Maribel González Márquez
Expediente 1464/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1464/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maribel González Márquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se declara que ha causado estado el proveído en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Archivo.
- Principal
Glósese a los presentes autos el escrito -vía electrónica- signado por Jesús Abimael Granados Lugo autorizado de la parte quejosa Insutechi, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en cuanto a su contenido se provee: Recurso de revisión. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88 y 90 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer en el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 678/2022-VIII, en contra de la interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós. Glósese a este expediente una copia del escrito por el que se expresan los agravios y distribúyanse las demás entre las partes. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contados a partir de que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, los autos originales del presente incidente de suspensión, el escrito de expresión de agravios y una copia para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notificación. En términos de lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, túrnense los autos al actuario judicial de la adscripción a efecto de que notifique de manera personal el presente proveído al tercero interesado, a quien deberá correr traslado con copia simple del escrito de agravios respectivo. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado.
- Principal
Vista la demanda de amparo. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo dentro del juicio 1324/2021/E-5 del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia. Al analizar el escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Marco normativo. Dichos dispositivos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" La fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica forma o adjetiva. De ahí que de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. Ahora, en la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, destacó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, como lo es por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional. En tanto que debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580, Décima Época, visible en el Libro 30, de Mayo de 2016, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese contexto, por regla general, el amparo indirecto solo procede contra omisiones en materia laboral que provoquen una dilación procesal excesiva en el procedimiento de origen, esto es, cuando la autoridad laboral dicte proveídos, laudos o realizar diligencias, después de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que debió pronunciarse, o bien, diligenciar los actos procesales correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada el viernes 01 de marzo de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2019400, Materias Común y Laboral, Décima Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Del criterio jurisprudencial anterior, se advierte, en lo que aquí interesa, que si bien la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, dicho criterio encuentra su excepción cuando el Juez de Distrito advierta del escrito de demanda que existe una abierta demora del procedimiento, o bien, su paralización total, pues en ese sentido el juicio de derechos será procedente, por lo que estableció, que tratándose de materia laboral el juicio de amparo será procedente cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que haya concluido el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse los actos procesales, es decir, el gobernado podrá instar la presente instancia constitucional y reclamar la dilación procesal que impera en un juicio laboral cuando haya transcurrido el término de ley con el que contaba la autoridad para realizar determinada actuación procesal más cuarenta y cinco días naturales, pues solo en ese supuesto será procedente el referido juicio. Lo anterior es así, en razón de que en la Jurisprudencia en análisis se estableció que dicho término (cuarenta y cinco días naturales) es el periodo máximo de tiempo que prevé la Ley Federal del Trabajo para que un juicio laboral permanezca inmóvil, y, por ende, éste podía utilizarse como estándar mínimo objetivo a fin de ofrecer seguridad jurídica a las partes en el juicio. En efecto, los artículos 130, 131, 132, y 133 de la Ley para los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, establecen: "Artículo 130. Concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y hecha la certificación del Secretario de Acuerdos de que ya no quedan pruebas pendientes de desahogo, se declarará cerrada la instrucción y se turnará el expediente al Secretario Proyectista, para que formule su opinión, que deberá contener los siguientes elementos: I.- Extracto de la demanda y de la contestación; II.- Señalamiento de los hechos controvertidos; III.- Relación de las pruebas admitidas y desahogadas, su apreciación en conciencia a verdad sabida y buena fe guardada, sin sujetarse a reglas fijas en su valoración, debiendo expresar las consideraciones en que se funde la decisión; IV.- Las consideraciones fundadas que se deriven de lo alegado y probado; y V.- Los puntos resolutivos." "Artículo 131. Cuando el actor solicite el desistimiento de las acciones intentadas, el tribunal citará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y de recibir en su caso las pruebas que ofrezcan, que deberán versar sobre la materia del desistimiento, dictará la resolución correspondiente." "Artículo 132. Formulado el proyecto del laudo, el Presidente del tribunal citará a los miembros que lo integren, para la discusión y votación que se llevará a cabo en audiencia del pleno del tribunal, observándose lo siguiente: I.