Maribel Mendoza Flores

Expediente 487/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 95 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
487/2020
Año
2020
Actuaciones
95
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Maribel Mendoza Flores
  • Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca
  • Director de Gestión Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (ampliación 01/10/2020)
  • Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. (ampliación 22/09/2020)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 95.

  1. Principal

    PRAL. 487/2020 MESA 1* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. 1º No se interpuso recurso de inconformidad. Vistos los autos y la certificación que antecede, advirtiéndose que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto dicho medio de impugnación en ese plazo. 2° Se declara consentida la determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, en consecuencia, QUEDA FIRME esa determinación. 3º Archivo del expediente. Como no existe asunto pendiente por diligenciar, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4° Destino. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 17, fracción III, inciso a), 20, fracción I, y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el destino de este expediente es CONSERVABLE. 5° Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6° Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 7° Destino del incidente de suspensión. Del auto inicial se advierte que se ordenó formar el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..

  2. Principal

    PRAL 487/2020 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Escrito parte quejosa. Agréguese el escrito de la quejosa ********************; en su atención, se provee: a) Expedición de copia. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, como lo solicita, expídasele copia certificada de: 1) Constancia expedida por el director de Gestión Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (relativo al anexo dos que acompañó a la demanda); 2) Dictamen con proyecto de ********************, emitido por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia; y, 3) Decreto número ******************** de fecha ********************, expedido por la LXV Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca. Y para recibirlas se tiene por autorizadas a las personas que menciona, mismas que deberán presentarse en un horario de nueve horas con treinta minutos a catorce horas, de lunes a viernes hábiles, con identificación oficial vigente con fotografía y copia para ser agregado en autos. b) No se expida copia de diversas constancias. Por otra parte, en relación a la solicitud de la ocursante, relativa a que se le expida copia certificada del: Oficio número ********************de seis de agosto de dos mil veinte; Escrito de ******************** por el que dice, promovió incidente de recusación. Ocurso de alegatos de fecha ******************** y anexos. Dígasele que esas constancias fueron recibidas mediante oficio número ********************, el trece de enero de dos mil veintiuno, sin que pudieran digitalizarse para integrarlas al expediente electrónico, como se advierte del acuerdo de quince de enero siguiente, por lo que no formaron parte del expediente electrónico, pero se dejaron a disposición de las partes para su consulta; y por diverso proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, se ordenó devolverlas a la responsable, a fin de que se diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el toca de amparo en revisión ********************, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito. Por tanto, no procede expedirle copia certificada de esas constancias. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 487/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, en su carácter de representante legal de la autoridad responsable, Congreso del Estado de Oaxaca, informó sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia dictada en este juicio de amparo autorizada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional procede a establecer si del análisis a las constancias remitidas por la responsable se encuentra cumplido el fallo protector; al efecto, se destaca lo siguiente: 2. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el siete de septiembre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, remitido el ocho de septiembre siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ****************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: I. Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º El acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veinte, por el que determinó iniciar el proceso de ratificación o no ratificación de la quejosa como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º El desechamiento de la excepción de incompetencia. 3º. El desechamiento de plano del incidente de recusación promovido contra la presidenta de dicha Comisión. 4º El dictamen con proyecto de decreto por el que se puso a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección en ese cargo. 5º La aprobación del referido dictamen. 6º Las consecuencias de la aprobación del dictamen, consistente en la privación del cargo, falta de pago y demás prestaciones. Y respecto de lo que la quejosa reclamó como: 7º Todo el procedimiento para emitir el dictamen con proyecto de decreto por el que se puso a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección en dicho cargo. No se tiene como un acto destacado, toda vez que de la lectura a las constancias remitidas por esa responsable, se aprecia que el procedimiento para emitir ese dictamen se conforma de: 1º El acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veinte, por el que determinó iniciar el proceso de ratificación o no ratificación de la quejosa como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La petición de informe. 3º La citación a la quejosa para comparecer ante dicha Comisión. El primero de esos actos constituye uno de los reclamados por la quejosa y, respecto del segundo, la quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, como vulneración a su derecho fundamental de audiencia. II. Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y III. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º El procedimiento seguido ante el Congreso responsable para la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se puso a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La aprobación del dictamen sin fecha. 3º La emisión del decreto por el que se determinó no ratificar o no reelegir a la quejosa en dicho cargo. 4º La determinación para que haga entrega formal e inmediata de la magistratura al presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 5º Las consecuencias del decreto, que se traducen en la privación del cargo y falta de pago de salarios y demás prestaciones que percibe. IV. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: 1º El cumplimiento y ejecución del decreto de que se trata. 2º Las consecuencias de la ejecución, que se traducen en la privación del cargo y falta de pago de salarios y demás prestaciones que percibe. V. Director de Administración VI. Director de Finanzas. VII. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración. VIII. Director de Gestión Administrativa. Todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: 1º El cumplimiento y ejecución del decreto que determinó no ratificar o no reelegir a la quejosa en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º El cumplimiento y ejecución de las órdenes giradas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 3º La baja de la plantilla del personal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 4º La baja de la nómina relativa. 5º La baja como afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema del Ahorro para el Retiro. 6º La falta de pago del sueldo de magistrada de Tribunal, incluyendo todos los sueldos, prestaciones, bonos, compensaciones y otros. IX. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º La convocatoria pública de ocho de septiembre de dos mil veinte, para la selección de aspirantes a la magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La orden para publicar dicha convocatoria. 3º El envío de la lista y expedientes de los respectivos aspirantes. 4º El envío de la terna al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que se elija a la magistrada de Tribunal. X. Secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º La promulgación y refrendo de dicha convocatoria. 2º La orden para publicar la referida convocatoria. XI. Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca: 1º La publicación de la convocatoria de que se trata, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. XII. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: 1º La aplicación del examen de oposición a los aspirantes a ocupar el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La certificación de cumplimiento de los requisitos de ley de los aspirantes a ocupar ese cargo. 3º La remisión de la lista que contenga los ocho candidatos a ocupar el cargo de magistrada de ese Tribunal. XIII. Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º El acuerdo por el que se determina iniciar el proceso de nombramiento o elección de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º Todo el procedimiento para elegir o nombrar a la magistrada. 3º El dictamen con proyecto de decreto por el cual se pondrá a consideración del Pleno, el nombramiento o elección de magistrada de Tribunal. 4º La aprobación del dictamen con proyecto de decreto mencionado. XIV. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º El procedimiento seguido para la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el cual se pondrá a consideración del Pleno, la elección de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º La aprobación del dictamen con proyecto de decreto referido. 3º La emisión del decreto por el que se elija a la magistrada de dicho Tribunal. 3. Sentencia de amparo. Por sentencia autorizada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 4. Recursos de revisión. Se les tuvo interponiendo recurso de revisión contra la referida sentencia, por acuerdos de: a) Veintidós de marzo de dos mil veintiuno a la parte quejosa. b) Veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, a la responsable, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con el carácter de representante legal de la misma; c) Veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a la autoridad responsable, presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca; y, d) Dos de septiembre de ese año dos mil veintiuno a **********************. 5. Ejecutorias de Colegiado. En auto de quince de febrero de dos mil veintidós se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito remitiendo testimonio de las ejecutorias dictadas en los recursos de revisión **********, ********, *********** y *************, en las que: a) Respecto al primer medio de impugnación, modificó los efectos de la sentencia dictada en este juicio de amparo, ya que decretó el sobreseimiento en los términos del considerado octavo de esa ejecutoria y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. b) Por cuanto a las diversas ejecutorias *******/2021, ********/2021 y *********/2021, modificó la sentencia sujeta a revisión; por una parte, sobreseyó el juicio de amparo y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los términos y efectos resueltos en la referida ejecutoria del amparo en revisión *********. Por lo que se requirió el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable respectiva. 6. Constancias remitidas por la responsable. Mediante proveídos de veintiséis de julio y dos de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la responsable, Congreso del Estado de Oaxaca, comunicando lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo, para lo cual remitió copia de diversas constancias, dándose vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, quien hizo valer lo procedente. 7. Por no cumplida sentencia y se remite juicio. En proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós se declaró que no estaba correctamente cumplida la sentencia de amparo y se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, de este Décimo Tercer Circuito. 8. Ejecutoria de órgano revisor. Por acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria de veintisiete de marzo del año en curso, dictada en el incidente de inejecución de sentencia *********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa e este Decimotercer Circuito, por la que ordenó la reposición del procedimiento de ejecución de sentencia en este juicio de amparo y al efecto se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable respectiva. 9. Autoridad vinculada al cumplimiento. En auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés se tuvo como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca. 10. Constancias remitidas por la responsable. Mediante proveídos de catorce y veintiuno de agosto del año en curso se tuvo a la responsable, Congreso del Estado de Oaxaca, comunicando lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo, para lo cual remitió copia de diversas constancias, dándose vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, quien hizo valer lo procedente. 11. Análisis del cumplimiento de la sentencia. Previamente, es de señalarse que el Tribunal Colegiado, al modificar la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, lo realizó en relación con los efectos en que se concedió, dejando intocado los razonamientos por los cuales se estimó inconstitucional el acto reclamado. 1º Así, en la sentencia de amparo se consideró lo siguiente: " . Séptimo. Análisis de fondo. I. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por dicha quejosa, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión; atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". II. Actos reclamados. Los actos por los cuales se estudiará el fondo del asunto, son: De la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 1º El desechamiento de la excepción de incompetencia. 2º. El desechamiento de plano del incidente de recusación promovido contra la presidenta de dicha Comisión. 3º El dictamen con proyecto de decreto por el que se puso a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección en ese cargo. 4º La aprobación del referido dictamen. 5º Las consecuencias de la aprobación del dictamen, consistente en la privación del cargo, falta de pago y demás prestaciones. II. Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y III. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1º La aprobación del dictamen sin fecha. 2º La emisión del decreto por el que se determinó no ratificar o no reelegir a la quejosa en dicho cargo. 3º La determinación para que haga entrega formal e inmediata de la magistratura al presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 4º Las consecuencias del decreto, que se traducen en la privación del cargo y falta de pago de salarios y demás prestaciones que percibe. IV. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: 1º El cumplimiento y ejecución del decreto de que se trata. 2º Las consecuencias de la ejecución, que se traducen en la privación del cargo y falta de pago de salarios y demás prestaciones que percibe. V. Director de Administración VI. Director de Finanzas. VII. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración. VIII. Director de Gestión Administrativa. Todos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca: 1º El cumplimiento y ejecución del decreto que determinó no ratificar o no reelegir a la quejosa en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2º El cumplimiento y ejecución de las órdenes giradas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 3º La baja de la plantilla del personal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 4º La baja de la nómina relativa. 5º La baja como afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social. 6º La falta de pago del sueldo de magistrada de Tribunal, incluyendo todos los sueldos, prestaciones, bonos, compensaciones y otros. Previamente, es de señalarse que los actos reclamados relativos a: 1º El desechamiento de la excepción de incompetencia. 2º. El desechamiento de plano del incidente de recusación promovido contra la presidenta de dicha Comisión. 3º El dictamen con proyecto de decreto por el que se puso a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección en ese cargo. Se analizarán en este considerando, ya que fueron emitidos en un solo acto, esto es, en el dictamen con proyecto de decreto de que se trata. III. Antecedentes del asunto. De las constancias que remitió dicha autoridad, que obra como tomo anexo II, con valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, se aprecia que los antecedentes del asunto, son: 1. En sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca, de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, se acordó el inicio del proceso de ratificación o no ratificación de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, porque el periodo para el que fue electa, de ocho años, fenecería el veinticinco de septiembre de ese año. 2. Mediante oficio número. ***************, de veintinueve de julio de dos mil veinte, la presidenta de dicha Comisión solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, atento al inicio de ese proceso, a) notificara a la quejosa sobre tal circunstancia, b) le remitiera un informe respecto a la gestión de la magistrada, c) anexara las constancias y anexos correspondientes. 3. Señaló las diez horas del veinte de agosto de dos mil veinte, y quince horas del veintiséis de agosto del referido año, a fin de que la quejosa, en su carácter de magistrada de Tribunal, compareciera ante esa Comisión para que expusiera lo que a sus intereses conviniera, sin que asistiera a la audiencia relativa. 4. Luego, fijó las diez horas del uno de septiembre de dos mil veinte para que compareciera la quejosa ante esa Comisión. 5. La Comisión responsable emitió el dictamen con proyecto de decreto por el que se pone a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección de la magistrada en su cargo. 