Maricela Cotero Franco
Expediente 427/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 19/10/2017
Partes del expediente
- Maricela Cotero Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
VII.- Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México por medio del cual, en cumplimiento al fallo protector, remite diversas constancias relativas al expediente de cumplimiento de sentencia 12/2015, derivado del juicio administrativo 379/2011. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicada supletoriamente en su artículo 2º de la Ley de Amparo, agréguese para que obren como corresponda; sin que se emita mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de veintidós de mayo de dos mil diecisiete (fojas 304 a 307) se declaró cumplida la sentencia concesoria de amparo y por diverso de diecinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 313 y 314) se ordenó el archivo definitivo del sumario en que se actúa.
- Principal
VII) Toluca, México; diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete (fojas 304 a 307), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas, del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no existe nada pendiente por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como un asunto total y definitivamente concluido. a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que por una parte se sobreseyó y por la otra, se concedió el amparo. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. e) De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dése vista a la parte tercero interesada, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado en el domicilio que señaló para tal efecto. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe. jvg
- Principal
VII) Toluca, México; veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete (foja 288), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - Maricela Cotero Franco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades siguientes: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: LA PRIMERA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO: LA RESOLUCIÓN EN DEFINITIVA AL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 12/2015, DEL 4 DE MARZO DE 2016, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN EN DEFINITIVA EL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 12/2015 DEL 28 DE AGOSTO DE 2015 dictadas por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, relativa al juicio administrativo número 379/2011." Mediante sentencia de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis (fojas 32 a 83), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a Maricela Cotero Franco, contra el acto reclamado a la autoridad responsable que quedó precisado en el considerando segundo, en términos del considerando sexto de esta sentencia." Inconforme con esa sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que lo remitió al Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México para su resolución, la que se emitió en sesión de nueve de marzo de dos mil diecisiete, en el siguiente sentido: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta ejecutoria, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil quince. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Maricela Cotero Franco, contra la autoridad y acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la misma". La concesión del amparo fue para el efecto de que: "Consecuentemente, ante lo fundado del argumento hecho valer por la quejosa, lo que se impone es revocar el fallo recurrido y conceder el amparo, cuyo efecto inmediato es la declaración de ineficacia jurídica de la resolución de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, y ordenar a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México que emita una nueva en la que, por una parte, declare que la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen no está cumplida y, por otra parte, cuantifique de manera correcta el rubro de veinte de días de salario por concepto de indemnización, en términos de las consideraciones de esta ejecutoria, y por ende, requiera el pago correspondiente." En ese tenor, por auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (fojas 250 y 251). En acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecisiete (foja 288), se tuvo por recibido el oficio 4981/2017, por el cual la autoridad responsable adjuntó copia certificada de la resolución emitida el veintisiete de abril del año en curso, en el expediente 12/2015 (fojas 265 a 287), de lo que medularmente se advierte: Que mediante resolución de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la diversa de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento de cumplimiento de sentencia 12/2015; y, Emitió una nueva en la que determinó, no cumplida la sentencia de diez de mayo de dos mil trece emitida en los recursos de revisión 1431/2011 y 1770/2011 acumulados, en relación con el juicio administrativo 379/2011 del índice de la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, dado lo cual, requirió al Director General de Seguridad Pública y Gobernación del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, para que dentro del término de tres días hábiles acredite el pago de $17.019 (diecisiete pesos 19/100 moneda nacional), realizado a la quejosa Maricela Cotero Franco, al ser la diferencia que resta por pagar por concepto de veinte días por año de servicios prestados. Determinación a la que arribó, tomando en consideración que la autoridad demandada incurrió en error aritmético al momento de realizar el cálculo de la cantidad a pagar por concepto de los veinte días de salario por cada año de servicio prestado por la quejosa. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento de cumplimiento de sentencia 12/2015 y emitió una nueva el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en la que determinó no cumplida la diversa de diez de mayo de dos mil trece del índice de la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y, requirió al Director General de Seguridad Pública y Gobernación del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, para que acreditara el pago de $17.019 (diecisiete pesos 19/100 moneda nacional), realizado a la quejosa Maricela Cotero Franco, al ser la diferencia que resta por pagar por concepto de veinte días por año de servicios prestados. Ello, en virtud de que la autoridad demandada incurrió en error aritmético al momento de calcular la cantidad a pagar por concepto de los veinte días de salario por cada año de servicio prestado por la quejosa; por lo que los efectos de la sentencia concesoria de amparo se encuentran colmados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, no pasa inadvertido, que la tercero interesada Dirección de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, desahogó la vista otorgada en auto de ocho de mayo del año en curso (foja 288) y, al efecto realizó manifestaciones inherentes a la sentencia materia de cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; sin embargo, de las mismas no se advierten motivos de inconformidad en relación a ésta, pues sus aseveraciones se encaminan a justificar que se hicieron gestiones a fin de cumplimentar la diversa resolución diez de mayo de dos mil trece del índice de la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, la cual se declaró no cumplida. Notifíquese; personalmente a la quejosa y por oficio al tercero interesado y autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe. jvg
- Principal
VII) Toluca, México; diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito de cuenta, signado por Mario Axel Plata Miranda, en su carácter de apoderado legal del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México para ejercer actos jurídicos propios de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial setecientos siete de nueve de marzo de dos mil dieciséis, del cual solicita su devolución previa compulsa, por el que, desahoga la vista otorgada en auto de ocho de mayo del año en curso, y al efecto realiza manifestaciones inherentes a la sentencia materia de cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; asimismo, señala domicilio para oí y recibir notificaciones y autoriza a diversas personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda y tómese en consideración su contenido al momento de determinar sobre el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida en los presente autos. De igual forma, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y en términos del artículo 9° de la legislación en comento, como delegados a las personas que refiere como autorizados, pues dada la naturaleza de la institución tercero interesada, aquellos que habrán de comparecer al presente juicio como sus representantes tendrán en carácter de delegados y no autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, como se solicita, devuélvase el documento con el que el promovente acreditó su personalidad, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para debida constancia legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada III.2o.P.14 K (10a.) de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2813, registro: 2011729, del texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. SU REPRESENTACIÓN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL, YA SEA QUE CONCURRA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERO INTERESADO, ESTÁ REGULADA POR EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE AQUÉL PUEDE DESIGNAR A DELEGADOS Y NO A AUTORIZADOS EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA PROPIA LEY. El Ministerio Público, tanto como tercero interesado en el juicio de amparo, como cuando actúa como autoridad responsable, para su representación en el juicio constitucional, debe sujetarse a los artículos 9o. y 10 de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que el último precepto mencionado, que regula la representación del quejoso y del tercero interesado, en su último párrafo, se refiere específicamente a la representación que puede tener el Ministerio Público, o cualquier otra autoridad, cuando comparezca como tercero interesado, pues dispone expresamente que para la representación se aplican las reglas del artículo anterior, esto es, el artículo 9o. de la propia ley, el cual establece la forma en que pueden ser representadas todas las autoridades responsables en el juicio de amparo, y señala que por medio de oficio, podrán acreditar delegados para que concurran a las audiencias, para que en ellas, entre otras cuestiones, se interpongan recursos. Por tanto, el citado artículo 9o., si bien se refiere a las autoridades responsables, también regula la representación del Ministerio Público, cuando concurra, ya sea como autoridad responsable o tercero interesado, porque existe remisión expresa en el último párrafo del artículo 10, al diverso numeral 9o. de la propia ley; de ahí que tratándose de su representación, aquél puede designar a delegados y no a autorizados en términos amplios del artículo 12 de la misma ley." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe. jvg
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