Maricela del Rocio Toapanta Velasco y Otros.

Expediente 348/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
348/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Maricela del Rocio Toapanta Velasco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, que se desechó la demanda de amparo promovida por Maricela del Rocío Toapanta Velasco y Fredy Aníbal Llangari Asqui, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales A.A.L.T. y Y.A.L.T.; Rosley Michele Rodríguez Villafuerte y Hugo Rubén Ayuquina Cunachi, por propio derecho y en representación del menor de iniciales H.A.A.R y Deysi Susana Llangari Asqui y Michael Joel Macías León, por propio derecho y en representación del menor de iniciales M.A.M.L. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, con fundamento en su ordinal 18, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano y posteriormente se sobreseyó en el juicio. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo cual se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Ahora bien, previo acordar lo conducente respecto a lo indicado en párrafos precedentes, se estima pertinente destacar que este órgano jurisdiccional en auto de uno de marzo de este año, concedió la suspensión de plano a los quejosos Maricela del Rocio Toapanta Velasco y Fredy Aníbal Llangari Asqui, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales A.A.L.T. y Y.A.L.T.; Rosley Michele Rodríguez Villafuerte y Hugo Rubén Ayuquina Cunachi, por propio derecho y en representación del menor de iniciales H.A.A.R y Deysi Susana Llangari Asqui y Michael Joel Macías León, por propio derecho y en representación del menor de iniciales M.A.M.L., respecto a los actos reclamados consistentes en: a). La detención y/o privación de la libertad y/o retención de los quejosos por más de treinta y seis horas. b). La deportación y/o retorno asistido. c). La incomunicación y falta de asistencia consular. Atribuidos a las autoridades responsables siguientes: 1. Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, encargado de la Subrepresentación Federal Zona Centro, del Institucional Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2. Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF). Ambos con residencia en esta ciudad. 3. Centro Asistencial para Niños, Niñas, Adolescentes y Familias Migrantes perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral la Familia del Estado de Chiapas, con residencia en Berriozábal, Chiapas. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas rindieran el informe de la suspensión de plano; los que en la especie obran agregados a los presentes autos. Ahora bien, tomando en consideración la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa a efecto de que manifestara si señalaba como acto reclamado: "la omisión de iniciar el procedimiento para acceder a los mecanismos de solicitud del reconocimiento de la calidad de refugiados", sin que en la especie hubiera realizado manifestación alguna en ese sentido. En atención a ello, lo procedente sería admitir la demanda de derechos fundamentales promovida respecto los actos precisados en el preámbulo del presente acuerdo; sin embargo, tomando en consideración lo informado por las responsables al rendir su informe plano, en el caso, se estima que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto; por lo que, a ningún fin practico traería requerir los informe justificados a las responsables, en virtud de que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente. En la especie, del estado de autos se advierte que mediante oficio SDIF/DG/PPNNAF-DRCAS/1122/2023, la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, residente en esta ciudad, informó que mediante comunicados SDIF/PPNNAyF/045/2023, SDIF/PPNNAyF/046/2023 y SDIF/PPNNAyF/047/2023, signados por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema para el Desarrollo de los Niños, Regional IX Istmo-Costa, se solicitó a la Administradora del Centro de Asistencial para Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias Migrantes Berriozábal II, el egreso de los citados quejosos, de dicho centro asistencial. Posteriormente, en vía de alcance, la referida procuradora responsable, mediante oficio SDIF/DG/PPNNAyF-DRCAS/1207/2023, comunicó a este órgano jurisdiccional que el dos de marzo de este año, se llevó a cabo el egreso de los quejosos Maricela del Rocio Toapanta Velasco y Fredy Aníbal Llangari Asqui, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales A.A.L.T. y Y.A.L.T.; Rosley Michele Rodríguez Villafuerte y Hugo Rubén Ayuquina Cunachi, por propio derecho y en representación del menor de iniciales H.A.A.R y Deysi Susana Llangari Asqui y Michael Joel Macías León, por propio derecho y en representación del menor de iniciales M.A.M.L., de dicho centro asistencial, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo; para los cual adjuntó las constancias que acreditaron su salida y de las que se advierte que los quejosos firmaron el egreso de dicho centro asistencia; además, fueron coincidentes en manifestar que durante el tiempo en que estuvieron albergados en éste, se les respetaron sus derechos humanos y jurídicos. Por tanto, los actos reclamados deben considerarse como consumados de modo irreparable, pues, tal y como las referidas responsables lo manifestaron, los quejosos YA SE ENCUENTRAN LIBRES. Por lo que, en el supuesto de que se concediera el amparo no habría posibilidad material de que se repararan los efectos de los actos reclamados, ni de retrotraer las cosas y el tiempo antes de la posible violación a las prerrogativas para resarcir a los impetrantes en el goce de las mismas, al ser físicamente imposible. En atención a lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que estipulan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]" Conforme al primero de los numerales transcritos es improcedente el juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso, en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de control constitucional, en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Cabe decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO RREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Por todo lo expuesto y toda vez que se otorgó salida a los quejosos del centro asistencial en el que se encontraban alojados, y por las consideraciones expresadas en el presente acuerdo, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; por tanto, debe desecharse la presente demanda en términos de lo establecido en el artículo 113 de la ley en cita. Hágase las anotaciones correspondientes en libro electrónico que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista; la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó en contra del proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: En atención a lo anterior, toda vez que ha transcurrido el término para interponer recurso de inconformidad, se tiene por consentido el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es depurable al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la justicia de la federal. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 18, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la depuración del mismo, debiéndose solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se desprenden documentales susceptibles de devolución se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto; el comunicado signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, mediante el cual, en atención a sus oficios 5441/2023 y 99/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, informa que el presente asunto ya se encuentra compensado en el sistema y para acreditarlo remite la boleta de turno con número de registro 20231581005000148. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el comunicado de cuenta y la papeleta de turno. Téngase por cumplimentado el requerimiento realizado a la Oficina de Correspondencia Común oficiante mediante auto de uno de marzo del presente año. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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