Maribel González Rico
Expediente 95/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maribel González Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 95/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este jugado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Maribel González Rico, para el efecto de que: "(.) Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, en favor de su menor hija de iniciales M.X.C.G, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018 y, en su lugar dicte otra en la que: Deje intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la presente sentencia, esto es, que está acreditada la necesidad de la menor acreedora de recibir alimentos del deudor alimentista. Emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, y una vez solicitados los informes a la empresa para la cual labora el aquí tercero interesado, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y en su caso al Servicio de Administración Tributaria, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad. Es decir, la autoridad responsable deberá exponer, a través de razonamientos lógicos jurídicos, los motivos o razones que lo hayan llevado a concluir, cómo y con cuáles pruebas quedó determinada cuál es la capacidad económica del deudor alimentario. Así también, deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine, es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como las de la menor representada por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. (...)" En proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así, en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, con oficio 2681/2021 remitió copia certificada de la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de dieciséis de enero de dos mil veinte (acto reclamado) que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018. Asimismo, previo al dictado de dicha resolución recabo los informes de parte de la empresa para la que labora el demandado denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como el rendido por el Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos al Contribuyente, del Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos en Veracruz Puerto del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Administración General de Servicios al Contribuyente, a fin de estar en condiciones de dictar la resolución correspondiente. Seguidamente, dejó intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la ejecutoria de amparo, esto es, que se encuentra acreditada la necesidad de la menor acreedora de recibir alimentos del deudor alimentista. Así, tuvo por acreditada la capacidad económica del demandado para sufragar los gastos alimentarios de su hija menor de edad, con el informe que rindió la apoderada legal de la moral denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, de tres de febrero de dos mil veintiuno, del que advirtió que se encuentra registrado por honorarios con su representada, que su trabajo no es fijo o constante, otorgándole valor probatorio de conformidad con los artículos 320 y 337 del Código Procesal Civil. Posteriormente, la autoridad responsable determinó improcedente el argumento del deudor alimentario consistente en que la pensión alimentaria provisional se le impuso sin darle vista al respecto y sin considerar que labora para la moral "Televisa Talento" Sociedad Anónima de Capital Variable, debiéndose ordenar un descuento alimentario en porcentaje a sus ingresos como extra, en virtud, de que el derecho de alimentos tiene su origen en la ley, son de orden público e interés social, recíprocos, personalísimos, condicionales, intransferibles, inembargables, entre otros, además que deben decretarse de plano, tomando como justificación la urgencia de la medida y la apariencia del buen derecho, sin otorgar audiencia a la contraparte. Seguidamente, determinó procedente el agravio relativo a que sus ingresos son muy bajos, al desempeñarse como extra, siendo la cantidad decretada como pensión alimenticia el doble de lo que percibe en su fuente de trabajo, ello en virtud de que a su consideración de los tres recibos de nómina emitidos a su nombre por la empresa denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable , que amparan diversas cantidades de dinero, pagadas en los días del mes de abril y mayo de dos mil dieciocho, lo tuvo probando que es prestador de servicios profesionales, que no cuenta con un trabajo estable en la moral que dice ser la empresa para la que labora, ya que al ser un prestador de servicios profesionales no tiene la calidad de empleado, quien es la persona que presta servicios a otro por un sueldo o salario. Lo anterior, lo que corroboró con el informe que rindió la apoderada legal de la moral citada, quien manifestó que el deudor está registrado por honorarios con su representada, en calidad de extras y modelos, con ultimo pago el ocho de mayo de dos mil veinte, lo que le hizo presumir que su trabajo no es fijo o constante, documentales que valoró en términos de lo establecido en los artículos 232 y 266 del Código Procesal Civil. De la misma manera, lo consideró robustecido con el oficio 700-67-00-00-00-2021-0671 de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, signado por el