Maribel Flores Chávez

Expediente 673/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
673/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Maribel Flores Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Se ordena archivo físico. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de garantías en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Cumplimiento a los lineamientos del acuerdo general conjunto 1/2009. En ese orden de ideas, tomando en consideración lo anterior y aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, por no haberse formado. Requerimiento a la parte quejosa. Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que en los presentes autos a fojas cuatro a nueve obran glosados diversos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, consistentes en la carta poder de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, así como el escrito con sello de recepción de tres de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el punto vigésimo, último párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, sin previo acuerdo, se procederá a la destrucción de los mismos junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Se ordena archivo físico. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de garantías en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Cumplimiento a los lineamientos del acuerdo general conjunto 1/2009. En ese orden de ideas, tomando en consideración lo anterior y aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, por no haberse formado. Requerimiento a la parte quejosa. Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que en los presentes autos a fojas cuatro a nueve obran glosados diversos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, consistentes en la carta poder de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, así como el escrito con sello de recepción de tres de abril del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el punto vigésimo, último párrafo, del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, sin previo acuerdo, se procederá a la destrucción de los mismos junto con el expediente en que se actúa.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de agosto de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Maribel Flores Chávez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 673/2019, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo 673/2019, promovido por Maribel Flores Chávez, por derecho propio, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido de manera conjunta por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Presidente y actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO: Se hace constar que en este asunto únicamente obra como prueba documental la que las autoridades remitieron en apoyo de su informe justificado consistente en copia certificada del juicio especial laboral 3C-39/2009. JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado hizo manifestaciones en esta vía, a través del pedimento 364/2019. JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, con lo cual se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo V-673/2019, promovido por Maribel Flores Chávez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el doce de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Maribel Flores Chávez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración, por auto de veintiuno de junio de la presente anualidad, se admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número V-673/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consisten en:  Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de procurar el buen despacho del expediente laboral 3C-39/2009, al haber omitido pronunciarse respecto de la admisión o no del incidente de sustitución patronal y responsabilidad solidaria, y por ende, de ordenar notificar el auto de admisión a las partes.  Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de notificar a las partes la admisión del incidente de sustitución patronal y responsabilidad solidaria. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO DE LA JUNTA RESPONSABLE. En su informe justificado las autoridades responsables manifestaron lo siguiente. 1. Es cierto primeramente que ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se tramita el juicio especial laboral 3C-39/2009 promovido por la C MARIBEL CHÁVEZ FLORES, a través de sus apoderados jurídicos, cuya demanda fue presentada ante la Oficialía de Parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el día veinticinco de agosto de dos mil diecinueve, en la vía especial laboral en contra de RUBÉN CONTRERAS OROZCO, NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO PURÉPECHA S.A. DE C.V., y de QUIEN RESULTE RESPONSABLE O PROPIETARIO DEL LABORATORIO "NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO PURÉPECHA"; de quienes demandó como acción principal el pago de diversas prestaciones que en vid (sic) generó el trabajador FRANCISCO ALCALÁ MARTÍNEZ. [.] Luego, por lo que ve a los incisos "b y c", esto es, en relación a la tramitación del incidente de sustitución patronal del cual aduce la quejosa emana el acto reclamado, también es falso el acto reclamado puesto que el mismo fue admitido a trámite el día cuatro de julio de dos mil diecinueve, por lo tanto, con ello es dable concluir que se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo ya que cesaron los efectos del acto reclamado en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, luego que si como acción toral de la demanda de garantías se desprende que la quejosa se duele de la omisión por parte del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de admitir a trámite el incidente de sustitución patronal, y si de las constancias que obran en autos se desprende que el mismo fue admitido el día cuatro de julio de dos mil diecinueve, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, sin soslayar que si bien no se le ha notificado a la quejosa de dicho incidente, no puede decirse que sea un acto de reparación imposible, puesto que en dado caso se traduce en un derecho sustantivo de que llegue o no a trascender para que comparezcan las partes a la audiencia incidental, la cual está fijada para el mes de septiembre del presente año." Ahora, la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el doce de junio de dos mil diecinueve. Además, del contenido del informe justificado y de las constancias que las responsables remitieron en su apoyo, se obtiene que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, dictó el auto de admisión del incidente de sustitución patronal y responsabilidad solidaria el cuatro de julio de dos mil diecinueve. Por tanto, si el acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, es la omisión de notificar a las partes el auto por el cual se admitió el incidente de sustitución patronal y responsabilidad solidaria; debe decirse, que dicha omisión o acto es inexistente, toda vez que al momento en que fue presentada la demanda de amparo, no se había admitido dicho incidente y, por ende, no existía una orden del Presidente de la junta al actuario para que notificara el auto de admisión. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, en relación con el acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Los actos reclamados del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es la omisión de procurar el buen despacho del expediente laboral 3C-39/2009, al haber omitido pronunciarse respecto de la admisión o no del incidente de sustitución patronal y responsabilidad solidaria, y por ende, de ordenar notificar el auto de admisión a las partes. Ahora, del informe justificado rendido por las autoridades responsables se obtiene que al momento de presentarse la demanda de amparo el Presidente de la Junta Especial Número Tres, no había dictado el auto de admisión del incidente de sustitución patronal y responsabilidad solidaria promovida por la aquí quejosa; de ahí la certeza o existencia del acto u omisión reclamados. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que hacen valer, tanto las autoridades responsables como la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado en su pedimento, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora bien, en el presente asunto, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de procurar el buen despacho del expediente laboral 3C-39/2009, al haber omitido pronunciarse respecto de la admisión o no del incidente de sustitución patronal y responsabilidad solidaria, y por ende, de ordenar notificar el auto de admisión a las partes. Empero, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en particular de las constancias que las autoridades responsables remitieron en apoyo de su informe justificado, se obtiene que mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de sustitución laboral promovido por Maribel Flores Chávez, por conducto de sus apoderados, se citó a las partes para la audiencia incidental respectiva y se ordenó notificar a las partes. En tal virtud, al haberse admitido el incidente de referencia, citado a la audiencia incidental y ordenado notificar a las partes, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje al haberse pronunciado al respecto destruyó los efectos de la omisión que se le reclama en esta vía de amparo, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio en relación con el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Cabe señalar que la anterior determinación debe hacerse extensiva respecto del acto reclamado al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, toda vez que, como se estableció al haberse proveído respecto de la admisión de la demanda laboral cesaron los efectos de la omisión atribuida a la autoridad referida en último término. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Maribel Flores Chávez, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.

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