Mariano Rodríguez Hernández

Expediente 481/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
481/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Mariano Rodríguez Hernández
  • Enlace de la Unidad Administrativa de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes se inconformara con el proveído veintiséis de julio del dos mil veintitrés, mediante el cual se declaró enteramente cumplido el fallo protector de garantías, de diecinueve de junio del año en curso, o hayan hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia, se declara que dicho auto causa estado y queda firme para todos los efectos legales. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace la precisión de que en este expediente no existen documentos originales. Por otra parte, atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 17, fracción III, inciso a), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es conservable; cumplido el plazo de conservación de tres años, en términos el numeral 9, del citado acuerdo, deberá remitirse a los depósitos documentales del Área coordinadora de archivos, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los mismos se aprecia que existen elementos suficientes para calificar el cumplimiento que la autoridad ha dado al fallo protector de amparo, razón por la cual se procede a hacerlo así, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como en los aportados por la autoridad responsable, en acatamiento ello a lo dispuesto en la jurisprudencia número 2ª./J. 26/200, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, de marzo de dos mil, cuyo rubro y texto expresan: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, en proveído de doce de julio del presente año, causó ejecutoria la sentencia emitida por este Juzgado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".a) Emitan el acuerdo que corresponda, en el que dé contestación de manera congruente, rápida, completa, fundada y motivada, a la petición formulada por el quejoso mediante escrito recepcionado el veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés; y b) Hecho lo anterior, notifiquen de inmediato dicho proveído en el domicilio señalado por el quejoso en el escrito de mérito.". Así mediante oficio FGE-7C/6/1609/2023, suscrito por Erika G. Granadino Castillo, en su carácter de Enlace Administrativo de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en Chihuahua, Chihuahua, remitió a este Juzgado el diverso oficio ORTEIC/CJ037/2023, de fecha veintiséis de junio del año en curso, elaborado por el doctor Cuauthli Castañeda Sarmiento, de Medicina del Trabajo/Ichisal, consistente en el certificado definitivo practicado al aquí quejoso, y en el cual se dictaminó su incapacidad permanente total. De lo anterior se dio vista a la parte quejosa y se le requirió para que en el término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho; por lo que, se hace efectiva la prevención que se hiciera mediante proveído de doce de julio del año en curso, y bajo ese contexto, se estima que la autoridad responsable, ha dado cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo; por tanto, se declara cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento del quejoso para los efectos del arábigo 80, 201 y 202 de la Ley de Amparo, en la inteligencia que de no inconformarse, se tendrá por consentido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo que Reglamenta la Carrera Judicial; autorizado mediante oficio CCJ/ST/3101/2023, de cinco de junio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que por una parte sobreseyó el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Por otra parte, y en cumplimiento a la sentencia dictada por este Juzgado, se tiene a la oficina de Enlace Administrativo de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en Chihuahua, Chihuahua, remitiendo a este Juzgado el oficio ORTEIC/CJ037/2023, de fecha veintiséis de junio del año en curso, elaborado por el ********************, de Medicina del Trabajo/Ichisal, el cual consiste en el certificado definitivo practicado al aquí quejoso, y en la cual se dictaminó la incapacidad permanente total, la cual anexa al presente oficio. Con lo anterior, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo que su interés legal convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna, este tribunal resolverá lo conducente respecto del cumplimiento otorgado por dicha autoridad a la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Así también, se considera aplicable al presente caso, la tesis número IX.1º.33 K, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página número 728, que a la letra dice: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe de dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo de la ley de la materia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de junio del dos mil veintitrés, encontrándose en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión del Secretario, licenciado Hilario Quintero Torres, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo 481/2023-V-B, promovido por ********************, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, abierta la audiencia, el Secretario procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A continuación, se da cuenta al Juez con el oficio y anexos al mismo, que remite la autoridad, Erika G. Granadino Castillo, Enlace Administrativo de la Agencia Estatal de Investigación, y en su carácter de Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento de la Agencia Estatal de Investigación, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Capital, a lo que el Juez acuerda: "Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta; en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad haciendo las manifestaciones que señala en el ocurso de cuenta, las cuales serán tomadas en su momento procesal oportuno." Acto seguido, se abre el periodo probatorio, y con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, sin que existan otros elementos de prueba pendientes de desahogo, y se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer respecto al juicio de amparo en cita, por ende, se cierra dicha etapa; enseguida, se apertura la fase de alegatos, sin que obre escrito alguno que los contenga, por lo que se declara cerrada; habiéndose dado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, dicha representación social no presentó pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente sentencia: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 481/2023-V-B, promovido por ********************, contra actos de la autoridad Enlace de la Unidad Administrativa de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, de esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el tres de mayo del dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, ********************, promovió juicio de amparo, contra actos de la autoridad en mención, a quien le reclamó el siguiente acto: "IV.