Maribel Jiménez Escobar

Expediente 444/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
444/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Maribel Jiménez Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de cinco de diciembre del año que transcurre (fojas 17 a 22), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo instaurada, ha transcurrido sin que se haya interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Se declara que ha causado estado el proveído de cinco de diciembre del presente año, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por *****, por sí y en representación de su menor hijo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese. (4)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ****, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese con el número 444/2018-4, que es el que cronológicamente le corresponde. Desechamiento de demanda Ahora bien, visto el escrito de demanda, a efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral acabado de transcribir, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Así las cosas, de la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que la parte promovente del amparo reclama:  La resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del incidente de pensión alimenticia y reglas de convivencia, promovido dentro del juicio de divorcio necesario ****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad, relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se desecharon diversas probanzas ofertadas por la ahora inconforme; y,  El auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se desecharon diversos medios de prueba; En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV y V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en el juicio cuyos efecto sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados al de los que el estado mexicano sea parte; [.]" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV y V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: a) Actos ejecutados fuera de juicio -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria; b) Ejecutados después de concluido el juicio -aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución-; y, c) De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-, así como los procedimientos de remate. Asimismo la fracción V del precitado precepto de la ley de la materia, prevé la procedencia del juicio de amparo cuando se trate de actos en el juicio cuyos efecto sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esa medida de lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica, consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." En el caso, los actos reclamados se hicieron consistir en (i) la resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del incidente de pensión alimenticia y reglas de convivencia, promovido dentro del juicio de divorcio necesario ****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad, relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo mediante el cual se desecharon diversas probanzas ofertadas por la ahora inconforme; así como, (ii) el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, se citan en la demanda, se desprenden los siguientes: I. Mediante sentencia de diecinueve de febrero de dos mil quince el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial dentro del expediente ****, dejando a salvo los derechos de las partes para promover lo relativo a las cuestiones de alimentos y reglas de convivencia. II. En virtud de ello, el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la ahora quejosa promovió incidente de pensión alimenticia y reglas de convivencia, en el que, el dieciséis de mayo de ese mismo año se ordenó abrir dicho incidente a prueba por el plazo de diez días. III. Posteriormente, el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, el juez responsable emitió un acuerdo en el que, entre otras cuestiones, determinó no admitir diversas documentales ofrecidas por la parte actora incidentista. IV. En contra de dicho acuerdo, la aquí amparista hizo valer el recurso de revocación, mismo que el nueve de noviembre de esta anualidad se declaró improcedente -acto reclamado en esta instancia-. Afirmaciones que evidentemente constituyen hechos propios aseverados por la parte impetrante, por tanto, con eficacia probatoria plena en su contra, de conformidad con lo que dispone el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." En ese orden de ideas, de los antecedentes citados se colige que los actos reclamados en este juicio constitucional son (i) la resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, así como, (ii) el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitidos dentro del incidente de pensión alimenticia y reglas de convivencia, promovido dentro del juicio de divorcio necesario ****; los cuales, únicamente corresponden a resoluciones de trámite, en las que se negó a la parte quejosa la admisión de diversos medios de prueba; por lo tanto, en caso de que la resolución final que se dicte en el procedimiento incidental del que se trata, sea favorable a los intereses del impetrante se repararían las posibles violaciones procesales que hubieren y, en caso contrario, podrán impugnar dicha resolución y hacer valer como violación procesal lo resuelto en las determinaciones reclamadas. Entonces, las resoluciones reclamadas no son impugnables de manera inmediata, pues se trata de cuestiones intermedias que podrán hacerse valer hasta el amparo que se intente contra la resolución final sin ulterior recurso con la que culmine dicho procedimiento; por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C.278 K, de rubro: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL." Asimismo, resulta aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia por Contradicción de tesis P./J. 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, página 5, cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, este último interpretado en sentido contrario, respecto de los actos reclamados anteriormente precisados, procede desechar de plano la demanda promovida por ****, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales ****. Domicilio y autorizada Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en el escrito de demanda de garantías, y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****. Autorización de acceso al expediente electrónico En otro contexto, como lo solicita, se permite el acceso al expediente electrónico en las cuentas FIREL que tiene dadas de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a nombre del usuario "****", a nombre de *****, así como se autoriza para envío y recepción de notificaciones electrónicas, la presentación electrónica de promociones en el presente juicio. Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que cuenta con firmas electrónicas y lo solicitó expresamente, se le tiene por señalando a la parte quejosa dicha vía para la presentación de promociones, consulta de expediente y para oír y recibir notificaciones, por lo que la autorizada está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 ya citado. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las autorizaciones correspondientes en dicho sistema, respecto del usuario "****", a nombre ****, únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Habilitación de horas y días inhábiles Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico En atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de José Luis Batres Antonio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe

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