Maribel Flores Garduño
Expediente 603/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/07/2023
Partes del expediente
- Maribel Flores Garduño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.
- Principal
Agréguese el oficio firmado por la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, y representante legal del Instituto de la Función Registral del Estado de México, así como de su Director General, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que ya entregó a la quejosa Maribel Flores Garduño, el cheque 0004998 por la cantidad de $22, 701.17 (veintidós mil setecientos un pesos 17/100 Moneda Nacional), para lo cual adjunta la constancia con la que acredita su dicho. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Intégrese el oficio suscrito por la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, y representante legal del Instituto de la Función Registral del Estado de México, así como de su Director General, mediante el cual únicamente informa que el seis de julio del año en curso, emitió el cheque 0004998 por la cantidad de veintidós mil setecientos un pesos 17/100 Moneda Nacional, a favor de Maribel Flores Garduño; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que el fallo protector de que se trata, se encuentra en vías de cumplimiento y, por ende, de conformidad a lo dispuesto por los diversos numerales 192 y 258 del invocado cuerpo legal, requiérase a la responsable, para que en el término de tres días legalmente computado, deberá dar cabal y total cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés; por lo que, deberá cumplir a cabalidad la ejecutoria de mérito, esto es: "a) En lo sucesivo no se aplique a la parte quejosa el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $24,893.00 (veinticuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata." APERCIBIMIENTO Reitérese a la oficiante que subsiste el apercibimiento decretado el cuatro de julio del año en curso, es decir, en caso de omisión, en el plazo que ahora se otorga para el acatamiento del fallo protector, a la persona física que ostente el cargo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo; con independencia de remitir el presente juicio a la superioridad para el trámite de inejecución correspondiente.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hacer constar que al día de la fecha las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere al Instituto de la Función Registral del Estado de México, por conducto de la autoridad legalmente competente para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo; en los términos siguientes: "a) En lo sucesivo no se aplique a la parte quejosa el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $********************, correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata."
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