Maribel Castañeda Aguilar
Expediente 126/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Maribel Castañeda Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es conservable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Por otra parte, se colige que obra en la caja de valores de este Juzgado un título valor exhibido por la parte quejosa consistente en la póliza de fianza número ********************, expedida por Aseguradora Aserta, sociedad anónima de capital variable, Grupo Financiero Aserta, por la cantidad de ********************, para que surta efectos la suspensión que le fue concedida en interlocutoria de veinte de febrero del año en curso. Por tanto, de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, así como los diversos 166, último párrafo y 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se precisa y se requiere a la parte quejosa para que, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el primer numeral citado, el cual será computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se realice a la parte tercero interesada, comparezca ante este órgano jurisdiccional dentro de los seis meses siguientes a recibir la póliza en comento, apercibida que de no hacerlo, se procederá de oficio a su cancelación. Finalmente, devuélvanse al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, un tomo de copias certificadas relativas al expediente de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la sentencia dictada el once de mayo de este año, fue notificada a la parte quejosa por medio de lista, el doce del mayo siguiente; sin embargo, en auto de diez de abril del cursante, se aprecia que dicha parte solicitó que las notificaciones le fueran practicadas vía electrónica, de ahí que la aludida notificación, dada su trascendencia, debió ordenarse de manera electrónica. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la citada parte procesal, se ordena notificar a la parte quejosa la presente determinación, así como la aludida sentencia vía electrónica. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa la presente determinación y la sentencia de once de mayo de dos mil veintitrés. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DICTADA EL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "...V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 126/2023-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito depositado el dos de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el ocho de febrero siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de sendos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta de veintisiete de abril de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos de autoridad civil que fueron ejecutados en la demarcación territorial en que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, así como del Notificador y Ejecutor adscritos a dicho órgano: El emplazamiento al juicio ordinario civil 30739/2022, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en el referido juicio, así como los actos en ejecución de la sentencia ahí dictada. No obsta el hecho de que se señale como acto reclamado la inexacta inaplicación de los artículos 14 y 16 Constitucionales, sin embargo, es evidente que dicha circunstancia se encuentra dirigida a combatir el acto reclamado destacado, por lo cual, dicha manifestación será materia de estudio, en todo caso, en el fondo del asunto. TERCERO. Existencia. El Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, así como del Notificador y Ejecutor adscritos a dicho órgano, al momento de rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por la autoridad citada en primer lugar, en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. Ahora bien, el tercero interesado ********************, refirió que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XIV, en razón que la parte quejosa no promovió el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos el emplazamiento practicado el treinta de junio de dos mil veintidós. El referido numeral y fracción, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Dicha causa de improcedencia parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, aquellos actos que para los efectos de éste se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La razón legal de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Sin embargo, en el caso, la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento por equiparación, pues refiere que el emplazamiento reclamado fue indebidamente practicado y que desconocía la tramitación del juicio ordinario civil de origen, por lo cual, es evidente que no se actualiza la causa de improcedencia hecha valer, dado que será justamente materia del presente juicio de amparo, analizar si en efecto, se vulneró la garantía de audiencia de la parte quejosa y con ello, se le impidió la presentación de los recursos ordinarios en contra de las actuaciones emanadas de dicho procedimiento. Motivo por el cual resulta infundada dicha causa de inejercitabilidad del juicio constitucional. Por otra parte, el referido tercero refiere que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, en razón de que la quejosa no agotó el principio de definitividad en contra del acto reclamado, pues en contra del emplazamiento procedía la promoción del incidente de nulidad de emplazamiento. Dicha causa de improcedencia es infundada. Se explica. El artículo referido en su fracción XVIII, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Tal precepto legal contempla la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo cuando contra las resoluciones judiciales la ley respectiva conceda algún recurso o medio defensa dentro del procedimiento mediante el cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; por lo que en ese caso quien acude a solicitar el amparo de la Justicia de la Unión deberá agotar previamente el recurso o medio de defensa ordinario que corresponda. La causa de improcedencia en estudio descansa en el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, conforme al cual es procedente el juicio únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. En esos términos se ha pronunciado el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia I.6o.C. J/372, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". No obstante, tal como se advierte de la transcripción realizada, existen excepciones a dicho principio, específicamente la contenida en la fracción c), que establece que se exceptúa de la obligación de agotar los recursos legales procedentes cuando se trate de persona extraña al procedimiento, lo que en el caso acontece. Por lo cual, al actualizarse una excepción expresa a dicho principio, resulta infundada la causa de improcedencia invocada. Se invoca, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 170, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo." En ese contexto, toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia diversas, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, se procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Íter procesal. Para la resolución del presente asunto, este juzgador estima relevante destacar los siguientes antecedentes obtenidos del juicio civil de origen: 1. A través del escrito de demanda presentado el uno de junio de dos mil veintidós; ********************, demandó de ********************, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción plenaria de posesión, diversas prestaciones (f. 1 a 7 anexo I). 2. Por acuerdo de dos de junio siguiente, la responsable admitió la controversia planteada y ordenó emplazar a la parte demandada (aquí quejosa), en el domicilio proporcionado por la parte actora ubicado en ******************** (f. 8 anexo I). 3. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, se asentó razón de citatorio, en la que se hizo constar que la notificadora adscrita al Juzgado, se constituyó en el domicilio señalado como de la demandada, y al no encontrarla, dejó en poder de quien dijo ser empleada de ésta, el citatorio respectivo (f. 14 a 16 anexo I). 4. Derivado de lo anterior, el treinta de junio siguiente, se asentó razón en la que se hizo constar la verificación del emplazamiento a través de ********************, razón en la que se hizo constar que ésta se negó a firmar la recepción del instructivo relativo (f. 17 a 20 anexo I). 5. El quince de septiembre de dos mil veintidós, ante la falta de contestación de la demanda, se tuvo a la quejosa en rebeldía y por precluido su derecho a dar contestación a la demanda, teniéndola por contestada en sentido negativo (f. 23 anexo I). 