- RESOLUCIONES Y/O ACTOS RECLAMADOS: Al enlace de la Unidad Administrativa de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, le reclamo: La inconstitucional falta de contestación a LA PETICIÓN FORMAL que le fue presentada en fecha 24 de febrero de 2023. La vulneración de su Derecho Humano y/o Fundamental de Petición reconocido, protegido y garantizado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Por auto de ocho de mayo del dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, únicamente respecto de los actos señalados con los incisos a) y b), se registró como expediente 481/2023-V-B, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 36 y 114 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; en virtud de que reclama actos a autoridad con competencia que ejerce este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme a lo previsto por el numeral 77 de la Ley de Amparo, se procede a identificar debidamente los actos reclamados, a fin de estar en condiciones de dilucidar si los mismos son o no ciertos. Del análisis integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa se duele de lo siguiente: La inconstitucional falta de contestación a LA PETICIÓN FORMAL que le fue presentada en fecha 24 de febrero de 2023. La vulneración de su Derecho Humano y/o Fundamental de Petición reconocido, protegido y garantizado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo descrito con antelación, y del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso bajo protesta de decir verdad, se duele de la responsable, de la omisión de darle contestación a su petición realizada en fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés, en la cual solicitó se le realizaran los trámites necesarios para se emita el dictamen definitivo, toda vez que desde el nueve de mayo del dos mil diecinueve, el doctor del Departamento de Medicina del Trabajo ICHISAL, Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, le dictaminó provisionalmente su incapacidad permanente parcial. Acto que será materia de análisis en la presente resolución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1511, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. La autoridad responsable, Enlace Administrativo de la Agencia Estatal de Investigación, y en su carácter de Agente del Ministerio Público Encargado del Departamento de la Agencia Estatal de Investigación, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Capital, al rendir su respectivo informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Establecido lo anterior y al no haber invocado las partes causal de improcedencia ni advertirse de oficio la actualización de alguna, lo procedente es examinar la constitucionalidad del acto atacado en esta vía, a la luz de los conceptos de violación relativos. QUINTO. Los conceptos de violación que obran de la foja tres a siete del juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta ejecutoria por no ser indispensable para la resolución del caso y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Primera Sección, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Son fundados los argumentos que la parte quejosa aduce en sus motivos de inconformidad y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto del acto materia de reclamo a la autoridad responsable. El peticionario del amparo reclama a la autoridad, la omisión de dar respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado en data veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés, en la que solicitó se le realizaran los trámites necesarios para se emita el dictamen definitivo, toda vez que desde el nueve de mayo del dos mil diecinueve, el doctor del Departamento de Medicina del Trabajo ICHISAL, Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, le dictaminó provisionalmente su incapacidad permanente parcial. En tal tesitura, la omisión de la autoridad responsable, reclamada por la parte quejosa, es violatoria en su perjuicio del derecho fundamental tutelado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 8° Constitucional, estatuye lo siguiente: "ARTÍCULO 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se observa, el anterior enunciado normativo prevé el denominado derecho de petición, en función de que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: a). La petición: Esta debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigida a una autoridad, recabando constancia de su entrega, debiendo el peticionario proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b). La respuesta: La autoridad deberá emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. Dicho acuerdo deberá ser congruente con la petición. La autoridad está obligada a notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio señalado para tales efectos. No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que, está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Ilustra y apoya lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis que indica: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONGRUENCIA Y LEGALIDAD. El artículo 8o. constitucional obliga a las autoridades a comunicar un acuerdo escrito en respuesta a toda petición, y a comunicarlo en breve término. Es claro que la respuesta debe ser congruente con la petición, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación constitucional con una respuesta incongruente. Pero también es cierto que la respuesta no es incongruente por el hecho de que se diga al solicitante que se estima que faltan elementos formales o materiales en la petición, para poderle dar curso en cuanto al fondo de lo pedido. Y en este caso, lo que procedería sería impugnar la legalidad de la exigencia de tales elementos o requisitos, pero no podría decirse válidamente que la autoridad omitió dictar un acuerdo congruente con la petición, pues la congruencia del acuerdo no debe ser confundida con la legalidad de su contenido." También orienta a lo razonado el criterio vertido en la tesis XXI.1o.P.A.36 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo contenido es el que sigue: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Del artículo transcrito en párrafos que preceden, se advierte claramente como imperativo constitucional, la obligación de las autoridades administrativas en dar contestación en breve término a las solicitudes que se les formulen. En la especie, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifiesta que presento su petición en data veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés, en la cual solicitó se le realizaran los trámites necesarios para se emita el dictamen definitivo, toda vez que desde el nueve de mayo del dos mil diecinueve, el doctor del Departamento de Medicina del Trabajo ICHISAL, Oficina de Riesgo de Trabajo e Invalidez del Instituto Chihuahuense de Salud en Ciudad Juárez, le dictaminó provisionalmente su incapacidad permanente parcial, y sin que obre en autos constancia alguna que acredite que respecto a dicha petición le recayó un acuerdo escrito emitido por la autoridad a la que se le dirigió la misma. Ello, pone de manifiesto el incumplimiento al derecho de petición tutelado por el artículo 8° Constitucional, en perjuicio del quejoso, ya que de la fecha en que fue presentada la petición materia de reclamo (veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés), a la fecha de presentación de la demanda de amparo, tres de mayo del dos mil veintitrés, ha trascurrido un lapso de tiempo que excede al señalado en el artículo 8 de la Carta Magna, sin que medie contestación, lo cual, se reitera, excede sobre manera el término legal que para tal efecto se confiere a la citada autoridad responsable a dar contestación a las peticiones que se le formulen. En las relatadas circunstancias, ante lo fundado del concepto de violación analizado, lo que procede es conceder a ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, Enlace de la Unidad Administrativa de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, de esta ciudad, realicen lo siguiente: Emitan el acuerdo que corresponda, en el que dé contestación de manera congruente, rápida, completa, fundada y motivada, a la petición formulada por el quejoso mediante escrito recepcionado el veinticuatro de febrero del dos mil veintitrés; y Hecho lo anterior, notifiquen de inmediato dicho proveído en el domicilio señalado por el quejoso en el escrito de mérito. Ello a fin de restituir a la parte agraviada en el goce del derecho fundamental violado, acorde a lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1738, del Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, Enlace de la Unidad Administrativa de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, de esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy Fe. diecinueve de junio de dos mil veintitrés

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