÓNICA POR EL ACTUARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON SEDE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE REQUIRIÓ AL JUEZ MIXTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO, A FIN DE QUE LE DEVUELVA EL DESPACHO 376/2022, NÚMERO DE ORDEN 1631/2022, DE SU ÍNDICE. DE LO QUE QUEDA ENTERADO ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN ESPERA DE QUE REMITA DICHA COMUNICACIÓN OFICIAL. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.

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