Mariano Santa Ana Regalado García y Otros.
Expediente 798/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mariano Santa Ana Regalado García
- Mariano Santa Ana Regalado García y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por Mariano Santa Ana Regalado García, Arnulfo Acevedo Vásquez, Manuel de Jesús Santiago Mateo, Juan Martínez Ortega, Salomón Martínez Miguel y Teófilo Antonio Reyes, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 798/2016. En principio, es menester anotar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de verificar el escrito de demanda para advertir que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En la especie, de la lectura integral del escrito de demanda, se conoce que los quejosos reclaman de la autoridad responsable: a) El auto dictado el cinco de abril de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 1502/2015(3), relativo a la calificación de pruebas de la parte actora, específicamente en el punto dos de dicho auto, por medio del cual la responsable desecha la prueba testimonial que ofrecieron, amén de que únicamente señala el nombre de uno de los atestes de los dos que ofrecieron en su escrito de pruebas de uno de abril del año en curso. Contra ese acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- [.]. ---XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ---[.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- [.]. --- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno concluyó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo o sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Lo anterior se corrobora, si se toma en cuenta, además, que cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley, constituye una violación a las leyes de procedimiento, como está previsto en la fracción III, del artículo 172 de la Ley de Amparo, por lo que en los términos genéricos en que está redactado el referido precepto legal, resulta obvio que cuando durante el trámite de un juicio laboral, no se admitan las pruebas ofrecidas por alguna de las partes o, como en el caso, se omita el nombre de alguno de los atestes, se trata de violaciones a las leyes del procedimiento. En el anterior contexto, es claro que el citado acto reclamado debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra del laudo que ponga fin al juicio, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo; de esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con tales cuestiones procesales son reclamables hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra del laudo si el mismo resulta adverso a sus intereses. De ahí que resulta incuestionable que el acto reclamado no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no afecta materialmente los derechos sustantivos de los quejosos, sino que en determinado caso, podrían traducirse en violaciones intraprocesales que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse el laudo; así, si el laudo es favorable a los intereses de la aquí parte quejosa, las violaciones desparecerían, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlas en el juicio de amparo directo como violaciones procesales, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, siempre y cuando las haya impugnado durante la tramitación del juicio natural mediante el recurso o medio de defensa correspondiente, como está previsto en el artículo 171 de la referida Ley, de ser el caso. Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de los quejosos, pues el acuerdo reclamado no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2° se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en la demanda y por autorizada para tal efecto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que mencionan. En otro orden, con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a Mariano Santa Ana Regalado García, sin perjuicio de que con posterioridad lo puedan sustituir por otro quejoso. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito signado por Fabiola Antonio García, apoderada legal de la quejosa Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que en atención al requerimiento de diecinueve de abril del año en curso (foja 241), manifiesta que tal quejosa ya recibió por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado, el cheque nominativo expedido a su favor; para que surta sus efectos legales correspondientes y sea tomado en consideración en el momento procesal oportuno.
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