subadministrador adscrito a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "2", con sede en Veracruz, que informó que el deudor se encuentra tributando con el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios y que a la fecha del informe estaba "activo", que tiene asignada la actividad económica de artista y técnicos indepdendientes, sin estar asociado con otros contribuyentes. Además, lo concatenó con el diverso oficio 3112064000/JD/0233, de nueve de marzo de esta anualidad, firmado por el Tribunal de la Subjefatura de Servicios Jurídicos en Veracruz Puerto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que puso del conocimiento que no se encuentra registrado como trabajador de alguna empresa o comercio y que tampoco reporta ingresos de alguna fuente de trabajo. Documentales que valoró, en términos de lo establecido en los artículos 232 y 225 del Código de Procedimientos Civiles en vigor y que le hicieron arribar a la conclusión de que el reclamante no cuenta con una fuente de trabajo permanente, constante y regular con el que, pueda cumplir con su obligación alimentaria para con su menor hija. Empero consideró, que dicha prestación de servicios a la moral antes mencionada, puede cubrir en las ocasiones que labore en la misma, los alimentos a los que está obligado para con su menor acreedora alimentaria, tal y como lo dispone el artículo 234 del Código Civil en vigor, de tal manera que, determinó justo y legal, modificar la pensión alimenticia provisional al 30% de las percepciones que reciba el demandado, cuando realice alguna actividad laboral de la empresa denomina Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de su menor hija, para que dicha empresa se sirva depositar la cantidad resultante del porcentaje ordenado, por lo que Giro atento oficio a la empresa pagadora citada para llevar a cabo el descuento y depositarlo en la cuenta bancaria 14-71-77-87-57 del Banco Bancomer, S.A., a nombre de la accionante. Significando que la pensión alimenticia es únicamente para la hija de los contendientes, que de conformidad con el artículo 240 del código civil del estado, cumple con su obligación de dar alimentos y que el deudor alimentario necesita de los rubros establecidos por el artículo 239 de la ley sustantiva civil, para garantizar su propia supervivencia y sano desarrollo. Asimismo, que la figura de los alimentos no es para enriquecer ni dar una vida de lujos a los alimentos, sino para proporcionar lo necesario que les brinde una vida digna y decorosa, por lo que, debe reducirse ya que los rubros de asistencia médica en caso de enfermedad y habitación, están cubiertos por la demandante. Sin que el Juez inadvirtiera que el hecho de que se regraduara la pensión alimenticia provisional al 30% de cantidad de dinero que se le pague al recurrente en la moral multicitada, no cubre de manera constante los alimentos a los que está obligado para con su acreedora alimentaria y, atendiendo a que cuenta con tres años, es necesario que sus alimentos se vean asegurados en los meses en que el demando no presta sus servicios, con el fin de que se garanticen sus derechos alimentarios, pues estos se generan día a día y no pueden estar supeditados a que el reclamante tenga o no pago por sus servicios en la empresa que está registrado por honorarios. Por ende, al quedar evidenciado el estado de necesidad de la parte acreedora y, la capacidad económica de la deudora, en términos de los artículos 239 y 242 del Código Civil del Estado, declaró procedente el recurso de reclamación interpuesto por José Pablo Castellanos Espinosa, dejando sin efecto la pensión alimenticia fijada, para decretar medio salario diario, lo que resulta de la cantidad liquida de $70.85 pesos (setenta pesos 85/100 moneda nacional) a favor de la menor de edad, que surtirá efectos siempre y cuando no se le haga efectivo el descuento alimentario ordenado en la empresa denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, que deberá depositar de manera semanal, quincenal o mensual en la cuenta previamente mencionada. Reiterando, que de acuerdo a los informes previamente mencionados el deudor no ha tenido trabajo en la moral denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que tuviera a su alcance alguna documental que arroje datos sobre la capacidad económica del reo, además del trabajo que hizo mención, no obstante del informe del subadministrador adscrito a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "2", con sede en Veracruz, dedujo que el deudor estaba activo como contribuyente, de ahí que es claro que puede y debe cumplir con la pensión alimenticia provisional liquida ordenado en los términos y condiciones que se fijan. Cantidad que estimó justa, equitativa y humana a los ingresos del deudor, considerando sus condiciones particulares, específicamente que cuenta con la edad de cuarenta años, es decir se trata de un adulto, sin evidencia que padezca alguna enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiera alimentación especial o un medicamento determinado y que la acreedora alimentaria, es un menor que cuenta con tres años tres meses, que muy probablemente se encuentre cursando la instrucción preescolar, cuya educación conlleva gastos como luz, internet, entre otros