6. Sustanciado en sus etapas, el trece de diciembre siguiente, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la quejosa a hacer entrega del bien inmueble ubicado en ********************, a la parte actora, la cual causó ejecutoria por auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (f. 107 a 118 anexo I). 7. Mediante diligencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se notificó a la parte quejosa de forma personal, el proveído de diecisiete de enero del año en curso, así como su obligación de entregar en favor de la parte actora el inmueble referido en el plazo de ocho días (f. 127 y 129 anexo I). Las actuaciones enumeradas en los ordinales 3 y 4, constituyen los actos reclamados en este sumario constitucional y, como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, se precisa que la quejosa esgrimió en su demanda esencialmente, que se vulneraron en su perjuicio los numerales 14 y 16 Constitucionales, en la medida que: Se violaron las formalidades esenciales del procedimiento en razón que no fue oída ni vencida en juicio, trasgrediendo su garantía de audiencia. La fedataria no realizó la descripción de los documentos con los que corrió traslado. La fedataria no se identificó ante quien realizó el emplazamiento en la segunda de las diligencias, esto es, en la diligencia de emplazamiento por instructivo. Se convalida un emplazamiento de escritorio, ya que no se llevó a cabo un cercioramiento exhaustivo de que la notificadora se hubiese constituido en el domicilio de la quejosa. La diligencia se llevó a cabo a través de una persona de nombre ********************, persona no conoce ni vive en su domicilio. Que el treinta de junio de dos mil veintidós, a las once treinta, hora y fecha en la que la fedataria dice haberse constituido en su domicilio, se encontraba en el hospital acompañando a su madre, por lo que no ha estado físicamente en su domicilio particular, siendo que desde el mes de abril y hasta el mes de diciembre de dos mil veintidós, se ha encontrado con su progenitora tanto en el hospital como en la casa de ésta. Se viola el principio de legalidad, ya que no se fundó y motivó el actuar de la autoridad responsable, pues no se llevó a cabo el emplazamiento con las formalidades que la ley establece. SÉPTIMO. Estudio. Para una mejor comprensión del caso en estudio, es menester precisar que el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De lo anterior se destaca la garantía de audiencia previa, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Una de esas formalidades se constituye por el emplazamiento que es un acto procesal, en virtud del cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándosele la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse a producir su contestación. La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con la garantía de audiencia de que se trata; formalidades y su observancia, a las que se unen además, las relativas a la de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, por lo que se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Bajo este orden, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, indefectiblemente, distintas etapas que integran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados como lo es: a) que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento o juicio de que se trata, la cuestión objeto de debate y las consecuencias que se producirán con el resultado de su trámite; b) que se le dé la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación para demostrar sus afirmaciones o desvirtuar las de su contraria; c) que tenga la oportunidad de formular los alegatos que considere pertinentes; y, d) que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que dirima los puntos objeto del debate. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95, con número de registro 200234, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, que se cita a continuación: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Por ello, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento; en virtud de que la falta de éste o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción de las probanzas rendidas por la parte actora; y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte; por lo que la extrema gravedad de esta violación procesal es de orden público, de ahí que este Juzgador está obligado a verificar si el emplazamiento de mérito se llevó o no a cabo, y en caso afirmativo, si se observaron las leyes de la materia. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168 Cuarta Parte, página 1958, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Establecido lo anterior, los artículos 1.173, fracción I, 1.174, 1.175, 1.176 y 1.177 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, señalan respectivamente: "Artículo 1.173.- Las notificaciones serán personales: I.- Para emplazar a juicio al demandado y cuando se trate de la primera notificación en el negocio;..." "Artículo 1.174.- Las notificaciones personales se harán al interesado, o a través de su representante, o procurador, o de quien se encuentre en el domicilio físico o por correo electrónico designado, entregándose instructivo en el cual se hará constar la fecha y hora; el nombre del promovente, el Juez que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar, comprendiendo sólo la parte resolutiva, si fuere sentencia. Para el caso de las notificaciones en domicilio físico, en la razón se asentará el nombre y apellido de la persona que lo recibe, recabando de ser posible, datos de su identificación y su firma." "Artículo 1.175. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará personalmente al demandado o a su representante en el domicilio designado, y encontrándolo presente en la primera busca, el Notificador, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligencia con éste, entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y demás documentos presentados con la misma, así como con transcripción del auto que ordene el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del Tribunal donde se encuentra radicado. El Notificador levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, se harán constar tales hechos." "Artículo 1.176. En caso de que el Notificador no encontrare en el domicilio señalado al demandado o a su representante en la primera busca, le dejará citatorio en el que hará constar la fecha y hora de su entrega, la hora fija hábil del día siguiente para que le espere, nombre del promovente, Tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita, recabando su firma o huella digital, o haciendo constar que ésta no supo hacerlo o se negó a firmar, de todo lo cual se asentará razón en autos." "Artículo 1.177. Si el demandado no espera a la citación del Notificador, esté procederá a notificarlo por instructivo de notificación personal en el acto, procediendo a entender la diligencia con cualquiera de los parientes o domésticos del demandado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio, por lo que por conducto de cualquiera de ellos entregará y correrá traslado al demandado con el instructivo y documentos que se acompañaron a la demanda. El Notificador asentará razón del acto con anotación de las anteriores circunstancias, recabando la firma o huella digital de quien la reciba, o haciendo constar el hecho de no saber firmar o negarse a ello." Dispositivos transcritos, de los que se advierte que si la notificadora al momento de buscar llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, una vez cerciorada de ser el domicilio correcto, no encontrare a la parte demandada en su domicilio en la primera búsqueda, se encuentra obligada a seguir las siguientes formalidades: Dejar citatorio en el que hará constar la fecha y hora de su entrega. Fijará hora hábil del día siguiente para que se le espere. Establecerá el nombre del promovente. Mencionará el Tribunal que ordena la diligencia. Señalará la determinación que se manda notificar. Indicará el nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita. Recabará la firma o huella digital de la persona con quien entienda la diligencia o en su caso hará constar que no supo o se negó a firmar, asentando la razón relativa en autos. Ahora, si el demandado no espera a la citación del notificador, éste deberá seguir las siguientes formalidades: Procederá a notificarlo por instructivo. Entenderá la diligencia con cualquiera de los parientes o domésticos del demandado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio. Le entregará y correrá traslado, al demandado, con el