Maribel Eslava Garcia

Expediente 1604/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1604/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Maribel Eslava Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintidós de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado en la cual, por una parte se sobreseyó, y por la otra, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1604/2021 y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y remitido al siguiente día hábil por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, Maribel Eslava García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que precisó en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 49 y 61 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: a).- La omisión de la Junta responsable de realizar el emplazamiento la parte demandada dentro del juicio laboral 01/674/2020, en los términos y plazos establecidos por la ley. b).- El señalamiento de la fecha y hora (diez horas con treinta minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós) programada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual considera que se encuentra fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, primero se analizará y determinará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiaran las causas de improcedencia aducidas o sin serlo, se actualicen, y finalmente, de ser procedente el juicio, se analizará el fondo del asunto. En ese sentido, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Apoya lo anterior la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis sobre la constitucionalidad del acto reclamado, se aborda el estudio de las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las propongan las partes o que se hagan valer de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. En la especie, respecto al acto consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral 01/674/20, se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En ese contexto, se advierte que la parte quejosa mediante escrito de demanda presentado en buzón judicial el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 01/674/2020, de su índice. Empero, de las constancias que fueron allegadas a los presentes autos, se advierte que, el seis de diciembre de dos mil veintiuno -posterior a la presentación de la demanda de amparo-, la autoridad responsable emplazó a juicio a la parte demandada Grupo Spandmex de México, Spandmex Diseño y Manufactura Textil, Juegos Divertidos Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Spandmex de México y Spandmex Diseño y Manufactura Textil. De lo antes narrado, y con base en las documentales que han sido valoradas, se demuestra que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, únicamente por lo que hace al acto precisado en el inciso a), consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral 01/674/2020, con fundamento en los artículo 61 fracción XXI y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de diverso acto reclamado Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia contra el acto precisado en el inciso b), lo procedente es analizar la constitucionalidad del mismo. Es fundado pero inoperante el concepto de violación formulado por la impetrante de amparo. Se explica. Ahora bien, previo a entrar al estudio del presente asunto, es preciso transcribir el artículo 17 de la Constitución Federal: "Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De su contenido se sigue que establece: a).- Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b).- La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c).- Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deriva que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional en consulta se advierte, que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. De igual modo, cabe destacar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Por su parte, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, fija que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Expuesto lo anterior, y ya teniendo un conocimiento más exacto y amplio de la garantía de prontitud en la impartición de justicia y de la manera en que ésta se encuentra inmersa en la ley que regula el procedimiento natural, toca ahora analizar la situación del caso concreto. En ese sentido, se tiene que la responsable ha vulnerado el derecho de prontitud en la impartición de justicia dentro del juicio natural, toda vez que en el caso que nos ocupa, dejó de observar lo establecido en los mencionados preceptos legales, pues mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, fijó las diez horas con treinta minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral de origen, fecha que efectivamente se encuentra fuera del plazo establecido en el citado código obrero para tal efecto. Lo que provoca que se conculque el derecho subjetivo público de justicia pronta y expedita de la impetrante de garantías, que concede a los particulares una garantía de que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que al efecto establecen las legislaciones aplicables a cada materia, lo que permite advertir que resulta fundado el concepto de violación esgrimido sobre el particular. No obstante ello, resulta inoperante dicho motivo de inconformidad para los efectos que se persiguen, como a continuación se demostrará. La fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como acontece en el caso concreto; pues la autoridad responsable ha señalado hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley, fuera de los parámetros establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, aún y cuando el señalamiento de la fecha fijada, para el desahogo de la citada audiencia excede el plazo dentro del cual debió fijarse, es de resaltarse, que se estima que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, respecto del señalamiento lejano para la celebración de la citada audiencia, a través de la cual el tribunal excedió el plazo que tenía para fijarla. Ello se considera así, pues si se toma en consideración que la presente resolución se notificará a las partes a más tardar al tercer día al de su dictado, que lo es el veinticuatro de febrero del año en curso, se debe tener presente que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para inconformarse contra esta determinación, transcurriría en el orden que corresponde del veinticinco de febrero al diez de marzo de dos mil veintidós (sin contar los días veintiséis y veintisiete de febrero, cinco y seis de marzo próximo), por lo que al día siguiente se estaría en condiciones de pronunciar el acuerdo en el que se declare ejecutoriada la presente sentencia y en ese contexto, a más tardar el dieciséis de marzo próximo, se notificaría a la autoridad responsable dicha determinación a efecto de que conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, siguiente diera cumplimiento al fallo protector, estando obligada la autoridad responsable a emitir el acuerdo respectivo máximo el veintiuno de marzo del año actual; y en consecuencia, a partir de esta fecha se encontraría en condiciones de señalar nueva fecha para celebración de la audiencia bifásica, dentro de los quince días siguientes, plazo este último que superaría a la fecha combatida. Cómputo anterior que resulta suficiente para poner de manifiesto que ningún fin práctico tendría el hecho de que se conceda el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente la fecha ya fijada para la celebración de la audiencia de demanda y excepciones, a saber, el cuatro de abril de dos mil veintidós, en virtud de que para cuando se hiciera exigible el cumplimiento de la ejecutoria, el plazo que tendría para hacerlo superaría la fecha ya señalada, situación de la que se duele la parte quejosa; de tal suerte que como ya se precisó en líneas precedentes, de concederse el amparo para tal efecto, se daría pauta a la autoridad responsable, para que fijara una nueva fecha para el verificativo de la citada audiencia, aún más lejana, lo que desde luego implicaría un detrimento constitucional en perjuicio de la parte quejosa. Por tanto, es evidente que con ello de ninguna manera se conseguirá la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, como lo establece la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo; lo cual trae como consecuencia que el concepto de violación sea inoperante para el fin que fue propuesto, pues aún y cuando se concediera el amparo a la quejosa, ello le depararía mayor perjuicio. En consecuencia, al resultar ineficaces los conceptos de violación expresados, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó Maribel Eslava García, por lo que hace al acto precisado en el inciso b). SEXTO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Maribel Eslava García, en contra del acto y autoridad precisados en el inciso a) del segundo considerando de esta sentencia, por las razones y fundamentos apuntados en la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Maribel Eslava García, contra la autoridad y acto precisados en el inciso b), en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos plasmados en el penúltimo de los mismos. TERECERO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dos de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de cuenta con anexo, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado en el juicio de amparo en el que se actúa. Vista. Con el contenido de dichas documentales, dése vista a las partes para que se impongan del contenido del mismo. Relaciónense en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se les de vista con el informe justificado respectivo. Pruebas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega la oficiante, sin perjuicio de que sean relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo no se está en condiciones de llevarla a cabo toda vez que no se cuenta con la totalidad de las constancias que se estiman necesarias para resolver este asunto. Requerimiento a la autoridad responsable. Por tanto, dada la naturaleza del presente asunto y a fin de integrar debidamente el presente expediente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días contado a partir del día siguiente de su notificación, envíe a este órgano jurisdiccional copia certificada legible de todas las constancias que integran el expediente 01/674/20, en particular de la demanda laboral de origen y auto admisiorio, así como todas aquellas que se encuentren relacionadas con el acto reclamado en el presente juicio de amparo, con el apercibimiento de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

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