Maribel Cruz Dorantes
Expediente 25/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Maribel Cruz Dorantes
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 86, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LAS PARTES HUBIEREN RECURRIDO EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 356, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EN TÉRMINOS DEL DISPOSITIVO 2°, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. AHORA BIEN, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) Y ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto, agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite diversas constancias en copias certificadas relativas al juicio laboral 844/2015, de su índice, de las que se advierte que en acuerdo de veinte de febrero del año en curso, proveyó lo conducente en relación al escrito presentado por la aquí quejosa ante ella el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, es decir, certificó que no había pruebas pendientes en aquéllos autos y concedió el plazo de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera; constancias a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte que ha sobrevenido la actualización de una causal de improcedencia del juicio de amparo, como se verá: En efecto, la peticionaria destaca como acto reclamado la omisión de la junta responsable de acordar el escrito presentado ante ella el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual solicitó se certificara si ya no había pruebas pendientes por desahogarse en el juicio de origen; sin embargo, el veinte de febrero del presente año, la junta responsable emitió el acuerdo respectivo; por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que es de estudio preferente, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, se concluye que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa alcaso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De ahí que al evidenciarse que la conducta omisiva atribuida a las autoridades responsables, ya fue subsanada, con la emisión del acuerdo de veinte de febrero del año en curso, en el juicio de origen, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual está fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo del año en curso, para todos los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Carlos Alberto Larumbe Ramírez, secretario que da fe.
- Principal
VISTO EL ESTADO DE LOS AUTOS, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA ESTA FECHA Y SE FIJAN LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA SU DESAHOGO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Maribel Cruz Dorantes, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad responsable. Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 25/2019, y fórmese expediente. Admisión de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo. Sobre el incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente por no haberse solicitado la suspensión del acto reclamado, ni tratarse de alguno de los supuestos en los que debe proveerse de plano. Audiencia constitucional. De conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Requerimiento de informe. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, en el entendido que se tendrán por rendidos extemporáneamente aun y cuando se rindan antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, en el que se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará copia certificada legible y completa de las constancias necesarias para apoyarlo. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Indíquese a las autoridades responsables que en caso de que no rindan su informe justificado, lo hagan sin remitir, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, o en el supuesto de que se nieguen a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la ley de la materia, se les sancionará con una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237 fracción I, 245 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Obligaciones de las partes. Con fundamento en los artículos 16 y 64, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, o fallecimiento de la quejosa, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto; apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 242 y 251, del citado ordenamiento legal, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal si existen otros juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien, que pudieren estar relacionados con los reclamados en el presente juicio, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. Prevención de la denominación de autoridades. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsable; se le apercibe que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indican en su escrito de demanda, sin mayor trámite se le tendrán por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con la misma, salvo prueba en contra o que se corrija su señalamiento; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional. De las pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas de la parte quejosa, la documental que adjuntó a la demanda de amparo, instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación con ellas en la audiencia constitucional. Intervención del ministerio público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; asimismo, dado que el asunto es laboral y no se trata del patrón, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. Uso de medios electrónicos. En el entendido de que tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, no existe inconveniente en que al momento de consultar el expediente en que se actúa las partes hagan uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De las notificaciones de las partes. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese. Lo proveyó Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de José María Pliego Moreno, secretario quien da fe.
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