Maricela Alarcon Hernandez
Expediente 1314/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maricela Alarcon Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
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Cuernavaca, Morelos; tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se desprende que el veintinueve de octubre del año en curso, la quejosa ****, compareció a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito y ratificó la firma del escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de dicho mes y año. En mérito de lo anterior, visto de nueva cuenta el escrito aclaratorio de la impetrante de amparo, se advierte que la quejosa aclara el acto que reclama en esta vía constitucional, y manifiesta que lo constituye la omisión por parte de las autoridades responsables de dar contestación al escrito que presentó el veintitrés de septiembre del año en curso, por el que solicitó que se autorizara su resguardo domiciliario y se le permitiera trabajar desde casa, por pertenecer a un grupo vulnerable, ante la contingencia que se vive en el País. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; tres de noviembre de dos mil veintiuno. Cuernavaca, Morelos; tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se desprende que el veintinueve de octubre del año en curso, la quejosa *********, compareció a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito y ratificó la firma del escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de dicho mes y año. En mérito de lo anterior, visto de nueva cuenta el escrito aclaratorio de la impetrante de amparo, se advierte que la quejosa aclara el acto que reclama en esta vía constitucional, y manifiesta que lo constituye la omisión por parte de las autoridades responsables de dar contestación al escrito que presentó el veintitrés de septiembre del año en curso, por el que solicitó que se autorizara su resguardo domiciliario y se le permitiera trabajar desde casa, por pertenecer a un grupo vulnerable, ante la contingencia que se vive en el País. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro,1 y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia.2 Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.;" "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Así las cosas, debe decirse que la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la citada Ley o bien a los que prevé la Carta Magna. Ahora, conviene decir que por imperativo constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que formulen los gobernados y así atender el mandato de la ley fundamental, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: a) La petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa. c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito; y, d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Como se advierte, el precepto constitucional transcrito otorga a todo gobernado el derecho fundamental consistente en que a toda petición por escrito que se formule a un funcionario, empleado público o cualquier autoridad que forme parte del poder público, siempre que sea por escrito, de manera pacífica y respetuosa, deberá recaer un acuerdo también por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quienes además están obligadas a dar contestación a cada una de las peticiones que se le formulen, con la obligación de hacerle saber en breve término al gobernado el acuerdo recaído a aquellas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aislado que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 68, Tomo Tercera Parte XXI, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. La garantía que otorga el artículo 8° constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario" Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito aclaratorios, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión por parte de las autoridades responsables de dar respuesta al escrito que presentó el veintitrés de septiembre del año en curso, por el que solicitó que se autorizara su resguardo domiciliario y se le permitiera trabajar desde casa, por pertenecer a un grupo vulnerable, ante la contingencia que se vive en el País. Ante esto, debe decirse que el artículo 8° constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente, y b) Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. La expresión breve término a que se refiere el artículo 8° constitucional, debe ser interpretada en relación directa a la naturaleza y características de la petición planteada, por lo que su análisis deberá ser casuístico y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, ello, con la intención de adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con dicho fundamento. Ahora, para establecer la obligación de las autoridades de hacer recaer a una petición escrita un acuerdo también por escrito, se atiende a la regulación expresa que sobre el particular hagan las disposiciones que regulen de manera material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de la misma naturaleza. En ese sentido, conviene precisar que el quejoso reclama la omisión de la que se duele, a las autoridades responsables siguientes: 1. Director General 2. Director Normativo de Administración y Finanzas. 3. Director Normativo de Salud. 4. Director Normativo de Supervisión y Calidad. 5. Director de la Clínica de Medicina Familiar División Norte. 6. Director del Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana. 7. Coordinador de Enfermería. 8. Coordinador de Recursos Humanos. Todas pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, organismo que en su sus actos administrativos, se encuentra regulado por las disposiciones que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, cuyos numerales 16, fracción X y 17, establecen lo siguiente: "Artículo 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones: . X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley." "Artículo 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo." De los artículos antes transcritos se infiere que la ley que regula el actuar de la autoridad responsable, establece que los organismos pertenecientes a la Administración Pública Federal, deberán dar respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, a más tardar dentro de los tres meses siguientes al día en que se formule la solicitud. Establecido lo anterior, se estima pertinente señalar que el artículo 8 de la Constitución Federal, que reconoce el derecho humano de petición, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término; de ahí que, si una norma secundaria señala un plazo en particular, ello no es violatorio del derecho humano en cuestión, ya que la existencia de dicho término brinda certeza al gobernado sobre el límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación a lo solicitado. En ese orden de ideas, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda (once de octubre de dos mil veintiuno) transcurrieron diecisiete días para que la autoridad diera contestación al escrito de cuya omisión de dar contestación se duele la parte quejosa, por lo que si bien no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación, lo cierto es que el transcurrido puede considerarse razonable atendiendo a las circunstancias específicas de la petición. Lo anterior, ya que la promovente dirigió una petición a diversas autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que regula su actuar, establece que dichas autoridades responsables se encuentran obligadas a dar respuesta a la misma, dentro de un plazo que no puede exceder los tres meses contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, entonces, es evidente que la respuesta que a toda solicitud debe hacerse a la peticionaria por escrito y "en breve término", que señala el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso, debe entenderse que es de tres meses, por ser el término que el legislador consideró como racionalmente prudente para que pueda estudiarse y acordarse una petición. Por tanto, la autoridad a fin de dar cumplimiento al derecho humano previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de