instructivo y con los documentos que se acompañaron a la demanda, por conducto de cualquiera de los mencionados en el punto que antecede. Asentará razón circunstanciada de lo anterior, recabando la firma o huella digital de la persona con quien entienda la diligencia o en su caso hacer constar que no supo o se negó a firmar. Establecido lo anterior, resulta pertinente tener a la vista el citatorio de veintinueve de junio de dos mil veintidós, su razón, así como el instructivo de treinta de junio de ese mismo año y su respectiva razón; constancias que son del tenor literal siguiente: (Transcripción de los acuerdos de dos y veintiocho de junio de dos mil veintidós). Expuesto lo anterior, se procede a analizar las diligencias reclamadas. Al respecto, se precisa que la funcionaria responsable sí cumplió con los requisitos legales necesarios para el emplazamiento de la quejosa, por las consideraciones que a continuación se exponen: Del citatorio inserto, así como de su respectiva razón, se advierte (1) que la notificadora se constituyó el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en busca de la demandada ********************, en el domicilio ubicado en ********************; (2) que se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto: I. Por así apreciarlo de la señalización que existe a lo largo de las calles de la colonia; II. Por el dicho de vecinos y transeúntes, III. Por haber localizado la manzana ********************, ********************, en donde encontró un inmueble con las características que describió; IV. Por el dicho de la persona que habita el inmueble contiguo (cuya media filiación describió), quien le informa que la persona buscada habita el inmueble señalado; y, V. Por la manifestación de la persona que acudió a su llamado del interior del domicilio, quien no se identificó, sin embargo, se describió su media filiación, misma que manifestó ser trabajadora de la quejosa ********************, y adujo que era el domicilio correcto, aunado a que sí se localiza ahí a la persona buscada, pero que en ese momento no se encontraba. En tal contexto, (4) ante la ausencia de la persona buscada, procedió a dejar citatorio en poder de la persona que le atendió, a efecto de que la buscada le esperara al día siguiente hábil (treinta de junio de dos mil veintidós), citatorio del que se advierte que señaló la hora y fecha de su entrega (once horas con veinte minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós); la hora hábil del día siguiente para que se le esperara (once horas con veinte minutos del treinta de junio de dos mil veintidós); el nombre del promovente (********************); el Tribunal que ordena la diligencia (Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México); determinación que se manda notificar (autos de dos y veintiocho de junio de dos mil veintidós); nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita (********************- ********************); constancia de que no quiso firmar la persona que atendió la diligencia. De lo expuesto, es dable advertir que dicha diligencia se llevó a cabo con las formalidades de ley; es decir, inicialmente la responsable plasmó los medios por los cuales se cercioró de que en el lugar señalado en autos correspondía al que habitaba la parte demandada, hecho que también corroboró con la persona con quien atendió la diligencia, misma que le expresó que sí era el domicilio buscado y que ahí habitaba la buscada, sin embargo, al no encontrarla, dejó en poder de quien atendió el citatorio respectivo, a efecto de que la quejosa le esperara a hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndole que de no hacerlo así, la notificación se entendería con cualquiera de los parientes o domésticos de la demandada o con la persona adulta que se encontrara en el domicilio, en términos del artículo 1.176 y 1.177 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Posteriormente, (5) llegado el día de la cita (treinta de junio de dos mil veintidós), la funcionaria responsable acudió nuevamente en busca de la demandada en el domicilio anteriormente precisado, de lo que se cercioró nuevamente, diligencia que entendió con quien dijo llamarse ******************** (de quien asentó su media filiación), ante quien se identificó debidamente y quien le dijo ser empleada de la demandada ********************, además, señaló que la demandada no había podido esperarle, por lo que no se encontraba en ese momento a pesar del citatorio dejado con anterioridad. Sin que obste que la quejosa refiera que la funcionaria no se identificó en la diligencia de que se trata (concepto de violación 3), no obstante, en la razón de treinta de junio de dos mil veintidós, se advierte que se asentó: "...previa identificación de la suscrita con el gafete que porto del cargo que ostento, expedido a mi favor por el Poder Judicial del Estado de México.", por lo que no asiste razón a la quejosa en dicho aspecto. Ante ello, la funcionaria de referencia, (6) por conducto de ********************, mediante instructivo que contiene los datos de identificación del juicio, así como transcripción de los acuerdos de dos y veintiocho de junio de dos mil veintidós y traslados debidamente identificados (descritos) sellados y cotejados, corrió traslado a la parte procesal en cita, con la demanda instaurada en su contra por ********************, y sus anexos, consistentes en un contrato de compra venta y un recibo de pago, a efecto de que contestara la misma y opusiera las excepciones y defensas que estimara pertinentes. Al respecto, la parte quejosa indica que la fedataria adscrita no realizó la descripción de los documentos con los que corrió traslado a la parte demandada (concepto de violación 2), lo que es infundado, pues de la propia razón de emplazamiento, se advierte que asentó: ".corriéndole traslado con las copias simples de la demanda y documentos exhibidos debidamente selladas y cotejadas consistentes en: UN CONTRATO DE COMPRA VENTA EN COPIA SIMPLE, UN COMPROBANTE DE PAGO." Atento a ello, es evidente que sí se corrió traslado a la parte demandada de las constancias con que la responsable contaba hasta ese momento, pues tal como se advierte de la demanda inicial (f. 1 vuelta anexo I), la responsable únicamente recibió un contrato de compra venta en copia simple, un comprobante de pago y un traslado de la demanda; asimismo, por auto de veintiocho de junio el actor exhibió el original del contrato de compraventa, por lo cual, si en la diligencia se corrió traslado con la demanda, con copia del contrato y con un comprobante de pago, es evidente que sí se cumplió con dicho requisito. De igual forma, se advierte que (7) la persona no firmó el instructivo de mérito por no ser su deseo hacerlo, sin embargo, dicha circunstancia fue debidamente asentada en la diligencia respectiva; finalmente, (8) la funcionaria asentó razón de todo ello. De lo anterior, resulta evidente que el citatorio, instructivo y razones relativas asentadas por la funcionaria actuante los días veintinueve y treinta de junio de dos mil veintidós, se llevaron a cabo conforme lo establecido en los ordinales 1.165, 1.173 a 1.180 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que, se cumplieron los requisitos que prevén los artículos antes mencionados para realizar el emplazamiento de la ahora parte quejosa y, por lo tanto, la diligencia es legal. Es por ello que no se considera que se haya practicado un emplazamiento "de escritorio", como lo asevera la parte quejosa, pues existen elementos objetivos y subjetivos de cercioramiento, mismos que resultan suficientes para tener la certeza de que la actuante se constituyó en el domicilio señalado como el de la parte demandada, cerciorándose de que en éste podía ser localizada; a saber: I. La señalización que existe a lo largo de las calles de la colonia; II. El dicho de vecinos y transeúntes; III. Por haber localizado la manzana ********************, ********************, en donde encontró un inmueble con las características que describió; IV. Por el dicho de la persona que habita el inmueble contiguo (cuya media filiación describió), quien le informa que la persona buscada habita el inmueble señalado; y, V. Por la manifestación de la persona que acudió a su llamado del interior del domicilio, quien no se identificó, sin embargo, se describió su media filiación, misma que manifestó ser trabajadora de la quejosa ********************, y adujo que era el domicilio correcto, aunado a que sí se localiza ahí a la persona buscada, pero que en ese momento no se encontraba. Por lo que la fedataria practicó la