6. El uno de septiembre de dos mil veinte, a las diez horas, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Comisión responsable, por el que, el orden del día, sería el de a) recibir la comparecencia de la quejosa, b) proceder a la liberación relativa, c) discutir, aprobar, en su caso, votar el dictamen con proyecto de decreto por el que se pone a consideración del Pleno la no ratificación o no reelección de la magistrada en su cargo. De las constancias en el juicio de amparo 487/2020, se aprecia que: 7. El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca aprobó el dos de septiembre de dos mil veinte dicho dictamen, emitiendo el decreto número mil seiscientos ochenta por el que declara no ratificar o no reelegir a la quejosa en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y, como consecuencia, una vez notificada de ello, debía hacer entrega formal e inmediata de la magistratura, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con efectos a partir del veintiséis de septiembre de ese año (fojas 336 y 337). 8. El secretario general de Acuerdos Común al Pleno y al Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante oficio número **************, de ocho de septiembre de dos mil veinte, remitió al director de Gestión Administrativa de dicho Tribunal el diverso oficio 8552/LXIV, del secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, y copia del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha cuatro de septiembre del referido año, en el que se publicó el decreto un mil seiscientos ochenta, mediante el cual se determina no ratificar a la quejosa en el cargo de magistrada (fojas 451 a 456). 9. El director de Gestión Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado remitió, a su vez, ese oficio ***************, y anexos, a la jefa de la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para los efectos administrativos procedentes (foja 450); además, hizo del conocimiento del Departamento de Nómina que a partir del veintiséis de septiembre del citado año debería dar de baja en la nómina correspondiente a la quejosa, quien dejaba de desempeñar el cargo de magistrada de Tribunal (foja 449). III. Conceptos de violación. Se procederá al estudio de los conceptos de violación, en algunos casos, en un orden distinto al propuesto, sin que ello sea contrario a la técnica que rige al juicio de amparo, por lo que en primer orden se analizarán aquellos que no prosperarán. Así también, es de señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el estudio de los argumentos expresados por los quejosos en el juicio de amparo no requieren ser expuestos como un silogismo jurídico, ni tienen que ser ubicados en un capítulo específico relativo a los conceptos de violación, sino que basta con que se exprese claramente la causa de pedir, entendida ésta como la argumentación que formulen sobre los aspectos del acto reclamado que les causan perjuicio; ello, atento a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR" . Motivo por el cual, el estudio que se realice a las expresiones de la quejosa no conllevan a realizar una suplencia en su argumentación, sino analizar exhaustivamente la manifestación que se hizo valer y el motivo por el cual considera que se actualiza. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, del número IV, Primera Parte, de julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY". Primer concepto de violación (fojas 24 a 26). Al respecto, por cuestión de técnica jurídica, se analizará el concepto de violación en el que la quejosa refiere que se inobservó la garantía (sic) de audiencia, porque fue citada a comparecer, mediante oficios de dieciocho, veintiuno y veintisiete de agosto de dos mil veinte, sin que pudiera acudir, dada la incapacidad por problemas de salud. También dice que no basta con que sea llamada a determinado procedimiento, sino que es necesario que, previamente, se le dé a conocer los hechos y motivos que originaron el procedimiento para estar en posibilidad de contestar, ofrecer pruebas y producir alegatos para apoyar su defensa; ello, para establecer si estuvo en posibilidad de acudir o no al procedimiento para ofrecer pruebas y alegar. Ahora, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) Oportunidad de alegar; y, d) Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior, como se sostuvo en la jurisprudencia número 47/95, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: (Se transcribe la jurisprudencia de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO".) En el caso, se instauró un procedimiento que estuvo conformado por diversas etapas, a saber (actuaciones del tomo anexo II): 1. Inicio de proceso de ratificación o no ratificación de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 2. Solicitud al presidente de dicho Tribunal de un informe en el plazo de cinco días. 3. Citación a la quejosa para comparecer a una audiencia ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia. 4. Elaboración del dictamen técnico que analizara el desempeño que la magistrada había realizado como tal. 5. Aprobación del dictamen, mediante decreto un mil seiscientos ochenta, y notificación relativa. En el caso, el concepto de violación vertido por la quejosa resulta infundado, toda vez que mediante oficio ******************, de treinta de julio de dos mil veinte, se hizo saber a dicha quejosa el acuerdo dictado en sesión ordinaria por la Comisión responsable, de fecha veintiocho de julio del referido año, por el que se inició el proceso de ratificación o no ratificación en su cargo de magistrada, lo que le fue notificado el cinco de agosto de ese año. De ahí que la responsable observó lo establecido por el artículo 14 constitucional, ya que dio a conocer a la quejosa el inicio del procedimiento para determinar si se ratificaba o no en el cargo de magistrada, por tanto, tuvo oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y alegar. Derecho que hizo valer la quejosa, ya que mediante escritos presentados el veintiocho de agosto y uno de septiembre de dos mil veinte, formuló los alegatos respectivos, presentó pruebas y opuso diversas excepciones. Segundo concepto de violación. La quejosa refiere que el dictamen que emitió la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca, adolece de la fundamentación y motivación a que se refiere el numeral 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que: 1. Desechó lisa y llanamente la excepción de incompetencia que opuso (fojas 14 a 17). 2. Desechó de plano el incidente de recusación (fojas 17 a 22). 3. El dictamen con proyecto de decreto no tiene fecha (foja 22). 4. No cumplió con los elementos exigidos en el artículo 69 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (foja 27), pues el dictamen no contiene el voto aprobatorio de la mayoría de los diputados de la Comisión responsable, ni el lugar y fecha de la sesión en la Comisión la aprobó (foja 28), tampoco el proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, sesiones públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar (foja 28). 5. No se cumplió con circular el dictamen con el tiempo establecido en el artículo 67, párrafo tercero, del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (foja 30). 6. Se estableció que no quedó demostrada la buena reputación, pero que debió fundar y motivar tal aspecto, ni consideró las documentales que al efecto aportó (fojas 30 y 31). 7. Se analizó la capacidad, pero ni siquiera es un requisito para ser electo magistrado (foja 31). 8. Se afirmó que en veinticinco años la magistrada no se preocupó en actualizar sus estudios de posgrado y doctorado, sin considerar que en el año dos mil cuatro presentó su examen doctoral; además, realizó dos diplomados, un taller, dos cursos intensivos en el tema de justicia especializada para adolescentes, diecisiete seminarios, cinco congresos, un simposio, ocho talles y diecisiete cursos en temas de derecho sustantivo y adjetivo penal, sin analizar cada uno de esos documentos en los que, dice, se demuestra que cumple con todos los requisitos para continuar en el cargo de magistrada (fojas 32 a 54). 9. Que pese a esa falta de fundamentación y motivación en sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veinte la Comisión responsable acordó emitirla al Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para su aprobación, no obstante que con la simple abstención de firmar una de sus integrantes, trató de evitar el conflicto de intereses que tiene en el asunto, al haber sido parte procesal en diferentes procesos y tocas penales que la magistrada conoció (fojas 55 y 56). 10. Que fue aprobado dicho dictamen por el Pleno del Congreso, no obstante que carece de fundamentación y motivación (fojas 56 a 60). Son infundados, por una parte, y fundados por otra, los referidos conceptos de violación. La quejosa manifiesta que el dictamen con proyecto de decreto no tiene fecha (foja 22). Al respecto, el artículo 69 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca señala: Se transcribe. Como se ve, el dictamen no requiere que establezca fecha en que se emite, por tanto, resulta infundado ese argumento hecho valer por la quejosa. Ahora, respecto de que no se cumplió con circular el dictamen con el tiempo establecido en el artículo 67, párrafo tercero, del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (foja 30), que dice: Se transcribe. Así, es fundada pero insuficiente tal manifestación para conceder la protección constitucional, pues a ningún fin práctico ni jurídico conduciría restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado, para el efecto de que se reponga el proceso y se haga circular el dictamen dos días antes de llevar a cabo la sesión para su votación, ya que seguiría subsistiendo dicho dictamen, que es el que dice la quejosa carece de fundamentación y motivación. Respecto de los diversos argumentos de la quejosa en el referido concepto de violación, se establece lo siguiente: Es de establecerse que el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: . Respecto a esta norma constitucional se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y emitió la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 190973 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 104/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Octubre de 2000, página 16 Tipo: Jurisprudencia MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. ANTES DE CONCLUIR EL PERIODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS, DEBE EMITIRSE UN DICTAMEN DE EVALUACIÓN POR EL ÓRGANO U ÓRGANOS COMPETENTES EN EL QUE SE PRECISEN LAS CAUSAS POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE DEBEN O NO SER REELECTOS. La interpretación jurídica del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deben sujetarse las Constituciones Locales y las leyes secundarias, obliga a establecer que para salvaguardar los principios de excelencia, profesionalismo, independencia y carrera de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, antes de concluir el periodo por el que fueron nombrados los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y con la debida anticipación que garantice la continuidad en el funcionamiento normal del órgano al que se encuentren adscritos, debe emitirse un dictamen de evaluación, debidamente fundado y motivado, en el cual se refleje el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los juzgadores y permita arribar a la conclusión de si deben o no continuar llevando a cabo las altas labores jurisdiccionales que les fueron encomendadas y, en el último supuesto, si es el caso de nombrar a un nuevo Magistrado que los deba sustituir". En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia sostuvo: Se transcribe Así, sostuvo que la interpretación sistemática del artículo 116, fracción III, con el 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que la independencia del Poder Judicial se manifiesta en que éste, hacia el exterior estará libre de cualquier presión o injerencia, y que a través de las llamadas "garantías judiciales" se logra su objetivo, destacando entre ellas la inamovilidad de los jueces. Sin embargo, refiere, no basta con dotar a la Judicatura de la independencia de la función, sino que el propio juez necesita tener la certeza de que no será removido arbitrariamente de su puesto, por lo que la estabilidad en su puesto es un derecho subjetivo público establecida a favor del justiciable y no únicamente para favorecer la dignidad del juez. También señala que el principio de seguridad o estabilidad en el cargo, como forma de garantizar la independencia de los Poderes Judiciales Locales, da al funcionario designado el derecho a ejercer el cargo de magistrado durante el término previsto para ello en la Constitución Local, salvo, desde luego, que incurra en causas de responsabilidad o en un mal desempeño de su función judicial, así como a ser evaluado al término de tal periodo y, en caso de ser ratificado, a obtener su inamovilidad. Se invoca en apoyo, además, la jurisprudencia P./J. 107/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Octubre de 2000, Novena Época, que establece: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Se transcribe. Así también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional *********, promovida por el *****************, determinó que, partiendo de que en todo el ámbito nacional se debe garantizar la independencia judicial, resulta claro que ello conlleva a que igualmente se tiene que garantizar la independencia de los magistrados y jueces encargados de la administración de justicia, la cual deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes secundarias de los Estados. Por tanto, en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal se establecieron diversos principios o garantías constitucionales con que deben contar los poderes judiciales locales y a los que deben sujetarse las entidades federativas y, por ello, los tres poderes en los que se divide el ejercicio del poder público de cada entidad, a saber: 1. El establecimiento de la carrera judicial debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales; 2. El establecimiento de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de magistrado así como las características que deben tener estos funcionarios tales como eficiencia, probidad y honorabilidad; 3. El derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo; 4. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica: a) La fijación en las Constituciones Locales del tiempo de duración de su encargo y b). La posibilidad de ser ratificados al término del periodo para el que fueron designados, para que en estos casos alcancen la inamovilidad. Ahora, los artículos 63 a 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca señalan: Se transcribe. Por su parte, los artículos 1, 34, 38, 42, y 64 a 71 del Reglamento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca refieren: Se transcriben. Así, el dictamen que se emita en la ratificación o no ratificación de un magistrado, debe cumplir con determinados elementos, y constar por escrito, fundado y motivado de manera reforzada. Además, la sola circunstancia de que el dictamen emitido por la Comisión sobre el desempeño del quejoso durante su encargo, no haya sido favorable a sus intereses, no obliga a que el Congreso Local deba resolver en el mismo sentido. En el caso, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca celebró sesión extraordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones, el dos de septiembre de dos mil veinte, por la que votó de forma unánime y sin observación alguna, aprobando el dictamen con proyecto de decreto para no ratificar a la quejosa en el cargo de magistrada de Tribunal, siendo publicado el decreto número un mil seiscientos ochenta en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el cuatro de septiembre siguiente. Acta de sesión y decreto que se invocan como hechos notorios, y no son objetos de prueba, ya que fueron publicados en la página electrónica oficial del Congreso del Estado de Oaxaca, lo que implica que está a disposición del público en general. Es aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 191452 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 260 Tipo: Jurisprudencia PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Dictamen analizado. El dictamen con proyecto de decreto que fue aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, fue elaborado de acuerdo con los siguientes puntos: 1. Antecedentes (fojas 1 a 4 del dictamen que obra en el tomo anexo II). I. Fecha en que se eligió a la quejosa como magistrada de Tribunal. II. Periodo para el que fue electa. III. Inicio de proceso de ratificación o no ratificación en su cargo. IV. Informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y anexos que exhibió. V. Citación a la quejosa para audiencia ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca. VI. Escrito de la quejosa recibido el veintiocho de agosto de dos mil veinte, por el que promueve incidente de recusación contra la diputada Elisa Zepeda Lagunas. VII. Comparecencia de la quejosa, por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte. 2. Considerandos. En los considerados primero, relativo al análisis de competencia para conocer y resolver sobre la ratificación, reelección o no de la quejosa, como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, señalando los preceptos que, dicen, son aplicables al caso concreto (fojas 4 a 8 del dictamen que obra en el tomo anexo II); y, séptimo, de la comparecencia de la magistrada, se señala en el dictamen que mediante escrito de uno de septiembre de dos mil veinte, la quejosa opuso la excepción de incompetencia contra el órgano colegiado que inició el procedimiento de ratificación o no ratificación (foja 61 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Ahora, en el escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte ante la Comisión responsable (que obra en el tomo anexo III) se advierte que la quejosa opuso la excepción de incompetencia al considerar que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no es competente legalmente para iniciar y conocer del proceso de ratificación o no ratificación en el cargo de magistrada. Al