servicios domésticos, que son necesario para poder tener una educación virtual por motivo de la pandemia, no advirtió la compra de un objeto o bien de costo alto para su supervivencia, de nivel social medio, ponderando los gatos del acreedor, relativos a alimentos, salud, entre otros, con valor probatorio conforme al numeral 266 del Código adjetivo en la materia. De igual forma, consideró que el monto regraduando no le es gravoso al deudor al grado de no poder sobrellevar sus gastos propios o saciar sus alimentos, sin fuente de ingresos fijos y que por sí mismo genera mayores gastos, debe proveer sus comidas, vestido, calzado, los requerimientos propios de donde vive e inclusive su esparcimiento social, al cual todo ser humano tiene derecho, afirmando que la cantidad fijada no le es perjudicial y ni violatorio del principio de proporcionalidad que prevé el numeral 242 de la legislación en cita. En consecuencia, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, esto es, dejo insubsistente la resolución, que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018, y en su lugar, emitió otra en la que dejó intocada la parte considerativa relativa a que está acreditada la necesidad de la menor acreedora de recibir alimentos del deudor alimentista, además una vez solicitados los informes a la empresa para la cual labora el aquí tercero interesado, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Servicio de Administración Tributaria, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad, exponiendo a través de razonamientos lógicos jurídicos, los motivos por los cuales concluyó que no podría tener acreditada la capacidad económica del demandado y que el porcentaje modificado es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como las de la menor de edad de identidad reservada y que ello no afectaba jurídicamente sus derechos y garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante el escrito presentado ante este Juzgado Federal el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, pues contrario a ello, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese el escrito de cuenta signado por la parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno y, por hechas sus manifestaciones. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." Firmar y rúbricas. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó la parte quejosa, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este jugado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Maribel González Rico, para el efecto de que: "(.) Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, en favor de su menor hija de iniciales M.X.C.G, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018 y, en su lugar dicte otra en la que: Deje intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la presente sentencia, esto es, que está acreditada la necesidad de la menor acreedora de recibir alimentos del deudor alimentista. Emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, y una vez solicitados los informes a la empresa para la cual labora el aquí tercero interesado, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y en su caso al Servicio de Administración Tributaria, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad. Es decir, la autoridad responsable deberá exponer, a través de razonamientos lógicos jurídicos, los motivos o razones que lo hayan llevado a concluir, cómo y con cuáles pruebas quedó determinada cuál es la capacidad económica del deudor alimentario. Así también, deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine, es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como las de la menor representada por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. (...)" En proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así, en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, con oficio 2681/2021 remitió copia certificada de la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de dieciséis de enero de dos mil veinte (acto reclamado) que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018. Asimismo, previo al dictado de dicha resolución recabo los informes de parte de la empresa para la que labora el demandado denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como el rendido por el Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos al Contribuyente, del Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos en Veracruz Puerto del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Administración General de Servicios al Contribuyente, a fin de estar en condiciones de dictar la resolución correspondiente. Seguidamente, dejó intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la ejecutoria de amparo, esto es, que se encuentra acreditada la necesidad de la menor acreedora de recibir alimentos del deudor alimentista. Así, tuvo por acreditada la capacidad económica del demandado para sufragar los gastos alimentarios de su hija menor de edad, con el informe que rindió la apoderada legal de la moral denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, de tres de febrero de dos mil veintiuno, del que advirtió que se encuentra registrado por honorarios con su representada, que su trabajo no es fijo o constante, otorgándole valor probatorio