Maribel Pérez Bustos

Expediente 532/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
532/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Maribel Pérez Bustos

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo promovida por *****, en nombre y representación de sus menores hijos *****, ambos de apellidos ***; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Y TODDA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ******, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO EL 3 DE MAYO DE 2023, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ******, ambos de apellidos Pérez Bustos, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Foránea Investigadora de Delitos de Guadalupe Victoria, de la Fiscalía Regional del Estado, en ciudad Guadalupe Victoria, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 532/2023. Improcedencia. Una vez analizado en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, debe tenerse en cuenta, que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito de demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte en el caso concreto, respecto de los actos reclamados identificados en la demanda origen, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conjunto con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no respetar la directa quejosa el principio de definitividad que rige en este juicio. Artículos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.]. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.]. VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. [.]." Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.]. XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]. Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del numeral y fracción de la ley de la materia, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conforme a la ley procede algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo cual se conoce como principio de definitividad, rector del juicio de amparo. Mientras que el precepto de la Carta Magna, en relación con los ordinales citados de la norma secundaria, se desprende como derecho de la víctima u ofendido, entre otras, la posibilidad de impugnar ante autoridad judicial las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, a través del recurso innominado previsto por el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ******** Hipótesis que se actualiza en el presente caso, en virtud de que a la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda en especial en el capítulo de "antecedentes del acto reclamado" realiza manifestaciones "bajo protesta de decir verdad", al afirmar que a quienes les reviste el carácter de ofendidos y víctimas, son a los menores quejosos Marlon Teodoro y Marzo Isidro, ambos de apellidos Pérez Bustos, dentro de la carpeta de investigación con el número único de caso 0202-2022-27688. Incluso, señala como acto reclamado la omisión del Fiscal de solicitar fecha para la celebración de la audiencia de formulación de imputación ante el juez de control. Afirmaciones de la parte gestora del amparo que constituyen una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. *****En ese contexto, previo al juicio constitucional -tales omisiones en sede ministerial- deben impugnarse ante el juez de Control, toda vez que constituyen omisiones o negligencias en el desempeño de las funciones de la representación social señalada como responsable, pero al no hacerlo así, es patente que no se satisface el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto promovida por *****, ambos de apellidos *** Sin que pase inadvertido para el suscrito juez que los quejosos afectados por la omisión de la autoridad responsable sean menores de edad, ya que ello no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. *****Precedente vertical. En idénticos términos sobre la causal de improcedencia aludida, se pronunció el Sexto Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver el recurso de revisión ********************. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de ley de amparo al profesionista que señala, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Consulta al expediente. En estricto acatamiento, y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y, personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitido por la autoridad vinculada Ayuntamiento de Mexicali, por conducto de su delegada y, en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Autoridad responsable informa sobre cumplimiento. Se tiene a la citada autoridad, informando los actos realizados para dar cumplimiento al fallo protector; asimismo, manifiesta que es el Presidente Municipal a quien corresponde el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Requerimiento para que se cumpla el fallo protector.

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