Maricela García Roque

Expediente 481/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 41 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
481/2022
Año
2022
Actuaciones
41
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Maricela García Roque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que informa que aceptó la competencia planteada respecto del juicio de amparo en que se actúa, e informa que recibió los autos originales del mismo, así como las constancias consistentes en cuatro tomos de pruebas y dos micas con discos en formato dvd, acusando el recibo correspondiente, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que este juzgado se declaró incompetente del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 481/2022-VI; y, R E S U L T A N D O I. ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México y otras autoridades, mismo que fue turnado a este Juzgado de Distrito. II. En proveído del veintiséis de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 481/2022-VI; se requirió el informe justificado a las responsables, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y se emplazó a los terceros interesados. III. En autos del once de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de demanda respecto de la autoridad responsable Notificadora adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec, México. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, carece de competencia legal para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en los ordinales 34, 47 y 170 fracción I, de la Ley de Amparo, y estima que debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, por las siguientes consideraciones: El artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ...III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) ...V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.; VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus resoluciones." Por su parte el artículo 170, fracción I, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.). Asimismo, el artículo 34 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa establece: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." El diverso 47 de la legislación referida, en lo conducente señala: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." Así, es claro que los preceptos legales transcritos en párrafos precedentes, contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que por esta vía se reclama: La sentencia del quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio oral ********************, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, los autos dictados en veintidós y veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en los cuales se determinó la inadmisión a trámite del recurso de apelación hecho valer por el defensor de la quejosa y la determinación en que se declaró firme dicho acuerdo, así como la revocación de su defensor y sus notificaciones respectivas. Así, tenemos que los actos reclamados, encuadran en la hipótesis prevista en la fracción I, párrafo segundo, del artículo 170, de la Ley de Amparo, dado que el juez responsable dictó sentencia definitiva y se inadmitió el recurso de apelación hecho valer contra la misma; las cuales tuvieron por concluido el juicio, respecto de lo cual corresponde el conocimiento del asunto a un Tribunal Colegiado de Circuito y no a un Juez de Distrito. Lo anterior es así, dado que entre las resolución reclamadas existe una vinculación de causalidad jurídica estrecha, de ahí que se pueda decir que el ejercicio de la acción constitucional en la vía uniinstancial permite a la parte quejosa impugnar la constitucionalidad tanto de la resolución que puso fin al juicio, como los proveídos en que se desechó el recurso intentado en su contra, el diverso que lo confirmó, y los acuerdos que motivaron dicha inadmisión y sus notificaciones; derivan de la vinculación de causalidad jurídica que existe entre dichos actos. Lo que tiene apoyo también en los principios de indivisibilidad de la demanda, de concentración y de expeditez del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los actos reclamados, se encuentran vinculados estrechamente y forman parte de una unidad que no es jurídicamente conveniente desmembrar para romper la continencia de la causa. En caso contrario, se establecería la procedencia de las dos vías de impugnación a través del juicio de amparo: la del directo y la del indirecto, para el conocimiento y resolución de actos que guardan tal dependencia, que lo que se resuelva respecto de uno tiene que determinarse por lo que toca al otro, de modo que el Juez de Distrito no podría decidir algo distinto a lo que, en su caso, resuelva el Tribunal Colegiado de Circuito y, a pesar de esa circunstancia, se vería constreñido a observar los trámites previstos para la sustanciación del juicio de amparo indirecto, con el consiguiente retardo en la solución integral de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustentan la tesis III.7o.A.2 K, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1868, registro digital 2014242, del rubro y texto: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA Y EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR NO SER EL IDÓNEO. De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V, inciso b) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras, las que decidan el juicio en lo principal y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En esa medida, el ejercicio de la acción constitucional en la vía uniinstancial permite al quejoso impugnar la constitucionalidad tanto de la sentencia definitiva como la del auto que desecha el recurso interpuesto en su contra