Maricela Altamirano Pérez y Otros.

Expediente 72/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
72/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Maricela Altamirano Pérez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse, aunado a que no obran documentos originales allegados por la quejosa. Temporalidad para destrucción de expediente. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marcela Guadalupe Castro Núñez, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Germán Cabrera Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Identificación de promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ********************. Improcedencia. Es importante precisar que del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia I.13o.A. J/62 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como en la jurisprudencia número 128/20013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Acto reclamado. El análisis integral de la demanda de amparo pone de relieve que la parte quejosa se duele de la notificación practicada el nueve de febrero de dos mil veintitrés -previo citatorio-, llevada a cabo por el Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, misma que fue ordenada por el titular del mencionado órgano jurisdiccional, en el auto inicial de cinco de enero del año en curso, dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia, derivado del expediente ********************. Se actualiza causa de improcedencia. Atento a lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El dispositivo citado, prevé que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, encuentra su explicación en el hecho de que conforme con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consignado en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la instancia constitucional únicamente será procedente, cuando contra el acto reclamado se hayan agotado previamente, todos los recursos ordinarios que señale la ley que lo rija, salvo las excepciones que la misma establezca. En el caso, como se precisó previamente, la parte quejosa reclama la notificación practicada el nueve de febrero de dos mil veintitrés -previo citatorio-, llevada a cabo por el Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, misma que fue ordenada por el titular del mencionado órgano jurisdiccional, en el auto inicial de cinco de enero del año en curso, dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia, derivado del expediente ********************. Luego, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por las solicitantes del amparo, se advierte que éstas son parte en el juicio del que deriva el acto reclamado, en virtud de que promovieron el juicio de tramitación especial de controversias del orden familiar por alimentos ********************, del índice del juzgado en mención, en el que se condenó al demandado, aquí señalado como tercero interesado, al pago del ******************** de todas sus percepciones, como ********************. Asimismo, se desprende que el deudor alimentario promovió la cancelación de la pensión alimenticia decretada en el mencionado juicio natural. Paralelo a lo expuesto, la parte quejosa expone diversos argumentos encaminados a demostrar la ilegalidad del llamamiento al incidente de cancelación de pensión alimenticia, derivado del expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y destacó además lo siguiente: "(.) YA PASÓ LA FECHA SEÑALADA PARA EL 10 DIEZ DE FEBRERO DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS A LAS 09:00 NUEVE HORAS, A FIN DE LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DE PRUEBAS Y LA FORMULACIÓN DE LOS ALEGATOS, SOLO QUE COMO NO COMPARECIMOS DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE QUE EXISTÍA SEÑALADA TAL FECHA Y HORA Y MUCHO MENOS QUE ESTUVIÉSEMOS DEMANDADAS, EL ACTOR INCIDENTAL SOLICITÓ QUE SE SEÑALARA NUEVA FECHA NUEVA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE DICHA AUDIENCIA, SEÑALÁNDOSE LAS 09:00 NUEVE HORAS DEL 03 TRES DE MARZO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS. (.).", esto es, que se encuentran señaladas las nueve horas del tres de marzo de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, lo que evidencia que el mismo se encuentra en trámite. Precisado lo anterior, los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, prevén: "Artículo 72. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales que prescribe este Código; y cuando la Ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada una nulidad por la parte que dio lugar a ella. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra." "Artículo 73. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente hecha." "Artículo 74. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve; de lo contrario, aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." "Artículo 75.- Las nulidades a que se refiere el artículo anterior se promoverán ante el mismo juez o tribunal que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados podrán presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia, sin recurso alguno, salvo que se trate de nulidades por falta de emplazamiento, de citación para absolver posiciones o para reconocimiento de documentos, que serán apelables. En el caso de que proceda la nulidad se impondrá al responsable una multa de uno a tres días de salario mínimo vigente en la región y se le condenará al pago de las costas y gastos." Dichos preceptos revelan que las notificaciones practicadas en los negocios regulados por el Código Adjetivo Civil del Estado, serán nulas cuando se practiquen en forma distinta a lo dispuesto por el propio ordenamiento legal. Asimismo, prevén la forma en que deben impugnarse ante el Juez del cual emanen las actuaciones tildadas de ilegales. Luego, si la parte quejosa pretende combatir el llamamiento al incidente previamente citado, derivado del expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en el cual es parte, es inconcuso que previo a la promoción del juicio de amparo tiene la obligación de acudir ante la juez responsable y promover el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en la notificación del inicio de la incidencia. Sin que sea óbice, el hecho de que las promoventes acudan como terceras extrañas por equiparación, pues cuando una de las partes en una controversia judicial, aduce tener ese carácter por falta de citación en un incidente, lo cierto es que al iniciar el trámite de una cuestión incidental, la autoridad judicial no ordena "emplazar" a las partes, sino que únicamente les hace saber a través de una notificación de carácter personal su existencia, sin que ésta última actuación tenga y deba cumplir las mismas exigencias del emplazamiento; pero además, porque la propia incidencia, atendiendo a su relatoría de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, aún no se ha resuelto, por lo que se encuentran en condiciones de acudir ante la autoridad responsable, a hacer valer sus derechos. Lo expuesto, encuentra apoyo, por analogía, en la tesis I.2o.C.37 C., sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1083, del Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 167228 que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE PROMOVERSE, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA QUEJOSA SE OSTENTA COMO PARTE EN UN JUICIO Y ARGUMENTA QUE NO SE LE "EMPLAZÓ"" AL INCIDENTE DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS QUE RECLAMA, EN VIRTUD DE QUE LA CITACIÓN A ÉSTE NO CONSTITUYE TÉCNICAMENTE UN EMPLAZAMIENTO. Cuando en la demanda de garantías la quejosa se ostenta como parte en un juicio, y argumenta que no fue notificada de la existencia de un incidente, debe interponer el incidente de nulidad de actuaciones antes de acudir al amparo, conforme a los artículos 74 y 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen que puede invocarse la nulidad de una actuación cuando le falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. Destacando que si bien es cierto que aunque la peticionaria de garantías afirme que no se le "emplazó" al incidente del que derivan los actos que reclama en el amparo, también lo es que la citación al incidente de referencia no constituye técnicamente un emplazamiento al juicio, sino la notificación de una cuestión no principal dentro del juicio respecto del cual la inconforme se ostenta como parte." Así como la tesis de jurisprudencia III,1º.C J/34, publicada en la página 1041 del Tomo XVI, Noviembre de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." En las relatadas condiciones, al no haber promovido la parte quejosa el incidente de nulidad de actuaciones, por defecto en una notificación, previo a la promoción de la instancia constitucional, es inconcuso que incumplió con el principio de definitividad, lo que patentiza la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en estudio. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada legislación, al licenciado ********************, al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órgano jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Marcela Guadalupe Castro Núñez, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Germán Cabrera Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

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