respecto, refirió dicha quejosa en el referido ocurso que los preceptos invocados por dicha Comisión, a saber, 59, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 42, fracción II, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, no contemplaban la competencia en tal aspecto, sino únicamente para conocer los asuntos respecto de los nombramientos de los magistrados, no de su ratificación; en tanto que la jurisprudencia en que se apoyó la Comisión no resultaba aplicable, porque en la ejecutoria que le dio origen se interpretó la legislación de Jalisco que resultaba totalmente diferente a la legislación de Oaxaca, exponiendo los motivos de ello; además, que la competencia recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado. Por su parte, en el referido dictamen la Comisión responsable determinó que era competente acorde a las disposiciones invocadas con anterioridad, y desechó la excepción de incompetencia planteada, pero sin estudiar los motivos de inconformidad de la quejosa, manifestando únicamente que esta última había presentado un escrito oponiendo la excepción de incompetencia. Ello deviene en la falta de motivación a que se refiere el artículo 116 constitucional, porque al desecharse la excepción de incompetencia, la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia no expresó claramente por qué no le asistía razón a la quejosa, quien alegó que la jurisprudencia en que se apoyó se interpretó la legislación de Jalisco que resultaba totalmente diferente a la legislación de Oaxaca, para lo cual expuso los argumentos relativos; además de referir que la competencia recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado. En otro aspecto, en el dictamen analizado aparece que la Comisión responsable se pronuncia sobre la excepción de recusación contra la diputada ***********, para lo cual resolvió en dos sentidos: 1. Desechó, de plano, la recusación planteada, porque en el escrito relativo la quejosa no expresó bajo protesta de decir verdad los hechos en los que basaba su pretensión, tampoco cumplió con el requisito previsto en el artículo 59 de la Ley de Amparo, porque no se exhibió el billete de depósito que garantice el monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada la recusación e invocó en apoyo la jurisprudencia de rubro "RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO FORMAL DE LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" DE LOS HECHOS QUE LA FUNDAMENTAN, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE AMPARO, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO Y NO A LA PREVENCIÓN AL FORMULANTE PARA QUE SE SUBSANE" (fojas 48 a 53 del dictamen que aparece en el tomo II). II. Porque no operaba la figura de la recusación, ya que no se trataba de una controversia basada en el ejercicio del cargo de la magistrada, sino en una evaluación que desde el Poder Legislativo podía analizarse para determinar si es o no ratificada o reelecta en el cargo. Sostuvo la Comisión responsable que la ratificación o reelección de las magistraturas al término del ejercicio conforme al periodo señalado en la Constitución Local se da cuando se demuestra poseer los atributos que se le reconocieron al habérseles designado, así como que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; de ahí que, dijo, el derecho a la ratificación o reelección se realizaba exclusivamente para quienes habían concluido el periodo de ocho años para el que fueron designados y necesariamente requerían ser evaluados por el Poder Legislativo (fojas 53 a 56 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Que el presunto interés personal que alegaba la magistrada, por parte de la diputada presidenta de la Comisión Permanente, en nada se relacionaba con la obligación constitucional que le correspondía a los representantes populares de la legislatura, porque el ejercicio de evaluación relativo no se realizaba exclusivamente a la magistrada, pues se trataba de un proceso constitucional al que se encontraban sujetas todas las personas que concluían el periodo respectivo (foja 56 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Por lo que la presidenta de la Comisión no había optado, dijo, de manera arbitraria por intereses personales, en tanto que el Pleno era el máximo órgano de decisión sobre el asunto (fojas 56 y 57 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Además, se sostuvo en dicho dictamen que la magistrada había divulgado datos personales de víctimas, para fundar la recusación planteada, por lo que advertía probable responsabilidad, manifestándose por la injustificada utilización de los datos personales en situación de víctima que no hubieren sido autorizados a su uso y divulgación (fojas 57 a 61 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Esta respuesta a la petición de la quejosa resulta incongruente y vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica a que se refiere el artículo 16 constitucional, porque la autoridad responsable determinó desechar de plano el incidente de recusación: a) Por falta de cumplimiento en los requisitos a que se refiere el artículo 59 de la Ley de Amparo, sin señalar por qué era aplicable esta legislación en el proceso de ratificación o no ratificación iniciado. b) Y porque no operaba la figura de la recusación, para lo cual analizó la conducta de la presidenta de la Comisión, a fin de determinar que no existían intereses personales en el proceso de ratificación o no ratificación iniciado. Así, resolvió desechar el incidente de recusación, por no cumplirse con los requisitos de forma y, además, por cuestiones de fondo, al prejuzgar, sin prueba alguna, que no existían intereses personales por parte de la diputada presidenta de esa Comisión; decisión que únicamente podía ser tomada al dictarse la resolución definitiva, porque con ello se dilucida la controversia planteada. De ahí que ello deja en estado de indefensión a la quejosa, por subsistir dos sentidos contrarios respecto de una misma pretensión. IV. También se aprecia que en el dictamen fue analizado el desempeño en la actividad jurisdiccional de la magistrada, para garantizar, se dijo, que la sociedad tenga el derecho de contar con impartidores de justicia independientes, imparciales, aptos y eficaces; además, se garantiza a la magistrada el ser evaluada objetivamente en cuanto a su desempeño y determinar si es apta para seguir ocupando dicho cargo (fojas 23 del dictamen que obra en el tomo anexo II). En primer término, se estudió si continuaba cumpliendo con los requisitos y si poseía los atributos necesarios que motivaron su designación como magistrada, al efecto, realizó un cuadro comparativo con los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V, pero sin señalar de qué precepto y legislación se trataba (fojas 24 a 26 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Luego, determinó que, entre tales requisitos, no cumplía con el de la buena reputación, pues no había sido acreditada con ningún medio; contrariamente, sostuvo, la injustificada inasistencia de la magistrada había quedado evidenciada por no comparecer ante la Comisión en dos ocasiones (fojas 25 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Esta parte de ese dictamen no se encuentra motivada, en la medida que omite exponer el motivo por el cual la "buena reputación" se relaciona con la inasistencia de la quejosa ante la misma. En segundo lugar, se determinó que la ratificación o reelección se interpretaba como un nuevo nombramiento, por un segundo periodo, por lo que debía analizarse si existía idoneidad en el sujeto, en su desempeño como impartidora de justicia, además de sus aptitudes y actitudes personales como individuo parte de una sociedad o porción de ella, como es la comunidad de servidores públicos en el Poder Judicial o de los usuarios del mismo (foja 26 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Así, estableció el significado de los vocablos "eficiencia" (de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española), "capacidad", "probidad", "honorabilidad", "competencia", "buena reputación" y "competencia", (fojas 27 a 31 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Al respecto, dijo haber estudiado los documentos que estaban detallados en la lista de anexos adjunta al oficio TSJ/P/128/2020, de seis de agosto de dos mil veinte, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y, al respecto, argumentó que: a) Las constancias de grado académico, cursos de actualización y de especialización judicial, tienen el propósito de comprobar el cumplimiento del requisito de capacidad que deben tener los profesionistas o servidores públicos judiciales para poder ser designados como magistrados y magistradas del Tribunal (foja 31 del dictamen que obra en el tomo anexo II). b) La quejosa exhibe un sinfín de constancias en donde sólo acudió como asistente a diversos cursos. c) El grado de maestra en Derecho tiene una antigüedad de veintiséis años y el de doctora en Derecho de veinticinco años, en tanto que su cédula profesional fue obtenida muchos años después, por lo que se afirmó, esos lapsos son demasiado extensos para considerar que la funcionaria está actualizada en los grados académicos. Lo que implica, dice la autoridad, que a partir de su designación no se preocupó por actualizarse en sus estudios de posgrado y doctorado, pues un cuarto de siglo es tiempo de sobra para que el derecho evolucione y se transforme a la par de los contextos inherentes a la era, nuevas tecnologías y globalización que se vive en el mundo. d) Que la quejosa no cuenta con estudios o capacitación actualizada en medios digitales, lo que resulta prioritario, dice, porque ante la emergencia sanitaria generada por el covid-19, las nuevas tecnologías demanda a los funcionarios públicos trabajar mediante plataformas digitales, redes sociales y cualquier medio de vanguardia, lo que resultaba necesario para demostrar su permanencia en el cargo, y para aspirar a su ratificación o reelección; además de ser indispensable para estar en condiciones de emitir resoluciones debidamente ajustadas en derecho en los asuntos elevados a su análisis y resolución, y garantizar en pro de los justiciables y de la ciudadanía en general una impartición en justicia pronta, expedita, imparcial y profesional. e) Que los cursos son insuficientes e ineficaces para acreditar el aspecto relativo a la capacidad, porque solo prueban que ha estado de oyente en los cursos, pero debía actualizar su maestría y doctorado (foja 34 del dictamen que obra como tomo anexo II). Y concluye que el requisito de eficiencia se declara no acreditado. Ahora, en ese dictamen se estableció que el concepto de eficiencia se traducía en la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado; y para analizar ese valor, debía acudirse al desempeño profesional que como magistrada había tenido la sujeta evaluada, además de contratastarlo con su antigüedad en del Poder Judicial (fojas 27 y 30 del dictamen que obra como tomo anexo II). De los documentos que dijo haber analizado y que están detallados en la lista de anexos adjunta al oficio TSJ/P/128/2020, de seis de agosto de dos mil veinte, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, contrario a lo que sostiene la Comisión responsable, se advierte que: a) Respecto de las constancias en que dijo sólo acudió como asistente y de oyente en diversos cursos, por lo que son insuficientes e ineficaces para acreditar el aspecto relativo a la capacidad, y que debía actualizar su maestría y doctorado (foja 34 del dictamen que obra como tomo anexo II), omitió señalar cuáles son esas constancias en las que se demuestra tal aspecto. Lo que la Comisión responsable debió expresar claramente, pues con base en los cursos a los que asistió la quejosa, en ese carácter, prejuzgó sobre la capacidad y eficiencia que debía quedar demostrada, como requisito para ser ratificada en el cargo de magistrada. b) El grado de maestra en Derecho tiene una antigüedad de veintiséis años y el de doctora en Derecho de veinticinco años, en tanto que su cédula profesional fue obtenida muchos años después, por lo que, se afirmó, esos lapsos son demasiado extensos para considerar que la funcionaria está actualizada en los grados académicos. Lo que implica, dice la autoridad, que a partir de su designación no se preocupó por actualizarse en sus estudios de posgrado y doctorado, pues un cuarto de siglo es tiempo de sobra para que el derecho evolucione y se transforme a la par de los contextos inherentes a la era, nuevas tecnologías y globalización que se vive en el mundo. Esta apreciación tampoco cumple con la motivación exigida en una determinación de tal naturaleza, porque la maestría en Derecho fue cursada del año mil novecientos noventa y cuatro al año mil novecientos noventa y seis, sin que en esa fecha hubiere obtenido el grado de maestra en Derecho. En tanto que el doctorado en Derecho fue cursado durante los años mil novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa y siete, presentó el examen de grado el uno de marzo de dos mil cuatro, obteniendo mención honorífica, en tanto que su cédula profesional fue expedida en el año dos mil doce. Así, a la fecha en que obtuvo el grado de doctora en Derecho fue en el año dos mil cuatro y, por tanto, a la fecha de emitirse el dictamen reclamado había transcurrido dieciséis años, no veinticinco años, como lo sostuvo la Comisión responsable. Tampoco se expuso la razón por la cual influye en la "no actualización", el que a la quejosa le hubieren expedido la cédula profesional varios años después de haber presentado el examen de grado. Ni expresa el motivo por el que "los estudios de posgrado" deben actualizarse y en qué legislación, reglamento, decreto, acuerdo general o circular, se establece tal actualización, en esos estudios. c) Por cuanto a que la quejosa no cuenta con estudios o capacitación actualizada en medios digitales, ante la nueva forma de trabajar, a distancia; la Comisión responsable omitió exponer claramente en qué medida influye el que no tenga dichos estudios, con la emisión de resoluciones que, dijo, deben estar ajustadas en derecho, para garantizar en pro de los justiciables y de la ciudadanía en general una impartición en justicia pronta, expedita, imparcial y profesional. Aunado a ello, tampoco consideró que la quejosa obtuvo diversas constancias por haber cursado los diplomados "******************", "*****************, **************"; así como el taller denominado "**************", en línea o de forma virtual. Por otra parte, se advierte que de las documentales que se anexaron al oficio del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, existen diplomas y constancias relacionadas con cursos, talleres, congresos y diplomados en que participó la quejosa, en los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, de forma presencial y en línea o de forma virtual. En otro aspecto, respecto del cumplimiento de los principios de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, que la Comisión responsable tuvo por no justificado, porque la quejosa, en su cargo de magistrada, había sido citada tres veces, sin comparecer, incluso, que había presentado un escrito el veintisiete de agosto de dos mil veinte, promoviendo incidente de recusación contra la presidenta de la Comisión, por lo que era notorio que sí estaba en condiciones de asistir, siendo tal proceder de mala fe y dolo, configurándose delitos de carácter penal, porque ejercieron la función pública de manera ilícita, abusando de su autoridad y coludiéndose para favorecer a la magistrada (sic); además, que pretende retrasar el proceso de ratificación o no ratificación con la recusación planteada. En el caso, la Comisión responsable no consideró que mediante oficio número./CPAYPJ/LXIV/332/2020, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, citó a la magistrada para que compareciera ante esa Comisión, a las diez horas del uno de septiembre del referido año, comparecencia que podía ser de manera personal o por escrito. Y que la magistrada compareció por escrito que presentó en esa fecha, uno de septiembre de dos mil veinte. Tampoco se expuso cuál es el motivo claro por el que se determina que la magistrada ejerce la función pública de manera ilícita y abusa de su autoridad, en tanto que en ese proceso se le llamó como parte. En relación a que de las cartas de recomendación que exhibió la magistrada, se demuestra un conflicto de intereses innegable, porque existe la posibilidad de que alguno de los seis presidentes de las Barras de Abogados que soportan el actuar de la magistrada, tengan interés especial en que ella continúe fungiendo como magistrada, ya que pudiera haber asuntos que tengan pendientes o que hubiere proyectado la magistrada en su momento, y litigados por los recomendantes, configurándose el conflicto de intereses a que se refiere el artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así, se trata de una hipótesis objetiva y, por tanto, susceptible de quedar acreditada a través de diversos medios probatorios, ya que se afirma la probable existencia del interés especial que pueden tener los firmantes de las cartas de recomendación, en que continúe la quejosa con el cargo de magistrada, bajo el argumento de que existen asuntos pendientes o resueltos proyectados por la magistrada, en el que aparezcan como litigantes, sin que la Comisión responsable expusiera cuáles son esos asuntos o expedientes en los que aparezcan los recomendantes como partes procesales o litigantes. Lo anterior, no obstante que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca le remitió un informe el seis de agosto de dos mil veinte, mediante oficio número TSJ/P/128/2020, al que anexó esas cartas de recomendación, para acreditar la buena reputación, honorabilidad y buena fama en el concepto público que ha tenido la magistrada (constancias existentes en el tomo III); informe que en esos términos le solicitó la Comisión rindiera, como se advierte del oficio número./EZL/LLXIV/067/2020, de veintinueve de julio del referido año (tomo II). Así también, la Comisión responsable concluyó que los requisitos de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, ineludibles para ser reelegida o ratificada en el cargo de magistrada se tenían por no acreditados (foja 41 del dictamen que aparece en el tomo II). Que esos principios están vinculados a la honradez y a la integridad en el accionar de la persona, de esta forma quien actúa con honestidad, integridad, probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, no miente, ni comete ningún abuso, actos inmorales o delitos, tampoco se conduce con dolo o mala fe y menos ante esa autoridad de carácter legislativo (foja 41 del dictamen que aparece en el tomo II). Que la magistrada se aprovechó de la buena fe y del respeto que el Parlamento le mostró, apartándose, dice, de los parámetros éticos y de la honorabilidad de la alta responsabilidad que le fueron encomendados ocho años antes (foja 42 del dictamen que aparece en el tomo II). E invoca respecto de su actuar, la jurisprudencia de rubro: "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUELLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". En el caso, no expresa claramente cuál es la conducta que la quejosa presentó ante esa Comisión, para que ésta la calificara como un comportamiento con las características de dolo o mala fe, y en qué consiste la buena fe del Parlamento que consideró vulnerada por esa conducta. Por tanto, no cumplió con la fundamentación y motivación reforzada a que se refiere el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la emisión de ese dictamen. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: . Y pese a esa falta de fundamentación y motivación reforzada, dicha Comisión la aprobó mediante sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veinte, en la que, aunque la presidenta diputada conoció desde el inicio del proceso de ratificación o no ratificación y emitió el dictamen, se abstuvo de participar en los puntos 7 y 9 de la orden del día, esto es, a) de la deliberación de las y los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y b) de la discusión, aprobación y, en su caso, votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se pone a consideración del Pleno la ratificación o no de la quejosa en el cargo de magistrada de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por existir un incidente de recusación promovido en su contra. Sin embargo, no obstante tal argumento de la presidenta de dicha Comisión, sobre la recusación, tuvo participación en la emisión del dictamen, pese a que fue en ese acto en el que tuvo conocimiento del escrito por el que se planteó tal incidente. Además, en la referida sesión ordinaria la presidenta recusada solicitó a los integrantes de la Comisión manifestaran si estaban de acuerdo con el proyecto de dictamen siendo aprobado por los presentes, dijo; de lo que se infiere que también la recusada aprobó ese proyecto, aunque había dicho que se abstenía de participación en ese punto específico. Acta que aparece firmada solamente por tres integrantes de la Comisión, incluida su presidenta, no así por otros dos integrantes, pese a que en la última parte del acta se estableció que firman los que en ella habían intervenido. Así, resulta fundado el concepto de violación que al respecto vertió la quejosa, ya que el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca aprobó, en sesión extraordinaria de fecha dos de septiembre de dos mil veinte, el dictamen con proyecto de decreto y emitió el decreto número mil seiscientos ochenta, en los términos siguientes: "UNICO. Se da cuenta con los DICTAMENES DE COMISIONES EN SEGUNDA LECTURA. A continuación, por instrucciones de la Presidencia se da cuenta con el único dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, con Proyecto de Decreto, por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, determina no ratificar o reelegir a la doctora Maribel Mendoza Flores en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado Oaxaca, del cual, el diputado presidente pregunta si alguno de los integrantes de la Comisión desea exponer el dictamen. Al no haber quien haga uso de la palabra, con fundamento en los artículos 116 y 132 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, informa que no se registró reserva alguna. Acto siguiente, pone a discusión el dictamen con proyecto de decreto mencionado, en virtud de que no hay solicitudes para hacer el uso de la palabra, en votación económica pregunta si se aprueba el decreto mencionado, pidiendo a las y los diputados que estén por la afirmativa se sirvan manifestarlo levantando la mano (treinta y cuatro diputadas y diputados levantan la mano). Enseguida, a petición de la Presidencia, la Secretaría informa que se emitieron treinta y cuatro votos a favor. Por lo que se declara aprobado con treinta y cuatro votos a favor el Decreto mencionado, ordenándose remitir al Ejecutivo del Estado, a la doctora Maribel Mendoza Flores y a las instancias correspondientes para los efectos procedentes." Pese a que dicho dictamen contravino lo previsto por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: . Octavo. Efectos de la concesión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 1. Deje sin efecto el decreto número un mil seiscientos ochenta, aprobado por el Pleno Legislativo en sesión extraordinaria el dos de septiembre de dos mil veinte, en el que determina no ratificar o no reelegir a la quejosa en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y ordena su notificación relativa, así como la entrega formar e inmediata de la magistratura al presidente de dicho Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con efectos a partir del veintiséis de septiembre del referido año. 2. Emita resolución en la que ordene a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de dicho Congreso: a) Deje sin efecto el dictamen con proyecto de decreto y aprobación en sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veinte; y, b) Con libertad de decisión nuevamente emita dictamen en la que subsane los vicios formales a que se refiere esta sentencia de amparo. Ahora, debe establecerse que el efecto así concedido no abarca los actos de ejecución que reclamó la quejosa, a saber: 1º Las consecuencias de la aprobación del dictamen, consistente en la privación del cargo, falta de pago y demás prestaciones. 2º El cumplimiento y ejecución del decreto de que se trata. 3º Las consecuencias de la ejecución, que se traducen en la privación del cargo y falta de pago de salarios y demás prestaciones que percibe. 4º El cumplimiento y ejecución de las órdenes giradas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 5º La baja de la plantilla del personal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 6º La baja de la nómina relativa. 7º La baja como afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social. 8º La falta de pago del sueldo de magistrada de Tribunal, incluyendo todos los sueldos, prestaciones, bonos, compensaciones y otros. Ya que, además de no impugnarse por vicios propios tales actos, la situación jurídica de la quejosa queda subjúdice a las resultas de la nueva decisión del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, una vez que se someta a su aprobación nuevo dictamen que emita la Comisión responsable. Además, para no dejar acéfalo el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la persona que, en su caso, ya hubiere sido designada para desempeñarlo, ante la convocatoria emitida para ese efecto, debe seguir ocupando esa plaza, hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento de ratificación de la quejosa. ." 2º En la ejecutoria de cuatro de febrero de dos mil veintidós emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el recurso de revisión *********, se concedió la protección constitucional solicitada por la parte quejosa, en los términos y para los efectos siguientes: ". Ahora, debe establecerse que el efecto así concedido no abarca los actos de ejecución que reclamó la quejosa, a saber: ." Así, la superioridad señaló que, en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el dictamen se emitiría subsanando los vicios formales referidos en la sentencia de amparo, además, se aplicaran criterios objetivos de evaluación, a saber, de manera ejemplificativa, la productividad en el desahogo de los asuntos, tiempos de resolución en el dictado de sentencias, índice de eficacia de resoluciones, resultado de visitas, procedimientos seguidos en su contra y, en su caso, sanciones impuestas (página 114 de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión **********), por lo que modificó la sentencia de amparo, y por cuanto a los efectos en que se concedió inicialmente, señaló que la protección concedida no abarcaba los actos de ejecución reclamados por la parte quejosa. Estudio del cumplimiento por parte de la responsable. De las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, con valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, por haber sido expedida por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que: Respecto del efecto a que se refieren los puntos uno y dos, inciso a), que dicen: 1. Deje sin efecto el decreto número un mil seiscientos ochenta, aprobado por el Pleno Legislativo en sesión extraordinaria el dos de septiembre de dos mil veinte, en el que determina no ratificar o no reelegir a la quejosa en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y ordena su notificación relativa, así como la entrega formal e inmediata de la magistratura al presidente de dicho Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con efectos a partir del veintiséis de septiembre del referido año. 2. Emita resolución en la que ordene a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de dicho Congreso: a) Deje sin efecto el dictamen con proyecto de decreto y aprobación en sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veinte. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós se tuvo por cumplido ese efecto, ya que la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca emitió el decreto número seiscientos cinco, de fecha seis de abril de dos mil veintidós, por el que dejó sin efecto el diverso número un mil seiscientos ochenta, aprobado por el Pleno Legislativo en Sesión Extraordinaria el dos de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado determinó no ratificar o no reelegir a ************* en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como la entrega formal e inmediata de la magistratura al presidente de dicho Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Así también, en ese mismo decreto el Congreso del Estado ordenó a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia dejara sin efecto el dictamen con proyecto de decreto aprobado en sesión ordinaria de esa Comisión el uno de septiembre de dos mil veinte. Por cuanto al inciso b) del segundo efecto, que señala: b) Con libertad de decisión nuevamente emita dictamen en la que subsane los vicios formales a que se refiere esta sentencia de amparo (y aplique criterios objetivos de evaluación)". El siete de julio de dos mil veintitrés, la Comisión Permanente de Administración y Justicia de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca emitió el dictamen con proyecto de decreto por el cual no se ratifica o reelige a la doctora *********** como ******************************. Dictamen que fue aprobado por el Pleno Legislativo en sesión ordinaria de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, aprobándose el decreto un mil cuatrocientos cinco. Vicios formales a subsanar y aplicación de criterios objetivos de evaluación aplicados. Como se dijo en la ejecutoria de amparo, confirmada en esos aspectos y modificada por cuanto a sus efectos, se estableció que los vicios formales del dictamen que en su momento se aprobó por el Congreso del Estado, son los siguientes: ". En los considerados primero, relativo al análisis de competencia para conocer y resolver sobre la ratificación, reelección o no de la quejosa, como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, señalando los preceptos que, dicen, son aplicables al caso concreto (fojas 4 a 8 del dictamen que obra en el tomo anexo II); y, séptimo, de la comparecencia de la magistrada, se señala en el dictamen que mediante escrito de ******************, la quejosa opuso la excepción de incompetencia contra el órgano colegiado que inició el procedimiento de ratificación o no ratificación (foja 61 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Ahora, en el escrito presentado el ****************** ante la Comisión responsable (que obra en el tomo anexo III) se advierte que la quejosa opuso la excepción de incompetencia al considerar que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no es competente legalmente para iniciar y conocer del proceso de ratificación o no ratificación en el cargo de magistrada. Al respecto, refirió dicha quejosa en el referido ocurso que los preceptos invocados por dicha Comisión, a saber, 59, fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 42, fracción II, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativa del Estado de Oaxaca, no contemplaban la competencia en tal aspecto, sino únicamente para conocer los asuntos respecto de los nombramientos de los magistrados, no de su ratificación; en tanto que la jurisprudencia en que se apoyó la Comisión no resultaba aplicable, porque en la ejecutoria que le dio origen se interpretó la legislación de Jalisco que resultaba totalmente diferente a la legislación de Oaxaca, exponiendo los motivos de ello; además, que la competencia recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado. Por su parte, en el referido dictamen la Comisión responsable determinó que era competente acorde a las disposiciones invocadas con anterioridad, y desechó la excepción de incompetencia planteada, pero sin estudiar los motivos de inconformidad de la quejosa, manifestando únicamente que esta última había presentado un escrito oponiendo la excepción de incompetencia. Ello deviene en la falta de motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, porque al desecharse la excepción de incompetencia, la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia no expresó claramente por qué no le asistía razón a la quejosa, quien alegó que la jurisprudencia en que se apoyó se interpretó la legislación de Jalisco que resultaba totalmente diferente a la legislación de Oaxaca, para lo cual expuso los argumentos relativos; además de referir que la competencia recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado. En relación con este vicio formal, la responsable estableció lo siguiente: En el considerando primero señaló la autoridad que era competente para conocer y resolver sobre la reelección, ratificación o no, de la doctora *****************, como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado por lo siguiente: El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca se deposita en un Congreso integrado por una Cámara de Diputados, conformada por veinticinco diputados electos por mayoría relativa y diecisiete por representación proporcional. El trabajo del Pleno se distribuye en Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales, cuenta además con una Mesa Directiva, entre otros, siendo el Pleno su órgano supremo de decisión. La Mesa Directiva es el órgano de gobierno que representa la unidad del Poder Legislativo y deberá conducirse bajo los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, ética e igualdad. Su Presidencia conduce las relaciones institucionales con los otros dos poderes del Estado, los Gobiernos de los demás Estados de la Federación, los Ayuntamientos y Consejos Municipales de los municipios del Estado, así como los Poderes de la Unión. Las Comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, para el estudio de los asuntos, cuyo objetivo es la elaboración de dictámenes, informes, opiniones y resoluciones, a fin de contribuir al cumplimiento de las atribuciones y obligaciones constitucionales y legales del Congreso, su organización y funcionamiento se regula por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento; tendrán la competencia que les corresponde en lo general a las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública local, la derivada de su denominación en materia parlamentaria; formulan por escrito sus dictámenes, fundados y motivados, en el que podrán proponer la aprobación total o parcial del asunto. Todo dictamen aprobado en sentido positivo por el Pleno se denominará ley o decreto y debe ser remitido al titular de Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales. En el considerando segundo del dictamen señaló que, previo al análisis de la competencia de esa Comisión Permanente, resultaba necesario pronunciarse respecto del escrito presentado el ******************, por la magistrada ********************, en la que opuso la excepción de incompetencia de dicho órgano colegiado; y tomando en consideración que la competencia es una garantía que tutela el derecho humano de legalidad y de seguridad jurídica, que deriva del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, era pertinente analizarlo en primer término, así como lo dispuesto por los diversos 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 42, fracción II, inciso c), y 64 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 7º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y con base en ello determinó que no le asistía razón al oponer esa excepción, en el escrito de ********************, en el que sustancialmente refirió que dentro de las facultades de esa Comisión no se encuentra lo referente al procedimiento de ratificación o no ratificación del cargo de magistrado de Tribunal, ni la correspondiente emisión del dictamen de evaluación, sino únicamente está facultada para emitir el dictamen referente a los nombramientos de magistrados de Tribunal. Pues esa afirmación era incorrecta, porque el artículo 116, fracción III, constitucional, establece que el cargo de magistrada o magistrado no es vitalicio, ya que deben durar en su cargo el tiempo que establezcan las constitucionales locales, en el caso es de ocho años, y podrían ser reelectos, y si lo fueren, entonces sólo podrían ser privados de sus puestos, considerando tanto la elección como la reelección, como lo dispone el artículo 102 de la Constitución Local. Que el Congreso del Estado conserva íntegras sus facultades para la reelección