Maribel Rodríguez Lozano
Expediente 431/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maribel Rodríguez Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene a las Magistradas Integrantes de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, acusando recibo del oficio 14845/2023 y anexos. Devolución al archivo. En virtud de que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, devuélvanse los presentes autos al archivo. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, el acuerdo dictado el cuatro de abril de dos mil veintitrés en el cuaderno administrativo, así como la copia del oficio SECNO/STCCNO/350/2023, remitido por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del que se advierte que en cumplimiento a lo instruido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se declaró procedente la solicitud de concentración de juicios, presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como actos reclamados: "Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022". Bajo ese panorama, si en el juicio de amparo en que se actúa se reclama: SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 1048/2022-II YOLOXOCHITL MARTINEZ MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b7.23 26/05/24 17:00:00 a) La orden verbal y escrita de cambio de adscripción. b) Los actos de ejecución derivados de dicha determinación. c) Malos tratos, intimidación y tortura psicológica. En tal virtud, y toda vez que los actos reclamados se encuentran estrechamente relacionados, pues en ambos sumarios constitucionales se vinculan con el cambio de adscripción del quejoso para continuar sus labores en la Guardia Nacional, y con la incorporación de ésta a la Secretaría de la Defensa Nacional; esto es, se relaciona con la incorporación del quejoso a la Secretaría de la Defensa Nacional, en ese tenor, el presente juicio de amparo se estima se encuentra relacionado con el aludido decreto, se ordena remitir el presente expediente, los cuadernos incidentales derivados del mismo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la ciudad de México, para que turne el expediente en que se actúa, quien deberá remitir a este juzgado la boleta de acuse de recibo correspondiente, para estar en posibilidad de notificar a las partes, por lista, a qué órgano jurisdiccional auxiliar correspondió el conocimiento del asunto. Con la impresión de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Repórtese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como "Egreso por Acuerdo General", en cumplimiento al mismo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo YOLOXOCHITL MARTINEZ MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b7.23 26/05/24 17:00:00 de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda la consulta del expediente electrónico del asunto en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario. Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición de la autoridad oficiante la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Sin efectos fechas para las audiencias incidental y constitucional. Consecuentemente, se dejan sin efectos las audiencias incidental señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, así como la constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y autoridades responsables.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE:Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio y anexo remitidos por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, sala sede, San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de dieciséis de marzo del año en curso. Pruebas. Se tiene como prueba en este asunto el disco compacto que adjuntó la autoridad oficiante a la comunicación de cuenta, al cual se le otorga el carácter de prueba documental pública, mismo que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción por contener la audiencia oral pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Estado de autos. Del estado de autos se advierte que la quejosa reclama de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la resolución dictada de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el toca especial UG-ASA 6/2022, a través de la cual confirmó la resolución del juez de primera instancia que autorizó la suspensión condicional del proceso en la causa penal RI/SLP/CP-614/2021, instruida en contra de José Lorca Álvarez. Actualiza causa de improcedencia. Atendiendo a lo manifestado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, sala sede, San Luis Potosí, así como de la consulta del disco compacto remitido por este último, resulta inconcuso que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Por otra parte, cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (acto dictados dentro de un proceso penal), solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. Así, tenemos que tal hipótesis se surte, cuando concurren los siguientes elementos: a) Que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad se emita un nuevo acto en el mismo procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica; c) Que por virtud de ello, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones respecto del primer acto, por no poder subsanarse aquellas sin afectar la nueva situación jurídica. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva determinación adoptada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Apoya lo anterior la tesis aislada 2a.