Maricela García Rocha

Expediente 992/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
992/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Maricela García Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta de la actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en autos, remite las constancias de notificación practicada a la parte quejosa del proveído de veinticinco de noviembre pasado, dictado por este juzgado de Distrito; sin necesidad de acusar recibo, dada la naturaleza de su recepción. Ante ello se tiene por notificada a la quejosa del auto en comento, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En esa virtud, vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veinticinco de noviembre pasado, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Por lo anterior, visto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto 892/2020 del índice de este juzgado de Distrito, librado a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de veinticinco de noviembre pasado; por los motivos que indica, dese de baja en el libro de gobierno correspondiente, sin necesidad de acusar recibo dado que este se generó al momento en que la autoridad exhortante devolvió la presente comunicación a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, gírese atento oficio al Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que de no tener inconveniente legal alguno, dentro de los autos del juicio de amparo 820/2020-I de su índice, notifique al quejoso el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictado por este juzgado de Distrito, a través del cual se aceptó la competencia declinada por ese órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior, de no tener inconveniente legal o material alguno, remita a este juzgado de Distrito, las constancias que así lo acrediten.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual remite el cuaderno original del juicio de amparo indirecto 820/2020-I, de su índice, promovido por Maricela García Rocha, en virtud que en términos del proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, determinó carecer de competencia legal, para conocer de los autos del juicio de amparo en comento. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 38 y 48, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada por el oficiante; fórmese expediente y regístrese con el número 992/2020-II, tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); y acúsese el recibo de estilo. En ese contexto, vista la demanda de amparo y escritos aclaratorios a ésta, promovidos por Maricela García Rocha; contra actos del Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, con residencia en Tecámac, Estado de México y otras autoridades, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito, está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que alleguen las partes. Resulta ilustrativa, en la parte que interesa, la jurisprudencia I.1°.A J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». En el caso a estudio, el promovente de amparo, reclama en esta instancia constitucional, como acto destacado, el indebido e ilegal emplazamiento, así como del incidente de aprobación de convenio, en el posible juicio de divorcio voluntario, que pretenden ejecutar las autoridades responsables en su contra. Ahora bien, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada; es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Y, toda vez que en el presente juicio el quejoso reclama el indebido e ilegal emplazamiento, así como del incidente de aprobación de convenio, en el posible juicio de divorcio voluntario, que pretenden ejecutar las autoridades responsables en su contra, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya su reclamación, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones. En efecto, como acontece en el caso concreto, el impetrante Maricela García Rocha, en el capítulo correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, manifiesta bajo protesta de decir verdad, en la parte que interesa, lo siguiente: «[.] el señor ALEJANDRO VALLEJO PEREZ, actualmente me amenaza diciéndome que ya interpuso el divorcio y que me va a quitar a mi menor hija, que ahora si voy a sentir dolor por que me va a quitar a mi hija y se la va a llevar lejos, manifestando QUE ME PRESENTE AL JUZGADO FAMILIAR QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN TECAMAC EN FECHA 11 DE DICIEMBRE YA QUE TENEMOS AUDIENCIA A LAS 8:00 HORAS DE LA MAÑANA, Y QUE AUNQUE NO ME PRESENTE ME VAN A QUITAR A MI HIJA, SIN QUERERME PROPORCIONAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE Y JUZGADO [.]» (sic). Manifestaciones que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 197 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de las cuales se aprecia que el inconforme se duele de actos futuros y además inciertos, en razón de que no reclama un acto concreto emitido por las autoridades responsables, y como consecuencia de ello, que se atente en contra de sus derechos humanos, por el contrario, se advierte que únicamente pretende prevenirse de actos que a la fecha de presentación de la demanda no se han materializado, por lo que debe estimarse que estamos en presencia de actos futuros e inciertos contra los cuales no procede el amparo, pues son actos futuros aquellos en que es remota la ejecución de los hechos que se previenen. Sirve de apoyo a lo anterior consideración, la jurisprudencia número 19, publicada a página 13, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de título siguiente: «ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES». En efecto, si de la demanda de amparo no se desprende que existan hechos reales que tengan como consecuencia la ejecución de los actos que se reclaman, esta instancia constitucional, se torna improcedente, pues es requisito para su procedencia, que existan actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, lo que no acontece, actualizándose con ello, la causal de improcedencia que se analiza. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable a página 138, Tomo XV-1, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS». Lo anterior, sin que ello sea suficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo, pues el hecho de que suponga existe un juicio de divorcio y le pretendan quitar a su menor hija, esta circunstancia por sí sola, no implica la existencia de dichos actos emitidos en su contra, de donde resulta evidente de que en el caso concreto, lo que la quejosa pretende como se adujo en líneas que anteceden, es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Precisado lo anterior, es válido concluir que la quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir a la agraviada en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo, pueden sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aún no se han materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Por ello, ante las relatadas consideraciones, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de rubro siguiente: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Dado que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, y cuyo conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Primero; con fundamento en lo dispuesto en los numerales 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, líbrese atento exhorto al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique a la quejosa el contenido del presente proveído por lista que se fije en los estrados de dicho órgano, así mismo, la requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en el entendido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, que se fije en los estrados de este juzgado, con apoyo en el ordinal 27, fracción III, inciso a) de la ley en la materia. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, pues no acreditan contar con cédula profesional y hasta en tanto no lo demuestren se les tendrá en los términos apuntados. Por otra parte, respecto al correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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