diligencia en los términos en que ha quedado asentado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado alguno de dichos extremos, aunado a que la fedataria sí invocó los preceptos con base en los cuales llevó a cabo la diligencia, estableciendo el apercibimiento correspondiente en el citatorio relativo y fundando y motivando la razón por la cual lo hizo efectivo, entendiendo la diligencia con ******************** (conceptos de violación 4 y 7). En ese contexto, tal como se ha evidenciado, la parte quejosa sí fue debidamente llamada al juicio de origen, y por tanto, estuvo en posibilidad de deducir sus derechos, por lo que es infundado el argumento en el sentido de que se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que no fue oída ni vencida en juicio (concepto de violación 1). Por otra parte, no es posible otorgar razón a la quejosa ********************, respecto a su manifestación en el sentido de que el treinta de junio de dos mil veintidós, a las once horas con treinta minutos, hora y fecha en la que la fedataria dice haberse constituido en su domicilio, se encontraba en el hospital acompañando a su madre, por lo que no ha estado físicamente en su domicilio particular, siendo que desde el mes de abril y hasta el mes de diciembre de dos mil veintidós, se ha encontrado con su progenitora tanto en el hospital como en su casa (concepto de violación 6); circunstancia que pretende acreditar con el original de la nota de alta de servicios de urgencias de treinta de junio de dos mil veintidós; con diversas constancias médicas expedidas a favor de su madre por una unidad médica perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, relativas a los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre, todas del dos mil veintidós; así como con su acta de nacimiento. Es así, dado que las probanzas referidas en nada desvirtúan lo asentado por la fedataria que practicó el emplazamiento, pues efectivamente, su llamamiento a juicio se llevó a cabo a través de diversa persona, inicialmente, porque la demandada no fue localizada en el domicilio en la primera búsqueda, motivo por el cual, se dejó el citatorio correspondiente; no obstante, al no haber esperado a la notificadora, ésta procedió en los términos del artículo 1.177 del código adjetivo civil de la entidad, el cual contempla la posibilidad de desahogar la diligencia con cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio, o bien, con parientes o domésticos de la persona buscada, lo que en el caso aconteció, pues la persona con quien se entendió la diligencia se ostentó como trabajadora de la quejosa, refiriendo que ésta era su "patrona". Respecto al tema, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 14/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, página 991, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE QUIEN RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEBA HABITAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO, SÓLO ES EXIGIBLE A "CUALQUIER OTRA PERSONA" DIVERSA DE LOS PARIENTES Y EMPLEADOS DEL DEMANDADO (ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). La finalidad del emplazamiento es que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias si no comparece a contestarla, todo ello en aras de garantizar su derecho a una adecuada y oportuna defensa. Acorde con dicha finalidad, el artículo 1393 del Código de Comercio al establecer que no obstante habérsele dejado citatorio al demandado en el juicio ejecutivo mercantil, éste no lo atendiere, la notificación se entregará a sus parientes, a sus empleados o sus domésticos o a "cualquier otra persona" que viva en el domicilio señalado. Así, de la interpretación armónica y teleológica del indicado precepto y conforme a los principios contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el requisito de que quien reciba la notificación debe habitar en el domicilio designado sólo es exigible a "cualquier otra persona" diversa de los parientes, empleados y domésticos del demandado, en virtud de que el citado requisito no tendría utilidad práctica cuando los sujetos vinculados familiar o laboralmente con quien debe comparecer a juicio no habitan en el domicilio de éste, aunque permanezcan la mayor parte del día en ese lugar. Lo anterior, porque exigir que la diligencia mencionada se entienda únicamente con quien habite en el domicilio del buscado, obstaculizaría la tramitación del procedimiento; máxime que los lazos familiares y laborales antes mencionados generan mayor seguridad de que se hará saber al interesado que existe una demanda interpuesta en su contra, lo cual no necesariamente ocurriría tratándose de "cualquier otra persona", cuya presencia en el domicilio donde se lleve a cabo el emplazamiento podría ser circunstancial." En ese sentido, el hecho de que la quejosa no hubiere estado en el domicilio físicamente no es causa para declarar insubsistente el emplazamiento, pues legalmente se establece un procedimiento a través del cual es posible llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, no obstante que la demandada no se encuentre en el domicilio. Además, con dichas constancias no se prueba que la quejosa hubiese estado en donde dice haber estado, pues éstas únicamente dan cuenta del estado de salud de una tercera persona, sin que de éstas se desprenda que se encuentre involucrada la quejosa en dicha situación. Así, el hecho de que la quejosa pudiese estar acompañando a algún familiar en el hospital o en diverso domicilio, no quiere decir que la diligencia deba declararse nula, pues la circunstancia de que en esas fechas se encontrara en un nosocomio o en la casa de su madre (circunstancia que no se prueba en medida alguna), no trae como consecuencia que su domicilio por esa sola razón deje de ser el lugar en que se llevó a cabo la diligencia y por ende, su nuevo domicilio sea el de su madre y mucho menos el del hospital, máxime si -se itera- las constancias no se refieren a ésta, sino a una tercera persona, y aun cuando así fuera, ello indudablemente no implica un cambio de domicilio. De ahí que con dichas documentales no se acredite lo que pretende la parte quejosa, ya que no existe en autos otro elemento que, relacionado con éstas, pudiera generar convicción de que la parte quejosa no pudiera ser localizada en el domicilio en que se llevó a cabo el emplazamiento. Contrario a ello, sí existe la manifestación expresa de la persona que atendió la diligencia de citatorio en el sentido de que la demandada sí habita en el inmueble en que se constituyó la funcionaria, así como la diversa diligencia de notificación practicada directamente con la quejosa el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el mismo domicilio (f. 128 y 129 anexo I), en donde recibe la notificación respectiva, lo que permite corroborar que, en efecto, fue verídica la afirmación de quien atendió la primera diligencia de que ahí podía ser localizada. Aunado a ello, no debe perderse de vista que el domicilio en que se practicó la diligencia es el mismo sobre el que versa la Litis natural. Tampoco asiste razón a la quejosa cuando señala que el emplazamiento se practicó a diversa persona que no conoce ni ha vivido nunca en el domicilio (concepto de violación 5), sin embargo, no obra en autos constancia alguna que acredite -fehacientemente- que la persona que atendió la diligencia no sea empleada de la aquí quejosa, a pesar de recaer sobre ella la carga de la prueba; aunado a que, el hecho de que la persona con quien se entendió la diligencia nunca haya habitado en dicho inmueble, no es óbice para considerar legalmente hecho el emplazamiento, pues el numeral 1.177 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, contempla la posibilidad de practicar el emplazamiento con los domésticos de la buscada, o bien, con cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio, cuando no se hubiere atendido el citatorio Respecto a los tópicos estudiados, se invoca la jurisprudencia I.4o.A. J/84, registro 164296, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Materias Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1812, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada." Luego, si la fe pública de la responsable no se encuentra desvirtuada de forma plena, categórica y fehacientemente con alguna prueba, y por el contrario, se encuentra corroborada por los diversos elementos que obran en el expediente, se llega a la convicción de que la funcionaria sí se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó correspondía a la demandada, aquí impetrante y de que las circunstancias que asentó son verdaderas. Al respecto resulta aplicable, la jurisprudencia IV.2o. J/4. del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, registro digital 205152, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario.". En las relatadas consideraciones ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos apuntados en la presente resolución. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA el amparo y la protección de la justicia de la Unión a ********************, por propio derecho, por los motivos y fundamentos expuestos en el SÉPTIMO considerando de este fallo..."
