Mariano Ortiz Silva

Expediente 1311/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1311/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Mariano Ortiz Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la misma ley, en contra del auto de doce de diciembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por el quejoso Marino Ortiz Silva; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.

  2. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Mariano Ortiz Silva, a través del cumple con la prevención que le hizo este órgano jurisdiccional en proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías, así como del escrito aclaratorio que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, numeral el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, el quejoso reclama de manera destacada lo siguiente: Al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Administración General de Aduanas, y Titular de la Administración de la Aduana de Matamoros: El ilegal procedimiento administrativo número AVM17017137, iniciado el tres de mayo con resolución diecinueve de junio, ambos de 2017, y notificado el día veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Al Titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta ciudad: La ejecución de cualquier acto coactivo administrativo derivado del procedimiento aludido. Ahora, examinada la demanda de garantías que nos ocupa se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 del mismo ordenamiento, en virtud de que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, al no promover el juicio de amparo dentro del plazo previsto para tal efecto. Del análisis a los artículo indicados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra aquéllos actos respecto de los cuales no se promueva la acción constitucional dentro de los plazos previstos en la ley. Asimismo, que el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. También, de dicho término genérico, se exceptúan los siguientes supuestos: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; en estos casos, el término para la interposición del juicio biinstancial será de treinta días; Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; en dicho supuesto, la demanda de amparo, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el promovente sea un núcleo de población ejidal o comunal que pueda verse afectado por el acto de autoridad, en la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, la demanda deberá presentarse en el término de siete años; y, Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Las consideraciones apuntadas llevan a establecer que para considerar promovida en tiempo la demanda de amparo, debe ser presentada en el término de quince días contados a partir de los supuestos descritos en los incisos a) y b), con la consecuencia de que si dicha demanda se ejerce fuera de ese términos, entonces la misma resultará extemporánea. Es aplicable la jurisprudencia XXI.2.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página 1931, Tomo XXXI, Enero de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 165582, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." En el caso, el plazo que tenía para presentar la demanda es el de quince días, pues el acto reclamado no se ubica en ninguno de los casos de excepción a esta regla general; empero, dicha demanda se presentó fuera de ese plazo, por lo que es dable establecer que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado. En efecto, el acto se hace consistir es el procedimiento administrativo número AVM17017137, iniciado el tres de mayo de dos mil diecisiete, así como la ejecución del mismo, en el cual se advierte tanto del escrito inicial de demanda de garantías como del escrito aclaratorio que Mariano Ortiz Silva acudió el pasado tres de mayo de dos mil diecisiete, al puente internacional Gateway, en su vehículo automotor, procedente de la vecina Ciudad de Brownsville, Texas, y al llegar al cruce agentes del Servicio de Administración Tributaria lo detuvieron y le realizaron una inspección, en la cual detuvieron su unidad Ford, modelo 2016, y le pidieron documentos por traer la placa vencida de su camioneta, por lo que mostró el registro de la misma, el seguro, y su licencia del Estado de Texas, así como el pasaporte de residencia de los Estados Unidos de América, ante lo cual dichos agentes le indicaron que le darían un documento donde constara que la camioneta estaría detenida y que la trasladarían al Puente Ignacio Zaragoza, por lo que se traslado a dicho lugar en donde señaló que las autoridades le indicaron que firmar y no le dejaron leer los documentos, y posteriormente, le entregaron un papelito con un número de expediente el cuatro del citado mes y año a las cuatro de la mañana; es decir, el aquí promovente conoció del acto aludido a las autoridades en dicha data. Por ende, se actualiza la segunda hipótesis normativa prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, precisada en el inciso b), toda vez que tuvo conocimiento de la actuación de las autoridades que señala el pasado cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en que le fue privado de su vehículo automotor, y se le entregó un número de expediente, y fue hasta el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve que acudió ante dichas autoridades para la devolución de su vehículo, así como a este órgano jurisdiccional a solicitar la protección de la justicia federal el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de ese mismo ordenamiento debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley que rige el acto; por lo que el agraviado tuvo conocimiento del inicio de procedimiento, desde el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por lo que transcurrió el plazo de quince días para promover su demanda de amparo. De manera que, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, es patente que se hizo fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que jurídicamente implica que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso, al no haberlo combatido con la debida oportunidad. No pasa desapercibido para este juzgador que si bien es cierto, el quejoso señala bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la resolución dictada en el procedimiento administrativo AVM17017137, el pasado veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, también lo es, que tuvo conocimiento que se inicio un procedimiento administrativo desde el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, acto que reclama en su demanda de garantías. A su vez, el artículo 150, párrafo quinto, de la Ley Aduanera, establece lo siguiente: "ARTICULO 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta Ley. . . . Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga..." Por lo que con las documentales que anexó la parte promovente a su escrito de demanda, en especial en el oficio 800-51-00-03-02-201-6533 signado por el Jefe del Departamento de la Aduana de Matamoros, en suplencia por ausencia del Administrador de la Aduana de Matamoros y de los Subadministradores de la Aduana de Matamoros, en el procedimiento administrativo número AVM17017137, iniciado el tres de mayo de dos mil diecisiete, le feneció el plazo que tenía el aquí quejoso para exhibir cualquier prueba, o formular los alegatos que a su derecho conviniera, motivo por el cual se dictó resolución de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, misma que se le notificó al quejoso mediante estrados, la cual se publicó el día seis de julio de dos mil diecisiete al diez de agosto del referido año. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2°. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, pág. 291, cuyo rubro dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se desecha de plano la demanda presentada por Mariano Ortiz Silva, contra los actos y la autoridad que señalaron en su escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    II... De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso Mariano Ortiz Silva, el auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve; por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado a recibir la notificación de manera personal.

