Maribel Neri Alarcon
Expediente 615/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maribel Neri Alarcon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 615/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia terminada de engrosar el doce de septiembre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 615/2017-IV, promovido por MARIBEL NERI ALARCÓN, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado el ese mismo día a este Juzgado Federal, MARIBEL NERI ALARCÓN, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades responsables: ORDENADORA 1.- Integrantes del Cabildo Municipal de Cuautla, Morelos. EJECUTORA 2.- Dirección de Desarrollo Sustentable. De quienes reclamó la orden de clausura de la obra ubicada en avenida la Torres, sin número, colonia Narciso Mendoza de Cuautla, Morelos. SEGUNDO. Por auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, se admitió la demanda, se requirió a las autoridades responsables a fin de que rindieran su informe justificado; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO.- Mediante proveído de cinco de junio de dos mil diecisiete, se requirió a la quejosa a efecto de que manifestara dentro del plazo de tres días hábiles, si señalaba como autoridad responsable a Tomás Fernández Loaeza, Inspector Comisionado de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuautla, apercibiéndola, de que de no hacer manifestación al respecto, se tendría únicamente como autoridad responsable y actos reclamados, a los señalados en su escrito inicial de demanda (fojas 75). CUARTO.- En acuerdo emitido el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en virtud de que transcurrió el plazo otorgado al impetrante sin hubiese señalado como autoridad responsable a Tomás Fernández Loaeza, Inspector Comisionado de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuautla, se tuvo como autoridades responsables únicamente a las señaladas en su escrito de demanda y ampliación. Se continuó con el trámite correspondiente, desahogándose la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; además, el acto reclamado es atribuido a autoridades que residen dentro de tal territorio. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional son: El acta de infracción levantada el quince de marzo de dos mil diecisiete, por Tomás Fernández Loaeza, Inspector Comisionado de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuautla, en la que ordena la suspensión temporal de los trabajos por siete días en el inmueble ubicado en avenida las Torres, s/n colonia Narciso Mendoza de Cuautla, Morelos. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, toda vez así se desprende de las copias certificadas del acta de infracción levantada el quince de marzo de dos mil diecisiete, por Tomás Fernández Loaeza, Inspector Comisionado de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuautla, en la que ordena la suspensión temporal de los trabajos por siete días en el inmueble ubicado en avenida las Torres, s/n colonia Narciso Mendoza de Cuautla, Morelos, documental que por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. No obstante lo anterior, no son ciertos los actos reclamados a los Integrantes del Cabildo Municipal de Cuautla, Morelos ni al Director de Desarrollo Sustentable de Cuautla, Morelos, toda vez que al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado. Director de Desarrollo Sustentable de Cuautla, Morelos (foja 20). Regidor de Patrimonio Municipal (foja 25) Regidor de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Relaciones Públicas y Comunicación Social (foja 29) Regidor de Planificación Modernización, Control y Desarrollo, Protección del Patrimonio Cultural, Igualdad y Equidad de Género (foja 33) Regidor de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados y Turismo (fojas 37) Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto (fojas 41) Regidor de Asuntos Agropecuarios, Asuntos Migratorios y Relaciones Internacionales (fojas 45) Regidor de Gobernación, Reglamentos y Desarrollo Económico (fojas 49) Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Asuntos de la Juventud (fojas 53). Regidor de Servicios Públicos y Coordinación de Organismos Descentralizados (fojas 57). Regidor de Educación, Cultura, Recreación y Protección Ambiental (fojas 65). Regidor de Bienestar Social y Derechos Humanos (fojas 69) Consecuentemente respecto a dichas autoridades lo procedentes es sobreseer en el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO.- Por otra parte, por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" El primero de los dispositivos legales contempla que, si en relación con los actos que se reclaman a través del juicio de garantías, exista un precepto legal del cual resulte la improcedencia, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 5, fracción II, establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de garantías, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y, a su vez, el diverso 108, fracción III, establece el deber del quejoso de señalar a la o las autoridades a quienes atribuya los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, es el acta de infracción levantada el quince de marzo de dos mil diecisiete, por Tomás Fernández Loaeza, Inspector Comisionado de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuautla, en la que ordena la suspensión temporal de los trabajos por siete días en el inmueble ubicado en avenida las Torres, s/n colonia Narciso Mendoza de Cuautla, Morelos. En ese orden de ideas, a pesar de que por auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, se requirió a la