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 126/2023-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito depositado el dos de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el ocho de febrero siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de sendos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta de veintisiete de abril de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos de autoridad civil que fueron ejecutados en la demarcación territorial en que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, así como del Notificador y Ejecutor adscritos a dicho órgano: El emplazamiento al juicio ordinario civil 30739/2022, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en el referido juicio, así como los actos en ejecución de la sentencia ahí dictada. No obsta el hecho de que se señale como acto reclamado la inexacta inaplicación de los artículos 14 y 16 Constitucionales, sin embargo, es evidente que dicha circunstancia se encuentra dirigida a combatir el acto reclamado destacado, por lo cual, dicha manifestación será materia de estudio, en todo caso, en el fondo del asunto. TERCERO. Existencia. El Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, así como del Notificador y Ejecutor adscritos a dicho órgano, al momento de rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por la autoridad citada en primer lugar, en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. Ahora bien, el tercero interesado ********************, refirió que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XIV, en razón que la parte quejosa no promovió el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos el emplazamiento practicado el treinta de junio de dos mil veintidós. El referido numeral y fracción, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Dicha causa de improcedencia parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, aquellos actos que para los efectos de éste se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La razón legal de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Sin embargo, en el caso, la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento por equiparación, pues refiere que el emplazamiento reclamado fue indebidamente practicado y que desconocía la tramitación del juicio ordinario civil de origen, por lo cual, es evidente que no se actualiza la causa de improcedencia hecha valer, dado que será justamente materia del presente juicio de amparo, analizar si en efecto, se vulneró la garantía de audiencia de la parte quejosa y con ello, se le impidió la presentación de los recursos ordinarios en contra de las actuaciones emanadas de dicho procedimiento. Motivo por el cual resulta infundada dicha causa de inejercitabilidad del juicio constitucional. Por otra parte, el referido tercero refiere que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, en razón de que la quejosa no agotó el principio de definitividad en contra del acto reclamado, pues en contra del emplazamiento procedía la promoción del incidente de nulidad de emplazamiento. Dicha causa de improcedencia es infundada. Se explica. El artículo referido en su fracción XVIII, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Tal precepto legal contempla la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo cuando contra las resoluciones judiciales la ley respectiva conceda algún recurso o medio defensa dentro del procedimiento mediante el cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; por lo que en ese caso quien acude a solicitar el amparo de la Justicia de la Unión deberá agotar previamente el recurso o medio de defensa ordinario que corresponda. La causa de improcedencia en estudio descansa en el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, conforme al cual es procedente el juicio únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. En esos términos se ha pronunciado el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia I.6o.C. J/372, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". No obstante, tal como se advierte de la transcripción realizada, existen excepciones a dicho principio, específicamente la contenida en la fracción c), que establece que se exceptúa de la obligación de agotar los recursos legales procedentes cuando se trate de persona extraña al procedimiento, lo que en el caso acontece. Por lo cual, al actualizarse una excepción expresa a dicho principio, resulta infundada la causa de improcedencia invocada. Se invoca, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 170, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo." En ese contexto, toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia diversas, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, se procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Íter procesal. Para la resolución del presente asunto, este juzgador estima relevante destacar los siguientes antecedentes obtenidos del juicio civil de origen: 1. A través del escrito de demanda presentado el uno de junio de dos mil veintidós; ********************, demandó de ********************, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción plenaria de posesión, diversas prestaciones (f. 1 a 7 anexo I). 2. Por acuerdo de dos de junio siguiente, la responsable admitió la controversia planteada y ordenó emplazar a la parte demandada (aquí quejosa), en el domicilio proporcionado por la parte actora ubicado en ******************** (f. 8 anexo I). 3. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, se asentó razón de citatorio, en la que se hizo constar que la notificadora adscrita al Juzgado, se constituyó en el domicilio señalado como de la demandada, y al no encontrarla, dejó en poder de quien dijo ser empleada de ésta, el citatorio respectivo (f. 14 a 16 anexo I). 4. Derivado de lo anterior, el treinta de junio siguiente, se asentó razón en la que se hizo constar la verificación del emplazamiento a través de ********************, razón en la que se hizo constar que ésta se negó a firmar la recepción del instructivo relativo (f. 17 a 20 anexo I). 5. El quince de septiembre de dos mil veintidós, ante la falta de contestación de la demanda, se tuvo a la quejosa en rebeldía y por precluido su derecho a dar contestación a la demanda, teniéndola por contestada en sentido negativo (f. 23 anexo I). 6. Sustanciado en sus etapas, el trece de diciembre siguiente, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la quejosa a hacer entrega del bien inmueble ubicado en ********************, a la parte actora, la cual causó ejecutoria por auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (f. 107 a 118 anexo I). 7. Mediante diligencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se notificó a la parte quejosa de forma personal, el proveído de diecisiete de enero del año en curso, así como su obligación de entregar en favor de la parte actora el inmueble referido en el plazo de ocho días (f. 127 y 129 anexo I). Las actuaciones enumeradas en los ordinales 3 y 4, constituyen los actos reclamados en este sumario constitucional y, como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, se precisa que la quejosa esgrimió en su demanda esencialmente, que se vulneraron en su perjuicio los numerales 14 y 16 Constitucionales, en la medida que: Se violaron las formalidades esenciales del procedimiento en razón que no fue oída ni vencida en juicio, trasgrediendo su garantía de audiencia. La fedataria no realizó la descripción de los documentos con los que corrió traslado. La fedataria no se identificó ante quien realizó el emplazamiento en la segunda de las diligencias, esto es, en la diligencia de emplazamiento por instructivo. Se convalida un emplazamiento de escritorio, ya que no se llevó a cabo un cercioramiento exhaustivo de que la notificadora se hubiese constituido en el domicilio de la quejosa. La diligencia se llevó a cabo a través de una persona de nombre ********************, persona no conoce ni vive en su domicilio. Que el treinta