Maricela Dominguez López

Expediente 1902/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1902/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/01/2019

Partes del expediente

  • Maricela Dominguez López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 06 a 12), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II del referido acuerdo. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V. CITATORIO (QUEJOSA M.D.L.) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE DICE: "Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1902/2018-V. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es menester precisar que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en:  El acuerdo dictado el once de diciembre de dos mil dieciocho, en el expediente ***/2018, en el cual la autoridad responsable decretó como medida provisional la convivencia de la menor hija de la quejosa, con *** (abuela paterna). DESECHAMIENTO. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, en el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". El principio de definitividad en el juicio constitucional constituye uno de los principios jurídicos rectores de la instancia que la rige, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. El principio de mérito admite una serie de excepciones que la propia Ley de Amparo señala, en esa virtud, la observancia de dicho principio no es imperativa, pues previo a atender a determinar si el juicio de amparo es procedente o no por no haberse agotado el medio de defensa legal que la ley pone al alcance del afectado con el acto de autoridad, se debe atender a si el caso en concreto se encuentra situado en una de las excepciones que la ley de la materia contempla. Las excepciones señaladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el presente caso, el acto reclamado no se sitúa en ninguna de excepciones antes citadas, toda vez que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se reclaman actos que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de persona extraña al procedimiento, toda vez que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen, identificado con el número de expediente ***/2018, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México; máxime que el Código Adjetivo Civil prevé en el artículo 5.74, el medio impugnación que procede. Además, existen criterios específicos al principio de definitividad, como sería el caso de que en la vía directa tratándose de violaciones procesales se exime de agotar el principio de definitividad; en el caso de procedimientos que afecten el estado civil, el orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces; así como cuando el acto que se reclama carece de fundamentación y motivación; o cuando se aduce violación, únicamente, a la garantías de audiencia, sin precisar violación a leyes secundarias; o cuando se admite la prueba pericial en contabilidad; o cuando los recursos ordinarios se encuentren previstos en un reglamento, comprende a los medios de defensa contenidos en reglamentos heterónomos y no así en reglamentos autónomos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número *** sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SOLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. En el mismo sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuya literalidad es como sigue: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. Las excepciones al principio de definitividad que en forma expresa prevé la Ley de Amparo y la jurisprudencia (aun cuando esta última interpretó la legislación abrogada resultan aplicables por la identidad de la hipótesis normativa) son los únicos supuestos que el legislador y los órganos federales, expresa y limitativamente han definido; de modo que fuera de ellos, el juicio de amparo debe declararse improcedente si previo a su instauración, el peticionario del amparo no ha agotado los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance, pues de otro modo, se surtirá la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En este contexto, como en el caso a estudio, la quejosa reclamó en este juicio de amparo el acuerdo dictado el once de diciembre de dos mil dieciocho, en el expediente ***/2018, en el cual la autoridad responsable decretó como medida provisional la convivencia de la menor hija de la quejosa, con *** (abuela paterna), es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. El artículo 5. 2 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad prevé: "Artículo 5.2. Se sujetarán a estas controversias: I. Las que se susciten con motivo de alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia y las demás relacionadas con el derecho familiar; II. Las relativas al estado civil de las personas; y III. La petición de herencia después de la adjudicación respectiva. Quedan exceptuadas, las controversias relacionadas con el derecho sucesorio. Los artículos 5.74 y 1.362 del mismo ordenamiento establecen: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." En primer término, cabe acotar que mediante Decreto 268 publicado el diecinueve de febrero de dos mil nueve, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se adicionó al Código de Procedimientos Civiles de esta entidad el Libro Quinto, relativo a las "Controversias sobre el Estado Civil de las personas y del Derecho Familiar", de cual se advierte que los juicios en esta materia se ventilarán de forma oral. La exposición de motivos de esta reforma refiere que, dado el carácter de interés público y social que posee el derecho familiar, debe ser tratado de manera particular, de modo que se beneficie a la célula fundamental de comunidad, lo cual implica una mejora que permita la pronta resolución de las controversias legales que lesionan los derechos y obligaciones de la familia. De igual forma, se establece que la administración de justicia debe permitir la adecuada y eficaz defensa de los derechos que están reconocidos en favor de los menores y del estado civil de las personas, no sólo con leyes sustantivas, sino con mecanismos ágiles, transparentes y funcionales para poder materializar dichos derechos en la vida real, por lo cual se dispone que el procedimiento se desarrollará en audiencias sucesivas hasta su conclusión. Asimismo, de aquellos artículos se advierte que las controversias relativas, entre otras, a los alimentos, guarda y custodia, patria potestad, parentesco y las demás relacionadas con el derecho familiar relativas a esta materia, como lo sería el juicio de origen que versa sobre el juicio oral familiar se tramitarán respecto al libro quinto, donde se señala que los autos dictados fuera de audiencia donde se decreten medidas provisionales, se podrán revocar conforme a las reglas generales estatuidas en el Título Noveno, capítulo II, de dicho Código. Luego, si en el caso se reclama un auto dictado fuera de audiencia, por el cual el Juez responsable decretó como medida provisional la convivencia de la menor hija de la quejosa, con *** (abuela de la quejosa), conforme a las reglas de las controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, y por consiguiente, se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La determinación reclamada es una resolución proveniente de tribunal judicial; del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México. b) El acto reclamado es impugnable mediante el recurso de revocación establecido en los numerales 5.74 y 1.362 del código adjetivo civil de la entidad. c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser nulificado, modificado o revocado. De ahí que, el acto reclamado en esta instancia constitucional, debió ser recurrido por la peticionaria del amparo, conforme a lo previsto por los artículos señalados, concretamente a través del recurso de revocación, por lo que, si no lo hizo de ese modo, es evidente que no se agotó el principio de definitividad para hacer procedente la vía constitucional. Al respecto se invoca la jurisprudencia 447 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: RECURSOS ORDINARIOS. Así como el precedente judicial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, Quinta Época, a página 2784, que establece: REVOCACIÓN, RECURSO DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. En virtud de lo considerado con antelación, resulta claro que el quejoso se encontraba en aptitud legal de agotar el medio ordinario que la ley que rige el acto reclamado pone a su alcance, previo a acudir a la instancia constitucional, colmando así el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sin que se advierta que el acto reclamado se trate de alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad invocado, como para considerar que estaba en condiciones de acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar la instancia legal mencionada. Al respecto se invoca la jurisprudencia, con número de registro 2017117, visible en la página 8, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuya literalidad es como sigue: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve *** por propio derecho, contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado por la parte quejosa en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado a *** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, en virtud de que sí cuenta con el registro correspondiente, y en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las restantes personas que se autorizan en la demanda de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal y que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa." SRG*

  3. Principal

    MESA V.UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

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