por no ser el idóneo -resolución que puso fin al juicio-, dada la vinculación de causalidad jurídica tan estrecha que existe entre ambos actos y por ser un caso único o sui géneris; lo que tiene apoyo también en los principios de indivisibilidad de la demanda, de concentración y de expeditez del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los actos reclamados -sentencia definitiva y auto que desechó el recurso promovido en su contra por no ser el idóneo- se encuentran vinculados estrechamente y forman una unidad que no es jurídicamente conveniente desmembrar para no romper la continencia de la causa, además de que el procedimiento del amparo directo en materia administrativa permite llevar a cabo, dentro de un mínimo de actos procesales, todas las determinaciones necesarias para resolver en forma integral la solicitud del quejoso, con el propósito de obtener la protección de la Justicia Federal; en caso contrario, se establecería la procedencia de las dos vías de impugnación a través del juicio de amparo: la del directo y la del indirecto, para el conocimiento y resolución de actos que guardan tal dependencia, que lo que se resuelva respecto de uno tiene que determinarse por lo que toca al otro, de modo que el Juez de Distrito no podría decidir algo distinto a lo que, en su caso, resuelva el Tribunal Colegiado de Circuito y, a pesar de esa circunstancia, se vería constreñido a observar los trámites previstos para la sustanciación del juicio de amparo indirecto, con el consiguiente retardo en la solución integral de la controversia planteada. Más aún, el juicio de amparo procede contra ambos actos, porque el acuerdo de desechamiento del recurso no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sobre la procedencia del amparo indirecto, ni aun en la fracción IV, que incluye a los actos de tribunales administrativos, realizados después de concluido el juicio, en la medida en que al estar sub júdice la sentencia, no puede decirse que ya hubiera concluido aquél, ni tampoco en la fracción V, sobre actos en juicio que afecten materialmente derechos sustantivos, porque, como se advierte, sólo implicaría la transgresión de un derecho procesal, en su caso. No se opone a lo considerado, que en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 508/2011, de la cual emanó la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), de rubro: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido la inaplicabilidad de la diversa jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de rubro: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", porque en ese procedimiento no fue materia de estudio el supuesto en que se promueva un mismo juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva y el auto que desecha el recurso intentado en su contra por no ser el idóneo". Así como la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 83, del Tomo II, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Julio a diciembre 1988, Octava Época, con número de registro 229764, que establece: "AMPARO DIRECTO, PROCEDENCIA DEL. RESOLUCIONES DEFINITIVAS. ARTICULO 46 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme con lo previsto por el artículo 46 de la Ley de Amparo, el amparo directo es procedente contra sentencias definitivas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; sentencias definitivas dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubiesen renunciado expresamente a la interposición del recurso, así como contra resoluciones que ponen fin al juicio o sea aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; por ende, si el proveído reclamado es recurrible ante la autoridad responsable, no constituye una resolución que ponga fin al juicio y no es susceptible de reclamarse en amparo directo.". De igual forma la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 95, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, con número de Registro 2008791, del siguiente rubro y texto: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". En razón de las anteriores consideraciones, este órgano jurisdiccional se declara legamente incompetente para conocer del asunto planteado por ********************, y se estima que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Amparo, debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito, en turno, porque en la especie se cumple la hipótesis que establecen los artículos anotados; por lo tanto, remítase el presente expediente, solicitando a quien toque conocer del asunto, que de no existir inconveniente, se sirva informar la determinación tomada con relación a la competencia planteada. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedente. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E PRIMERO. Este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. SEGUNDO. Remítase el original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegido en Materia de Penal del Segundo Circuito en turno, para que provea lo conducente, conforme a lo ordenado en el considerando único de la presente determinación. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Téngase a la Notificadora adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, informando el impedimento que tiene para remitir la copia certificada de la notificación solicitada. De su contenido se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído del ocho de marzo del año en curso. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto que transcurre el término de ocho días concedido a las partes en proveído del veintiséis de enero del año en curso, para que se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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