o ratificación, como lo refiere la fracción XXVIII del artículo 59 de la Constitución Local, por lo que tiene amplias facultades elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y conforme a lo señalado en el numeral 102 invocado, considera tanto la elección como la reelección. Por lo que, dice, el Congreso tiene amplias facultades para nombrar y reelegir a los magistrados, resultando así improcedente el incidente planteado, porque no se limita al Congreso del Estado a determinar únicamente sobre el nombramiento, sino que la Constitución Local le concede facultades para la reelección, ratificación o no de los magistrados del Tribunal, siendo un acto discrecional dentro de los pesos y contrapesos que prevén las Constituciones Federal y Local. Siendo la reelección o ratificación una institución jurídica mediante la cual se determina si un funcionario judicial debe continuar o no en el cargo que desempeñaba, dimensionándose como un derecho del servidor público y una garantía a favor de la sociedad, a contar con funcionarios idóneos que aseguren una administración de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Para ello debe existir una evaluación objetiva, avalada mediante pruebas del desempeño que ha tenido el funcionario judicial en el periodo de su mandato que permitan determinar su idoneidad para permanecer en el cargo. Que la evaluación objetiva, tratándose de un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa, debe quedar sustentado en un dictamen escrito, fundado y motivado, conforme a las jurisprudencias de rubros: "RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES. ARTICULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERISTICAS Y NOTAS BÁSICAS", "RATIFICACIÓN O RELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Conforme a ello, dijo, el Congreso del Estado, como órgano colegiado, distribuye sus cargas laborales en comisiones permanentes, a las cuales la Mesa Directiva acuerda el turno de los expedientes que conocerán las comisiones; siendo el caso de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, órgano legislativo que se encarga de dictaminar todo lo referente a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, no simplemente del nombramiento, e invocó la tesis de rubro: "CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. NO ESTÁ IMPEDIDO PARA SANCIONAR CON LA DESTITUCIÓN DE SU ENCARGO A UN SECRETARIO DE ACUERDOS DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA A QUIEN DESIGNÓ PARA EJERCER PROVISIONALMENTE LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, POR SU ACTUACIÓN COMO JUZGADOR DE APELACIÓN". Dijo que es válido interpretar el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, armonizándolo con los artículos 59, fracción XXVIII, y 102, de la Constitución Local, 65, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, y 42, fracción II, letra "c" del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, para sostener que con el fin de privilegiar el debido proceso, así como el derecho de audiencia, la expresión "elegir y reelegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia" implica la facultad discrecional de la Comisión Dictaminadora para emitir un dictamen y del Pleno del Congreso en la aprobación o no del mismo. Así también, en ese dictamen se contestó el argumento planteado por la quejosa, al plantear esa incompetencia, en el que se dijo que la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de iniciativa propia determinó que antes de culminar el periodo para el que fue electa, debía emitir un dictamen de evaluación en el que se precisaran las causas por las que se consideraba que debía o no ser ratificada en el cargo de magistrada, siendo improcedente el acuerdo dictado por la Comisión, ya que el órgano competente para conocer del proceso de ratificación sería el Congreso del Estado, por lo que la Mesa Directiva del Pleno, a través del turno correspondiente, debía emitir la resolución de trámite dictada por su presidente durante una de sus sesiones, para luego someterlo al máximo órgano de decisión del Congreso. Que aunque la fracción VII del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que una de las atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, consiste en dar curso a los oficios y peticiones que se dirijan a la Legislatura, también es cierto que en términos de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dentro de las facultades y atribuciones de la evaluada, al ser integrante del Tribunal Superior de Justicia, se encontraba la de respetar y garantizar la supremacía y control de la Constitución, tanto Local como Federal y, en el caso, como perito en Derecho, conoce del diverso numeral 102, que señala que el cargo de magistrado fenece a los ocho años, con la posibilidad de ser ratificada, lo que significa que no es obligatoria esa ratificación, sino potestativo, a su término, pueden ser evaluados por las autoridades competentes y, en caso de haber demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realicen con honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, pueden ser ratificados. Por lo que si magistrada hubiere respetado ese mandato constitucional mostrando su interés en ser ratificada en el cargo, lo hubiere comunicado por escrito al Congreso del Estado de Oaxaca y, consecuentemente, la Mesa Directiva lo hubiere turnado a la Comisión Dictaminadora, pero ante su omisión deliberada tuvo que ser la propia Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia quien tomó la iniciativa de incoar el procedimiento de reelección para no dejar de observar el mandato constitucional, pues es un acto de interés público, debido a que los justiciables tienen el derecho a que los impartidores de justicia sean debidamente evaluados para garantizar su derecho a recibir una justicia de calidad, por lo que fue ese órgano legislativo el que ejerció su obligación constitucional para iniciar el procedimiento de evaluación, garantizando a la sociedad en general, contar con impartidores de justicia idóneos que tengan como premisa otorgar justicia pronta, completa, gratuita, imparcial y profesional, a través de un proceso de evaluación, que permita conocer que el servidor público judicial reúna todos los requisitos constitucionales para desempeñarse como magistrado, conforme a los mandatos 102 y 59 Constitucionales del Estado, así como de la jurisprudencia de rubro: "RATIFICACIÓN DE JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO ES UNA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CARGO Y PRINCIPALMENTE UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA IMPARTIR JUSTICIA PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". Así, declaró improcedente la excepción de incompetencia planteada por la quejosa, al referir que la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia determinó la competencia de dicha Comisión dictaminadora para conocer del procedimiento de reelección o ratificación, pues, de conformidad con el artículo 42 del Reglamento Interior del Congreso, las comisiones permanentes dictaminarán los asuntos que deriven de su denominación, dicha porción normativa concede a esa Comisión Dictaminadora una amplía competencia en todos aquellos asuntos que versen con la procuración e impartición de justicia como lo es el proceso de evaluación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia; lo cual no compete a la Mesa Directiva, pues dicho órgano tiene funciones distintas a la dictaminación de iniciativas y sus funciones y atribuciones están claramente definidas en los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo que se encuentra subsanado el vicio formal respectivo; porque expuso los motivos por los cuales sí tiene competencia la Comisión Permanente para iniciar y conocer del proceso de ratificación, y no la Mesa Directiva del Pleno, e invocó los preceptos que establecen las facultades de cada una; con ello ya no debía establecer el motivo por el cual resultaba aplicable la jurisprudencia en cuya ejecutoria se interpretó la legislación de Jalisco que resulta diferente a la legislación de Oaxaca. También se estableció lo siguiente en la sentencia de amparo: ". En otro aspecto, en el dictamen analizado aparece que la Comisión responsable se pronuncia sobre la excepción de recusación contra la diputada *************, para lo cual resolvió en dos sentidos: 1. Desechó, de plano, la recusación planteada, porque en el escrito relativo la quejosa no expresó bajo protesta de decir verdad los hechos en los que basaba su pretensión, tampoco cumplió con el requisito previsto en el artículo 59 de la Ley de Amparo, porque no se exhibió el billete de depósito que garantice el monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada la recusación e invocó en apoyo la jurisprudencia de rubro "RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO FORMAL DE LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" DE LOS HECHOS QUE LA FUNDAMENTAN, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE AMPARO, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO Y NO A LA PREVENCIÓN AL FORMULANTE PARA QUE SE SUBSANE" (fojas 48 a 53 del dictamen que aparece en el tomo II). II. Porque no operaba la figura de la recusación, ya que no se trataba de una controversia basada en el ejercicio del cargo de la magistrada, sino en una evaluación que desde el Poder Legislativo podía analizarse para determinar si es o no ratificada o reelecta en el cargo. Sostuvo la Comisión responsable que la ratificación o reelección de las magistraturas al término del ejercicio conforme al periodo señalado en la Constitución Local se da cuando se demuestra poseer los atributos que se le reconocieron al habérseles designado, así como que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; de ahí que, dijo, el derecho a la ratificación o reelección se realizaba exclusivamente para quienes habían concluido el periodo de ocho años para el que fueron designados y necesariamente requerían ser evaluados por el Poder Legislativo (fojas 53 a 56 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Que el presunto interés personal que alegaba la magistrada, por parte de la diputada presidenta de la Comisión Permanente, en nada se relacionaba con la obligación constitucional que le correspondía a los representantes populares de la legislatura, porque el ejercicio de evaluación relativo no se realizaba exclusivamente a la magistrada, pues se trataba de un proceso constitucional al que se encontraban sujetas todas las personas que concluían el periodo respectivo (foja 56 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Por lo que la presidenta de la Comisión no había optado, dijo, de manera arbitraria por intereses personales, en tanto que el Pleno era el máximo órgano de decisión sobre el asunto (fojas 56 y 57 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Además, se sostuvo en dicho dictamen que la magistrada había divulgado datos personales de víctimas, para fundar la recusación planteada, por lo que advertía probable responsabilidad, manifestándose por la injustificada utilización de los datos personales en situación de víctima que no hubieren sido autorizados a su uso y divulgación (fojas 57 a 61 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Esta respuesta a la petición de la quejosa resulta incongruente y vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica a que se refiere el artículo 16 constitucional, porque la autoridad responsable determinó desechar de plano el incidente de recusación: a) Por falta de cumplimiento en los requisitos a que se refiere el artículo 59 de la Ley de Amparo, sin señalar por qué era aplicable esta legislación en el proceso de ratificación o no ratificación iniciado. b) Y porque no operaba la figura de la recusación, para lo cual analizó la conducta de la presidenta de la Comisión, a fin de determinar que no existían intereses personales en el proceso de ratificación o no ratificación iniciado. Así, resolvió desechar el incidente de recusación, por no cumplirse con los requisitos de forma y, además, por cuestiones de fondo, al prejuzgar, sin prueba alguna, que no existían intereses personales por parte de la diputada presidenta de esa Comisión; decisión que únicamente podía ser tomada al dictarse la resolución definitiva, porque con ello se dilucida la controversia planteada. De ahí que ello deja en estado de indefensión a la quejosa, por subsistir dos sentidos contrarios respecto de una misma pretensión. ." Por cuanto a este aspecto, la responsable señaló en el considerando tercero del dictamen, que la doctora ************** interpuso recusación contra la persona que se desempeñó como presidenta de esa Comisión Permanente, como si el procedimiento de reelección o ratificación de magistrados se tratara de una controversia litigiosa entre partes, pretendiendo con ello desvirtuar la finalidad de la evaluación a que se refiere el artículo 102 de la Constitución del Estado de Oaxaca, pero que al rendir la protesta en el cargo de magistrada de Tribunal se comprometió a respetar y obedecer, es así que la interposición de recursos frívolos e improcedentes se basan en apreciaciones subjetivas que están por debajo del mandato constitucional y el deber de todo magistrado de conducirse con pleno respeto a la legalidad, de lo contrario, la renuencia a someterse al control constitucional implica una conducta reprochable que genera anarquismo, pues la insubordinación al mandato constitucional no es propio de un servidor público y menos de quien imparte justicia dentro del Estado. Que la servidora pública, en su calidad de impartidora de justicia, sabía que su ratificación en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia depende de una evaluación que se encuentra prevista por el artículo 102 invocado, a la cual debe someterse y su actuar debe ser con honorabilidad; por lo que resultaba aplicable la ejecutoria de amparo que dio origen a la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SUS DEBERES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIÓN Y RENOVACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Que la doctora ************** entorpeció el procedimiento de ratificación, lo que es contrario al deber constitucional de honestidad invulnerable, excelencia, profesionalismo y organización, y quien carece de esos atributos desde luego que también carece de una buena reputación. Así, se sostuvo en el dictamen, que no operaba la figura de la recusación planteada con el argumento de que *************** tenía intereses personales y animadversión en su contra, premisa que no tenía trascendencia en los demás integrantes de la Comisión Permanente dictaminadora, toda vez que se trata de un Órgano Colegiado, integrado por cinco diputados, cada uno libre de expresar su determinación a través del voto, y aunque la evaluada demostró con actuaciones judiciales exhibida en copia certificada, sus señalamientos no alcanzaban a los demás diputados integrantes de la Comisión, por lo que la recusación era fundada pero inoperante, porque no se demostró que los demás integrantes adolecieran de intereses ajenos al proceso de evaluación. Además, actualmente *************** ya no fungía como diputada de la Legislatura, careciendo de facultades para intervenir en el dictamen, al no ser integrante de la actual Comisión Permanente, por lo que, refirió, la recusación planteada había quedado sin materia, por tanto, se consideraba improcedente; al respecto, invocó la tesis de rubro: "RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI SE REFIERE A SERVIDORES PÚBLICOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA". De ahí que quedó subsanado el vicio formal a que se refiere la ejecutoria de amparo, ya que ahora analizó de fondo las cuestiones relativas a la figura de la recusación, al establecer que sí se demostró el motivo del planteamiento formulado por la magistrada, pero esas razones no acreditaban que en el mismo supuesto se encontraban los demás integrantes de la Comisión Permanente, en tanto la diputada recusada ya no formaba parte de esa Comisión. También se precisó lo siguiente: IV. . se aprecia que en el dictamen fue analizado el desempeño en la actividad jurisdiccional de la magistrada, para garantizar, se dijo, que la sociedad tenga el derecho de contar con impartidores de justicia independientes, imparciales, aptos y eficaces; además, se garantiza a la magistrada el ser evaluada objetivamente en cuanto a su desempeño y determinar si es apta para seguir ocupando dicho cargo (fojas 23 del dictamen que obra en el tomo anexo II). En primer término, se estudió si continuaba cumpliendo con los requisitos y si poseía los atributos necesarios que motivaron su designación como magistrada, al efecto, realizó un cuadro comparativo con los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V, pero sin señalar de qué precepto y legislación se trataba (fojas 24 a 26 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Luego, determinó que, entre tales requisitos, no cumplía con el de la buena reputación, pues no había sido acreditada con ningún medio; contrariamente, sostuvo, la injustificada inasistencia de la magistrada había quedado evidenciada por no comparecer ante la Comisión en dos ocasiones (fojas 25 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Esta parte de ese dictamen no se encuentra motivada, en la medida que omite exponer el motivo por el cual la "buena reputación" se relaciona con la inasistencia de la quejosa ante la misma. En segundo lugar, se determinó que la ratificación o reelección se interpretaba como un nuevo nombramiento, por un segundo periodo, por lo que debía analizarse si existía idoneidad en el sujeto, en su desempeño como impartidora de justicia, además de sus aptitudes y actitudes personales como individuo parte de una sociedad o porción de ella, como es la comunidad de servidores públicos en el Poder Judicial o de los usuarios del mismo (foja 26 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Así, estableció el significado de los vocablos "eficiencia" (de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española), "capacidad", "probidad", "honorabilidad", "competencia", "buena reputación" y "competencia", (fojas 27 a 31 del dictamen que obra en el tomo anexo