Maribel Romero Farias
Expediente 712/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Maribel Romero Farias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; acorde a la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente sumario; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 712/2021, promovido por ****, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público titular de la Agencia Segunda del sistema tradicional de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B" de la Delegación de la Fiscalía General de la República; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido el mismo día al Juzgado Tercero de Distrito por razón de turno,**** por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda del Sistema Tradicional de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B" de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: " Se reclama la ilegal CONSULTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil veinte (2020), dictada dentro de la averiguación previa con número AP/PGR/GRO/ACA/I/001/2020, por el Licenciado José Jerónimo Martínez Victorio, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda del Sistema Tradicional de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B", de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Guerrero, mediante el cual señalan erróneamente que existe imposibilidad material para continuar una línea de investigación que permita acreditar los elementos señalados en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales." SEGUNDO. Asume competencia y trámite del juicio. En proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se asumió la competencia planteada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, y este juzgador se avocó a conocer de la demanda de amparo, registrándola bajo el número 712/2021; se tuvo por recibido el informe justificado de la responsable; se mandó dar a la Agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le compete, se ordenó notificar a las partes, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción y la ejecución del acto reclamado acontece dentro de la misma. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, al jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32). En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: La resolución de cuatro de julio de dos mil veinte, emitida en la averiguación AP/PGR/GRO/ACA/I/001/2020, mediante el cual el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda del Sistema Tradicional de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B", de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Guerrero, determina el no ejercicio de la acción penal, y ordena su remisión al Delegado de la Fiscalía General de la República, para su autorización definitiva. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la Jurisprudencia 10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68). Es cierto el acto reclamado, así se desprende del informe rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda del Sistema Tradicional de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B", de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Guerrero, y de la copia certificada de las constancias que integran la indagatoria de origen. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 749, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO."2. Constancias a las cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, y de donde se advierte, la existencia del acto que se les atribuye. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo, por ser de orden público, conforme lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 2 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Época: Quinta Época. Registro: 1002815. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto. Materia(s): Común. Tesis: 749. Página: 830. En ese tenor, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" [.]" (Lo resaltado y subrayado es nuestro). En este orden de ideas, la fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como lo es en el presente caso, el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda del Sistema Tradicional de la Subdelegación de Procedimientos Penales "B", de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Guerrero, señalada como responsable. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control Constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción Constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. En este orden de ideas, del citado artículo XX, de la Ley de Amparo, es dable precisar los elementos, que en el presente caso, se integra la causa de improcedencia en estudio, los cuales son: a) El acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Los actos deban ser revisados de oficio o la ley conceda contra tales actos algún recurso o medio de defensa. c) Que ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d).- Por virtud de dicho medio, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Apoya lo anterior tomando en consideración que el artículo relativo a la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, tiene la misma esencia de la fracción XV, del numeral 73, que prevé la jurisprudencia número P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 190367, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." (Lo subrayado y resaltado es nuestro) Es esa tesitura, debe precisarse que el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, citado en la resolución reclamada, establece: "Artículo 133. Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán presentar su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio Público dejó de atender para ejercitar la acción penal, ante el Procurador General de la República dentro del término de quince días contados a partir de que se les haya hecho saber la determinación mediante notificación personal. El Procurador General de la República, oyendo el parecer de sus agentes auxiliares y analizando los argumentos del escrito de inconformidad y de las causas del no ejercicio de la acción penal propuesto por el Ministerio Público, decidirá en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal. [.]" De lo anterior, se advierte que si bien, en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, es inconcuso que la promovente está en posibilidad de reclamar vía juicio de amparo el no ejercicio de acción penal; ello debe acontecer una vez que el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) de oficio autorice en definitiva, previo dictamen del Agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador, la determinación del no ejercicio de la acción penal dictado en la averiguación previa número . Lo que evidencia, que el acto combatido no es la determinación definitiva de no ejercicio de acción penal emitida en la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACA/I/001/2020, al encontrarse sujeta a una revisión oficiosa, por parte del Delegado, lo cual en su caso, de así desearlo incluirá el escrito de inconformidad que presentó y fue acordado lo conducente; y, previo dictamen de este último el Delegado Estatal de dicha Institución, autorizará en definitiva o no la determinación que por esta vía reclama. En tales condiciones, este Juzgado Federal, estima que la determinación que contiene el planteamiento de no ejercicio de la acción penal, en la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACA/I/001/2020, no constituye un acto definitivo, dado que el acto que aquí se reclama debe ser revisado de oficio, conforme a lo establecido por el Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que tal determinación es susceptible de ser modificada, revocada o nulificada. En efecto, como se advierte de la lectura íntegra de su demanda, el acto tildado de inconstitucional por la promovente es el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, no así la determinación definitiva; razón por la que al carecer de definitividad, es improcedente el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior en lo conducente, la tesis número I.8o.P.18 P, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2331, Tomo XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 174369, que a la letra dice: "RESOLUCIÓN A LA CONSULTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EL PROVEÍDO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN SU CONTRA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El proveído mediante el cual el agente del Ministerio Público de la Federación desecha el recurso de inconformidad interpuesto contra la resolución emitida en la consulta de no ejercicio de la acción penal, no constituye una resolución definitiva impugnable a través del juicio de amparo indirecto, ello en atención a que de acuerdo con la fracción V del artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tal determinación está sujeta a revisión por parte del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del procurador, quien emitirá el dictamen respectivo para la aprobación en definitiva de dicha consulta por el subprocurador, y será ésta, en su caso, la susceptible de ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio. Notifíquese
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por el que remite el escrito firmado por Víctor Manuel Sánchez Guarneros, autorizado de los terceros interesados **********, por el que solicita el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa. En atención al contenido del ocurso que se recibe, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que el análisis de las causales de improcedencia que en su caso puedan actualizarse, se realizará al momento de resolver en definitiva el juicio de amparo en que se actúa. No obstante lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, mismas que de ser procedentes serán tomados en consideración al momento de dictarse la sentencia correspondiente, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Beatr
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de julio de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por Víctor Manuel Sánchez Guarneros, autorizado de los terceros interesados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones respecto al escrito presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero; atento a lo anterior, y toda vez que de las constancias que éste anexó, se aprecia que no fue remitido el escrito con número de registro 5529; por tanto, se solicita al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, que de no tener inconveniente alguno, remita el aludido; en el entendido que una vez que se cuente con éste, se acordará lo conducente. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes
- Maribel Domínguez Rivas114/2017
- Maribel Jimenez Vargas y Otros.565/2016
- Maribel Mayo Avila207/2018
- Maribel Meza Cruz16/2019
- Maribel Rogel Arquisiras611/2023
- Maribel Romero Farías623/2017
- Maribel Romero Farias127/2021
- Maribel Santiago Hernández11/2016
- Maribel Santigo García549/2016
- Maribel Serna Balanzar311/2016
- Maribel Serrano Varona546/2016
- Maribel Serrano Varona609/2016