Maribel Jiménez Escalante

Expediente 105/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
105/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Maribel Jiménez Escalante

Actuaciones

  1. Principal

    V. Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a la responsable, de conformidad con el criterio de valoración documental emitido por el Consejo de la Judicatura Federal de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el cuaderno original de dicho incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al carecer de relevancia jurídica; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 21 del citado acuerdo general. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Capitulo Octavo del referido Acuerdo General, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, ya que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado el legajo I consistente en las copias certificadas relativas al expediente número 194/2022 constante de ciento dieciséis fojas útiles y el disco versátil que contiene la videograbación de la audiencia preliminar celebrada en el juicio de origen, remitidos por la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibieron dichos legajos. Notifíquese. [...]

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 105/2022-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto reclamado al Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto reclamado al Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, consistente en la medida provisional de visitas en la modalidad entrega-recepción decretada en audiencia preliminar celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio ordinario familiar ********************. (...) SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2321/2022-I, y se previno a la quejosa, a efecto de que manifestara si los hechos o abstenciones que señala como antecedentes del acto reclamado, los hacía bajo protesta de decir verdad. Cumplida la prevención de referencia, en auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda respectiva. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no formuló pedimento, y a ********************o********************, tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibió el informe con justificación rendido por la responsable. Finalmente, el seis de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. (...9 Así, mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 105/2022-V, y se turnó para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, TERCERO. Certeza de los actos reclamados (...) SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el juicio de amparo que se analiza se actualiza la causa de improcedencia atinente definitividad, ya que en contra de la resolución reclamada procede el recurso de revocación, el cual no agotó la quejosa antes de acudir al juicio constitucional. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, es pertinente recordar que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el medio idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre los entes del poder público (autoridades) y las personas. Dichos principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, están previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, limitando la procedencia del juicio únicamente contra actos definitivos. A través de éste principio, antes de acudir a los Tribunales de la Federación debe darse la posibilidad a que las autoridades del Estado, tanto jurisdiccionales como administrativas, de dirimir la controversia, a fin de que los primeros únicamente actúen tratándose de actos definitivos que no sean susceptibles de modificarse, anularse o revocarse; es decir, que únicamente se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe referir que el incumplimiento al deber de agotar previamente todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercitar la acción constitucional hace surgir la improcedencia del amparo. El referido principio, tratándose de actos de los tribunales judiciales, se encuentra reglamentado en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual dispone que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia referida, toda vez que en contra del auto dictado por la autoridad responsable, procede un medio ordinario de defensa legal, que tiene como finalidad, confirmar, revocar o modificarlo; esto es, el recurso de revocación. En efecto, los artículos del 423 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, prevén que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. De lo anterior, se desprende que contra el acuerdo dictado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que no resultaba apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, al no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva. Esto, con base en que el citado numeral 424 del mencionado ordenamiento legal, establece la procedencia de dicho medio de defensa en contra del auto que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales, lo que sucede en la especie, ya que en la determinación reclamada, las partes del juicio natural expusieron sus pretensiones en torno al incumplimiento, revisión y solicitud de modificación sobre la medida provisional del régimen de convivencia decretada en la modalidad entrega-recepción, y ante ello, el Juez Familiar concedió y modificó la medida provisional de visitas a supervisada mediante el acompañamiento de una niñera; luego, contra el acto aquí reclamado procede el ya referido medio de impugnación. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud de que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Además, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio. Lo anterior, ya que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la parte quejosa es persona extraña al procedimiento. Además, definir la procedencia del recurso de revocación en contra del acuerdo como el reclamado, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. Aunado a lo anterior, tampoco es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.". Lo anterior, porque la quejosa promueve por propio derecho la demanda, y al respecto el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en su ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, al resolver la queja ********************, sostuvo que era obligación de la parte quejosa agotar el recurso de revocación en contra de la determinación del Juez de lo Familiar, en virtud de que el amparo lo promovió por propio derecho y no en representación de los menores, por lo que no se actualizaba el supuesto de excepción del principio de definitividad; tal y como sucede en la especie, ya que la quejosa promueve únicamente por su propio y personal derecho. Aunado, que en la mencionada resolución, la autoridad responsable concedió la medida provisional por la vigencia de dos meses, es decir, hasta el mes de noviembre de dos mil veintidós, en la que se revisaran nuevamente esas visitas, y en su caso, se decretará su modificación, atendiendo a las manifestaciones de las partes; sin que de las constancias anexadas por la Juez responsable se advierta que se haya prorrogado; es decir, en otro orden, el acto reclamado ha quedado irreparablemente consumado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado al Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, consistente en el auto dictado en la audiencia preliminar de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio ordinario familiar de guarda y custodia, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa la determinación de 1 de febrero de 2023 con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, misma que refiere: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 105/2022-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto reclamado al Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto reclamado al Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, consistente en la medida provisional de visitas en la modalidad entrega-recepción decretada en audiencia preliminar celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio ordinario familiar ********************. (...) SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2321/2022-I, y se previno a la quejosa, a efecto de que manifestara si los hechos o abstenciones que señala como antecedentes del acto reclamado, los hacía bajo protesta de decir verdad. Cumplida la prevención de referencia, en auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda respectiva. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no formuló pedimento, y a ********************o********************, tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Se recibió el informe con justificación rendido por la responsable. Finalmente, el seis de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. (...9 Así, mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 105/2022-V, y se turnó para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, TERCERO. Certeza de los actos reclamados (...) SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el juicio de amparo que se analiza se actualiza la causa de improcedencia atinente definitividad, ya que en contra de la resolución reclamada procede el recurso de revocación, el cual no agotó la quejosa antes de acudir al juicio constitucional. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia, es pertinente recordar que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el medio idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre los entes del poder público (autoridades) y las personas. Dichos principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, están previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, limitando la procedencia del juicio únicamente contra actos definitivos. A través de éste principio, antes de acudir a los Tribunales de la Federación debe darse la posibilidad a que las autoridades del Estado, tanto jurisdiccionales como administrativas, de dirimir la controversia, a fin de que los primeros únicamente actúen tratándose de actos definitivos que no sean susceptibles de modificarse, anularse o revocarse; es decir, que únicamente se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe referir que el incumplimiento al deber de agotar previamente todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercitar la acción constitucional hace surgir la improcedencia del amparo. El referido principio, tratándose de actos de los tribunales judiciales, se encuentra reglamentado en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual dispone que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia referida, toda vez que en contra del auto dictado por la autoridad responsable, procede un medio ordinario de defensa legal, que tiene como finalidad, confirmar, revocar o modificarlo; esto es, el recurso de revocación. En efecto, los artículos del 423 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, prevén que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. De lo anterior, se desprende que contra el acuerdo dictado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que no resultaba apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, al no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva. Esto, con base en que el citado numeral 424 del mencionado ordenamiento legal, establece la procedencia de dicho medio de defensa en contra del auto que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales, lo que sucede en la especie, ya que en la determinación reclamada, las partes del juicio natural expusieron sus pretensiones en torno al incumplimiento, revisión y solicitud de modificación sobre la medida provisional del régimen de convivencia decretada en la modalidad entrega-recepción, y ante ello, el Juez Familiar concedió y modificó la medida provisional de visitas a supervisada mediante el acompañamiento de una niñera; luego, contra el acto aquí reclamado procede el ya referido medio de impugnación. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud de que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Además, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio. Lo anterior, ya que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la parte quejosa es persona extraña al procedimiento. Además, definir la procedencia del recurso de revocación en contra del acuerdo como el reclamado, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. Aunado a lo anterior, tampoco es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.". Lo anterior, porque la quejosa promueve por propio derecho la demanda, y al respecto el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en su ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, al resolver la queja ********************, sostuvo que era obligación de la parte quejosa agotar el recurso de revocación en contra de la determinación del Juez de lo Familiar, en virtud de que el amparo lo promovió por propio derecho y no en representación de los menores, por lo que no se actualizaba el supuesto de excepción del principio de definitividad; tal y como sucede en la especie, ya que la quejosa promueve únicamente por su propio y personal derecho. Aunado, que en la mencionada resolución, la autoridad responsable concedió la medida provisional por la vigencia de dos meses, es decir, hasta el mes de noviembre de dos mil veintidós, en la que se revisaran nuevamente esas visitas, y en su caso, se decretará su modificación, atendiendo a las manifestaciones de las partes; sin que de las constancias anexadas por la Juez responsable se advierta que se haya prorrogado; es decir, en otro orden, el acto reclamado ha quedado irreparablemente consumado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado al Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, consistente en el auto dictado en la audiencia preliminar de ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio ordinario familiar de guarda y custodia, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    V. Mérida, Yucatán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 2321/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 105/2022-V, acúsese recibo. [...] Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el seis de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. [...] Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el diez de octubre de dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se negó la suspensión definitiva del acto reclamado.[...] NOTIFÍQUESE [...]

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