Maribel Ruiz Saucedo

Expediente 53/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
53/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Maribel Ruiz Saucedo
  • Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justica del Estado, Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Acusa recibo. Agréguese a los autos, el oficio remitido por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del comunicado con el que se le informó que causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se le devolvieron los autos que adjuntó al informe justificado correspondiente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto, la cual negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3. Transferencia. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse, previa depuración y anotación correspondiente en los libros de gobierno, el expediente en que se actúa a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Incidente de suspensión. Mediante resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 5. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 6. Devolución de constancias. En virtud de que al informe justificado respectivo la autoridad responsable adjuntó el toca de apelación I-297/2021 y ya que resulta innecesaria su retención, se ordena la devolución del mismo a su lugar de origen, en el entendido de que como certeza de su recepción se tendrá el acuse que para tal efecto se obtenga. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con trece minutos del diez de febrero de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 53/2022, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: Con la demanda de amparo, emplazamiento a la tercera interesada e informes justificados, así como con el escrito presentado por el tercero interesado José Israel Ruiz Picena, con registro 2117, por medio del cual se apersona al presente juicio, señala domicilio para recibir notificaciones y autorizados y formula alegatos. A lo que el Juez provee: téngase por asentada la anterior relación de constancias, asimismo al tercero interesado José Israel Ruiz Picena, compareciendo al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para recibir notificaciones personales, el que índica y autorizando en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Maricruz Torres Franco, quien cuenta con cédula profesional registrada en el sistema correspondiente; y por así solicitarlo, únicamente para consultar el expediente a las diversas personas que indica en su escrito; respecto a los alegatos que formula, acuérdese lo conducente en la etapa correspondiente. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable ordenadora; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria da cuenta con los formulados por el tercero interesado en el escrito de cuenta; a lo que el Juez acuerda: Téngase al tercero interesado formulando los alegatos de referencia, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente. S E N TE N C I A Visto, para resolver, el juicio de amparo 53/2022, promovido por Maribel Ruiz Saucedo, por alegada violación de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: La resolución de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca I-297/2021, que resolvió el recurso de apelación contra la diversa dictada en el incidente de oposición al proyecto de liquidación y partición de herencia emitida en el juicio sucesorio intestamentario 733/2017, a bienes de Ma. Carmen Saucedo Sánchez o Carmen Saucedo Sánchez. Del Juez Séptimo Civil de esta ciudad: Su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es susceptible de surtir sus efectos en el lugar donde este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. El Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Séptimo Civil, ambos con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia del acto que se le reclama, por lo que se tiene como cierto. Lo que se corrobora con las constancias allegadas con el informe de la primera en mención, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. SEXTO. Estudio de fondo del acto reclamado. Son inoperantes los conceptos de violación. En la resolución reclamada el Magistrado responsable declaró inoperantes, infundados e inatendibles los agravios hechos valer por la recurrente -quejosa-, bajo los siguientes argumentos. Es inoperante el agravio consistente en que al no haber sido llamada a intervenir en la segunda sección del juicio sucesorio de origen, ni ser enterada de la sentencia emitida, se le violentaron sus derechos fundamentales por lo que tuvo que promover demanda incidental contra el primer proyecto de partición; lo anterior, porque si la sentencia materia de apelación versó sobre el incidente de oposición al proyecto de liquidación (cuarta sección) la Sala responsable no podía pronunciarse sobre cuestiones relativas a la segunda sección, como lo son que no se le llamó ajuicio ni se le enteró de la sentencia que la resolución, ya que estas inconformidades debían plantearse en la sección correspondiente, conforme al artículo 1049 de la legislación procesal aplicable. Así, los argumentos que hizo valer al respecto, no están encaminadas a controvertir la sentencia impugnada, sino la segunda sección, pues constituyen afirmaciones dogmáticas carentes de sustento o fundamento jurídico, por no debatir los razonamientos del juez contenidos en la resolución incidental impugnada. Carece de razón el recurrente cuando afirma que el albacea definitivo no realizó un nuevo proyecto de partición, por no radicar en esta ciudad, suplantando su nombre y firma la abogada Maricruz Torres Franco, siendo incierto lo determinado por el juez, por no observar las firmas del albacea ni del proyecto de partición; ello, derivado de que, como lo determinó el juez recurrido, la ahora quejosa no acreditó con ningún medio de prueba que el referido albacea no firmó el nuevo proyecto de partición o que la abogada en mención hubiera falsificado la firma; además que la prueba idónea para hacerlo, era la prueba pericial, pues la falsedad de firmas no puede resolverse con el simple cotejo, sino a través de elementos científicos o técnicos, de conformidad con el artículo 451 del código instrumental de la materia. Con ello determinó que la recurrente no cumplió con la carga probatoria a su cargo, en