nuestro país, cuenta con un lapso de tres meses contados a partir de la fecha en que le fue presentada la petición. En ese orden de ideas, si la demanda de amparo fue presentada el once de octubre de dos mil veintiuno, es decir, diecisiete días después del día de presentación del escrito de petición -veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno-, no puede decirse que en dicho momento hubiese existido una omisión por parte de la autoridad de atender la petición formulada a través del escrito de mérito. Lo anterior es así porque la parte promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad responsable pudiese haber dado contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído. Por lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional, concluye que es notoria y manifiesta la causa de improcedencia en estudio pues a consideración de la suscrita, no se trasgrede el derecho de petición reconocido a la parte quejosa en el multicitado artículo 8° constitucional, puesto que, como se dijo, desde que formuló su petición a la fecha en que presentó la demanda, solamente habían ocurrido diecisiete días, lo cual se considera que no supera el breve término que tienen las autoridades para emitir su respuesta. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de rubro y textos siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA: El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosaun acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo."3 Asimismo, resulta aplicable a lo anterior la tesis que a letra dispone lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo."4 En ese cause de pensamiento, por lo que hace a la aludida omisión reclamada, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en los artículo 61 fracción XXIII y 63 fracción V, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, respecto de los actos reclamados que el quejoso hace consistir en: "a) La omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de ejecutar medidas de seguridad extraordinarias para personas consideradas de alto riesgo o vulnerables ante la nueva normalidad. b) La aplicación por parte de las autoridades señaladas como responsables de los lineamientos u criterios emitidos por la Guía para la Des- Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad, emitida por la propia responsable el día 31 de julio de 2020, sin que a la fecha se hubiere vacunado a toda la población." Se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del último precepto transcrito se desprende que debe reputarse como autoridad al ente que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; esto es, que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En el caso, no basta estimar que los actos reclamados violentan los derechos fundamentales de la parte quejosa, para considerar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ya ha sostenido el criterio de que, para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dicho criterio se estableció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con registro digital 161133, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil ochenta y nueve, del Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Materia Común, con número de registro 161133, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Bajo esa tesitura, es evidente que es evidente que la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades que señaló como responsables, en su carácter de trabajadora del Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana, en la especie, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado lo constituye, en esencia, la omisión de ejecutar medidas de seguridad extraordinarias para personas consideradas de alto riesgo o vulnerables ante la contingencia sanitaria existente por el virus COVID-19, lo que evidentemente no es un acto de autoridad; considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. De ahí que resulte claro que los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, no son equiparables a uno de autoridad para efectos del amparo, pues para que esa hipótesis se actualice es necesario que éste conlleve el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular; y, con independencia de las facultades y obligaciones que le otorga la ley a dichos entes, se insiste, es evidente que al omitir otorgar el resguardo domiciliario estricto, no actúan en un plano superior al de la parte peticionaria de amparo, ni la consideraron como gobernada, sino que ese acto lo omiten realizar en su calidad de patrón; siendo evidente que su determinación incide, en todo caso, en la esfera de sus derechos como parte trabajadora; por lo que no se está en el caso de tener a aquéllas como responsables para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la junta federal correspondiente. Es decir, la omisión reclamada, en su caso, solo conlleva una actuación propia de la relación privada que une a las autoridades del Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su calidad de patrón, con la parte quejosa como particular, en virtud que su pretensión final es el otorgamiento del permiso para ausentarse de sus labores, lo que consiste en el cumplimiento de una prestación de trabajo que, por regla general, no es reclamable en la vía constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), con registro digital 2022822, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2596, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS- CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, de dicho ordenamiento, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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AVISO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; QUE EN SÍNTESIS SE LEE: Cuernavaca, Morelos; veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado a nombre de Maricela Alarcón Hernández, en el que pretende subsanar la prevención formulada al escrito de demanda; antes de proveer sobre su contenido, debe destacarse que a simple vista, se advierte que la firma asentada en el ocurso de mérito, difiere notablemente en sus rasgos caligráficos con la que obra en la demanda de amparo. En consecuencia, tomando en consideración que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, y de conformidad con el Acuerdo General 21-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente, comparezca ante este órgano constitucional con identificación oficial con fotografía a manifestar si ratifica o no el referido ocurso que presentó el veintidós de los actuales en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentando el escrito de cuenta. Lo anterior, con independencia de que en el momento procesal oportuno se provea lo conducente, incluso ordenándose el desahogo de los exámenes periciales correspondientes, pues en caso de apreciarse la posible existencia de una causa de improcedencia, como lo es la que se daría de la eventual falsedad de la firma, los tribunales de amparo pueden actuar oficiosamente, y en el caso, se definiría a través de los estudios correspondientes si el quejoso no firmó la demanda o el ocurso aclaratorio, pues no basta su ratificación. La ratificación tampoco impide que el juzgador de amparo pueda continuar con las actuaciones correspondientes, para en su caso, evidenciar que se actualiza alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 261 de la Ley de la Materia, habida cuenta que en términos del artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se considera firma indubitable, entre otras, las puestas en actuaciones oficiales y en presencia del secretario. Se hace del conocimiento a la parte quejosa, que para comparecer a la diligencia aludida, deberá cumplir Al caso es aplicable la tesis número 258, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 172, tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". con las obligaciones previstas en el capítulo II del Acuerdo General 21-2020, entre ellas, la gestión de la cita y la obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal.
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