de junio de dos mil veintidós, a las once treinta, hora y fecha en la que la fedataria dice haberse constituido en su domicilio, se encontraba en el hospital acompañando a su madre, por lo que no ha estado físicamente en su domicilio particular, siendo que desde el mes de abril y hasta el mes de diciembre de dos mil veintidós, se ha encontrado con su progenitora tanto en el hospital como en la casa de ésta. Se viola el principio de legalidad, ya que no se fundó y motivó el actuar de la autoridad responsable, pues no se llevó a cabo el emplazamiento con las formalidades que la ley establece. SÉPTIMO. Estudio. Para una mejor comprensión del caso en estudio, es menester precisar que el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De lo anterior se destaca la garantía de audiencia previa, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Una de esas formalidades se constituye por el emplazamiento que es un acto procesal, en virtud del cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándosele la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse a producir su contestación. La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con la garantía de audiencia de que se trata; formalidades y su observancia, a las que se unen además, las relativas a la de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, por lo que se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Bajo este orden, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, indefectiblemente, distintas etapas que integran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados como lo es: a) que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento o juicio de que se trata, la cuestión objeto de debate y las consecuencias que se producirán con el resultado de su trámite; b) que se le dé la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación para demostrar sus afirmaciones o desvirtuar las de su contraria; c) que tenga la oportunidad de formular los alegatos que considere pertinentes; y, d) que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que dirima los puntos objeto del debate. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95, con número de registro 200234, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, que se cita a continuación: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Por ello, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento; en virtud de que la falta de éste o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción de las probanzas rendidas por la parte actora; y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte; por lo que la extrema gravedad de esta violación procesal es de orden público, de ahí que este Juzgador está obligado a verificar si el emplazamiento de mérito se llevó o no a cabo, y en caso afirmativo, si se observaron las leyes de la materia. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168 Cuarta Parte, página 1958, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Establecido lo anterior, los artículos 1.173, fracción I, 1.174, 1.175, 1.176 y 1.177 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, señalan respectivamente: "Artículo 1.173.- Las notificaciones serán personales: I.- Para emplazar a juicio al demandado y cuando se trate de la primera notificación en el negocio;..." "Artículo 1.174.- Las notificaciones personales se harán al interesado, o a través de su representante, o procurador, o de quien se encuentre en el domicilio físico o por correo electrónico designado, entregándose instructivo en el cual se hará constar la fecha y hora; el nombre del promovente, el Juez que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar, comprendiendo sólo la parte resolutiva, si fuere sentencia. Para el caso de las notificaciones en domicilio físico, en la razón se asentará el nombre y apellido de la persona que lo recibe, recabando de ser posible, datos de su identificación y su firma." "Artículo 1.175. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará personalmente al demandado o a su representante en el domicilio designado, y encontrándolo presente en la primera busca, el Notificador, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligencia con éste, entregándole y corriéndole traslado con el escrito de demanda y demás documentos presentados con la misma, así como con transcripción del auto que ordene el emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y del Tribunal donde se encuentra radicado. El Notificador levantará razón del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, recabando la firma o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, se harán constar tales hechos." "Artículo 1.176. En caso de que el Notificador no encontrare en el domicilio señalado al demandado o a su representante en la primera busca, le dejará citatorio en el que hará constar la fecha y hora de su entrega, la hora fija hábil del día siguiente para que le espere, nombre del promovente, Tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita, recabando su firma o huella digital, o haciendo constar que ésta no supo hacerlo o se negó a firmar, de todo lo cual se asentará razón en autos." "Artículo 1.177. Si el demandado no espera a la citación del Notificador, esté procederá a notificarlo por instructivo de notificación personal en el acto, procediendo a entender la diligencia con cualquiera de los parientes o domésticos del demandado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio, por lo que por conducto de cualquiera de ellos entregará y correrá traslado al demandado con el instructivo y documentos que se acompañaron a la demanda. El Notificador asentará razón del acto con anotación de las anteriores circunstancias, recabando la firma o huella digital de quien la reciba, o haciendo constar el hecho de no saber firmar o negarse a ello." Dispositivos transcritos, de los que se advierte que si la notificadora al momento de buscar llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, una vez cerciorada de ser el domicilio correcto, no encontrare a la parte demandada en su domicilio en la primera búsqueda, se encuentra obligada a seguir las siguientes formalidades: Dejar citatorio en el que hará constar la fecha y hora de su entrega. Fijará hora hábil del día siguiente para que se le espere. Establecerá el nombre del promovente. Mencionará el Tribunal que ordena la diligencia. Señalará la determinación que se manda notificar. Indicará el nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita. Recabará la firma o huella digital de la persona con quien entienda la diligencia o en su caso hará constar que no supo o se negó a firmar, asentando la razón relativa en autos. Ahora, si el demandado no espera a la citación del notificador, éste deberá seguir las siguientes formalidades: Procederá a notificarlo por instructivo. Entenderá la diligencia con cualquiera de los parientes o domésticos del demandado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio. Le entregará y correrá traslado, al demandado, con el instructivo y con los documentos que se acompañaron a la demanda, por conducto de cualquiera de los mencionados en el punto que antecede. Asentará razón circunstanciada de lo anterior, recabando la firma o huella digital de la persona con quien entienda la diligencia o en su caso hacer constar que no supo o se negó a firmar. Establecido lo anterior, resulta pertinente tener a la vista el citatorio de veintinueve de junio de dos mil veintidós, su razón, así como el instructivo de treinta de junio de ese mismo año y su respectiva razón; constancias que son del tenor literal siguiente: (Transcripción de los acuerdos de dos y veintiocho de junio de dos mil veintidós). Expuesto lo anterior, se procede a analizar las diligencias reclamadas. Al respecto, se precisa que la funcionaria responsable sí cumplió con los requisitos legales necesarios para el emplazamiento de la quejosa, por las consideraciones que a continuación se exponen: Del citatorio inserto, así como de su respectiva razón, se advierte (1) que la notificadora se constituyó el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en busca de la demandada ********************, en el domicilio ubicado en ********************; (2) que se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto: I. Por así apreciarlo de la señalización que existe a lo largo de las calles de la colonia; II. Por el dicho de vecinos y transeúntes, III. Por haber localizado la manzana ********************, ********************, en donde encontró un inmueble con las características que describió; IV. Por el dicho de la persona