Maribel Ponce Vázquez
Expediente 707/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maribel Ponce Vázquez
Actuaciones
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental..."
- Principal
"...Vista la demanda de amparo promovida por ****, regístrese bajo el número 707/2017-II-B. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 448/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil, radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil de Cuautitlán, México, donde el Juez inadmite el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de seis de abril del año en curso, que inadmite el incidente de nulidad. Al respecto, este juzgador estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo de la ley de la materia, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; . De conformidad con la disposición reproducida, es improcedente el juicio de amparo cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar, de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los aludidos recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones II, penúltimo párrafo, III, IV, último párrafo, VII y XII, de la Constitución Federal; 17, fracción IV, 20, 61, fracciones XVIII, incisos a), b) y c), y XX, segundo párrafo y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De lo anterior, se desprende que tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. En razón de lo anterior, respecto al acto reclamado consistente en el auto de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente 448/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil, radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil de Cuautitlán, México, donde el Juez inadmite el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de seis de abril del año en curso, en el que a su vez inadmitió el incidente de nulidad, en ese tenor previo a la interposición del juicio de amparo, el solicitante debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México que dispone: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Del anterior precepto se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento aplicable prevé como medio defensa el recurso de revocación, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar la determinación impugnada en esta vía. Mismo que se funda como un medio ordinario de defensa procedente en contra de los autos que no son apelables y los decretos dictados fuera de audiencia; como en el caso concreto en que se reclama el auto de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente 448/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil, radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil de Cuautitlán, México, donde el Juez inadmite el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de seis de abril del año en curso, en el que a su vez inadmitió el incidente de nulidad, en el que el Juez responsable inadmite el recurso de apelación; ello es así, ya que el acuerdo combatido no se encuentra contemplado específicamente dentro del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, como aquellos que emitan el recurso de apelación. Por lo anterior, si la parte quejosa no intentó el medio de defensa ordinario contra del acto en estudio antes de acudir al juicio de amparo; éste resulta improcedente al no haber agotado el principio de definitividad a que refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora, en relación con las excepciones al principio aludido, que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; debe decirse que, en el presente caso no se actualizan, dado que los actos reclamados no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la quejosa, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. De igual forma, no se actualiza la relativa a que el promovente le revista el carácter de tercero extraño, debido a que como lo sostuvo bajo protesta de decir verdad, la quejosa intervino al juicio en el expediente 448/2013 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil de Cuautitlán, México; por lo que sus afirmaciones adquieren eficacia probatorio plena, de acuerdo a los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, al haberse integrado a la Litis en el juicio de origen, se encontraba obligado a agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, antes de acudir al amparo contra el acto en estudio. A mayor abundamiento, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa reúne dicho requisito, pues este es efectivo en razón que está previsto en la norma; es sencillo su trámite, pues basta con interponerlo mediante un escrito en el que se haga valer lo que en derecho corresponda; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin revocar la determinación reclamada por la parte quejosa y de plazo razonable, ya que los numerales 1.394, 1.396 y 1.397 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, disponen que el recurso se interpondrá a los tres días siguientes de notificado el auto que se reclama, ante el Juez donde se tramita el juicio; que recibida la queja, el Juez, sin decidir sobre su procedencia, al siguiente día remitirá la misma a la Sala con un informe justificado; y recibidas las constancias del recurso de queja, la Sala dentro del plazo de tres días decidirá lo que corresponda. De ahí que, no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto; consecuentemente al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones las listas de publicación de este juzgado de distrito. Se tiene como autorizadas a las personas que refiere en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."
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