Maribel Tlacotia Popoca
Expediente 1449/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1449/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/10/2019
Partes del expediente
- Maribel Tlacotia Popoca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que se negó y concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, a la parte quejosa. Archivo. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos 5 años, toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. En el entendido que el incidente original al haberse concedido la medida cautelar se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos 6 meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 11 de octubre de 2019, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo indirecto en que se actúa por la parte quejosa, a quien en todo caso podría perjudicar dicha resolución, no la impugnó en tiempo y forma; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico, así como relevancia documental por el cual se deba conservar. Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción II del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo de dicho artículo. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa (foja 17), que se ubican dentro de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal, indicándole que debido a la carga de trabajo, considerando la función jurisdiccional a desempeñar y a fin de regular la organización en la devolución de documentos, deberá acudir a recogerlos de lunes a viernes entre las once y las catorce horas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación sobresee en el presente juicio de amparo.
- Principal
El autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa ****, realiza lo siguiente: Formula alegatos. Ofrece como prueba la inspección judicial. Alegatos. Se tienen por formulados sus alegatos. Relaciónense en la audiencia constitucional. Inspección Judicial Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se DESECHAN la citada prueba de Inspección Judicial que ofrece, en razón de las siguientes consideraciones. El artículo 119 de la Ley de Amparo, establece que cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial, pericial o de inspección judicial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o el cuestionario para los peritos de los puntos a inspeccionar. Dicho precepto, dispone además que el juez ordenará se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia; que no se admitirán más de tres testigos por cada hecho y que la prueba de inspección judicial deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial. Por ende, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, previa a la admisión y tramitación de las pruebas testimonial, pericial y de inspección, se requiere que las partes reúnan elementos formales y materiales, y la carencia de alguno de ellos generará procesalmente el desechamiento de tales probanzas. Los elementos de valoración formales para tener por anunciadas las pruebas de que se trata consisten en que: a) Se realice dentro del término de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; b) Se exhiban los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos; del cuestionario para los peritos; o indiquen los puntos a desahogar en la inspección; c) Se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y d) Tratándose de la prueba testimonial, únicamente se aceptarán tres testigos por cada hecho. Por su parte, el elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio ofrecido, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y que se refieran a los hechos controvertidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que si no se cumplen los elementos formales o materiales relacionados, deben desecharse las pruebas testimonial, pericial y de inspección, por la falta de los elementos apuntados. Sentado lo anterior, cabe indicar que en la especie, la parte quejosa ofrece la prueba de inspección judicial en el inmueble en ****; y, al efecto cumple con los requisitos formales requeridos; sin embargo del ofrecimiento de dicha prueba se advierte que no cumple con los requisitos materiales, toda vez que del análisis y estudio de la prueba de inspección ofrecida, se advierte que lo que la parte quejosa pretende acreditar esencialmente es que fue ilegalmente notificada a la etapa de ejecución dentro del juicio laboral ***. En efecto, la prueba de inspección que ofrece para llevarse a cabo en el domicilio de la parte quejosa, resulta inconducente para demostrar la legalidad del acto reclamado, que se hizo consistir en la diligencia de notificación de 8 de agosto de 2019 a la parte quejosa, ya que lo que pretende la oferente de la prueba es que el funcionario judicial constate la existencia, ubicación, número oficial, características exteriores y colindancias del inmueble donde se practicó el emplazamiento, lo cual no resulta factible debido al tiempo transcurrido, es decir, de la fecha del emplazamiento, al día de la fecha, dicho inmueble pudo haber sufrido modificaciones tanto en su fachada como en sus calles o nomenclaturas, e inclusive en sus ocupantes. De ahí que se insista en que la prueba de inspección judicial ofrecida para determinar si se habita o se es propietario del inmueble que refiere el quejoso, carece de idoneidad para acreditar los hechos que pretende pues para acreditar que habita o se es propietario de un inmueble, es necesario demostrarlo con otros medios de convicción, pues con la inspección el actuario da fe de lo que aprecia en ese momento a través de los sentidos, por lo que no está en posibilidad de dar fe de lo que pretende la parte quejosa. En consecuencia, dado que la falta de idoneidad de la prueba resulta patente, no ha lugar a admitirla. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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