Maricela Fonseca Rojas
Expediente 947/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/08/2018
Partes del expediente
- Maricela Fonseca Rojas
Actuaciones
- Principal
- Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte . . . se declara que el mismo ha causado estado . . . archívese este expediente como asunto totalmente concluido . . .
- Principal
Querétaro, Querétaro, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por MARICELA FONSECA ROJAS, por propio derecho; contra actos del Juez Único Menor Mixto del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro y actuario de su adscripción; luego, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 947/2018-I, que es el que le corresponde. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto que la parte quejosa señala como reclamado, consiste esencialmente en: - El auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Único Menor Mixto de San Juan del Río, Querétaro, en el juicio de origen 1651/2018, por el que se revocó el nombramiento de depositario a MARICELA FONSECA ROJAS respecto de una camioneta marca Ford, línea Escape, con número de placas UMF 9161, debiendo entregar en un término de tres días los bienes embargados en ese sumario al nombrado depositario; y, su ejecución. Así las cosas, esta Juzgadora advierte en relación al citado acto reclamado, que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Julio de 2012, Décima Época, página 729, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora, para realizar el estudio correspondiente se precisa que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa medularmente reclama: - El auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Único Menor Mixto de San Juan del Río, Querétaro, en el juicio de origen 1651/2018, por el que se revocó el nombramiento de depositario a MARICELA FONSECA ROJAS respecto de una camioneta marca Ford, línea Escape, con número de placas UMF 9161, debiendo entregar en un término de tres días los bienes embargados en ese sumario al nombrado depositario; y, su ejecución. Sobre esa base, considerando lo narrado en el apartado de antecedentes del acto reclamado, se tiene que por la fecha en que se dio trámite al juicio de origen, el Código de Comercio aplicable a ese asunto lo es con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, cuyos artículos 1334 y 1335, en relación con el diverso 1340, establecen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Art. 1,335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 (Seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De la interpretación sistemática de los preceptos se obtiene que procede el recurso de revocación contra resoluciones que no sean apelables; lo que en el caso, acontece respecto de asuntos que por virtud de su monto se tramiten en juzgados de paz o de cuantía menor. Ahora, de los citados antecedentes se obtiene que el juicio de origen se substancia ante un Juez Menor del fuero local, con lo que se colige que es de cuantía menor a la señalada en el numeral 1340 del Código de Comercio; por tanto, dicha circunstancia permite determinar la procedencia del recurso de revocación contra cualquier auto o decreto emitido en el respectivo sumario. En ese orden de ideas, si el acto en estudio deriva de la tramitación de un juicio mercantil de cuantía menor, es inconcuso que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la ley de la materia, es decir, el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, a través del cual podía modificarse o revocarse, lo que sería en beneficio de los intereses de la quejosa. De modo que, al no haber interpuesto ese medio de defensa previo a la presentación de la demanda de amparo, da lugar a que se actualice la causal de improcedencia citada con antelación, pues no agotó el principio de definitividad. Sin que en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La quejosa no tiene la calidad de tercero extraña, ni mucho menos por equiparación, ya que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que es codemandada en el juicio de origen, al referir que es aval de la deudora principal; y, 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Como corolario, es importante precisar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Por consiguiente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el numeral 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve MARICELA FONSECA ROJAS, por notoriamente improcedente. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a MIRIAM RODRÍGUEZ PANTOJA y DAVID ROQUE HERNÁNDEZ, ello hasta en tanto acrediten ante este Juzgado, estar debidamente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE. Así, lo proveyó y firma la licenciada Mónica Montes Manrique Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, ante la Secretaria licenciada Angélica Ivonne Mújica Martínez, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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