Maribel Rodríguez González

Expediente 3425/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3425/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
19/02/2019

Partes del expediente

  • Maribel Rodríguez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Este órgano de control constitucional, declara por cumplida la ejecutoria de amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno, este expediente es susceptible de depuración, se considera no relevante.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA Y EMPLAZA A ALA PARTE TERCERA INTERESADA LOS ACUERDO DEFECHAS DIEZ DE NERO DEL DOS MIL DIECINUEVE TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA LETRA DICE : Visto el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual remite copia certificada de la resolución pronunciada en el toca de queja 231/2018 y los autos del juicio de amparo 2080/2018; cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Es fundado el recurso de queja a que este toca se contrae. --- SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 2080/2018, en el que se tuvo por no presentada la demanda, para el efecto de que, en su lugar, se dicte otro en el que provea sobre su admisión o desechamiento conforme a derecho corresponda, sin que tome en consideración la prevención formulada en el sentido de requerir al quejoso para que precisara con claridad a la autoridad que señala como responsable ordenadora, pues no existe duda de que se trata de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco."; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo correspondiente. Glósese el cuaderno de antecedentes relativo al presente juicio de amparo, hágase saber la circunstancia anterior a las partes. Ahora bien, como lo ordena la superioridad, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Rodolfo Espinoza Preciado, en su carácter de Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental del Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco, contra actos de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, párrafo primero, 2°, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y 124 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite a trámite la demanda de amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Conforme a lo dispuesto por los numerales 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe con justificación señalando el número de oficio con el que les es notificado el presente proveído, dentro del término de quince días contados a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído y con la oportunidad a que se refiere el primer párrafo del tercero de los numerales invocados, en la inteligencia que de no rendir su informe justificado, en la sentencia que en el asunto se dicte se tomará en cuenta tal omisión, sancionable en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; esto es, se presumirá la certeza del acto reclamado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acompañar a su informe justificado, copias certificadas completas y legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, en el entendido que de no rendirse éste, de no acompañar las copias, o que éstas se encuentren ilegibles, total o parcialmente; se les impondrá una multa a cada omisa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deben manifestarlo así, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, bajo apercibimiento que de no cumplir con esta obligación, al omiso se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en el artículo 251 de la ley invocada, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Tramítese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, según lo dispone el precepto legal 128, último párrafo, de la Ley de Amparo. Acorde a lo dispuesto en el artículo 5º. fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Agustín Peña García, el que deberá ser emplazado al juicio de amparo por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, en el domicilio que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo y por medio de lista conforme al artículo 26, fracción III, de ese cuerpo legal, se ordena dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, la intervención que legalmente le corresponde y, hágase de su conocimiento que la copia de la demanda queda a su disposición en la Secretaría de este juzgado. Téngase por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la documental que el quejoso anexó a su escrito de demanda, misma que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Ahora bien, compúlsese y certifíquese la documental que en copia certificada el quejoso anexa a su escrito de demanda, en términos del artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que obre como prueba en el incidente de suspensión. Por otra parte, respecto a su solicitud de realizar cotejo y/o compulsa de las documentales que ofrece, dígasele que no ha lugar a requerir dichas actuaciones, ya que si bien es cierto, las partes tienen el derecho de ofrecer las pruebas que consideren pertinentes y que legalmente se puedan obtener de las autoridades, quienes tienen la obligación de expedir con oportunidad las copias o documentos que obren en su poder y se traten de aquellos que estén relacionados con los actos reclamados; sin embargo, su ofrecimiento no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo, ya que no acreditó haber elevado la petición correspondiente. Asimismo, en relación a el uso de medios tecnológicos; al respecto dígasele que se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente del juicio de amparo, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintinueve de noviembre pasado, se tuvo por rendido el informe con justificación por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, el que se notificó a las partes el treinta de noviembre siguiente; por tanto, no ha transcurrido el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud de que el citado informe no fue rendido con la anticipación que permitiera su conocimiento por las partes, esto es, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, motivo por el cual no se está en posibilidad de celebrar dicha audiencia señalada para el día de hoy, la que se difiere y para su verificativo se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Finalmente, visto el estado de autos, del que se advierte que en proveído de veintisiete de noviembre pasado, se reservó proveer de conformidad a lo manifestado por el aquí quejoso, en el sentido de que proporcionaba información con relación al domicilio para emplazar al tercero interesado, hasta que obraran las constancias solicitadas a la autoridad responsable en auto de veintitrés de noviembre último, y toda vez que ya aconteció; por consiguiente, de las constancias que forman el cuaderno de pruebas, se advierte que Agustín Peña García, tiene domicilio procesal señalado; por lo que, se ordena al Actuario Judicial de este juzgado de Distrito, se constituya en el domicilio antes señalado, a fin de que emplace al tercero interesado de referencia. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra en autos la constancia de emplazamiento del tercero interesado,ordenada en proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho; por consiguiente, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Finalmente, se conmina al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control Constitucional, para que en lo sucesivo practique las diligencias en tiempo y forma conforme a derecho corresponda.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual remite testimonio de la revisión 398/2017, así como los autos del juicio de amparo número 761/2017, de la que se observa que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se deja firme el resolutivo primero de la sentencia recurrida, regido por su considerando tercero. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege. En consecuencia, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese a la superioridad el recibo correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Asimismo, de conformidad al punto vigésimo primero, fracción V, capítulo quinto, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, dese vista en los cuadernos incidentales para todos los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento.

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