términos del artículo 343 del código adjetivo civil de la entidad, que establece que el que obliga está obligado a probar. Por lo que ve al argumento de que es arbitrario el actuar del coheredero Leonel Ruiz Saucedo al otorgar $50,000.00 cincuenta mil pesos 00/100 m.n. a alguno de los sucesores en contubernio con el albacea definitivo para defraudar derechos, cuando el inmueble objeto de la herencia tiene el valor de $1,000,000.00 un millón de pesos 00/100 m.n. según se advierte del avalúo comercial, al cual el juez natural le restó valor al no existir otro avalúo, el Magistrado responsable determinó que no le asiste razón a la recurrente porque no acreditó con medios idóneos dichas afirmaciones, contrario a ellos, de autos se advierte que la cesiones de derechos de la parte que correspondía a diversos coherederos se realizaron a título gratuito en favor de Leonel Ruiz Saucedo, sin que se hubiera cumplido con la carga probatoria exigida por la legislación aplicable. Por lo que ve al avalúo comercial, la responsable determinó que como lo dispuso el juez de origen, se trata de una opinión pericial, que al no ser colegiada, y por ende una opinión unilateral no cumple con lo exigido por los artículos 451, 454, 464 y 545 del código procesal civil de la entidad, cuya valoración, además, corresponde al arbitrio del juzgador; por tanto, al no otorgarle valor probatorio el referido juez no le impidió su valuación sino que esa circunstancia se originó porque el recurrente no perfeccionó la prueba pericial. Consideró inatendibles las manifestaciones relativas a que las actuaciones del albacea definitivo y su abogada son indebidas y arbitrarias y seguramente con intereses mezquinos, dolosos o fraudulentos, lo que ha sido inadvertido por el juez y secretario; ello, en virtud de que refirió que el recurso de apelación tiene como objeto que a través de los agravios se analicen las afectaciones que genera la resolución combatida, no así analizar el comportamiento de los contendientes, como lo pretende la recurrente; de igual forma, si le atribuía al juez o secretario alguna desviación en la legalidad de sus actuaciones, debió demostrarlo, lo que no hizo. En ese sentido, la ilegalidad que refiere de la actuación del secretario, también la calificó inatendible pues su actuación se limita a autorizar las resoluciones del juez, lo que no implica que resuelva conjuntamente, por lo que la actuación del secretario carece de imperio, facultad decisoria y jerarquía. Por su parte, en sus conceptos de violación, la quejosa sostiene que la resolución combatida transgrede sus derechos, ya que la valoración, la partición y distribución de la masa hereditaria no puede dejarse al arbitrio del albacea, pero además porque el magistrado responsable no valoró adecuadamente las pruebas existentes en el incidente de oposición al proyecto de partición del caudal hereditario, con lo cual emitió una resolución, en conjunto con el juez natural, contradictoria al fallo del primer incidente resuelto el doce de marzo de dos mil veintiuno, lo anterior, porque no se valoró el peritaje rendido en los dos incidentes por el ingeniero José Socorro Cortez Fuentes, sobre el precio comercial de la masa hereditaria, las pruebas testimoniales, las confesionales y otras que adminiculadas por sí solas hacen prueba plena para decretar el valor de la propiedad, la cual no fue objetada en ningún momento por el incidentado y no necesitaba ser colegiada con otro peritaje, como lo refirió la responsable. Una vez confrontados los razonamientos contenidos en la resolución reclamada con el concepto de violación hecho valer por el quejoso se evidencia la inoperancia referida. En primer término, de la síntesis anterior, se advierte que la quejosa no controvirtió todos los aspectos que sustentaron la resolución reclamada, esto es, los argumentos emitidos por el Magistrado responsable para confirmar la resolución impugnada, pues el quejoso únicamente refiere que fue incorrecta la valoración de las pruebas, así como que la sentencia dictada en primera y segunda instancia es incongruente con la que previamente se había dictado. En ese sentido, la promovente no evidenció a través de argumentos jurídicos por qué la responsable debió considerar que estaba acreditada la supuesta falsificación de la firma del albacea en la formulación del proyecto de partición, por qué razón conforme a la ley, se debieron estudiar los argumentos que vertió respecto de la segunda sección del sucesorio, cuando ya se está tramitando la cuarta sección, que era incorrecto que la responsable determinara inatendibles sus manifestaciones para tratar de revelar la conducta dolosa del albacea de la sucesión y su abogada, e incluso por qué razón no estaba obligado a perfeccionar el ofrecimiento de la prueba pericial. Este último aspecto, si bien pretende controvertirlo en esta juicio, no lo hace a través de argumentos con sustento jurídico, pues únicamente refiere que al no haber sido objetada la opinión pericial de su parte, debía tener valor legal, y no eran necesarios diversos dictámenes, sin expresar los preceptos legales que así lo determinen, pues únicamente se limitó a citar diversas tesis que interpretan legislaciones de otras entidades y no se refiere al punto que pretende evidenciar; soslayando el fundamento de derecho y motivación que expresó el Magistrado responsable, a través del cual estimó que dicha opinión pericial no podía considerarse como prueba pericial, dado que no se había ofrecido conforme a la legislación aplicable, esto es, de manera colegiada, y que además, su valoración, conforme a la normatividad, quedaba al arbitrio del juzgador, para quien no tuvo fuerza probatoria, por constituir la opinión de un especialista al servicio de una de las partes. Además, en los agravios expresados ante la responsable tampoco se advierte que la quejosa hubiera hecho valer algún argumento encaminado a evidenciar la ilegalidad de la actuación del juez natural por no designar perito en rebeldía, como lo refiere en sus conceptos de violación, así como la supuesta incongruencia entra la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno (la cual no forma parte de la litis) y la resolución materia de apelación; por tanto, al ser cuestiones novedosas que no pudieron ser estudiadas por la