II). Al respecto, dijo haber estudiado los documentos que estaban detallados en la lista de anexos adjunta al oficio TSJ/P/128/2020, de seis de agosto de dos mil veinte, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y, al respecto, argumentó que: a) Las constancias de grado académico, cursos de actualización y de especialización judicial, tienen el propósito de comprobar el cumplimiento del requisito de capacidad que deben tener los profesionistas o servidores públicos judiciales para poder ser designados como magistrados y magistradas del Tribunal (foja 31 del dictamen que obra en el tomo anexo II). b) La quejosa exhibe un sinfín de constancias en donde sólo acudió como asistente a diversos cursos. c) El grado de maestra en Derecho tiene una antigüedad de veintiséis años y el de doctora en Derecho de veinticinco años, en tanto que su cédula profesional fue obtenida muchos años después, por lo que se afirmó, esos lapsos son demasiado extensos para considerar que la funcionaria está actualizada en los grados académicos. Lo que implica, dice la autoridad, que a partir de su designación no se preocupó por actualizarse en sus estudios de posgrado y doctorado, pues un cuarto de siglo es tiempo de sobra para que el derecho evolucione y se transforme a la par de los contextos inherentes a la era, nuevas tecnologías y globalización que se vive en el mundo. d) Que la quejosa no cuenta con estudios o capacitación actualizada en medios digitales, lo que resulta prioritario, dice, porque ante la emergencia sanitaria generada por el covid-19, las nuevas tecnologías demanda a los funcionarios públicos trabajar mediante plataformas digitales, redes sociales y cualquier medio de vanguardia, lo que resultaba necesario para demostrar su permanencia en el cargo, y para aspirar a su ratificación o reelección; además de ser indispensable para estar en condiciones de emitir resoluciones debidamente ajustadas en derecho en los asuntos elevados a su análisis y resolución, y garantizar en pro de los justiciables y de la ciudadanía en general una impartición en justicia pronta, expedita, imparcial y profesional. e) Que los cursos son insuficientes e ineficaces para acreditar el aspecto relativo a la capacidad, porque solo prueban que ha estado de oyente en los cursos, pero debía actualizar su maestría y doctorado (foja 34 del dictamen que obra como tomo anexo II). Y concluye que el requisito de eficiencia se declara no acreditado. Ahora, en ese dictamen se estableció que el concepto de eficiencia se traducía en la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado; y para analizar ese valor, debía acudirse al desempeño profesional que como magistrada había tenido la sujeta evaluada, además de contrastarlo con su antigüedad en del Poder Judicial (fojas 27 y 30 del dictamen que obra como tomo anexo II). De los documentos que dijo haber analizado y que están detallados en la lista de anexos adjunta al oficio TSJ/P/128/2020, de seis de agosto de dos mil veinte, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, contrario a lo que sostiene la Comisión responsable, se advierte que: a) Respecto de las constancias en que dijo sólo acudió como asistente y de oyente en diversos cursos, por lo que son insuficientes e ineficaces para acreditar el aspecto relativo a la capacidad, y que debía actualizar su maestría y doctorado (foja 34 del dictamen que obra como tomo anexo II), omitió señalar cuáles son esas constancias en las que se demuestra tal aspecto. Lo que la Comisión responsable debió expresar claramente, pues con base en los cursos a los que asistió la quejosa, en ese carácter, prejuzgó sobre la capacidad y eficiencia que debía quedar demostrada, como requisito para ser ratificada en el cargo de magistrada. b) El grado de maestra en Derecho tiene una antigüedad de veintiséis años y el de doctora en Derecho de veinticinco años, en tanto que su cédula profesional fue obtenida muchos años después, por lo que, se afirmó, esos lapsos son demasiado extensos para considerar que la funcionaria está actualizada en los grados académicos. Lo que implica, dice la autoridad, que a partir de su designación no se preocupó por actualizarse en sus estudios de posgrado y doctorado, pues un cuarto de siglo es tiempo de sobra para que el derecho evolucione y se transforme a la par de los contextos inherentes a la era, nuevas tecnologías y globalización que se vive en el mundo. Esta apreciación tampoco cumple con la motivación exigida en una determinación de tal naturaleza, porque la maestría en Derecho fue cursada del año mil novecientos noventa y cuatro al año mil novecientos noventa y seis, sin que en esa fecha hubiere obtenido el grado de maestra en Derecho. En tanto que el doctorado en Derecho fue cursado durante los años mil novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa y siete, presentó el examen de grado el uno de marzo de dos mil cuatro, obteniendo mención honorífica, en tanto que su cédula profesional fue expedida en el año dos mil doce. Así, a la fecha en que obtuvo el grado de doctora en Derecho fue en el año dos mil cuatro y, por tanto, a la fecha de emitirse el dictamen reclamado había transcurrido dieciséis años, no veinticinco años, como lo sostuvo la Comisión responsable. Tampoco se expuso la razón por la cual influye en la "no actualización", el que a la quejosa le hubieren expedido la cédula profesional varios años después de haber presentado el examen de grado. Ni expresa el motivo por el que "los estudios de posgrado" deben actualizarse y en qué legislación, reglamento, decreto, acuerdo general o circular, se establece tal actualización, en esos estudios. c) Por cuanto a que la quejosa no cuenta con estudios o capacitación actualizada en medios digitales, ante la nueva forma de trabajar, a distancia; la Comisión responsable omitió exponer claramente en qué medida influye el que no tenga dichos estudios, con la emisión de resoluciones que, dijo, deben estar ajustadas en derecho, para garantizar en pro de los justiciables y de la ciudadanía en general una impartición en justicia pronta, expedita, imparcial y profesional. Aunado a ello, tampoco consideró que la quejosa obtuvo diversas constancias por haber cursado los diplomados "*****************", "*****************, ****************"; así como el taller denominado "**************", en línea o de forma virtual. Por otra parte, se advierte que de las documentales que se anexaron al oficio del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, existen diplomas y constancias relacionadas con cursos, talleres, congresos y diplomados en que participó la quejosa, en los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, de forma presencial y en línea o de forma virtual. En otro aspecto, respecto del cumplimiento de los principios de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, que la Comisión responsable tuvo por no justificado, porque la quejosa, en su cargo de magistrada, había sido citada tres veces, sin comparecer, incluso, que había presentado un escrito el veintisiete de agosto de dos mil veinte, promoviendo incidente de recusación contra la presidenta de la Comisión, por lo que era notorio que sí estaba en condiciones de asistir, siendo tal proceder de mala fe y dolo, configurándose delitos de carácter penal, porque ejercieron la función pública de manera ilícita, abusando de su autoridad y coludiéndose para favorecer a la magistrada (sic); además, que pretende retrasar el proceso de ratificación o no ratificación con la recusación planteada. En el caso, la Comisión responsable no consideró que mediante oficio número./CPAYPJ/LXIV/332/2020, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, citó a la magistrada para que compareciera ante esa Comisión, a las diez horas del uno de septiembre del referido año, comparecencia que podía ser de manera personal o por escrito. Y que la magistrada compareció por escrito que presentó en esa fecha, uno de septiembre de dos mil veinte. Tampoco se expuso cuál es el motivo claro por el que se determina que la magistrada ejerce la función pública de manera ilícita y abusa de su autoridad, en tanto que en ese proceso se le llamó como parte. En relación a que de las cartas de recomendación que exhibió la magistrada, se demuestra un conflicto de intereses innegable, porque existe la posibilidad de que alguno de los seis presidentes de las Barras de Abogados que soportan el actuar de la magistrada, tengan interés especial en que ella continúe fungiendo como magistrada, ya que pudiera haber asuntos que tengan pendientes o que hubiere proyectado la magistrada en su momento, y litigados por los recomendantes, configurándose el conflicto de intereses a que se refiere el artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así, se trata de una hipótesis objetiva y, por tanto, susceptible de quedar acreditada a través de diversos medios probatorios, ya que se afirma la probable existencia del interés especial que pueden tener los firmantes de las cartas de recomendación, en que continúe la quejosa con el cargo de magistrada, bajo el argumento de que existen asuntos pendientes o resueltos proyectados por la magistrada, en el que aparezcan como litigantes, sin que la Comisión responsable expusiera cuáles son esos asuntos o expedientes en los que aparezcan los recomendantes como partes procesales o litigantes. Lo anterior, no obstante que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca le remitió un informe el seis de agosto de dos mil veinte, mediante oficio número TSJ/P/128/2020, al que anexó esas cartas de recomendación, para acreditar la buena reputación, honorabilidad y buena fama en el concepto público que ha tenido la magistrada (constancias existentes en el tomo III); informe que en esos términos le solicitó la Comisión rindiera, como se advierte del oficio número./EZL/LLXIV/067/2020, de veintinueve de julio del referido año (tomo II). Así también, la Comisión responsable concluyó que los requisitos de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, ineludibles para ser reelegida o ratificada en el cargo de magistrada se tenían por no acreditados (foja 41 del dictamen que aparece en el tomo II). Que esos principios están vinculados a la honradez y a la integridad en el accionar de la persona, de esta forma quien actúa con honestidad, integridad, probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, no miente, ni comete ningún abuso, actos inmorales o delitos, tampoco se conduce con dolo o mala fe y menos ante esa autoridad de carácter legislativo (foja 41 del dictamen que aparece en el tomo II). Que la magistrada se aprovechó de la buena fe y del respeto que el Parlamento le mostró, apartándose, dice, de los parámetros éticos y de la honorabilidad de la alta responsabilidad que le fueron encomendados ocho años antes (foja 42 del dictamen que aparece en el tomo II). E invoca respecto de su actuar, la jurisprudencia de rubro: "MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUELLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". En el caso, no expresa claramente cuál es la conducta que la quejosa presentó ante esa Comisión, para que ésta la calificara como un comportamiento con las características de dolo o mala fe, y en qué consiste la buena fe del Parlamento que consideró vulnerada por esa conducta. Por tanto, no cumplió con la fundamentación y motivación reforzada a que se refiere el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la emisión de ese dictamen. Ahora, el Tribunal Colegiado señaló que debían subsanarse los vicios formales referidos en la sentencia recurrida en revisión, y se aplicaran criterios objetivos de evaluación; por lo que, para cumplir con este aspecto, en el considerando cuarto del dictamen emitido, se determinó que para estar en condiciones de pronunciarse sobre la reelección, ratificación o no ratificación, debía observarse lo dispuesto por la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señaló la autoridad que: 1º La ratificación o reelección es una institución jurídica mediante la cual se determina si un juzgador, previa evaluación de su actuación, continuará en el cargo que venía desempeñando. 2º Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que durante su ejercicio actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. 3º No se produce de forma automática y depende del ejercicio responsable de una evaluación del órgano competente. 4º Supone como condición necesaria que el funcionario judicial haya cumplido el término de duración de su cargo establecido en la Constitución Local, pues es a su término cuando puede evaluarse si su conducta y desempeño en la función lo hace o no merecedor a continuar en el mismo. 5º La evaluación sobre la reelección o ratificación es un acto soberano del cual la sociedad está interesada, que es de orden público de naturaleza imperativa, y se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales se precisen, de manera fundada y motivada, las razones de la determinación tomada en relación con la ratificación de un servidor jurisdiccionales. Así, manifestó que las evaluaciones y ratificaciones o reelecciones de los magistrados son actos que interesan a la sociedad, porque tienen trascendencia directa en la esfera de los gobernados, por ser los destinarios de la garantía de acceso a la justicia, por lo que para llevar a cabo la evaluación como la ratificación, debe cumplirse ineludiblemente con el requisito de fundamentación y motivación. Luego, señaló cuáles son los extremos a satisfacer para emitir, de manera fundada y motivada, una determinación relativa a la reelección, ratificación o no ratificación de un magistrado, conforme a lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: 1º Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación constitucional y legal de la esfera competencial de las autoridades. 2º La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en la que disponga la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán actuar, la propia autoridad emisora del acto podrá determinar la forma de actuación, pero siempre en pleno respeto a lo dispuesto en la Constitución Federal, y en específico a lo previsto en el artículo 116, fracción III. 3º Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que es procedente que las autoridades emisoras del acto actúen en ese sentido. 4º En la emisión del acto, la autoridad emisora debe justificar, de manera objetiva y razonable, las consideraciones por las que se determine la ratificación, no ratificación, reelección o no reelección de los funcionarios judiciales correspondientes. 5º La emisión del dictamen de ratificación, no ratificación, reelección o no reelección es siempre obligatoria y deberá realizarse por escrito con la finalidad de que tanto el funcionario judicial que se encuentre en el supuesto, como la sociedad, tengan pleno conocimiento de las razones por las que la autoridad competente determina lo procedente. En el considerando quinto refirió que el Congreso del Estado cuenta con el marco jurídico local que le otorga la facultad para pronunciarse sobre la reelección, ratificación o no ratificación, al encontrarse dentro del marco constitucional, e invoca los preceptos 59, fracción XXVIII, 10 y 102 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en relación con el diverso 42, fracción II, inciso c), y 64, fracción V, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, y 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En el considerando sexto del dictamen señaló que el Congreso está facultado para establecer y desahogar el procedimiento de reelección, ratificación o no ratificación, de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Enseguida, refirió que en relación con los siguientes extremos: Elección y el periodo del ejercicio del encargo. Durante ocho años, con posibilidad de ser reelecta por un periodo igual. Inicio del procedimiento para la reelección o ratificación. En este apartado, se señaló que con fecha suficiente, anterior a la de conclusión del periodo de ocho años, fue notificado el presidente del Tribunal y la magistrada; que la doctora tenía pleno conocimiento que fue designada para un periodo de ocho años y con base en los principios de respeto por la legalidad, honorabilidad y honestidad, debió comunicar el vencimiento de su nombramiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Congreso del Estado, e iniciar el procedimiento de reelección o ratificación, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Comunicación al Congreso del Estado y expediente personal o administrativo. Que con la comunicación al Congreso del Estado se acompañaron diversas constancias en copia certificada, a saber: Expediente personal Datos sobre su escolaridad Cursos y estudios realizados Experiencia laboral Informes estadísticos respecto de las Salas del Tribunal, en las que ha sido integrante la quejosa. Quejas presentadas en cualquier materia y ante cualquier organismo en contra de la magistrada quejosa y sentido de la resolución respectiva. Lista de asistencia de la magistrada quejosa a las sesiones plenarias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Lista de asistencia de la magistrada quejosa a las sesiones de todas las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en las que haya sido integrante. Las comisiones que ha integrado la magistrada durante su periodo como tal, especificando su rango jerárquico. Constancia de no antecedentes penales y cartas de recomendación para acreditar su buena reputación, honorabilidad y buena fama en el concepto público. Luego, refirió que la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca es la encargada de examinar la actuación de la magistrada y emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con los artículos 59, fracción XXVIII, 31, 33, primer párrafo y demás relativos y aplicación de la Constitución Local, 30, fracción III, 63, 65, fracción II, 72 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, 42, fracción II, inciso c), y 64, fracción V, y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca. En el considerando séptimo se estimó que existían los antecedentes fácticos para que el Congreso del Estado actuara y activara el ejercicio de su competencia. En el considerando octavo, en atención a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el amparo en revisión 149/2021, se aplicarían criterios de objetividad de evaluación, que abordaran el análisis de productividad en el desahogo de los asuntos, tiempos de resolución en el dictado de las sentencias, índice de eficacia de resoluciones, resultado de visitas, procedimientos seguidos en su contra y, en su caso, sanciones impuestas, con libertad de decisión. Así, conforme a lo señalado en la Constitución Federal y Local, analizó cada uno de esos factores y determinó que: 1. No existió capacitación en materia de derechos humanos ni en justicia constitucional durante su encargo, materias indispensables para darle cumplimiento al artículo 1º constitucional, particularmente, las obligaciones de respetar, proteger y garantizar derechos humanos. 