que habita el inmueble contiguo (cuya media filiación describió), quien le informa que la persona buscada habita el inmueble señalado; y, V. Por la manifestación de la persona que acudió a su llamado del interior del domicilio, quien no se identificó, sin embargo, se describió su media filiación, misma que manifestó ser trabajadora de la quejosa ********************, y adujo que era el domicilio correcto, aunado a que sí se localiza ahí a la persona buscada, pero que en ese momento no se encontraba. En tal contexto, (4) ante la ausencia de la persona buscada, procedió a dejar citatorio en poder de la persona que le atendió, a efecto de que la buscada le esperara al día siguiente hábil (treinta de junio de dos mil veintidós), citatorio del que se advierte que señaló la hora y fecha de su entrega (once horas con veinte minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós); la hora hábil del día siguiente para que se le esperara (once horas con veinte minutos del treinta de junio de dos mil veintidós); el nombre del promovente (********************); el Tribunal que ordena la diligencia (Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México); determinación que se manda notificar (autos de dos y veintiocho de junio de dos mil veintidós); nombre y domicilio de la persona a quien se entrega la cita (********************- ********************); constancia de que no quiso firmar la persona que atendió la diligencia. De lo expuesto, es dable advertir que dicha diligencia se llevó a cabo con las formalidades de ley; es decir, inicialmente la responsable plasmó los medios por los cuales se cercioró de que en el lugar señalado en autos correspondía al que habitaba la parte demandada, hecho que también corroboró con la persona con quien atendió la diligencia, misma que le expresó que sí era el domicilio buscado y que ahí habitaba la buscada, sin embargo, al no encontrarla, dejó en poder de quien atendió el citatorio respectivo, a efecto de que la quejosa le esperara a hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndole que de no hacerlo así, la notificación se entendería con cualquiera de los parientes o domésticos de la demandada o con la persona adulta que se encontrara en el domicilio, en términos del artículo 1.176 y 1.177 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Posteriormente, (5) llegado el día de la cita (treinta de junio de dos mil veintidós), la funcionaria responsable acudió nuevamente en busca de la demandada en el domicilio anteriormente precisado, de lo que se cercioró nuevamente, diligencia que entendió con quien dijo llamarse ******************** (de quien asentó su media filiación), ante quien se identificó debidamente y quien le dijo ser empleada de la demandada ********************, además, señaló que la demandada no había podido esperarle, por lo que no se encontraba en ese momento a pesar del citatorio dejado con anterioridad. Sin que obste que la quejosa refiera que la funcionaria no se identificó en la diligencia de que se trata (concepto de violación 3), no obstante, en la razón de treinta de junio de dos mil veintidós, se advierte que se asentó: "...previa identificación de la suscrita con el gafete que porto del cargo que ostento, expedido a mi favor por el Poder Judicial del Estado de México.", por lo que no asiste razón a la quejosa en dicho aspecto. Ante ello, la funcionaria de referencia, (6) por conducto de ********************, mediante instructivo que contiene los datos de identificación del juicio, así como transcripción de los acuerdos de dos y veintiocho de junio de dos mil veintidós y traslados debidamente identificados (descritos) sellados y cotejados, corrió traslado a la parte procesal en cita, con la demanda instaurada en su contra por ********************, y sus anexos, consistentes en un contrato de compra venta y un recibo de pago, a efecto de que contestara la misma y opusiera las excepciones y defensas que estimara pertinentes. Al respecto, la parte quejosa indica que la fedataria adscrita no realizó la descripción de los documentos con los que corrió traslado a la parte demandada (concepto de violación 2), lo que es infundado, pues de la propia razón de emplazamiento, se advierte que asentó: ".corriéndole traslado con las copias simples de la demanda y documentos exhibidos debidamente selladas y cotejadas consistentes en: UN CONTRATO DE COMPRA VENTA EN COPIA SIMPLE, UN COMPROBANTE DE PAGO." Atento a ello, es evidente que sí se corrió traslado a la parte demandada de las constancias con que la responsable contaba hasta ese momento, pues tal como se advierte de la demanda inicial (f. 1 vuelta anexo I), la responsable únicamente recibió un contrato de compra venta en copia simple, un comprobante de pago y un traslado de la demanda; asimismo, por auto de veintiocho de junio el actor exhibió el original del contrato de compraventa, por lo cual, si en la diligencia se corrió traslado con la demanda, con copia del contrato y con un comprobante de pago, es evidente que sí se cumplió con dicho requisito. De igual forma, se advierte que (7) la persona no firmó el instructivo de mérito por no ser su deseo hacerlo, sin embargo, dicha circunstancia fue debidamente asentada en la diligencia respectiva; finalmente, (8) la funcionaria asentó razón de todo ello. De lo anterior, resulta evidente que el citatorio, instructivo y razones relativas asentadas por la funcionaria actuante los días veintinueve y treinta de junio de dos mil veintidós, se llevaron a cabo conforme lo establecido en los ordinales 1.165, 1.173 a 1.180 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que, se cumplieron los requisitos que prevén los artículos antes mencionados para realizar el emplazamiento de la ahora parte quejosa y, por lo tanto, la diligencia es legal. Es por ello que no se considera que se haya practicado un emplazamiento "de escritorio", como lo asevera la parte quejosa, pues existen elementos objetivos y subjetivos de cercioramiento, mismos que resultan suficientes para tener la certeza de que la actuante se constituyó en el domicilio señalado como el de la parte demandada, cerciorándose de que en éste podía ser localizada; a saber: I. La señalización que existe a lo largo de las calles de la colonia; II. El dicho de vecinos y transeúntes; III. Por haber localizado la manzana ********************, ********************, en donde encontró un inmueble con las características que describió; IV. Por el dicho de la persona que habita el inmueble contiguo (cuya media filiación describió), quien le informa que la persona buscada habita el inmueble señalado; y, V. Por la manifestación de la persona que acudió a su llamado del interior del domicilio, quien no se identificó, sin embargo, se describió su media filiación, misma que manifestó ser trabajadora de la quejosa ********************, y adujo que era el domicilio correcto, aunado a que sí se localiza ahí a la persona buscada, pero que en ese momento no se encontraba. Por lo que la fedataria practicó la diligencia en los términos en que ha quedado asentado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado alguno de dichos extremos, aunado a que la fedataria sí invocó los preceptos con base en los cuales llevó a cabo la diligencia, estableciendo el apercibimiento correspondiente en el citatorio relativo y fundando y motivando la razón por la cual lo hizo efectivo, entendiendo la diligencia con ******************** (conceptos de violación 4 y 7). En ese contexto, tal como se ha evidenciado, la parte quejosa sí fue debidamente llamada al juicio de origen, y por tanto, estuvo en posibilidad de deducir sus derechos, por lo que es infundado el argumento en el sentido de que se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que no fue oída ni vencida en juicio (concepto de violación 1). Por otra parte, no es posible otorgar razón a la quejosa ********************, respecto a su manifestación en el sentido de que el treinta de junio de dos mil veintidós, a las once horas con treinta minutos, hora y fecha en la que la fedataria dice haberse constituido en su domicilio, se encontraba en el hospital acompañando a su madre, por lo que no ha estado físicamente en su domicilio particular, siendo que desde el mes de abril y hasta el mes de diciembre de dos mil veintidós, se ha encontrado con su progenitora tanto en el hospital como en su casa (concepto de violación 6); circunstancia que pretende acreditar con el original de la nota de alta de servicios de urgencias de treinta de junio de dos mil veintidós; con diversas constancias médicas expedidas a