Sala responsable, resulta inoperante. Es así porque a la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios o conceptos de violación correspondientes, por lo que resultan inoperantes los conceptos de violación referidos a cuestiones no invocadas ante la autoridad responsable, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no se dirigen a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente concepto alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 150/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto: 'AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.' Igualmente, orienta lo antes determinado el criterio emitido por el Alto Tribunal, a través de su otrora Tercera Sala, cuyos rubro y texto son: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS NO HECHOS VALER EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo se introducen razonamientos ajenos a los que se expresaron en la contestación a la demanda en el juicio natural, los mismos resultan inoperantes pues no pudo haberse incurrido en violación de garantías por el tribunal responsable al no examinar razonamientos ajenos a la litis.' Por tanto, si la parte quejosa no atacó las consideraciones esenciales que rigen el sentido de la resolución reclamada, sino que únicamente abordó de manera novedosa y sin mayor sustento jurídico uno de los aspectos que sustentó el acto reclamado es inconcuso que sus conceptos de violación devienen inoperantes, porque es necesario que se impugne el soporte jurídico de la resolución reclamada, so pena de que tales consideraciones continúen rigiendo el sentido de la misma en caso contrario. Tienen aplicación a lo señalado, la tesis siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando éstos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar supliendo la deficiencia de la queja en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho". Así, como la tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya". En consecuencia, ante lo inoperante de los conceptos de violación, procede NEGAR a la quejosa la protección constitucional solicitada, la cual se hace extensiva a los actos atribuidos a la ejecutora por no haberse reclamado por vicios propios. Alegatos. Finalmente, respecto a los alegatos formulados por la parte tercera interesada, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales manifestaciones, porque no está obligado a pronunciarse al respecto. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Maribel Ruiz Saucedo contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando primero, por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.

  4. Incidental

    VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo Maribel Ruiz Saucedo, por propio derecho, solicitó la suspensión de los actos reclamados. Segundo. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. Segundo. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. De la lectura de la demanda, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: La resolución de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-297/2021, que confirmó la sentencia interlocutoria de catorce de octubre del año próximo pasado, emitida por el Juez Séptimo de Primera lnstancia en Materia Civil de esta ciudad, que declaró improcedente el incidente de oposición al nuevo proyecto de liquidación y partición de los bienes que integran el caudal hereditario del juicio sucesorio intestamentario 733/2017. TERCERO. Concesión de la suspensión definitiva. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por encontrarse reunidos los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, esto es, fue solicitada por la parte quejosa y no se sigue en perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión. Condiciones de los efectos de la suspensión provisional. La medida cautelar concedida surtirá efectos desde el momento en que se dicta la presente determinación y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la determinación en la que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión. Garantía para que pueda seguir surtiendo efectos la suspensión definitiva. Medida cautelar que con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 párrafo primero, en relación con los artículos 24, fracción II y 26, último párrafo, de la Ley de Amparo, habrá de surtir sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas previstas por la Ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en los cuales deberá aparecer como depositante la parte quejosa. Lo cual se impone a efecto de que se garanticen los posibles daños y perjuicios que la concesión de esta medida suspensional pudiera ocasionar a quien resulte como tercero interesado, garantía que se fija en uso de la facultad discrecional. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis jurisprudencial VI.2º .C. J/274, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS DICHA MEDIDA CAUTELAR DEBE SUSTENTARSE, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS, EN LAS PRESTACIONES EXIGIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANA EL ACTO RECLAMADO, PUES DE LO CONTRARIO INFRINGE EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo queda al prudente arbitrio del Juez de Distrito establecer el monto de la garantía fijada para que surta efectos la suspensión definitiva solicitada, también lo es que ello no implica que pueda actuar de manera caprichosa, sino que debe sujetarse a ciertas reglas, entre otras, la de motivar su determinación, ponderar la naturaleza de los actos reclamados, tomar en cuenta las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emane el acto reclamado, así como los datos que arrojen las pruebas rendidas, y aquellas que las partes suministren para calcular aproximadamente los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado y sus efectos pudiera resentir el tercero perjudicado. Consecuentemente, si el Juez de Distrito a quo establece una fianza desproporcionada y excesiva respecto de las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emana el acto reclamado, es inconcuso que infringe la disposición legal citada". Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a Maribel Ruiz Saucedo, en los términos del considerando quinto de esta resolución.

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