Maribel Seleste Mancera González

Expediente 213/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
213/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Maribel Seleste Mancera González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que al efecto señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de abril del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Maribel Seleste Mancera González. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del presente año en el Diario Oficial de la Federación, se establece: En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la acción de amparo en contra de la respuesta que la autoridad responsable dio a su petición. En ese sentido, esta juzgadora federal estima que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional; por ende, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Dicho precepto dispone que será improcedente el juicio de amparo que se intente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice tal causa de improcedencia es necesario que se destruyan todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o si la irrumpió, la cesación no deje ninguna huella. Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia referida está orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación (cuando el acto reclamado sea de carácter positivo) u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate (cuando el acto reclamado sea negativo) y a cumplir lo que la garantía exija. Al respecto, el artículo 8º constitucional establece que los funcionarios y los empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En el caso, el acto reclamado es la omisión en que incurrió la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número tres del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salamanca, Guanajuato de expedir copias certificadas del expediente clínico que solicitó la quejosa, De las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de marzo del año en curso, le fue notificado a la quejosa el oficio 111402022151/DIR/000063/2023, en el que le dieron respuesta a su solicitud de copias certificadas, así como su firma de conformidad estampada en éste. Con dichas constancias, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés se le dio vista a la parte quejosa por el plazo de quince días a efecto de que, de estimarlo necesario, ampliara su demanda y alegara los vicios de fondo y forma que estimara convenientes, sin que lo hubiere hecho. En ese contexto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues la responsable emitió respuesta a la petición de la quejosa. En esa medida, al actualizarse la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba programada para las diez horas con veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente..."

  3. Principal

    ista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la acción de amparo en contra de la respuesta que la autoridad responsable dio a su petición. En ese sentido, esta juzgadora federal estima que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional; por ende, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Dicho precepto dispone que será improcedente el juicio de amparo que se intente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice tal causa de improcedencia es necesario que se destruyan todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o si la irrumpió, la cesación no deje ninguna huella. Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia referida está orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación (cuando el acto reclamado sea de carácter positivo) u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate (cuando el acto reclamado sea negativo) y a cumplir lo que la garantía exija. Al respecto, el artículo 8º constitucional establece que los funcionarios y los empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.) sostuvo que la protección efectiva del derecho de petición consiste en que el sentido de la respuesta se refiera efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. En el caso, el acto reclamado es la omisión en que incurrió la autoridad responsable Director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número tres del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salamanca, Guanajuato de expedir copias certificadas del expediente clínico que solicitó la quejosa, De las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de marzo del año en curso, le fue notificado a la quejosa el oficio 111402022151/DIR/000063/2023, en el que le dieron respuesta a su solicitud de copias certificadas, así como su firma de conformidad estampada en éste. Con dichas constancias, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés se le dio vista a la parte quejosa por el plazo de quince días a efecto de que, de estimarlo necesario, ampliara su demanda y alegara los vicios de fondo y forma que estimara convenientes, sin que lo hubiere hecho. En ese contexto, se concluye que los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional han cesado, pues la responsable emitió respuesta a la petición de la quejosa. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esa medida, al actualizarse la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues no cambiaría el sentido de la presente determinación, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba programada para las diez horas con veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que en proveído de de veinticuatro de marzo del presente año, se tuvo rendido el informe justificado de las autoridad responsable Director del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número tres, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salamanca Guanajuato, en el que se le requirió a la quejosa, para que dentro de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación del mismo, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, por lo que a la fecha no ha mediado el plazo de 15 días otorgado a la promovente para tal efecto. En ese sentido, no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su verificativo.-

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