2. Del total de constancias presentadas, seis de ellas corresponden a capacitaciones recibidas antes del año dos mil doce, es decir, antes de haber sido nombrada como magistrada, por lo que no pueden considerarse como parte de la actualización a la que estaba obligada la magistrada. 3. Del total de constancias presentadas doce fueron otorgadas entre febrero de dos mil quince y noviembre de dos mil diecinueve, de las cuales sólo existe un diplomado de ochenta horas impartido por la Escuela Judicial sobre Justicia Penal para Adolescentes; en seis constancias no se precisa el número de horas de carga horario, el resto es entre dos hasta diez horas de curso. 4. Presentó treinta y cinco constancias de diversas clases y cursos tomados del treinta de abril al veintinueve de julio de dos mil veinte y una más sin fecha, algunas no presentan carga horaria. Así, se determinó que la evaluada no acreditó actualización alguna desde la fecha en que tomó protesta hasta los primeros días del mes de febrero de dos mil quince, y que en un periodo de dos meses en el año dos mil veinte, próximo a vencer su nombramiento, cursó el 66% (sesenta y seis por ciento) de las constancias presentadas. En relación con los informes estadísticos se señaló que, en conjunto, los magistrados y magistradas de la Primera Sala Penal resolvieron 4534 asuntos de los 4554 asignados; y, en lo individual, la magistrada resolvió 1312 asuntos de los 1314 que le asignaron, esto es, quedaron dos asuntos pendientes por resolver, lo que debía contrastar la productividad con la eficacia de las resoluciones. Que la información que remitió el presidente del Tribunal Superior no cumplió con los lineamientos solicitados, pues únicamente dio respuesta a cinco de los nueve puntos, esto es, dejó de informar el total de resoluciones dictadas por la magistrada, en todas las Salas en las que hubiere sido integrante y que haya resuelto en los términos y plazos exactos que establecen las leyes correspondientes, al señalar únicamente que en la resolución de los tocas penales se observan los lineamientos y plazos establecidos en los códigos de procedimientos, tanto nacional como estatal, las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo el criterio que sobre plazo razonable ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los Tribunales Colegiados de Circuito en nuestro país. Además, la información relativa a resoluciones confirmadas o modificadas a la magistrada, a través del juicio de amparo, en todas las Salas de las que haya sido integrante, era escueta, porque no incluyó estadística relativa a los resultados de los juicios de amparo, pues aquellos que fueron negados o concedidos para efecto, no indica las causas, y en los concedidos de forma lista y llana que fueron dos asuntos, se traduce en que el profesionalismo y organización en la actuación del Tribunal y de los magistrados quedó en entredicho, pues al enviar datos sin ningún sustento objetivo, hace suponer que en la Sala donde se desempeñó la magistrada, así como en las áreas que auxilian las labores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no reúnen las cualidades esenciales de los órganos de impartición de justicia, sobre todo, al ser sabedores que pueden ser sujetos de evaluación y que la estadística es fundamental para que puedan permanecer en sus funciones jurisdiccionales, es decir, no solo deben enviar información que se les haya requerido, sino que en apego al principio de honestidad invulnerable deben remitir información adicional que permitan que ese órgano legislativo cuente con los elementos suficientes para cumplir con el mandato constitucional. Que de las resoluciones emitidas por la magistrada, aparece que los juicios de amparo interpuestos contra sus ponencias, el 63% fueron negados, el 35% fueron concedidos para efectos y el 2% concedidos de forma lisa y llana, por lo que el 37% presentaron alguna deficiencia que vulneró los parámetros constitucionales en detrimento de los justiciables, siendo su productividad del 63%, debajo del nivel promedio de competencia, pues los niveles de excelencia que se requieren en la impartición de justicia debe ser de un 90 al 100% de efectividad, con base en los principios de excelencia y profesionalismo, a fin de preservar la garantía de los gobernados a una administración de justicia efectiva, máxime que en los extremos de la materia penal se podría privar de la libertad a un inocente o dejar en libertad a un culpable. Por lo que se determinó que la magistrada no reunía la cualidad de excelencia en cuanto a la calidad de sus resoluciones, tampoco ofreció elementos objetivos que señalen lo contrario. Por cuanto al análisis de productividad en el desahogo de los asuntos e índice de eficacia de resoluciones, dijo que a simple vista pareciera que los datos arrojan una buena productividad de la magistrada, pero el resultado le perjudicaba, por afectar la calidad de sus resoluciones, en tanto que el 34.7% de los asuntos turnados a su ponencia presentaron omisiones o vicios formales detectados por las autoridades federales y que debieron ser subsanados. Además, el 63.6% de los asuntos turnados no prosperaron, esto es, se negó el amparo, pero la sociedad requiere conocer las causas por las cuales fueron negados, y que del informe del magistrado presidente, así como de la comparecencia escrita de la magistrada quejosa, no se advierte la información sobre esas causas, a fin de que se tuvieran elementos necesarios para establecer la calidad de las resoluciones judiciales, por tanto, las cifras vertidas no podían ser consideradas como un elemento objetivo a su favor. Índice de eficacia de resoluciones. De los casos resueltos por la magistrada, el 34.7% de los asuntos que le fueron turnados fueron revocados por las autoridades federales, toda vez que sus ponencias presentaron omisiones o vicios formales, originando amparos para efectos. Por su parte, 77 amparos fueron negados, pero ello no le benefició, porque la cifra indica el 63.6% de los asuntos que le fueron turnados, lo cual indica falta de transparencia de las resoluciones judiciales, que afecta a la magistrada, toda vez que se observa que carece de un control estadístico de resoluciones, lo cual podría ser de uso práctico como parámetro de medición y para mejorar la calidad en el servicio, lo que contrapone lo dispuesto por el artículo 2, fracción I, y 13, fracción V, del Código de Ética del Poder Judicial del Estado. Resultado de visitas. En este aspecto, señaló lo que dispone el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Oaxaca; luego, refirió que del informe emitido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, o comparecencia de la magistrada a evaluar, advirtió irregularidades de servidores públicos judiciales de menor rango, sin que se logre establecer que derivado de procesos disciplinarios se haya ordenado visita a la Sala que preside la magistrada, o que se hubieren ordenado visitas de supervisión por la actuación de secretarios de Sala o actuarios o personal de menor rango; tampoco se aprecia que la magistrada a evaluar haya realizado visitas a los Juzgados de Primera Instancia, o que haya concedido audiencias regionales o foros para escuchar a los justiciables en cualquier situación que afecte el buen desempeño del personal del Poder Judicial, con lo cual, no se puede obtener un elemento objetivo de eficiencia y menos el compromiso de la función asumido, máxime que tiene el deber de innovar como una virtud del sentido de responsabilidad. Procedimientos seguidos en su contra y sanciones impuestas. Refirió la responsable que según la información emitida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, se obtenía que no existen sanciones impuestas a la magistrada, pero como se había omitido justificar si existía algún procedimiento abierto en su contra, no había elemento objetivo que pudiera establecer su responsabilidad en la comisión de actos en contra del deber judicial, previos al procedimiento de reelección o ratificación del cargo. Análisis de idoneidad. Señaló la Comisión Permanente que de los datos personales, constancias de grado académico, cursos de actualización y de especialización judicial, que obran en el expediente personal de la magistrada, se ha preocupado por actualizarse y tener un buen perfil profesional. Que la magistrada participó en diversas Comisiones, pero que del informe sólo se obtenía su participación en reuniones de trabajo, sin destacar los logros que dichas Comisiones habían obtenido y, en su caso, cómo esos logros habían impactado en beneficio de la sociedad, por lo que no aparecía un elemento objetivo en su favor. Así, en este aspecto se cumplió con los vicios formales de los que adolecía el dictamen reclamado, y se aplicaron los criterios objetivos de evaluación. En efecto, en el dictamen aprobado se estableció que en la determinación relativa a la reelección, ratificación o no ratificación de un magistrado, se invocaba el precepto 116, fracción III, de la Constitución Federal, relacionado con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los preceptos 59, fracción XXVIII, 101 y 102 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en relación con el diverso 42, fracción II, inciso c), y 64, fracción V, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, y 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Ya no consideró el aspecto de la reputación por cuanto al desempeño de la quejosa para la evaluación, por lo que no existe vicio formal que subsanar sobre la motivación. Tampoco determinó que hubiere acudido a cursos como asistente y oyente; por ello, no existe vicio formal a subsanar, como se dijo en la sentencia de amparo, de relacionar qué constancias demostraban tal aspecto. Por cuanto a que se había sostenido en el dictamen reclamado, que la quejosa, 1) a partir de su designación, no se preocupó por actualizarse en sus estudios de posgrado y doctorado, pues un cuarto de siglo es tiempo de sobra para que el derecho evolucione y se transforme a la par de los contextos inherentes a la era, nuevas tecnologías y globalización que se vive en el mundo; 2) si la expedición de la cédula profesional varios años después de haber presentado el examen de grado, influía en la no actualización; 3) si los estudios de posgrado deben actualizarse; 4) que la quejosa no cuenta con estudios o capacitación actualizada en medios digitales, ante la nueva forma de trabajar a distancia, pese a que obtuvo diversas constancias por haber cursado los diplomados "****************", "******************, ******************"; así como el taller denominado "*****************", en línea o de forma virtual, además de diversas constancias que exhibió el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, relativas a cursos realizadas en forma virtual; 5) que la magistrada ejerce la función pública de manera ilícita y abusa de su autoridad, en tanto que en ese proceso se le llamó como parte; 6) las cartas de recomendación que exhibió la magistrada, que fueron consideradas como existencia de un conflicto de intereses; 7) conducta que presentó la quejosa ante la Comisión, calificada como un comportamiento con las características de dolo o mala fe, y buena fe del Parlamento que consideró vulnerada por esa conducta. En el dictamen aprobado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, no invocó tales aspectos, por lo que tampoco debía cumplir con la motivación señalada en la ejecutoria de amparo. Por otra parte, se aplicaron criterios de objetividad, con base en los supuestos que señaló la superioridad en la ejecutoria de amparo. Asimismo, se determinó: "En otro aspecto, respecto del cumplimiento de los principios de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, que la Comisión responsable tuvo por no justificado, porque la quejosa, en su cargo de magistrada, había sido citada tres veces, sin comparecer, incluso, que había presentado un escrito el veintisiete de agosto de dos mil veinte, promoviendo incidente de recusación contra la presidenta de la Comisión, por lo que era notorio que sí estaba en condiciones de asistir, siendo tal proceder de mala fe y dolo, configurándose delitos de carácter penal, porque ejercieron la función pública de manera ilícita, abusando de su autoridad y coludiéndose para favorecer a la magistrada (sic); además, que pretende retrasar el proceso de ratificación o no ratificación con la recusación planteada. En el caso, la Comisión responsable no consideró que mediante oficio número./CPAYPJ/LXIV/332/2020, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, citó a la magistrada para que compareciera ante esa Comisión, a las diez horas del uno de septiembre del referido año, comparecencia que podía ser de manera personal o por escrito. Y que la magistrada compareció por escrito que presentó en esa fecha, ******************. Tampoco se expuso cuál es el motivo claro por el que se determina que la magistrada ejerce la función pública de manera ilícita y abusa de su autoridad, en tanto que en ese proceso se le llamó como parte. En este supuesto, la Comisión Permanente señaló que la evaluada reunía varios elementos que demostraban su gran preparación y su trayectoria en el servicio público, sin embargo, que los impartidores de justicia no sólo deben estar preparados sino que inspiren y garanticen el respeto a la Constitución Federal y Local, y a las leyes emanadas de las mismas, pues un magistrado es garante del respeto a la ley. Que la doctora evitó en varias ocasiones comparecer ante esa Comisión, debido a que fue citada en tres ocasiones, sin que se presentara, no obstante, en el escrupuloso deber de honestidad y responsabilidad, debió comparecer, y no desplegar acciones evasivas, argumentando que se le estaba dejando en estado de indefensión, como si el procedimiento de reelección del cargo implicara un litigio entre partes, queda de manifiesto que se resistió a someterse a lo ordenado en los artículos 102 y 140 de la Constitución Particular del Estado. Que sí presentó un escrito, interponiendo recurso de recusación, en el que utilizó información que se encontraba bajo su resguardo, vulnerando la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, existiendo gravedad de su conducta, al usar, sustraer y divulgar ilegalmente los datos personales que se encontraban bajo su resguardo con motivo de su cargo como magistrada integrante de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, independientemente de que fueron utilizados para probar el incidente de recusación, con probable infracción al marco legal, ya que aportó copia certificada de constancias de diversas causas penales, sin que acreditara la forma lícita de su obtención, pues en esos expedientes no es parte, sino garante de seguridad y resguardo de datos personales y sensibles por ser de índole penal y en absoluto abuso en el ejercicio de su función jurisdiccional, lo que advierte el uso indebido de información privilegiada para verse favorecida estrictamente bajo un interés personal, pues, en su caso, debió hacer la correspondiente supresión de datos personales o el uso de versiones públicas; conducta que evidencia la falta de profesionalismo y compromiso con la función pública encomendada, quebrantando lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además de que podría constituir una falta grave, al ordenar al secretario de Sala que realizara la correspondiente certificación de constancias, incurriendo en las conductas administrativas, incluso penales. Por lo que, se dijo, contravino diversos principios del Código de Ética, previstos en su artículo 13, como compromiso institucional, prudencia, responsabilidad y honestidad, actuando en contra de lo dispuesto por la fracción VII, relativo al secreto profesional. Así, sin prejuzgar las conductas que puedan constituir faltas ante la utilización de datos personales en posesión de sujetos obligados, esa Comisión daría vista a los órganos competentes para que deslinden responsabilidades. Entonces, señaló la autoridad, si en el procedimiento intervienen poderes y órganos externos al Congreso, quien elige o ratifica de manera independiente a los magistrados y magistradas es el Congreso del Estado, de manera soberana, en uso de sus facultades discrecionales. De ahí que una vez emitido el dictamen por parte de la Comisión Permanente, se somete a votación ante el Pleno del Congreso. También se señaló: Además, en la referida sesión ordinaria la presidenta recusada solicitó a los integrantes de la Comisión manifestaran si estaban de acuerdo con el proyecto de dictamen siendo aprobado por los presentes, dijo; de lo que se infiere que también la recusada aprobó ese proyecto, aunque había dicho que se abstenía de participación en ese punto específico. Al emitirse el nuevo dictamen la entonces diputada presidenta ya no tuvo intervención, ante la nueva integración de la Legislatura. Asimismo, se aseveró: "Acta que aparece firmada solamente por tres integrantes de la Comisión, incluida su presidenta, no así por otros dos integrantes, pese a que en la última parte del acta se estableció que firman los que en ella habían intervenido". Después de realizar las consideraciones relativas a los actos soberanos del Congreso del Estado, se estableció lo siguiente: ".Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea para su aprobación, el siguiente: DECRETO. La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca no reelige y no ratifica a la doctora**** en el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. TRANSITORIOS. . . COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. Aparece nombre y firma PRESIDENTA DIP.