de conformidad con los artículos 320 y 337 del Código Procesal Civil. Posteriormente, la autoridad responsable determinó improcedente el argumento del deudor alimentario consistente en que la pensión alimentaria provisional se le impuso sin darle vista al respecto y sin considerar que labora para la moral "Televisa Talento" Sociedad Anónima de Capital Variable, debiéndose ordenar un descuento alimentario en porcentaje a sus ingresos como extra, en virtud, de que el derecho de alimentos tiene su origen en la ley, son de orden público e interés social, recíprocos, personalísimos, condicionales, intransferibles, inembargables, entre otros, además que deben decretarse de plano, tomando como justificación la urgencia de la medida y la apariencia del buen derecho, sin otorgar audiencia a la contraparte. Seguidamente, determinó procedente el agravio relativo a que sus ingresos son muy bajos, al desempeñarse como extra, siendo la cantidad decretada como pensión alimenticia el doble de lo que percibe en su fuente de trabajo, ello en virtud de que a su consideración de los tres recibos de nómina emitidos a su nombre por la empresa denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable , que amparan diversas cantidades de dinero, pagadas en los días del mes de abril y mayo de dos mil dieciocho, lo tuvo probando que es prestador de servicios profesionales, que no cuenta con un trabajo estable en la moral que dice ser la empresa para la que labora, ya que al ser un prestador de servicios profesionales no tiene la calidad de empleado, quien es la persona que presta servicios a otro por un sueldo o salario. Lo anterior, lo que corroboró con el informe que rindió la apoderada legal de la moral citada, quien manifestó que el deudor está registrado por honorarios con su representada, en calidad de extras y modelos, con ultimo pago el ocho de mayo de dos mil veinte, lo que le hizo presumir que su trabajo no es fijo o constante, documentales que valoró en términos de lo establecido en los artículos 232 y 266 del Código Procesal Civil. De la misma manera, lo consideró robustecido con el oficio 700-67-00-00-00-2021-0671 de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, signado por el subadministrador adscrito a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "2", con sede en Veracruz, que informó que el deudor se encuentra tributando con el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios y que a la fecha del informe estaba "activo", que tiene asignada la actividad económica de artista y técnicos indepdendientes, sin estar asociado con otros contribuyentes. Además, lo concatenó con el diverso oficio 3112064000/JD/0233, de nueve de marzo de esta anualidad, firmado por el Tribunal de la Subjefatura de Servicios Jurídicos en Veracruz Puerto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que puso del conocimiento que no se encuentra registrado como trabajador de alguna empresa o comercio y que tampoco reporta ingresos de alguna fuente de trabajo. Documentales que valoró, en términos de lo establecido en los artículos 232 y 225 del Código de Procedimientos Civiles en vigor y que le hicieron arribar a la conclusión de que el reclamante no cuenta con una fuente de trabajo permanente, constante y regular con el que, pueda cumplir con su obligación alimentaria para con su menor hija. Empero consideró, que dicha prestación de servicios a la moral antes mencionada, puede cubrir en las ocasiones que labore en la misma, los alimentos a los que está obligado para con su menor acreedora alimentaria, tal y como lo dispone el artículo 234 del Código Civil en vigor, de tal manera que, determinó justo y legal, modificar la pensión alimenticia provisional al 30% de las percepciones que reciba el demandado, cuando realice alguna actividad laboral de la empresa denomina Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de su menor hija, para que dicha empresa se sirva depositar la cantidad resultante del porcentaje ordenado, por lo que Giro atento oficio a la empresa pagadora citada para llevar a cabo el descuento y depositarlo en la cuenta bancaria 14-71-77-87-57 del Banco Bancomer, S.A., a nombre de la accionante. Significando que la pensión alimenticia es únicamente para la hija de los contendientes, que de conformidad con el artículo 240 del código civil del estado, cumple con su obligación de dar alimentos y que el deudor alimentario necesita de los rubros establecidos por el artículo 239 de la ley sustantiva civil, para garantizar su propia supervivencia y sano desarrollo. Asimismo, que la figura de los alimentos no es para enriquecer ni dar una vida de lujos a los alimentos, sino para proporcionar lo necesario que les brinde una vida digna y decorosa, por lo que, debe reducirse ya que los rubros de asistencia médica en caso de enfermedad y habitación, están cubiertos por la demandante. Sin que el Juez inadvirtiera que el hecho de que se regraduara la pensión alimenticia provisional al 30% de cantidad de dinero que se le pague al recurrente en la moral multicitada, no cubre de manera constante los alimentos a los que está obligado para con su acreedora alimentaria y, atendiendo a que cuenta con tres años, es necesario que sus alimentos se vean asegurados en los