impetrante para el efecto de que manifestara si señalaba como autoridad responsable a la autoridad que emitió el acto que reclama, es decir, Tomás Fernández Loaeza, Inspector Comisionado de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuautla, no lo hizo dentro del plazo concedido, razón por la cual, mediante auto dictado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (foja 78), se tuvieron únicamente como autoridades responsables a las señaladas en el escrito de demanda de amparo y en su ampliación. En mérito de lo anterior, debe sobreseerse en el juicio, en virtud de no ser posible analizar la constitucionalidad del acto reclamado al no haber sido designado como responsable la autoridad que lo emitió, precisamente porque al no ser llamada a juicio, no existe posibilidad de que pueda defender la constitucionalidad de tales actos. Es aplicable la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 113 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así mismo, apoya a lo anterior, en lo conducente la tesis XV. 1o. 31 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 283 del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. El artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado; ahora bien, cuando a virtud de encontrarse el domicilio del demandado en el extranjero, el juez de la causa ordena el respectivo emplazamiento a través de carta rogatoria, resulta que para efectos del amparo, es autoridad ordenadora el juez civil de primera instancia y autoridad ejecutora el Canciller del Consulado Mexicano en el país que efectúe materialmente el emplazamiento y no el actuario adscrito al Juzgado del conocimiento, de tal manera que si en la demanda de garantías que se promueva sólo es señalado este último como autoridad ejecutora, jurídicamente no procede analizar la constitucionalidad de los actos efectuados por el Canciller mexicano en el extranjero si no fue llamado a juicio ni oído como autoridad responsable del emplazamiento reclamado, por lo que en tal caso procede sobreseer en el juicio de garantías correspondiente. También resulta aplicable en lo conducente la tesis XX.31 K emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 199, página: 512 del texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS SI EN LA DEMANDA SE SEÑALA A UNA AUTORIDAD DIFERENTE DE LA QUE EMITIÓ EL. Si el quejoso interpone una demanda de amparo, señalando como autoridad responsable ordenadora a una que no emitió el acto reclamado y sin que conste que ésta tuviese jurisdicción alguna en el asunto por impedimento, excusa o cualquier otra causa, es evidente que ante tal circunstancia opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 11, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio constitucional, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es que se sobresea en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 73, 74, 75, y 124 de la Ley de Amparo; y 1º, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARIBEL NERI ALARCÓN, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia que reclamó del los integrantes del Cabildo Municipal de Cuautla, Morelos, y Director de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuaulta, Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de septiembre de dos mil diecisiete, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa por auto de cinco de junio de dos mil diecisiete, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a Tomás Fernández Loaeza, Inspector Comisionado de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuautla, Morelos, sin que ésta lo hubiere realizado. En consecuencia, únicamente se tienen como autoridades responsables y acto reclamado, los señalados en el escrito inicial de demanda. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que al rendir su informe justificado el Director de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de ********************, Morelos y los Integrantes del Cabildo Municipal de ********************, Morelos, remitieron copia certificada del acta de visita de inspección de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, sobre el domicilio ubicado en avenida ********************, sin número, colonia ********************, ********************, Morelos, practicada por ********************, Inspector Comisionado de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del Municipio de ********************, Morelos. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, manifieste por escrito y con las copias necesarias del mismo para correr traslado a cada una de las partes, si es su deseo señalar como autoridad responsable a ********************, Inspector Comisionado de la Dirección General de Desarrollo Sustentable del Municipio de ********************, Morelos, en el entendido de que deberá precisar el acto que le reclama y, en su caso, los conceptos de violación que estime pertinentes. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacer manifestación al respecto, se tendrá únicamente como autoridad responsable y actos reclamados, a los señalados en su escrito inicial de demanda; en la inteligencia de que, en caso de que señale a dicha autoridad como responsable, deberá exhibir una copia más de su escrito inicial de demanda, para estar en posibilidad de emplazarla a juicio. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, del rubro "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Página 93, Materia Común, Novena Época, Instancia Segunda Sala. En esas condiciones, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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