(nombre y firma) DIP. (nombre y firma) DIP. (nombre y firma) DIP. (nombre y firma) Dictamen que fue firmado por todos los integrantes de la Comisión Permanente. Y, mediante sesión de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó ese dictamen. Argumentos de la parte quejosa. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés la quejosa señaló que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, porque: 1. No existe debida motivación respecto a su desempeño, buena reputación, capacidad y eficiencia, estudios realizados de maestría y doctorado, actualización de los estudios de posgrado, de cómo influye la supuesta falta de capacitación actualizada en medios digitales, en el estudio de las constancias de haber cursado los diplomados "El Modelo de Justicia Penal en México", "La Justicia de Ejecución Penal en México, una Visión desde el Juez de Ejecución" y el taller denominado "Delitos Fiscales", obtenidas en línea o virtual, . Como se dijo, no existía obligación de realizar motivación alguna, porque ya no fue considerado tal aspecto. 2. No se cumple con la debida fundamentación respecto de la legislación, reglamento, decreto, acuerdo general o circular que establezca la actuación de los estudios de posgrado. No existía obligación de realizar motivación alguna, porque ya no fue considerado dicho aspecto. 3. No estudió los motivos de inconformidad expresados en su escrito de **********************, por el que opuso excepción de incompetencia, relativos a que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia no es competente legalmente para iniciar y conocer del proceso de ratificación o no ratificación, por los motivos ahí expuestos. Contrario a lo que aduce, y como se determinó en este proveído, en el considerando segundo señaló que resultaba necesario pronunciarse respecto del escrito presentado el *******************, por la magistrada *******************, en la que opuso la excepción de incompetencia de dicho órgano colegiado, para lo cual explicó el motivo por el cual resultaban aplicables los preceptos que invocó; además, también explicó las razones por las cuales la competencia no recaía en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso del Estado. 4. Que el Congreso se concreta a: a. Transcribir los artículos 116 fracción III, 102 de la Constitución Federal, 42 letra C, 64 fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y solo hace referencia a las facultades que tiene el Congreso para la ratificación de Magistrados, cuando eso no fue lo que se argumentó al oponer la excepción, en mis alegatos mencioné que la Comisión es la que no tiene competencia para iniciar y emitir un dictamen de ratificación de un Magistrado. El Congreso menciona el concepto, naturaleza y requisitos de la figura de la ratificación, citando dos criterios de la SCJN y que la Comisión por identidad jurídica también conoce de las ratificaciones de los Magistrados y cita un criterio que a todas luces resulta inaplicable, porque se trata de una tesis aislada correspondiente al Décimo primer Circuito y no al Décimo Tercero. b. Cita el principio que "El que puede lo más puede lo menos" apartándose del principio de legalidad, ya que menciona que, si la Comisión tiene la facultas (sic) para nombrar a un Magistrado, también tiene la facultad para ratificarlo, sin embargo, el argumento principal en sus alegatos fue que la Comisión no podía de muto proprio iniciar un procedimiento de ratificación de un Magistrado (incluso el Congreso en este Dictamen acepta que, si yo hubiese presentado un escrito solicitando al Congreso mi ratificación, ese hubiese sido el procedimiento a seguir). c. Argumenta que debido a que no existe una norma que establezca el procedimiento a seguir para la ratificación de un Magistrado, es aplicable el principio de "donde la ley no distingue, el juez no debe distinguir". En este caso, la quejosa pretende que se analice la legalidad de lo determinado en el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca; no obstante, ello no es materia de análisis de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se trató de los vicios formales en que incurrió la autoridad; de ahí que resulta inoperante ese argumento. 5. Que en el considerando quinto nuevamente se pronuncia sobre la competencia que tiene para resolver, no obstante, dice, que: El Juez de Distrito resolvió lo siguiente ".Por cuanto a la cuestión relativa a la competencia, por una parte, dijo que la magistrada compareció mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte (foja 4 el dictamen), pero, por otra parte, consideró que la magistrada evitó en varias ocasiones comparecer ante esa Comisión, debido a que había sido citada en tres ocasiones, notificándosele que se encontraba por vencer su periodo constitucional y que ella, como conocedora de la Constitución, sabía que debía ser sometida a una evaluación y aunque no hubiere sido convocada, debió comparecer a la invitación que le había formulado la Comisión Permanente, contrariamente, dice, desplegó acciones evasivas para no comparecer, y sólo argumento que se le dejaba en estado de indefensión, como si el procedimiento de reelección del cargo implicara un litigio entre partes, quedando de manifiesto que se resistía a someterse a lo ordenado por los artículos 102 y 140 de la Constitución Local del Estado de Oaxaca (foja 45 del dictamen). Que se continúa incurriendo en el vicio formal por el cual se concedió la protección constitucional, ya que en la sentencia de amparo se determinó que la Comisión Permanente no consideró que mediante oficio número ****************, de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, citó a la magistrada para que compareciera ante esa Comisión, a las diez horas del uno de septiembre del referido año, comparecencia que podía ser de manera personal o por escrito; y que la magistrada compareció por escrito que presentó en esa fecha, ******************. Es cierto que el Congreso señala que no compareció en las tres ocasiones que fue citada, pero en el dictamen se pronunció sobre ese escrito de **********************, por tanto, sí consideró su presencia por escrito. 6. Realizó las siguientes consideraciones: "1.- Respecto al Incidente de Recusación, hace referencia a la insubordinación que tuve a un mandato constitucional (102) y que al interponer ese "recurso" intenté convertir un procedimiento de evaluación en una controversia litigiosa. Que con ellos entorpecí el procedimiento de ratificación y que por ello, carezco de buena reputación, afirman que exhibí copias certificadas de actuaciones judiciales, siendo falso, todos esos argumentos nada tiene que ver con el análisis de declarar sin materia un incidente de recusación, por lo que deben de suprimirse. 2.- Señala el Congreso que tenía la obligación legal de comunicarle por escrito el vencimiento de su nombramiento para que se iniciara el procedimiento de ratificación y cita un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impone esa obligación a los Jueces. 3.- En el Dictamen se estudió si continuaba cumpliendo con los requisitos y si poseía los atributos necesarios que motivaron mi designación como magistrada, al efecto, realizó un cuadro comparativo con los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V, pero sin señalar de qué precepto y legislación se trataba (fojas 24 a 26 del dictamen que obra en el tomo anexo II). YA SE CUMPLIÓ Y SE CITÓ EL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL. 4.-CAPACITACIÓN. Argumentan que no me capacité en materia de derechos humanos, ni en justicia constitucional. Que las constancias de los cursos realizados antes de dos mil doce carecen de validez oficial, las exhibidas posteriores al dos mil doce carecen del Registro de Validez Oficial de la Institución, sin arribar a ninguna conclusión, esto lo hace más adelante al concluir que me he preocupado por actualizarme y tener un buen perfil profesional. 5.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. a) De los informes estadísticos de los asuntos que resolví, vuelven a cometer el mismo error al precisar los porcentajes, maximizándolos fuera de lo real, es decir, con ellos están afirmando hechos falsos, dicen que el informe del Presidente del Tribunal no cumple con los lineamientos solicitados. b) De los informes estadísticos de los asuntos resueltos en los términos y plazos legales, insisten en que el Presidente del Tribunal en su informe, sólo dio respuesta a 5 a 9 puntos solicitados, lo cual no me favorece en la evaluación. Que el informe fue para favorecerme. c) Respecto a las resoluciones confirmadas o modificadas por juicios de amparo que fueron promovidos, señala el Congreso que acontece lo mismo, pero vuelve a alterar los porcentajes del número de juicios de amparo promovidos. d) El Congreso requiere de un nivel de excelencia de un 90 a un 100% de efectividad y refieren que solo tengo el 63%, lo que resulta falso, porque no obtuvieron correctamente los porcentajes. Concluyendo que no reúno la calidad de excelencia en mis resoluciones. e) Mencionando que la falta de información solicitada, no genera un dato objetivo a mi favor. 6.- VISITAS. Refiere que del informe no se desprenden las visitas que realicé, sin embargo lo relacionado con las visitas, no era uno de los requisitos que el Congreso tomaría en consideración conforme a su acuerdo de inicio. 7.- SANCIONES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.- Refiere que no existe ningún elemento objetivo sobre el particular, y que el Presidente del Tribunal no informó si tenía abierto algún procedimiento en mi contra. Lo cual no fue requerido en el informe solicitado al Presidente del Tribunal, por lo que no está contemplado en los requisitos que se precisaron se tomarían en cuenta para la ratificación y que se señalan en el acuerdo de inicio de procedimiento. 8.- COMISIONES.- Argumenta el Congreso que no se destacan los logros que impacten en beneficio de la sociedad, llegando a esa conclusión sin realizar el análisis respectivo. 9.- CONSIDERACIONES FINALES.- Vuelven a insistir sobre las citaciones, que evité comparecer en varias ocasiones. NO SE ESTA CUMPLIENDO. 10.- UNO DE INFORMACIÓ (SIC) CONFIDENCIAL BAJO MI RESGUARDO.- Vuelve a insistir en que cometí una falta grave, sin embargo el Congreso afirma hechos falsos, como que ordené a la Secretaria de la Sala a que certificara documentos que exhibí (esas copias certificadas de las que hablan, nunca las exhibí, en mi escrito de alegatos, ofrecí como prueba, que fueran recabadas las mismas por conducto de la autoridad competente) 11.- Respecto a la falta de honorabilidad. YA NO SE PRONUNCIÓ EL CONGRESO. 12.- Con relación a la antigüedad del grado académico y la actualización que debo realizar del mismo. YA NO SE PRONUNCIÓ EL CONGRESO. 13.- Sobre los curso en línea que no tomé, que sólo acudí como oyente, y que ello no demuestra mi capacidad y tampoco mi actualización. YA NO SE PRONUNCIÓ EL CONGRESO. 14.- Respecto a las cartas de recomendación que acreditaban mi falta de honorabilidad. EL CONGRESO YA NO SE PRONUNCIO. 15.- Con relación a los requisitos de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, ineludibles para ser reelegida o ratificada en el cargo de magistrada que tuvo por no acreditados. EL CONGRESO YA NO SE PRONUNCIÓ. 16.- Respecto del cumplimiento de los principios de probidad, excelencia, honorabilidad y moralidad administrativa, que la Comisión responsable tuvo por no justificado, porque había sido citada tres veces, sin comparecer. EL CONGRESO YA NO SE PRONUNCIO. 17.- Argumentos Del Juez De Distrito Respecto a la responsabilidad en que incurrió ****************, presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del congreso, al aprobar mi dictamen de no ratificación, teniendo conocimiento que había promovido incidente de recusación en su contra". Como se ve, la quejosa está conforme con algunos razonamientos realizados en el dictamen, en unos porque ya no hubo pronunciamiento al respecto y, en otros, al señalar que fue cumplida por el Congreso responsable; sin embargo, respecto de los demás aspectos, a saber: "1.- Respecto al Incidente de Recusación, hace referencia a la insubordinación que tuve a un mandato constitucional (102) y que al interponer ese "recurso" intenté convertir un procedimiento de evaluación en una controversia litigiosa. Que con ellos entorpecí el procedimiento de ratificación y que por ello, carezco de buena reputación, afirman que exhibí copias certificadas de actuaciones judiciales, siendo falso, todos esos argumentos nada tiene que ver con el análisis de declarar sin materia un incidente de recusación, por lo que deben de suprimirse. 2.- Señala el Congreso que tenía la obligación legal de comunicarle por escrito el vencimiento de su nombramiento para que se iniciara el procedimiento de ratificación y cita un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impone esa obligación a los Jueces. . 4.-CAPACITACIÓN. Argumentan que no me capacité en materia de derechos humanos, ni en justicia constitucional. Que las constancias de los cursos realizados antes de dos mil doce carecen de validez oficial, las exhibidas posteriores al dos mil doce carecen del Registro de Validez Oficial de la Institución, sin arribar a ninguna conclusión, esto lo hace más adelante al concluir que me he preocupado por actualizarme y tener un buen perfil profesional. 5.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. a) De los informes estadísticos de los asuntos que resolví, vuelven a cometer el mismo error al precisar los porcentajes, maximizándolos fuera de lo real, es decir, con ellos están afirmando hechos falsos, dicen que el informe del Presidente del Tribunal no cumple con los lineamientos solicitados. b) De los informes estadísticos de los asuntos resueltos en los términos y plazos legales, insisten en que el Presidente del Tribunal en su informe, sólo dio respuesta a 5 a 9 puntos solicitados, lo cual no me favorece en la evaluación. Que el informe fue para favorecerme. c) Respecto a las resoluciones confirmadas o modificadas por juicios de amparo que fueron promovidos, señala el Congreso que acontece lo mismo, pero vuelve a alterar los porcentajes del número de juicios de amparo promovidos. d) El Congreso requiere de un nivel de excelencia de un 90 a un 100% de efectividad y refieren que solo tengo el 63%, lo que resulta falso, porque no obtuvieron correctamente los porcentajes. Concluyendo que no reúno la calidad de excelencia en mis resoluciones. e) Mencionando que la falta de información solicitada, no genera un dato objetivo a mi favor. 6.- VISITAS. Refiere que del informe no se desprenden las visitas que realicé, sin embargo lo relacionado con las visitas, no era uno de los requisitos que el Congreso tomaría en consideración conforme a su acuerdo de inicio. 7.- SANCIONES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.- Refiere que no existe ningún elemento objetivo sobre el particular, y que el Presidente del Tribunal no informó si tenía abierto algún procedimiento en mi contra. Lo cual no fue requerido en el informe solicitado al Presidente del Tribunal, por lo que no está contemplado en los requisitos que se precisaron se tomarían en cuenta para la ratificación y que se señalan en el acuerdo de inicio de procedimiento. 8.- COMISIONES.- Argumenta el Congreso que no se destacan los logros que impacten en beneficio de la sociedad, llegando a esa conclusión sin realizar el análisis respectivo. 10.- UNO DE INFORMACIÓ (SIC) CONFIDENCIAL BAJO MI RESGUARDO.- Vuelve a insistir en que cometí una falta grave, sin embargo el Congreso afirma hechos falsos, como que ordené a la Secretaria de la Sala a que certificara documentos que exhibí (esas copias certificadas de las que hablan, nunca las exhibí, en mi escrito de alegatos, ofrecí como prueba, que fueran recabadas las mismas por conducto de la autoridad competente). . La quejosa realiza consideraciones de legalidad, no obstante que en la ejecutoria de amparo se estableció que debían subsanarse vicios formales, además de que se dejó libertad de jurisdicción para pronunciarse al respecto; de ahí que no asiste razón en su planteamiento, pues la autoridad se ciñó a lo ahí determinado. Se invoca en apoyo la jurisprudencia que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017156 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 952 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo". Y en relación a que: 17.- Argumentos del Juez De Distrito respecto a la responsabilidad en que incurrió **************, presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, al aprobar mi dictamen de no ratificación, teniendo conocimiento que había promovido incidente de recusación en su contra". Es de señalarse que no intervino en la aprobación del dictamen, de fecha ***************************, considerado así por la responsable, por lo que su planteamiento parte de una premisa incorrecta; de ahí que ese argumento resulta inoperante. Se declara cumplida sentencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en su ejecución, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Archivo. Una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, provéase sobre el archivo de este expediente como asunto concluido. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por oficio a las autoridades. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 487/2020 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad comunica. Agréguese el oficio del secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, residente en San Raymundo Jalpan, Centro, por el que comunica el contenido del Decreto ********************, aprobado por el Pleno Legislativo en sesión ordinaria correspondiente al segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, celebrada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, para los efectos legales conducentes. Sin que proceda dar vista a la parte quejosa, en este periodo de ejecución de sentencia, ya que ello fue realizado por acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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