- Se dará lectura al proyecto del laudo, a los legajos y demás documentos que se estimen necesarios que obren en el expediente; II.- El Presidente pondrá a discusión el proyecto; y III.- Terminada la discusión, se votará y el Presidente declarará el resultado. Si el proyecto es aprobado sin adiciones ni modificaciones será elevado a la categoría de laudo y se firmará por los miembros del tribunal. Si se hicieren modificaciones o adiciones al proyecto, se ordenará al Secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, haciéndose constar, en este caso, en el acta de la sesión." "Artículo 133. Engrosado el laudo y firmado por los miembros del tribunal que votaron el negocio, se turnará el expediente al actuario para que lo notifique personalmente a las partes." De lo anterior se desprende que concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y hecha la certificación del Secretario de Acuerdos de que ya no quedan pruebas pendientes de desahogo, se declarará cerrada la instrucción y se turnará el expediente al Secretario Proyectista, para que formule su opinión; una vez elaborado el proyecto del laudo, el Presidente del tribunal citará a los miembros que lo integren, para la discusión y votación que se llevará a cabo en audiencia del pleno del tribunal; engrosado el laudo y firmado por los miembros del tribunal que votaron el negocio, se turnará el expediente al actuario para que lo notifique personalmente. Asimismo, se aprecia que los referidos numerales no establecen un término para emitir el laudo en el juicio laboral burocrático. Sin embargo, los artículos 885, 886, 887 y 888 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley para los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, por disposición expresa de su artículo 4º, determinan: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos.." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado..." De la interpretación sistemática de los artículos anteriores, se desglosa que una vez que se declare cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará un proyecto que deberá reunir los requisitos citados en líneas precedentes, tales como, un extracto de la demanda y su contestación, así como los hechos controvertidos y de los aceptados por las partes y finalmente deberá contener una relación de las probanzas rendidas, la apreciación de las mismas, para finalmente, dictarse el laudo respectivo. El proyecto de referencia se entregará a los miembros de la Junta, quienes en cinco días podrán solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo o que juzguen conveniente, en cuyo caso, la Junta señalará día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días; y una vez transcurrido ese lapso o desahogadas las diligencias necesarias, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. Además cabe destacar que el artículo 750 del mismo cuerpo normativo establece: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". Del dispositivo legal transcrito se advierte que las notificaciones deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha. En resumen, la lectura de las normas transcritas ponen de manifiesto los diversos plazos, los cuales sumados arrojan un término de treinta y ocho días hábiles para que la autoridad dicte y notifique el laudo que resuelva una controversia de índole laboral. Caso concreto. En el caso, la quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 1324/2021/E-4. Sin embargo, como se dijo la presente demanda de amparo es improcedente, en razón de que a la fecha de su presentación, esto es, tres de noviembre dos mil veintidós, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, ni ha fenecido el termino de treinta y ocho días hábiles para que la autoridad dicte y notifique el laudo que resuelva una controversia de índole laboral, lo anterior de conformidad con el criterio jurisprudencial precisado, como se desprende de la tabla siguiente: Fecha en que se cerró la instrucción Término para dictar el laudo y notificarlo. Fecha presentación demanda de amparo Días naturales transcurridos de la fecha en que se debió dictar el laudo y la fecha de presentación de demanda de amparo 07 septiembre 2022 Del 08 de septiembre al 09 de noviembre de julio 2022 Sin contar los días 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 24 y 25 de septiembre; 01,02, 08, 09, 12, 15, 16, 22, 23, 29, 30 y 31 de octubre; 01, 02, 05 y 06 de noviembre de este año, por ser inhábiles. 03 noviembre 2022 Ninguno. Por tanto, atendiendo a lo anteriormente expuesto, la presente demanda de amparo resulta improcedente. En síntesis, la multicitada omisión reclamada no resulta inconstitucional en sí misma, pues como se expuso en líneas superiores, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, ni ha fenecido el termino de treinta y ocho días hábiles para que la autoridad dicte y notifique el laudo que resuelva una controversia de índole laboral, lo anterior de conformidad con el criterio jurisprudencial precisado. Decisión. En consecuencia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala; asimismo, ténganse como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, toda vez que el presente asunto es en materia laboral y que la quejosa es la parte trabajadora. Consulta expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "jluis2384", la consulta del expediente electrónico. Medios de comunicación. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene como teléfono y correo electrónico de contacto los que señala la parte quejosa, única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea-. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes
- Mariano Araujo López965/2018
- Mariano Isaias Covarrubias Moreno813/2018
- Mariano Niño Martínez841/2019
- Maribel Castilo Mares y/o Maribel Krahenmann8/2021
- Maribel Castilo Mares y/o Maribel Krahenmann7/2021
- Maribel Delgadillo Vara562/2015
- Maribel Puente Vázquez905/2022
- Maribel Puente Vazquez439/2015
- Maribel Puente Vazquez232/2015
- Maribel Zúñiga Martínez1403/2023
- Maricel Elena Malavé Machado906/2018
- Maricela Alanis Mercado1315/2021