  4. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado Efraín Encinia Marín, autorizado del quejoso Mariano Ortiz Silva, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como los anexos que presentó, a través del cual señala que el proveído de veintidós de noviembre del año en curso, versaba únicamente respecto a dos incisos concernientes a aclarar la demanda, y no cuatro puntos como se le hizo del conocimiento el pasado dos de diciembre del año en curso, a través del diverso proveído de veintinueve de noviembre de la citada anualidad Ahora, vista la certificación de cuenta y el anexo que presentó el ocursante en el cual se advierte que dicho acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, no es el que fue autorizado por el titular de este órgano jurisdiccional, mismo que obra en autos del presente expediente visible en fojas 13 a 15 y en el sistema integral de seguimiento de expedientes; por ende, con fundamento en el dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento en el presente asunto, por lo que se deja sin efectos la notificación de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve visible en la foja 18 anverso, y se ordena a la actuaria adscrita se constituya nuevamente en el domicilio de la parte quejosa para que realice la notificación del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, para que el promovente de amparo tenga el conocimiento claro y preciso del proveído en el que se le previno y los puntos a los cuales debe dar cumplimiento. En la inteligencia que partir de que se le notifique el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, así como del presente proveído empezará a correr el término relativo a la prevención que se le realizó. En otro orden de ideas, no pasa por desapercibido que el autorizado en el escrito de cuenta indicó que su autorizante refirió lo siguiente: "No fue presente en el inicio del procedimiento y que solo. Los seguí en mi camioneta pero no fue así sino que al caminar dos cuadras del puente internacional ahí se pararon frente a una tienda conocida como Seven Eleven. así dice en la demanda de amparo y No hay mas antecedentes"[sic] Ahora, es conveniente precisar que el numeral 12 de la ley de la materia faculta al autorizado en tales términos, para llevar a cabo los actos que en forma limitativa establece el propio precepto y que son: promover e interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, además de alegar en las audiencias. De lo que se obtiene que las facultades especificadas sólo son susceptibles de ejercitarse durante el juicio, y éste se considera instaurado hasta el momento en que se admite la demanda; por tanto, si bien es cierto que dicha autorización surge de la manifestación de voluntad del agraviado y su reconocimiento entraña un acto meramente declarativo por parte de los tribunales; también lo es que no puede operar hasta en tanto, se admita la citada demanda. En ese sentido, las irregularidades que se encuentren por parte del juzgador que corresponda conocer de la demanda, deber ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal y no por el autorizado en términos amplios del referido numeral; máxime que es necesario que se hagan bajo protesta de decir verdad. Tiene apoyo lo anterior la jurisprudencia 1a./J.50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2007285, que en su rubro y texto dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Por último, llámese la atención a la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional encargada de realizar las notificaciones en este asunto, para que en lo subsecuente preste mayor atención y evite este tipo de errores, a fin de cumplir con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin provocar el retraso en la impartición de justicia, toda vez que si bien es cierto el sistema integral de seguimiento de expedientes facilita la visualización de proyectos de acuerdos, también debe de asegurarse que los proveídos sean los aprobados por el titular. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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