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la tesis aislada sin número, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 145, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En la especie, como se adelantó, en el caso se reclama de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la resolución dictada de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el toca especial UG-ASA 6/2022, a través de la cual confirmó la resolución del juez de primera instancia que autorizó la suspensión condicional del proceso en la causa penal RI/SLP/CP-614/2021, instruida en contra de José Lorca Álvarez. En el caso, de la reproducción de la copia certificada del disco versátil que allegó el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, sala sede, San Luis Potosí, el cual contiene el audio y video de la audiencia celebrada el diez de marzo del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-614/2021, se advierte que a las nueve horas con treinta minutos de esa data dio inicio a la audiencia de verificación de la suspensión condicional del proceso en la cual dictó el sobreseimiento total de la citada causa penal, la cual una vez que cause ejecutoria surtirá los efectos de una sentencia absolutoria, con valor de cosa juzgada. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al actualizarse los requisitos antes precisados, ya que respecto al inciso a), esto es, que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, debe decirse que el acto reclamado fue emitido dentro de la causa penal RI/SLP/CP-614/2021; proceso penal de origen del cual conoce actualmente el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, sala sede, San Luis Potosí. Cabe precisar que no obstante que el acto aquí reclamado se dictó en el toca especial UG-ASA 6/2022, del índice de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, dicha resolución confirmó la diversa emitida por el juez de primera instancia que autorizó la suspensión condicional dentro del proceso en la causa penal RI/SLP/CP-614/2021, de ahí que los efectos jurídicos emanados de la primera citada se encuentran permeando en el proceso penal último citado. De lo que se sigue que el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento judicial. En lo que toca al requisito precisado en el inciso b), consistente en que con posterioridad se emita un nuevo acto en el procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica, se actualiza en el caso en estudio, pues el diez de marzo de dos mil veintitrés, se emitió una determinación que sustituyó procesalmente a la resolución reclamada de trece de febrero de dos mil veintitrés. En efecto, como se señaló, en el caso se reclama la resolución dictada el trece de febrero de dos mil veintitrés, en el toca especial UG-ASA 6/2022, a través de la cual confirmó la resolución del juez de primera instancia que autorizó la suspensión condicional del proceso en la causa penal RI/SLP/CP-614/2021,. De ahí que dicho acto dejó de surtir efectos legales propios con motivo de la determinación de diez de marzo del año en curso, dictada en la causa penal RI/SLP/CP-614/2021, y por tanto, sustituyó procesalmente a la aludida resolución de trece de febrero de dos mil veintitrés. De lo que se sigue que en el caso se actualice el supuesto previsto en el inciso c), puesto que por virtud de la emisión de dicha resolución (de diez de marzo del año en curso), deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones respecto del acto reclamado, ya que no podrían ser subsanadas sin afectar la nueva situación jurídica que impera dentro de la causa penal RI/SLP/CP-614/2021, esto es, su sobreseimiento total, el cual constituye una resolución que puso fin al juicio. De lo que resulta, que este órgano federal se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por la quejosa, pues no podría concederse la protección federal solicitada sin afectar la nueva situación jurídica creada por la subsecuente resolución, que impera en la causa penal RI/SLP/CP-614/2021, del que deriva el acto tildado de inconstitucional. Finalmente, en el caso también se actualiza el elemento previsto en el inciso d), ello pues aun cuando el acto que aquí se reclama resultara inconstitucional, la determinación de diez de marzo de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento total de la citada causa penal, subsistiría, al no depender de éste. Máxime que dicho acto en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es materia de amparo directo, al constituir una resolución que puso fin al juicio, de ahí que, este órgano jurisdiccional no se encontraría facultado para dejar sin efectos un acto que no es susceptible de ser analizado en amparo indirecto. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia anteriormente analizada y, por ende, respecto de dicho acto, consistente en la resolución dictada el trece de febrero de dos mil veintitrés, en el toca especial UG-ASA 6/2022, a través de la cual confirmó la resolución del juez de primera instancia que autorizó la suspensión condicional del proceso en la causa penal RI/SLP/CP-614/2021. Sobreseimiento. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el once de abril del año en curso. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesado; y por oficios a la autoridad responsable y Agente del ministerio Publico de la Adscripción.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentran notificadas la totalidad de las partes respecto de la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintitrés. Asimismo, se desprende que las partes también se encuentran notificadas del acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, por el que se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia referida y se corrió traslado a las partes con copia de los respectivos agravios. Se remiten autos en revisión. Por tanto, como está ordenado en proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, el presente juicio de amparo, el escrito por el cual se interpuso el recurso de revisión, así como copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, y un tomo de pruebas que obra por separado. Vinculación del expediente electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, póngase a disposición de dicho Tribunal Colegiado la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario. Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición de la superioridad la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese por medio de lista y por oficio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
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