Maribel González Cruz

Expediente 919/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
919/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Maribel González Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete en Puebla, por medio del remite copia certificada de diversas constancias derivadas del juicio agrario ********************, de su estadística, de las cuales destacan las siguientes: Oficio SPF-300/2020, de catorce de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tepeaca, Puebla dirigido a la autoridad responsable, en el cual le informa que se encuentra imposibilitada para subsanar y expedir el título correspondiente con el nombre correcto del quejoso ********************, en razón de que dicha facultad le compete al Registro Agrario Nacional. Proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, a través del cual en atención a lo informado por el citado Registrador, el Tribunal responsable requirió a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, a fin de que una vez que reanuden labores, subsanara en el título de propiedad expedido a nombre del quejoso ********************, con su nombre correcto. Oficios dirigidos al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tepeaca, Puebla, con el contenido de los proveídos emitidos el doce de marzo y tres de septiembre de dos mil veinte, pronunciados en el contradictorio de origen. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y con fundamento en el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Siete en Puebla para que realice lo siguiente: En el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, haga del conocimiento el cumplimiento que el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tepeaca, Puebla haya dado al oficio 880/2020, ordenado en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, en donde le requirió para que "informara si ya fueron remitidos los títulos de propiedad correspondientes a la sentencia emitida en el juicio agrario ********************, respecto de la parcela ********************, asimismo si ya fueron inscritos"; o en su caso, lo que haya proveído ante su incumplimiento. En el término de diez días siguientes a la notificación del presente proveído, informe el seguimiento de las acciones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, toda vez que el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en Puebla y el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en Puebla, no han podido ser notificados de los requerimientos formulados en el juicio agrario de origen, en razón de que sus oficinas siguen cerradas con motivo de la contingencia por el virus COVID-19; dígasele al Tribunal responsable que, una vez que dichas autoridades reanuden labores, deberá notificar los requerimientos formulados en el aludido procedimiento e informar de manera inmediata a este órgano jurisdiccional. Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, misma que se concedió para los siguientes efectos: ".la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 37, deberá valorar el cumplimiento realizado por la Delegación del Registro Agrario Nacional en Puebla y Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tepeaca, Puebla, calificarlo y, hecho lo anterior, requerir a las autoridades responsables Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en Puebla; Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en Puebla y Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tepeaca, Puebla, den cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario ********************. Concesión de amparo que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, para que acaten lo ordenado por el Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 37." Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. ....

