Maribel Robles Diaz
Expediente 791/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maribel Robles Diaz
- MARIBEL ROBLES DIAZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo promovida por ****, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 791/2020. En este orden, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En principio, conviene señalar que de la lectura de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Encargada de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Honorable Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, la parte quejosa reclama "la orden verbal y/o escrita emitida a la responsable ejecutora para que fuera y/o destituida de mi puesto de trabajo como auxiliar administrativo adscrita a la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, que venía desempeñando desde el inicio de la administración municipal actual en el año DOS MIL DICEIOCHO (sic) y descenderme enviándome al área de limpieza como intendente en el mismo Ayuntamiento al Sistema DIF Municipal". En ese tenor, contra dichos actos reclamados se estima actualizada de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a uno de tal naturaleza. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que del escrito de demanda, esencialmente se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: *****, es trabajadora de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Honorable Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, y se desempeña como Auxiliar Administrativo en esa Dirección desde el dos mil dieciocho, elaborando oficios apoyando a la Subdirección de Desarrollo Económico, ya que la referida Dirección se compone de dos Subdirecciones, de Turismo y de Desarrollo Económico. El uno de diciembre de dos mil veinte, al llegar a su centro de trabajo, fue llamada por la Jefa de Departamento de Recursos Humanos del citado Ayuntamiento, quien le expresó que la encargada de la aludida Dirección le indicó que le hiciera de su conocimiento que a partir del esa fecha se iba al área de intendencia como intendente al DIF, y por ende, su salario y prestaciones se vería reducidos. De lo narrado se pone de manifiesto que los actos reclamados consistentes en la orden verbal o escrita para que la quejosa fuera destituida de su puesto de trabajo como auxiliar administrativo adscrita a la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, y descenderla, al enviarla al área de limpieza como intendente en el mismo Ayuntamiento específicamente al Sistema DIF Municipal, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a uno de tal naturaleza, sino que tienen su origen en la relación laboral que la promovente sostiene con la autoridad, Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, en su carácter de patrón equiparado; por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria, en el caso, en la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo, ya que las normas no facultan a los patrones para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de sus trabajadores, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. En esa guisa, si fueron injustificados los actos que ahora se reclaman en esta instancia, la trabajadora debe acudir ante la autoridad jurisdiccional en materia laboral competente a reclamar dicha destitución y cambio de área de trabajo, pero en ningún caso directamente al juicio de amparo. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página 329, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Además, la tesis I.6º.T. 26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, Tomo III, abril de 1996, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. No escapa a la consideración del suscrito, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Téngase a la quejosa señalando los estrados de este juzgado para recibir notificaciones, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquensele sus notificaciones, aún las de orden personal, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Además por autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por no encontrarse registradas su cedulas en el aludido sistema computarizado. En ese sentido, respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, con fundamento en los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19", que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); dígasele al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
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