Maricela Gomez Gonzalez

Expediente 419/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 43 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
419/2023
Año
2023
Actuaciones
43
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Maricela Gomez Gonzalez
  • Jesús Hernández Solorzano -No Es Tercero 24-08-2023-

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la moral tercero interesada ***, y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que exhibe. Sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, se desechó la prueba testimonial ofrecida por la quejosa, el cual aún no le ha sido notificado. Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y con fundamento en los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, en su lugar se fijan las catorce horas con treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para su verificativo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por hechos los alegatos que formula, mismos que serán tomados en cuenta al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Se levanta reserva. Vistos los autos que se encuentran debidamente integrados, se levanta la reserva decretada en auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, y al respecto se provee sobre la prueba testimonial ofertada por la parte quejosa, en ese sentido se provee: Pronunciamiento respecto a las pruebas testimoniales. Ahora, tocante a las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte tercero interesada, y al respecto se provee: En primer lugar, debe precisarse que los artículos 119 al 124 de la Ley de Amparo y el derecho jurisprudencial interno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permiten considerar -entre otras cosas- lo siguiente: a) En el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. b) Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia. c) En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. d) La audiencia constitucional y la recepción de pruebas son públicas. e) Una vez abierta la audiencia constitucional se procede a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, dictándose a continuación el fallo respectivo. Por su parte, los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, disponen:**** Del contenido de estos preceptos legales, se desprende que para conocer la verdad, la persona juzgadora puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 119 de la Ley de Amparo, solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba. En efecto, cuando el mencionado artículo 119, establece que en el juicio de amparo son admisibles "toda clase de pruebas", esta regla se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, etcétera, consideración que se confirma porque la parte final del precepto, al señalar como excepciones a dicha regla "[...] la confesional por posiciones [.]", alude a tal medio. Entonces, el principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el ya transcrito artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta supletoriamente aplicable. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el numeral 119 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe "tener relación inmediata con los hechos controvertidos", como establece el ordinal 79 citado, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la fe judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se vería, desde luego y sin dudas, que nada tienen que ver con la litis. De acuerdo a las disposiciones transcritas, en el juicio de amparo debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional por posiciones; que las pruebas deben rendirse en la audiencia constitucional, salvo la documental que puede presentarse con anterioridad y que, tratándose de la testimonial, pericial e inspección ocular, a fin de prepararlas debidamente deben anunciarse u ofrecerse con cinco días hábiles de anticipación a la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para dicha audiencia. Sin embargo, esa facultad de que gozan las partes para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el precepto 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De tal manera que, si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis, la persona juzgadora no está obligada a admitirla, en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 de la legislación federal procesal civil, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Con relación a la idoneidad de la prueba, debe subrayarse especialmente que en esta materia la persona juzgadora debe tener singular cuidado a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto la persona juzgadora puede actuar con amplitud de criterio que con rigidez, sobre todo, teniendo en cuenta el derecho fundamental de los particulares que son partes en un proceso jurisdiccional, más todavía en el constitucional de amparo, como es el derecho a probar. Sobre este mismo tema, debe señalarse que el momento de resolver sobre la admisión de probanzas tiene características diferentes a las que se dan a la hora de valorarlas, que es cuando se dicta sentencia. Se dice lo anterior, porque la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados han establecido algunos criterios sobre idoneidad o inidoneidad probatoria, pero deben aplicarse con prudencia porque algunas de ellas sólo son aplicables en el momento de su valoración y en determinadas circunstancias, pero no podrían fundar la no admisión.**** De lo expuesto es dable concluir que, conforme al principio de idoneidad de la prueba, las personas juzgadoras están facultadas para no admitir aquellos medios de convicción que no guarden relación alguna con los hechos controvertidos, para lo cual deberán tener singular cuidado a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación sólo deben tomarla cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia. Desechamiento de la prueba. Por consiguiente, procede desechar las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte tercero interesada, virtud a que el presente juicio de garantías se resolverá conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo, esto es como está probado ante la autoridad responsable. Ello tomando en consideración, que el acto reclamado se hizo consistir en: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el expediente **** y sus acumulados ****, del Juzgado Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato; así como sus consecuencias que concluyeron con el remate y adjudicación de un inmueble. En ese sentido, como ya se señaló, la litis del presente sumario, se limitará a calificar si la actuación del fedatario público al momento de ejecutar el emplazamiento fue o no apegada a derecho; de ahí que, las circunstancias que pretende acreditar la parte tercero interesada con las testimoniales propuestas se estiman ajenas a la litis, atento a que, leídas las preguntas que integran el interrogatorio respectivo -sin prejuzgar en cuanto a su legalidad-, se desprende están dirigidas a exponer el domicilio actual de la quejosa. Por ende, es que el desahogo de las pruebas testimoniales que ofrece la parte tercero interesada, devendrían contrarias a derecho, por los motivos planteados en el párrafo que antecede. En consecuencia, procede desechar las pruebas en comento, al no encontrarse apegadas al contenido del artículo 75 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio signado por el tesorero Municipal de Guadalajara Jalisco, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiséis de septiembre del año actual, informa que en los archivos de su padrón de usuarios no localizó registro a nombre de la moral tercero interesada ****; sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que la referida tercera interesada ya se apersonó al presente sumario.

Quedan 39 actuaciones en este expediente

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