MARIBEL CAPULÍN MEJÍA REPRESENTADA POR FELIPE CAPULÍN MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 4/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maribel Capulín Mejía Representada Por Felipe Capulín Martínez
- MARIBEL CAPULÍN MEJÍA REPRESENTADA POR FELIPE CAPULÍN MARTÍNEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA "7" VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN DE LOS PRESENTES AUTOS Y COMO SE ADVIERTE QUE EN PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LOS TURNOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, ADSCRITOS A LA FISCALÍA DESCONCENTRADA EN TLALPAN, AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO TLP-3, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME, UN ANEXO CONSISTENTE EN COPIAS CERTIFICADAS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO FTL/TLP-3/T3/00022/15-01, FORMÁNDOSE LOS ANEXOS I Y II, Y DADO QUE EN EL PRESENTE CUADERNO CONSTITUCIONAL NO EXISTE DILIGENCIA PENDIENTE QUE ACORDAR; POR TANTO, DEVUÉLVASE A LA REFERIDA AUTORIDAD EL ANEXO FORMADO CON MOTIVO DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS, SOLICITÁNDOLES SE SIRVAN ACUSAR RECIBO DE ELLO.
- Principal
MESA "4" VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SIN QUE LAS PARTES HUBIERAN RECURRIDO EL AUTO DICTADO EL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2° DE ESTA LEGISLACIÓN, SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES; POR LO QUE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. EN TALES CONDICIONES Y EN VISTA DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL O DE TRASCENDENCIA JURÍDICA, POLÍTICA, SOCIAL O ECONÓMICA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL EXPEDIENTE EN QUE ACTÚA, SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Incidental
MESA "7" VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE COMO SE ADVIERTE QUE EL DÍA DE HOY, EN EL JUICIO DE AMPARO 4/2015-7, DEL CUAL DERIVA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN PROMOVIDO POR EL QUEJOSO MARIBEL CAPULÍN MEJÍA Y HUMBERTO CAPULÍN MEJÍA, SE DECLARÓ DICHO ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, ORDENANDO EL ARCHIVO DEL MISMO; Y EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO A DICHO ASUNTO, SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO DEL JUICIO PRINCIPAL COMO ASUNTO CONCLUIDO, TODA VEZ QUE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA FUE NEGADA DENTRO DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN AL MISMO EN CUANTO A TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS; LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN III, PRIMER PÁRRAFO, DEL ACUERDO CONJUNTO DE MÉRITO. FINALMENTE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "7" VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO OTORGADO A LOS QUEJOSOS MARIBEL CAPULÍN MEJÍA Y HUMBERTO CAPULÍN MEJÍA, O A CUALQUIERA DE SUS AUTORIZADOS, A FIN DE QUE SE PRESENTARAN EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA SER NOTIFICADOS DEL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN 1 INCISO B) DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DEL PACTO FEDERAL, NOTIFÍQUESE A LOS QUEJOSOS DE REFERENCIA, ET ACUERDO MENCIONADO POR MEDIO DE LISTA. EL ACUERDO: " MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios remitidos por los Agentes del Ministerio Público de los Turnos Primero, Segundo y Tercero, adscritos a la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan, Agencia Investigadora del Ministerio Público TLP-3, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al que acompañaron copia certificada de las constancias que integran la averiguación previa FTL/TLP-3/T3/00022/15-01; atento a su contenido, ténganse a las autoridades oficiantes informando las medidas adoptadas en relación a la suspensión de plano concedida a los quejosos MARIBEL CAPULÍN MEJÍA Y HUMBERTO CAPULÍN MEJÍA; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De similar forma, agréguense los informes justificados del Procurador General de Justicia del Distrito Federal; Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Fiscal Desconcentrada en Tlalpan; en términos del normativo 117 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que refieren el Procurador General de Justicia del Distrito Federal; Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Fiscal Desconcentrada en Tlalpan, y como delegados a las personas que designan, de conformidad con el artículo 9, de la Ley de Amparo. También, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio 095, suscrito por los Agentes del Ministerio Público de los Turnos Primero, Segundo y Tercero, adscritos a la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan, Agencia Investigadora del Ministerio Público TLP-3, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual, remiten copia certificada de las constancias que integran la averiguación previa FTL/TLP-3/T3/00022/15-01, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Dado el volumen de los anexos que remitieron los Agentes del Ministerio Público de los Turnos Primero, Segundo y Tercero, adscritos a la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan, Agencia Investigadora del Ministerio Público TLP-3, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a su informes justificados y suspensión de plano; para mejor manejo, fórmense el anexo I y II espetando folio, sello y rúbrica con el que fue remitido a este órgano de control constitucional. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, sin que hubiese realizado manifestación alguna; por lo tanto, se procede a realizar el estudio de la causal de improcedencia antes descrita. En ese tenor, como de autos se advierte que los Agentes del Ministerio Público de los Turnos Primero, Segundo y Tercero, adscritos a la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan, Agencia Investigadora del Ministerio Público TLP-3, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al momento de rendir su informe justificado manifestaron que el cinco de enero de dos mil quince (foja 58), ejerció acción penal en contra de los impetrantes de garantías Maribel Capulín Mejía, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo (comisión por omisión) cometido en agravio de la EMPRESA "BANCO AZTECA" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, representada legalmente por el Licenciado ALEJANDRO JIMÉNEZ SOLIS y en contra de Humberto Capulín Mejía, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, calificado cometido en pandilla, cometido en agravio de la EMPRESA "BANCO AZTECA" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, representada legalmente por el Licenciado ALEJANDRO JIMÉNEZ SOLIS (foja 57), los cuales fueron puestos a disposición del juez Penal en turno del fuero común, también se advierte que la quejosa Maribel Capulín Mejía ingresó al Reclusorio Preventivo Femenil Santa Martha Acatitla en el Distrito Federal (foja 34), y por su parte el quejoso Humberto Capulín Mejía, ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal (foja 36). En esas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que en el caso concreto, como de los mencionados informes de los cuales se hace referencia en líneas precedentes, se actualiza una causal de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que debe estudiarse oficiosamente, lo aleguen o no las partes en la tramitación del asunto, toda vez que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y preferentes. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". En ese tenor, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVII del citado artículo 61 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .". En efecto, este Juzgado de Distrito considera que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVII del cuerpo normativo invocado, en virtud que como se dijo, de las manifestaciones que realizaron los Agentes del Ministerio Público de los Turnos Primero, Segundo y Tercero, adscritos a la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan, Agencia Investigadora del Ministerio Público TLP-3, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al rendir su informe justificado, se pone en evidencia que el cinco de enero de dos mil quince, dentro de las actuaciones que integran la averiguación previa FTL/TLP-3/T3/22/15-01, de su inventario, se consignó ante el juez Penal en turno del Distrito Federal, a los quejosos Maribel Capulín Mejía y Humberto Capulín Mejía, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo (comisión por omisión) cometido en agravio de la EMPRESA "BANCO AZTECA" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, representada legalmente por el Licenciado ALEJANDRO JIMÉNEZ SOLIS y robo agravado, calificado cometido en pandilla, cometido en agravio de la EMPRESA "BANCO AZTECA" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, representada legalmente por el Licenciado ALEJANDRO JIMÉNEZ SOLIS (foja 57) respectivamente; de lo que deriva que ha cambiado la situación jurídica de la justiciable de mérito, pues paso de tener la calidad de detenida a consignada ante autoridad judicial; por ello deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en los actos que señalaron como la incomunicación, la orden de detención y la orden de traslado a cualquiera de los centros preventivos varoniles SUR, NORTE, ORIENTE Y FEMENIL DE SANTA MARTHA ACATITLA, porque no se puede decidir al respecto sin afectar la nueva situación jurídica, puesto que la situación jurídica que tenían los impetrantes de garantías cuando promovieron el presente juicio de amparo respecto de dichos actos reclamados, era la incomunicación, la orden de detención y la orden de traslado a cualquiera de los centros preventivos varoniles SUR, NORTE, ORIENTE Y FEMENIL DE SANTA MARTHA ACATITLA. Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere al cambio de situación jurídica, es decir, la posición del quejoso frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de diversos preceptos a su caso en particular, ese cambio de situación jurídica, acontece en la especie, el cual se entiende como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las posibles violaciones Constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. A mayor abundamiento, como ya se dijo, no pueden examinarse las violaciones alegadas por los peticionarios de amparo respecto a los actos que reclaman, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido (consignación ante autoridad judicial de MARIBEL CAPULÍN MEJÍA y HUMBERTO CAPULÍN MEJÍA por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo (comisión por omisión) cometido en agravio de la EMPRESA "BANCO AZTECA" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, representada legalmente por el Licenciado ALEJANDRO JIMÉNEZ SOLIS y robo agravado, calificado cometido en pandilla, cometido en agravio de la EMPRESA "BANCO AZTECA" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, representada legalmente por el Licenciado ALEJANDRO JIMÉNEZ SOLIS (foja 57) respectivamente, verbigracia, si este Juzgado de Distrito analiza los actos reclamados consistentes en la incomunicación, la orden de detención y la orden de traslado a cualquiera de los centros preventivos varoniles SUR, NORTE, ORIENTE Y FEMENIL DE SANTA MARTHA ACATITLA, y declara fundadas las objeciones de los mismos, tendrían que anularse por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible y contrario a la finalidad del juicio de amparo, pues la sentencia de amparo no podría restituir a la impetrante en el goce pleno de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el solicitante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis 2a. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son, y que si bien refiere a preceptos legales contenidos en la Ley de Amparo que fue abrogada a raíz de la entrada en vigor de la Legislación en la materia, también es que la naturaleza jurídica de los actos que menciona en su contenido, no han variado: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En consecuencia, al haberse consignado a MARIBEL CAPULÍN MEJÍA Y HUMBERTO CAPULÍN MEJÍA por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo (comisión por omisión) cometido en agravio de la EMPRESA "BANCO AZTECA" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, representada legalmente por el Licenciado ALEJANDRO JIMÉNEZ SOLIS y robo agravado, calificado cometido en pandilla, cometido en agravio de la EMPRESA "BANCO AZTECA" SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, representada legalmente por el Licenciado ALEJANDRO JIMÉNEZ SOLIS (foja 57) respectivamente, ante la autoridad judicial, como consecuencia de ello, operado el cambio de situación jurídica, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, concatenado con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo promovido por MARIBEL CAPULÍN MEJÍA y HUMBERTO CAPULÍN MEJÍA, en contra de la incomunicación, la orden de detención y la orden de traslado a cualquiera de los centros preventivos varoniles SUR, NORTE, ORIENTE Y FEMENIL DE SANTA MARTHA ACATITLA, que le atribuyen a las autoridades señaladas como responsables en el escrito de demanda. Por analogía jurídica, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XIII.2o. J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 1076, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, que reza, y que si bien refiere a preceptos legales contenidos en la Ley de Amparo que fue abrogada a raíz de la entrada en vigor de la Legislación en la materia, también es que la naturaleza jurídica de los actos que menciona en su contenido, no han variado: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI DURANTE SU SUSTANCIACIÓN SE EMITIÓ AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Es inexacto que el Juez Federal deba abordar el estudio de las posibles violaciones cometidas en la orden de aprehensión, cuando no se dan los supuestos previstos en la segunda parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, siendo su redacción actual, conforme a la reforma por decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la siguiente: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. ..."; de ahí que, excluidas de dicho apartado las violaciones al artículo 16 constitucional, esta segunda parte de la fracción y precepto legal aludidos no resulta aplicable, porque el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, regida por los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional; por tanto, no corresponde analizar las violaciones que pudiera contener la orden de captura reclamada, ante el pronunciamiento del auto de formal prisión, porque tratándose de violaciones a dicho precepto constitucional, con el dictado de esta última resolución, sobreviene un cambio de situación jurídica de los indiciados, en términos de la primera parte de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio, como correctamente lo determinó el Juez Federal". También resulta aplicable, por similitud jurídica, la jurisprudencia número VII.1o.P. J/42, visible en la página 875, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época: Instancia: Primer Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son, y que si bien refiere a preceptos legales contenidos en la Ley de Amparo que fue abrogada a raíz de la entrada en vigor de la Legislación en la materia, también es que la naturaleza jurídica de los actos que menciona en su contenido, no han variado: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a los peticionarios de amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica de los quejosos, cuando éstos se encuentran privados de su libertad por haber cometido un ilícito, y durante la sustanciación del juicio se le ejerce acción penal y consigna ante autoridad judicial, pues de las copias certificadas de cuenta, se advierte que la libertad de los quejosos se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen Constitucional del acto reclamado sin afectar su nueva situación derivada del auto de enjuiciamiento; de modo que las posibles violaciones contenidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes, y que si bien refiere a preceptos legales contenidos en la Ley de Amparo que fue abrogada a raíz de la entrada en vigor de la Legislación en la materia, también es que la naturaleza jurídica de los actos que menciona en su contenido, no han variado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es óbice para la anterior determinación, que el Procurador General de Justicia del Distrito Federal; Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y Fiscal Desconcentrada en Tlalpan, al momento de rendir su informe justificado hayan negado los actos reclamados, pues, de igual forma operaría el sobreseimiento ya que se actualiza una hipótesis de sobreseimiento en el juicio de amparo que nos ocupa, esta es la establecida en el primer supuesto del primer párrafo de la fracción IV, del normativo 63 de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 63- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; ." En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a los solicitantes del amparo, en virtud de que la presente determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, ante tales circunstancias y por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda la razón actuarial que precede, de la que se advierte que no fue posible entregar el oficio dirigido a la autoridad señalada por los quejosos como "Jefe General de la Policía Judicial del Distrito Federal de la Procuraduría General d Justicia del Distrito Federal" en virtud de que dicha autoridad NO EXISTE; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de enero de la presente anualidad, y se tiene por inexistente a la autoridad mencionada con antelación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE...."
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