Maribel Rodriguez Martinez
Expediente 1470/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1470/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Maribel Rodriguez Martinez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Maribel Rodríguez Martínez, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Maribel Rodríguez Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por estimar violatorios los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1470/2020. Al respecto, de entrada es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece:"Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio.Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, la quejosa Maribel Rodríguez Martínez, en esencia reclama la resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veinte, dictada por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, dentro de los autos del expediente laboral 33/2019. De la documental que adjunta la quejosa al escrito de la demanda de amparo, consistente en la resolución reclamada, se advierte que la Junta responsable determinó lo siguiente: "PRIMERO.- La Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es compet3nte para conocer y resolver el presente incidentes pues así quedó establecido en el considerando PRIMERO de la presente resolución.SEGUNDO.- Esta H. Junta Especial se declara incompetente para conocer del presente juicio por las razones y motivos expuestos en el considerando TERCERO de la presente resolución, y como se ordena en el mismo, remítase los autos del presente asunto a la Junta Especial número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para que conozca y resuelva el presente asunto, previa copia certificada a forma de antecedentes se deje en esta H. junta.TERCER0- -Notifíquese personalmente alas partes en los domicilios señalados en autos." Analizado el acto reclamado aludido, el suscrito advierte que el presente juicio es improcedente, toda vez que el acto reclamado por sí mismo no genera un agravio personal y directo en contra de la quejosa; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo.Los artículos aludidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (..)"Artículo 107. El amparo indirecto procede:.[.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." De lo transcrito se advierte, que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento del asunto, sin embargo, tal como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que dicha disposición normativa no podría interpretarse literalmente, ya que de hacerlo, el amparo procedería indefinidamente cuando se reclamara este tipo de actos, por tanto, refirió que el alcance de la procedencia estaría sujeta a los principios previstos en la Constitución Federal que rigen al juicio de amparo. Por lo anterior, los actos susceptibles de impugnarse a través de la vía bi-instancial, conforme a lo estatuido en el artículo 107 Constitucional, son aquellos que causan perjuicio al quejoso de imposible reparación y que se traten de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; también los que pongan fin por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, pero siempre que por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa la parte quejosa, trascendiendo al resultado de la resolución. De ahí, que para que surta el supuesto normativo para la procedencia del amparo indirecto, en específico el previsto en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe ser de una afectación real, actual, de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, así como que el acto resulta definitivo. Por su parte, competencia se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido, por lo que se trata de un presupuesto procesal de validez de todo acto, procedimiento o juicio; una condición con la que el juzgador debe contar para pueda desarrollar un proceso judicial, y en caso de estimar que no le corresponde conocer sobre un conflicto, podría declararse incompetente de oficio; asimismo, las partes cuentan con la facultad de cuestionar la competencia de la autoridad mediante la declinatoria y la inhibitoria (las cuales tienen la misma finalidad de que el juzgador deje de conocer sobre el caso, pero se siguen mediante distintos procedimientos). Por tanto, si la autoridad o el tribunal se declara incompetente para conocer de determinado asunto, o bien, sea por consecuencia de la formulación de una cuestión competencial (declinatoria o inhibitoria), en cualquiera de los casos se debe llevar a cabo el procedimiento respectivo, incluso agotar los medios de defensa previstos; por lo que la afectación personal, real y directa en la esfera de los derechos del interesado, se actualiza hasta que la nueva autoridad acepta la competencia. Lo anterior, conforme a los principios rectores del juicio de amparo contemplados en la Carta Magna, los cuales aun cuando no se ven reflejados expresamente en la fracción VIII del numeral 107 de la ley de la materia, el acto que da lugar a la procedencia del amparo indirecto, es aquél en el que se acepta la competencia del asunto, debido a que se trata de la última determinación de la autoridad susceptible de ser impugnada, pues considerar lo contrario, significaría la promoción desmedida de amparos cuya demora excesiva obstaculizaría el desarrollo de los procedimientos ordinarios. En ese contexto, se tiene que la declaratoria de incompetencia, ya sea por oficio, por declinatoria o inhibitoria, según sea el caso, por sí sola no constituye una determinación definitiva, ya que no tiene como consecuencia que el órgano requerido acepte forzosamente el asunto remitido, por lo que la afectación del acto aún no se ha materializado, y por ende, no es susceptible de ser impugnado a través de amparo indirecto, pues se reitera, el perjuicio personal, directo y real de los derechos del promovente surge hasta que se emita la aceptación del asunto. En ese orden, en el caso concreto, la parte quejosa promueve la demanda de amparo contra la resolución de trece de octubre de dos mil veinte, dictada por la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante la cual declaró procedente el incidente de incompetencia planteado por la parte demandada dentro del expediente laboral 33/2019 y, determinó enviar dicho expediente a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para que conozca del mismo. Entonces, como se anticipó, la resolución de incompetencia, por sí solo no le depara perjuicio a la parte quejosa, debido a que no constituye una determinación definitiva susceptible de impugnación en amparo indirecto, ya que aún existe la posibilidad de que el órgano requerido rechace la competencia, entonces, si el acto aún no se ha materializado, es inconcuso que no le depara perjuicio personal, directo y real a los derechos fundamentales del promovente. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad requerida acepte la competencia y no antes.En tales condiciones, con apoyo en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Maribel Rodríguez Martínez, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa, privilegiándose los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector, lo que justifica con las constancias que exhibe. Por otro lado, respecto la petición que solicita la autoridad oficiante, en el sentido de que se requiera a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que por auto de diez de los corrientes, se requirió a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, justifique ante este juzgado haber dado total cumplimiento al laudo condenatorio dictado dentro del expediente laboral 221/E/2013; es decir, que realizó el pago correspondiente a la aquí quejosa Nazaria Rodríguez Rodríguez, por la cantidad de $318,998.00 (trescientos dieciocho mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Notifíquese.
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