meses en que el demando no presta sus servicios, con el fin de que se garanticen sus derechos alimentarios, pues estos se generan día a día y no pueden estar supeditados a que el reclamante tenga o no pago por sus servicios en la empresa que está registrado por honorarios. Por ende, al quedar evidenciado el estado de necesidad de la parte acreedora y, la capacidad económica de la deudora, en términos de los artículos 239 y 242 del Código Civil del Estado, declaró procedente el recurso de reclamación interpuesto por José Pablo Castellanos Espinosa, dejando sin efecto la pensión alimenticia fijada, para decretar medio salario diario, lo que resulta de la cantidad liquida de $70.85 pesos (setenta pesos 85/100 moneda nacional) a favor de la menor de edad, que surtirá efectos siempre y cuando no se le haga efectivo el descuento alimentario ordenado en la empresa denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, que deberá depositar de manera semanal, quincenal o mensual en la cuenta previamente mencionada. Reiterando, que de acuerdo a los informes previamente mencionados el deudor no ha tenido trabajo en la moral denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que tuviera a su alcance alguna documental que arroje datos sobre la capacidad económica del reo, además del trabajo que hizo mención, no obstante del informe del subadministrador adscrito a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "2", con sede en Veracruz, dedujo que el deudor estaba activo como contribuyente, de ahí que es claro que puede y debe cumplir con la pensión alimenticia provisional liquida ordenado en los términos y condiciones que se fijan. Cantidad que estimó justa, equitativa y humana a los ingresos del deudor, considerando sus condiciones particulares, específicamente que cuenta con la edad de cuarenta años, es decir se trata de un adulto, sin evidencia que padezca alguna enfermedad crónica o presente una capacidad diferente o alguna condición por la cual requiera alimentación especial o un medicamento determinado y que la acreedora alimentaria, es un menor que cuenta con tres años tres meses, que muy probablemente se encuentre cursando la instrucción preescolar, cuya educación conlleva gastos como luz, internet, entre otros servicios domésticos, que son necesario para poder tener una educación virtual por motivo de la pandemia, no advirtió la compra de un objeto o bien de costo alto para su supervivencia, de nivel social medio, ponderando los gatos del acreedor, relativos a alimentos, salud, entre otros, con valor probatorio conforme al numeral 266 del Código adjetivo en la materia. De igual forma, consideró que el monto regraduando no le es gravoso al deudor al grado de no poder sobrellevar sus gastos propios o saciar sus alimentos, sin fuente de ingresos fijos y que por sí mismo genera mayores gastos, debe proveer sus comidas, vestido, calzado, los requerimientos propios de donde vive e inclusive su esparcimiento social, al cual todo ser humano tiene derecho, afirmando que la cantidad fijada no le es perjudicial y ni violatorio del principio de proporcionalidad que prevé el numeral 242 de la legislación en cita. En consecuencia, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, esto es, dejo insubsistente la resolución, que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018, y en su lugar, emitió otra en la que dejó intocada la parte considerativa relativa a que está acreditada la necesidad de la menor acreedora de recibir alimentos del deudor alimentista, además una vez solicitados los informes a la empresa para la cual labora el aquí tercero interesado, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Servicio de Administración Tributaria, con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad, exponiendo a través de razonamientos lógicos jurídicos, los motivos por los cuales concluyó que no podría tener acreditada la capacidad económica del demandado y que el porcentaje modificado es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como las de la menor de edad de identidad reservada y que ello no afectaba jurídicamente sus derechos y garantías. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante el escrito presentado ante este Juzgado Federal el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, pues contrario a ello, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y por los motivos ya explicados en el transcurso de este proveído. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese el escrito de cuenta signado por la parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno y, por hechas sus manifestaciones. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, informó que dejó insubsistente la resolución de dieciséis de enero de dos mil veinte (acto reclamado) que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018. Asimismo, con la finalidad de conocer la capacidad económica del demandado, recabo los informes de la empresa para la que labora, denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como el rendido por el Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos al Contribuyente, del Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos en Veracruz Puerto del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Administración General de Servicios al Contribuyente. Asimismo, determinó justo y legal, modificar la pensión alimenticia provisional al 30% de las percepciones que reciba el demandado, cuando realice alguna actividad laboral de la empresa denomina "TELEVISA TALENTOS, Sociedad Anónima de Capital Variable" a favor de su menor hija, por lo que giro atento oficio a la empresa pagadora citada para llevar a cabo el descuento y depositarlo en la cuenta bancaria a nombre de la accionante. Sin que el Juez inadvirtiera que lo anterior no cubre de manera constante los alimentos a los que está obligado para con su acreedora alimentaria, por lo que, consideró decretar medio salario diario, lo que resulta de la cantidad liquida de $70.85 pesos (setenta pesos 85/100 moneda nacional) actualmente por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la menor de edad, que surtirá efectos siempre y cuando no se le haga efectivo el descuento alimentario ordenado en la empresa de referencia, que deberá depositar de manera semanal, quincenal o mensual en la cuenta mencionada con antelación. Ahora, en la ejecutoria de amparo se determinó que: "[.] se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, en favor de su menor hija de iniciales M.X.C.G, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018 y, en su lugar dicte otra en la que: Deje intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la presente sentencia, esto es, que está acreditada la necesidad de la menor acreedora de recibir alimentos del deudor alimentista. Emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, y una vez solicitados los informes a la empresa para la cual labora el aquí tercero interesado, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y en su caso al Servicio de Administración Tributaria, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad. Es decir, la autoridad responsable deberá exponer, a través de razonamientos lógicos jurídicos, los motivos o razones que lo hayan llevado a concluir, cómo y con cuáles pruebas quedó determinada cuál es la capacidad económica del deudor alimentario. Así también, deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine, es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como las de la menor representada por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. [.]" Ahora, el Juez responsable al momento de emitir la resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo que fueron establecidos en los primeros cuatro párrafos transcritos con anterioridad. No obstante, no se advierte que expusiera los motivos y razones por los cuales concluye que la pensión finalmente decretada en los términos que lo hizo, es la que corresponde para satisfacer las necesidades de la menor quejosa representada por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014(10a.) y 2ª/./VIII/2014, se requiere a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, deje sin efectos la resolución de treinta de marzo pasado y dicte una nueva resolución en la cual siguiendo puntualmente los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dé cabal cumplimiento a la misma, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria amparadora. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, esto es que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, agréguese el escrito de cuenta signado por Maribel González Rico, parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de ocho de abril de dos mil veintiuno y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 26 fracción II, inciso a) y b) de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Glz/Judith* Revisión SISE _______ Revisión libros _______ 8728 "2021, Año de la Independencia" Oficio 8011 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia. Veracruz, Veracruz. En los autos del juicio de amparo C-95/2020, promovido por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, en representación de su menor hija, se dictó el siguiente auto: "Boca del Río, Veracruz, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, informó que dejó insubsistente la resolución de dieciséis de enero de dos mil veinte (acto reclamado) que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018. Asimismo, con la finalidad de conocer la capacidad económica del demandado, recabo los informes de la empresa para la que labora, denominada Televisa Talento, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como el rendido por el Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos al Contribuyente, del Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos en Veracruz Puerto del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Administración General de Servicios al Contribuyente. Asimismo, determinó justo y legal, modificar la pensión alimenticia provisional al 30% de las percepciones que reciba el demandado, cuando realice alguna actividad laboral de la empresa denomina "TELEVISA TALENTOS, Sociedad Anónima de Capital Variable" a favor de su menor hija, por lo que giro atento oficio a la empresa pagadora citada para llevar a cabo el descuento y depositarlo en la cuenta bancaria a nombre de la accionante. Sin que el Juez inadvirtiera que lo anterior no cubre de manera constante los alimentos a los que está