favor de su madre por una unidad médica perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, relativas a los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre, todas del dos mil veintidós; así como con su acta de nacimiento. Es así, dado que las probanzas referidas en nada desvirtúan lo asentado por la fedataria que practicó el emplazamiento, pues efectivamente, su llamamiento a juicio se llevó a cabo a través de diversa persona, inicialmente, porque la demandada no fue localizada en el domicilio en la primera búsqueda, motivo por el cual, se dejó el citatorio correspondiente; no obstante, al no haber esperado a la notificadora, ésta procedió en los términos del artículo 1.177 del código adjetivo civil de la entidad, el cual contempla la posibilidad de desahogar la diligencia con cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio, o bien, con parientes o domésticos de la persona buscada, lo que en el caso aconteció, pues la persona con quien se entendió la diligencia se ostentó como trabajadora de la quejosa, refiriendo que ésta era su "patrona". Respecto al tema, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 14/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, página 991, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE QUIEN RECIBA LA NOTIFICACIÓN DEBA HABITAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO, SÓLO ES EXIGIBLE A "CUALQUIER OTRA PERSONA" DIVERSA DE LOS PARIENTES Y EMPLEADOS DEL DEMANDADO (ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). La finalidad del emplazamiento es que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias si no comparece a contestarla, todo ello en aras de garantizar su derecho a una adecuada y oportuna defensa. Acorde con dicha finalidad, el artículo 1393 del Código de Comercio al establecer que no obstante habérsele dejado citatorio al demandado en el juicio ejecutivo mercantil, éste no lo atendiere, la notificación se entregará a sus parientes, a sus empleados o sus domésticos o a "cualquier otra persona" que viva en el domicilio señalado. Así, de la interpretación armónica y teleológica del indicado precepto y conforme a los principios contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el requisito de que quien reciba la notificación debe habitar en el domicilio designado sólo es exigible a "cualquier otra persona" diversa de los parientes, empleados y domésticos del demandado, en virtud de que el citado requisito no tendría utilidad práctica cuando los sujetos vinculados familiar o laboralmente con quien debe comparecer a juicio no habitan en el domicilio de éste, aunque permanezcan la mayor parte del día en ese lugar. Lo anterior, porque exigir que la diligencia mencionada se entienda únicamente con quien habite en el domicilio del buscado, obstaculizaría la tramitación del procedimiento; máxime que los lazos familiares y laborales antes mencionados generan mayor seguridad de que se hará saber al interesado que existe una demanda interpuesta en su contra, lo cual no necesariamente ocurriría tratándose de "cualquier otra persona", cuya presencia en el domicilio donde se lleve a cabo el emplazamiento podría ser circunstancial." En ese sentido, el hecho de que la quejosa no hubiere estado en el domicilio físicamente no es causa para declarar insubsistente el emplazamiento, pues legalmente se establece un procedimiento a través del cual es posible llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, no obstante que la demandada no se encuentre en el domicilio. Además, con dichas constancias no se prueba que la quejosa hubiese estado en donde dice haber estado, pues éstas únicamente dan cuenta del estado de salud de una tercera persona, sin que de éstas se desprenda que se encuentre involucrada la quejosa en dicha situación. Así, el hecho de que la quejosa pudiese estar acompañando a algún familiar en el hospital o en diverso domicilio, no quiere decir que la diligencia deba declararse nula, pues la circunstancia de que en esas fechas se encontrara en un nosocomio o en la casa de su madre (circunstancia que no se prueba en medida alguna), no trae como consecuencia que su domicilio por esa sola razón deje de ser el lugar en que se llevó a cabo la diligencia y por ende, su nuevo domicilio sea el de su madre y mucho menos el del hospital, máxime si -se itera- las constancias no se refieren a ésta, sino a una tercera persona, y aun cuando así fuera, ello indudablemente no implica un cambio de domicilio. De ahí que con dichas documentales no se acredite lo que pretende la parte quejosa, ya que no existe en autos otro elemento que, relacionado con éstas, pudiera generar convicción de que la parte quejosa no pudiera ser localizada en el domicilio en que se llevó a cabo el emplazamiento. Contrario a ello, sí existe la manifestación expresa de la persona que atendió la diligencia de citatorio en el sentido de que la demandada sí habita en el inmueble en que se constituyó la funcionaria, así como la diversa diligencia de notificación practicada directamente con la quejosa el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el mismo domicilio (f. 128 y 129 anexo I), en donde recibe la notificación respectiva, lo que permite corroborar que, en efecto, fue verídica la afirmación de quien atendió la primera diligencia de que ahí podía ser localizada. Aunado a ello, no debe perderse de vista que el domicilio en que se practicó la diligencia es el mismo sobre el que versa la Litis natural. Tampoco asiste razón a la quejosa cuando señala que el emplazamiento se practicó a diversa persona que no conoce ni ha vivido nunca en el domicilio (concepto de violación 5), sin embargo, no obra en autos constancia alguna que acredite -fehacientemente- que la persona que atendió la diligencia no sea empleada de la aquí quejosa, a pesar de recaer sobre ella la carga de la prueba; aunado a que, el hecho de que la persona con quien se entendió la diligencia nunca haya habitado en dicho inmueble, no es óbice para considerar legalmente hecho el emplazamiento, pues el numeral 1.177 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, contempla la posibilidad de practicar el emplazamiento con los domésticos de la buscada, o bien, con cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio, cuando no se hubiere atendido el citatorio Respecto a los tópicos estudiados, se invoca la jurisprudencia I.4o.A. J/84, registro 164296, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Materias Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1812, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada." Luego, si la fe pública de la responsable no se encuentra desvirtuada de forma plena, categórica y fehacientemente con alguna prueba, y por el contrario, se encuentra corroborada por los diversos elementos que obran en el expediente, se llega a la convicción de que la funcionaria sí se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó correspondía a la demandada, aquí impetrante y de que las circunstancias que asentó son verdaderas. Al respecto resulta aplicable, la jurisprudencia IV.2o. J/4. del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, registro digital 205152, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario.". En las relatadas consideraciones ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos apuntados en la presente resolución. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA el amparo y la protección de la justicia de la Unión a ********************, por propio derecho, por los motivos y fundamentos expuestos en el SÉPTIMO considerando de este fallo. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y tercero interesada, personalmente a la representación social de la adscripción y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción suscrita por la quejosa, por medio de la cual señala un usuario para recibir notificaciones vía electrónica, indica un correo electrónico y designa autorizados. En consecuencia, en términos de los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "********************" y las restantes por medio de lista. En el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Respecto del correo electrónico que proporciona, se le tiene como medio de contacto no procesal para el caso de que se estime necesario su uso, sin que éste constituya un medio de notificación por no estar previsto como tal en la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, a las personas que refiere siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa (usuario "********************").
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