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta se advierte que está pendiente de desahogarse la prueba pericial en materia de grafoscopía en razón de que la perito oficial Floribel López Salazar se encuentra gozando de su periodo vacacional el cual transcurre del diecisiete al treinta de septiembre de dos mil veinte y no ha podido tomar protesta del cargo conferido. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y los artículos 25 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 y 28 del acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se requiere nuevamente a la citada experta Floribel López Salazar, por conducto de la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de la República, para que a las nueve horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, acepte y proteste el cargo conferido a través de videoconferencia por vía electrónica. Para ello, en la fecha y hora señalada, la referida perito deberá acceder a la página https://cjf.webex.com o bien a través de la aplicación Webex Meetings e ingresar en el apartado "entrar en una reunión", el código de acceso y contraseña de la reunión que se le proporcionará, en el entendido de que al momento de desahogar la diligencia deberá exhibir una identificación oficial vigente. Asimismo, en el oficio por medio del cual se cite a la referida profesionista, indíquesele el código de acceso y la contraseña de la reunión, para que se encuentre en aptitud de acceder a la videoconferencia. En ese sentido, apercíbase a la perito oficial para que en caso de no comparecer a la mencionada diligencia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 238 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $86.88 (ochenta y síes pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. Finalmente, de la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra pendiente de perfeccionar la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida en autos; en tales condiciones, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para la continuación de la audiencia constitucional. Notifíquese. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Recepción de autos Con el oficio y constancias de cuenta consistentes en 1) copia certificada de la papeleta de turno y demanda de amparo con anexos que la acompañan promovida por Maribel González Cruz; 2) auto admisorio de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 796/2020 del índice del juzgado de la autoridad oficiante; y 3) el original del escrito registrado con el número de promoción 8158 relativo a la ampliación de demanda. Lo anterior, en virtud de que en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado con motivo de la separación de juicios decretada en el juicio de amparo 796/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se determinó formar nueva demanda de amparo con registro propio, por lo que respecta a los actos reclamados por la quejosa. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 919/2020. Acuse de recibo electrónico Acúsese el recibo correspondiente al citado Juzgado de Distrito vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ***, en contra de los actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por violación de los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 se provee: Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en el escrito inicial de demanda de amparo. En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a José Luis García Rosas, Luis Alberto García Hernández y Rivelino Flores Cardoso, por así haberlo solicitado la parte quejosa en su demanda de amparo. Número de teléfono móvil y correo electrónico. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados el número de teléfono móvil y cuenta de correo electrónico, que señala el quejoso para establecer contacto en el momento que se estime necesario. ....Acto reclamado De la lectura integra de la demanda, así como de su ampliación se advierte que la promovente Víctor Hugo Juárez Jiménez reclama de la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 1.- La omisión de informar de manera personal a la quejosa la suspensión de descuentos por concepto de amortización, que se le efectuaban como trabajadora de la empresa "Sirviendo a la Microindustria" sociedad anónima de capital variable. 2.- La determinación de haber recibido el pago total del crédito numero 2108157004 por persona distinta a la quejosa y la omisión de notificar personalmente que el pago del citado crédito había sido liquidado por persona distinta a la quejosa. 3.- El aviso de suspensión de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la empresa "Sirviendo a la Microindustria" sociedad anónima de capital variable. Causal de improcedencia Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, 5°, fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo; y el numeral 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. ....En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "ARTICULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el artículo 217, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". De la interpretación sistemática de los anteriores numerales, a contrario sensu, del artículo 1º de la Ley de Amparo se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de autoridad. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Aunado a lo anterior, el precitado artículo de la Ley de Amparo, también prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, cuando dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; siempre que sus funciones estén determinadas por una norma general. En relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la clasificación que la teoría general del derecho, estableció que las relaciones jurídicas pueden ser: ( De coordinación; ( De supra a subordinación; y, ( De supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Así, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en lo expuesto, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente o particular, de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un gobernado. b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente o particular de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad (aun colaborando como un auxiliar de aquella facultad); c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado; y d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 164/2011, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ahora bien, como ya se precisó la quejosa reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la omisión de informar de manera personal a la quejosa la suspensión de descuentos por concepto de amortización, que se le efectuaban como trabajadora de la empresa "Sirviendo a la Microindustria" sociedad anónima de capital variable, la determinación de haber recibido el pago total del crédito numero 2108157004 por persona distinta a la quejosa y la omisión de notificar personalmente que el pago del citado crédito había sido liquidado por persona distinta a la quejosa y el aviso de suspensión de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la empresa "Sirviendo a la Microindustria" sociedad anónima de capital variable, de ahí que resulte pertinente manifestar que al tener el citado Instituto un doble carácter, como organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de cuotas obrero patronales y, por otra, como ente asegurador cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto a las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley de dicho Instituto; así, puede establecerse que los actos que debate la promovente no son de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, pues la naturaleza de la relación existente entre dicho instituto y la promovente no se encuentra en un plano de desigualdad, sino en uno de coordinación en el ámbito del derecho privado; dado que dicho organismo descentralizado no actúa como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular, por lo cual el acto que reclama carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad; pues por regla general en caso de controversia ésta debe someterse a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, constitucional, artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso numeral 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que a la letra dice: Artículo 53.- Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por los Tribunales federales en materia laboral una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. En efecto, no puede considerarse como acto de autoridad la suspensión de descuentos por concepto de amortización, pues como se sostiene la naturaleza de la relación entre el particular asegurado y la dependencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como ente asegurador es de coordinación, en un plano del derecho privado y no de supra-subordinación; amen que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal -como ya se precisó- la que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. ....Sin embargo, lo anterior no significa que la promovente quede desprotegida del acto que reclama en esta vía, porque tiene a su alcance la vía ordinaria ante las autoridades de trabajo competentes para deducir su inconformidad, por lo que el juicio de amparo no es la vía para reclamar los derechos que considera le han sido desconocidos. .... Desechamiento En consecuencia, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Maribel González Cruz. ....

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