obligado para con su acreedora alimentaria, por lo que, consideró decretar medio salario diario, lo que resulta de la cantidad liquida de $70.85 pesos (setenta pesos 85/100 moneda nacional) actualmente por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la menor de edad, que surtirá efectos siempre y cuando no se le haga efectivo el descuento alimentario ordenado en la empresa de referencia, que deberá depositar de manera semanal, quincenal o mensual en la cuenta mencionada con antelación. Ahora, en la ejecutoria de amparo se determinó que: "[.] se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, en favor de su menor hija de iniciales M.X.C.G, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución aquí combatida, que recayó al recurso de reclamación de alimentos, derivado del ordinario civil 787/2018 y, en su lugar dicte otra en la que: Deje intocada la parte considerativa que no generó el sentido de la presente sentencia, esto es, que está acreditada la necesidad de la menor acreedora de recibir alimentos del deudor alimentista. Emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, y una vez solicitados los informes a la empresa para la cual labora el aquí tercero interesado, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y en su caso al Servicio de Administración Tributaria, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad. Es decir, la autoridad responsable deberá exponer, a través de razonamientos lógicos jurídicos, los motivos o razones que lo hayan llevado a concluir, cómo y con cuáles pruebas quedó determinada cuál es la capacidad económica del deudor alimentario. Así también, deberá exponer los motivos y razones por las cuales concluye que el porcentaje modificado en los términos que lo determine, es el que corresponde para satisfacer las necesidades del deudor alimentario, así como las de la menor representada por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. [.]" Ahora, el Juez responsable al momento de emitir la resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dio cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo que fueron establecidos en los primeros cuatro párrafos transcritos con anterioridad. No obstante, no se advierte que expusiera los motivos y razones por los cuales concluye que la pensión finalmente decretada en los términos que lo hizo, es la que corresponde para satisfacer las necesidades de la menor quejosa representada por MARIBEL GONZÁLEZ RICO, y que ello no afecta jurídicamente sus derechos y garantías. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014(10a.) y 2ª/./VIII/2014, se requiere a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, deje sin efectos la resolución de treinta de marzo pasado y dicte una nueva resolución en la cual siguiendo puntualmente los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dé cabal cumplimiento a la misma, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria amparadora. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, esto es que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, agréguese el escrito de cuenta signado por Maribel González Rico, parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de ocho de abril de dos mil veintiuno y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 26 fracción II, inciso a) y b) de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." Lo que transcribo a usted para su conocimiento y debido cumplimiento. A t e n t a m e n t e. Boca del Río, Ver., 16 de abril de 2021. La secretaria. Genoveva Lecona Zamora. JUICIO DE AMPARO 95/2020 RECIBO DE NOTIFICACIÓN A AUTORIDADES LOCALES CONFORME AL ARTICULO 26, FRACCIÓN II, INCISO A, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, FIRMAN Y SELLAN DE RECIBIDO LA PRESENTE, LAS AUTORIDADES NOTIFICADAS O LAS PERSONAS A QUIEN SE ENTREGA EN SU OFICINA. BOCA DEL RÍO, VER., 16 DE ABRIL DE 2021. Oficio 8011 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia. Veracruz, Veracruz. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio de cuenta signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; toda vez que en proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidas las constancias que refiere y se dio vista a las partes con las mismas. Cúmplase.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos se advierte que en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, informando que se encontraba recabando los informes solicitados al Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos de Veracruz, del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Administración Desconcentrada de Recaudación "4" en la ciudad de México. No obstante a la fecha, no obra constancia en autos que acredite que ha recabado dichos requerimientos y procedió a emitir la resolución que cumplimenta la ejecutoria de amparo, o bien, las gestiones realizadas a fin de lograr el acatamiento de sus requerimientos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído remita en copias certificadas, integras y legibles, las constancias que acrediten haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de treinta de noviembre dedos mil veinte, esto es que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
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